Sentencia Supranacional Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 06 de Agosto de 2018

a)

Teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas, entre otros, en los asuntos Teckal (C-107/98), Jean Auroux y otros (C-220/05) y ANAV (C-410/04), ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva (pero sin restringirse al mismo) en el sentido de que el concepto de «operación interna» está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y de que el alcance y la aplicación de dicho concepto no se ven afectados por el Derecho nacional de los Estados miembros, en particular, por limitaciones en cuanto a la celebración de tales operaciones, por ejemplo, la exigencia de que los contratos públicos no puedan garantizar la calidad, disponibilidad y continuidad de los servicios que han de prestarse?

b)

En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, es decir, si el concepto de «operación interna» está comprendido, parcial o plenamente, en el ámbito de aplicación del Derecho de los Estados miembros, ¿debe interpretarse la referida disposición de la Directiva 2004/18 en el sentido de que los Estados miembros disponen de una facultad discrecional para establecer limitaciones o requisitos adicionales para la conclusión de operaciones internas (en comparación con el Derecho de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que interpreta este Derecho), pero solo pueden ejercer dicha facultad discrecional a través de disposiciones legales positivas, claras y concretas en materia de adjudicación de contratos públicos?

a)

Teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas, entre otros, en los asuntos Teckal (C-107/98), Jean Auroux y otros (C-220/05) y ANAV (C-410/04), ¿deben interpretarse las disposiciones de los artículos 1, apartado 4, y 12 de la Directiva y las del artículo 36 de la Carta, conjuntamente o por separado (pero sin restringirse a los mismos), en el sentido de que el concepto de «operación interna» está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y de que el alcance y la aplicación de dicho concepto no se ven afectados por el Derecho nacional de los Estados miembros, en particular, mediante limitaciones en cuanto a la celebración de tales operaciones, por ejemplo, la exigencia de que los contratos públicos no puedan garantizar la calidad, disponibilidad y continuidad de los servicios que han de prestarse?

b)

En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, es decir, si el concepto de «operación interna» está comprendido, parcial o plenamente, en el ámbito de aplicación del Derecho de los Estados miembros, ¿deben interpretarse las disposiciones del artículo 12 de la Directiva 2014/24 en el sentido de que los Estados miembros disponen de una facultad discrecional para establecer limitaciones o requisitos adicionales para la conclusión de operaciones internas (en comparación con el Derecho de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que interpreta este Derecho), pero solo pueden ejercer dicha facultad discrecional a través de disposiciones legales positivas, claras y concretas en materia de adjudicación de contratos públicos?