Sentencia 4/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Especial de LOPJ articulo nº 39, Rec. 4/2023 de 19 de octubre del 2023

PRIMERO. - En virtud de auto de 11 de abril de 2023, el Juzgado Togado Militar Territorial Militar Territorial núm. 12, acordó la inhibición del sumario 12/009/20 a favor del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Badajoz.

Dicho Juzgado de Instrucción, mediante auto de 15 de mayo de 2023, acordó rechazar la inhibición planteada por el Juzgado Togado Militar núm. 12 de Madrid, respecto del sumario y devolver las actuaciones al citado Juzgado Togado.

Tanto el Fiscal Togado como el Fiscal de Sala de lo penal sostienen aquí que el conflicto negativo de jurisdicción debe resolverse a favor de la jurisdicción militar, con atribución de competencia al Juzgado Togado Miliar Territorial núm. 12 (Madrid).

SEGUNDO. - Como ha señalado reiteradamente esta Sala en la doctrina compendiada en la STS, de la Sala del artículo 39 LOPJ, núm. 2/2014, de 4 de diciembre, luego reiterada en las Sentencias núm. 1/2021 y 2/2021, de 16 de febrero y 12 de julio, respectivamente, los artículos 117.5 CE y 3.2 LOPJ delimitan la competencia de la jurisdicción militar bajo principios restrictivos, al quedar ésta limitada, en el orden penal y en tiempo de paz, al ámbito "estrictamente castrense", concretado en el marco normativo constituido por los artículos 12.1 y 14 de la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar ( LOCOJM).

Conforme al primero de ellos, la competencia de los órganos de la jurisdicción militar se circunscribe al conocimiento de los delitos comprendidos en el Código Penal Militar, incluso en aquellos casos en que, siendo susceptibles de ser calificados con arreglo al Código Penal común, les corresponda pena más grave con arreglo a este último, en cuyo caso se aplicará éste.

Esta norma general contempla, para los casos de conexidad, una excepción, prevista en el artículo 14.1 LOCOJM, que expresamente establece que "La jurisdicción a que esté atribuido el conocimiento del delito que tenga señalada legalmente pena más grave, conocerá de los delitos conexos. Si sobreseyese el procedimiento en relación con el delito de pena más grave, dejara de conocer de los conexos de los que no sea competente".

En el presente caso, ninguno de los órganos en conflicto cuestiona que los presuntos delitos cometidos por los empleados de diversas estaciones de servicio de Trujillo y Riolobos (Cáceres), que no ostentan condición militar, se encuentran en relación de conexidad medial -la contemplada en los artículos 17.2.3.º LECRIM y 15.3 LOCOJM- con los delitos contra el patrimonio en el ámbito militar que, de forma indiciaria, podrían atribuirse a los militares investigados ni que la pena más grave se corresponde con los delitos tipificados en el Código Penal Militar.

Y como hemos apuntado en el Antecedente de Hecho Cuarto, si bien el Juzgado Togado Militar núm. 12, mediante auto de 29 de noviembre de 2022, propuso al Tribunal Militar Territorial Primero el sobreseimiento provisional de la causa respecto de seis civiles investigados, al no habérseles tomado declaración antes de la expiración del periodo de instrucción contemplado en el art. 324 LECRIM., es lo cierto que se acordó continuar conforme a derecho en relación a los demás investigados.

En consecuencia, la regla de atribución de competencia que resulta aplicable es la contemplada en el artículo 14.1 LOCOJM.

Esta Sala se ha pronunciado ya expresamente en la citada Sentencia 2/2021, de 12 de julio, en un caso en el que, por primera vez, se planteó el conflicto sobre la atribución de competencia cuando concurren en relación de conexidad medial diversos delitos militares cometidos por militares y diversos delitos comunes cometidos por civiles, en un supuesto en que aquellos tenían señalada legalmente pena más grave, habiendo concluido que, en estos casos, la norma especial contemplada en el artículo 14.1 LOCOJM alcanza a los delitos comunes conexos cometidos por no militares y que resulta procedente atribuir el conocimiento de los mismos a los órganos de la jurisdicción militar.

Y es que el citado artículo 14.1 LOCOJM no deja espacio a la interpretación cuando, como ya hemos apuntado, establece que la jurisdicción a que esté atribuido el conocimiento del delito que tenga señalada legalmente pena más grave, conocerá de los delitos conexos, y que si se diera el caso de que dicha jurisdicción sobreseyese el procedimiento en relación con el delito de pena más grave, dejaría entonces de conocer de los conexos de los que no sea competente.

Dado que, como esta Sala ha recordado también en la referida Sentencia 2/21, de 12 de julio de 2021, el artículo 14 de la LOCOJM no exceptúa los supuestos en los que el delito común conexo a otro militar haya sido cometido por un civil y que los civiles también pueden ser juzgados ante la jurisdicción militar cuando su conducta comprometa bienes, valores y principios militares que la norma castrense protege, debe entenderse que a los órganos de la jurisdicción militar competentes para conocer de los delitos militares que tienen señalada pena más grave corresponde también el conocimiento de aquellos delitos comunes cometidos por personal no militar.

En el caso que nos ocupa, los hechos investigados hasta el momento podrían integrar un delito contra el patrimonio en el ámbito militar, de los previstos en el artículo 81 del Código Penal Militar, delito que lleva aparejada una pena más grave -prisión de 3 meses y 1 día a 2 años, en su modalidad básica y de 2 a 10 años en su modalidad agravada- que los delitos comunes de hurto del artículo 234 del Código Penal -prisión de 6 a 18 meses- o apropiación indebida del artículo 253 del Código penal - prisión de 6 meses a 3 años-.

Procede, por todo ello, y como ya hemos avanzado, resolver el presente conflicto jurisdiccional en favor de la jurisdicción militar.