Sentencia Social Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 133/2005 de 14 de Marzo de 2006

La cuestión debatida en casación consiste en determinar si en los procedimientos de oficio iniciados por resolución de la Autoridad Laboral fundada en alguno de los supuestos previstos en el actual art.. 146 c) de la LPL, en relación con el art. 149 de la misma Ley, o sea, en supuestos en los que la administración laboral necesita conocer, como paso previo al ejercicio de sus facultades de control de cumplimiento de la legalidad vigente o de sanción a las empresas, si una determinada relación es laboral o ha sido constituida con arreglo a las previsiones legales, el Abogado del Estado tiene legitimación para actuar como parte en representación de la misma y, por lo tanto , debe ser convocado a juicio. El TS desestima el recurso interpuesto por la empresa demandada al declarar que, constituye doctrina unificada reiterada que confiere a la administración del estado el concepto de parte a todos los efectos en los procedimientos de oficio tramitados sobre lo previsto en el art. 146 c) de la LPL y esta doctrina procede ser mantenida por ser la adecuada a las exigencias del derecho de defensa del art. 24 de la Constitución lo que conlleva a entender que en estos procedimientos habrá de ser citado el Abogado del Estado en la condición que ostenta de representante de aquella Administración.