Sentencia Supranacional Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 12 de Noviembre de 2018

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — X / Belastingdienst/Toeslagen

(Asunto C-175/17) (1)

((Procedimiento prejudicial - Política común en materia de asilo y de protección subsidiaria - Directiva 2005/85/CE - Artículo 39 - Directiva 2008/115/CE - Artículo 13 - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 18, 19, apartado 2, y 47 - Derecho a un recurso efectivo - Principio de no devolución - Decisión por la que se deniega una solicitud de protección internacional y se impone una obligación de retorno - Normativa nacional que establece una segunda instancia jurisdiccional - Efecto suspensivo de pleno Derecho limitado al recurso en primera instancia))

(2018/C 408/23)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Demandante: X

Demandada: Belastingdienst/Toeslagen

Fallo

El artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, y el artículo 13 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, leídos a la luz de los artículos 18, 19, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, aunque prevé un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia confirmatoria de una decisión que deniega una solicitud de protección internacional e impone una obligación de retorno, no otorga a esta vía de recurso un efecto suspensivo de pleno Derecho aun cuando el interesado invoca un riesgo grave de vulneración del principio de no devolución.

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(1)  DO C 178 de 6.6.2017.