Acuerdo �nico el se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha supuesto un nuevo escenario, no solo en el plano geopolítico, sino que ha elevado el precio de los combustibles en Europa a niveles históricos y ha puesto de manifiesto los riesgos de una elevada dependencia energética.

El precio del gas natural que, debido al diseño del mercado eléctrico europeo determina en gran medida el precio de la electricidad, se ha multiplicado por cinco en un año, incrementándose en un 25% desde el inicio de la invasión y el petróleo prácticamente ha doblado su precio durante el último año, incrementándose un 20% desde finales de febrero de 2022.

Si bien es cierto que España figura entre los Estados Miembros de la Unión Europea menos expuestos a los efectos directos de la invasión de Ucrania por la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de gas, los efectos económicos indirectos son considerables, sobre todo a través del aumento del precio del gas y del petróleo, pero también a través del encarecimiento o la escasez de otras materias primas agrícolas y minerales.

Se ha producido así un aumento abrupto y generalizado de costes de la energía de modo que, en línea con la reciente comunicación RePowerEU, urge acelerar en el corto plazo la transición energética intensificando las políticas y medidas en ahorro y eficiencia energética y penetración de energías renovables. Adicionalmente, es necesario abordar con carácter inmediato medidas urgentes que impliquen menores costes y una menor dependencia de combustibles fósiles importados.

Por tanto, la situación actual eleva el riesgo que presenta la dependencia energética que tiene Europa de Rusia y ya ha visto cómo al menos dos Estados Miembros de la UE han visto interrumpido su suministro de gas. La Agencia Internacional de la Energía, junto con distintos organismos internacionales, ha realizado una serie de recomendaciones dirigidas a una rápida reducción de la dependencia europea del gas natural y petróleo de origen ruso. Además de acelerar la transición energética basada en la eficiencia energética y el despliegue de renovables, promueve medidas de impacto inmediato que permitan reducir de forma inminente el consumo. Entre otras medidas, la Agencia plantea actuaciones como el ajuste de termostatos en unos pocos grados para reducir las demandas de calefacción o refrigeración o el impulso del teletrabajo, el uso del vehículo compartido o la reducción de la velocidad en autopistas. En definitiva, se trata de actuar de forma rápida y proactiva en medidas de contención de la demanda allí donde existe margen, sin alteración significativa de las condiciones de bienestar o actividad económica, para ganar resiliencia ante posibles escaladas en la tensión de precios y suministro que se está viendo.

En este sentido, la Administración General del Estado debe adoptar un papel protagonista, impulsando actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia energética en el ámbito del sector público estatal y que puedan servir, a su vez, como modelo a otras administraciones públicas y entidades privadas que se sumen a esta iniciativa y les permita obtener, en el corto plazo, ahorros en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país. Para ello, se establecerán los mecanismos necesarios para coordinar al conjunto de las Administraciones Públicas, de manera que las medidas contenidas en este Acuerdo sirvan de guía al resto de Administraciones Públicas.

Asimismo, el compromiso permanente de las empleadas y los empleados públicos con la sociedad a la que sirven adquiere una especial relevancia en la consecución del objetivo de fomentar el ahorro energético necesario derivado de la situación de crisis energética en que estamos inmersos.

El sector público estatal debe jugar el papel que le corresponde en materia de responsabilidad social, asegurando su rol como motor e impulsor de un enfoque y una filosofía de responsabilidad social, en el convencimiento de que un compromiso con la responsabilidad social en materia energética mejorará la confianza de la ciudadanía, lo que a su vez podrá impulsar un desarrollo sostenible.

Por otra parte, más allá de este importante papel que el conjunto del sector público debe jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en el ámbito de las empresas y del resto de organizaciones, se debe también reflejar el propio funcionamiento de las entidades públicas como organizaciones que prestan servicios a la ciudadanía y, por tanto, deben ser cada vez más eficientes en su actividad. De esta manera, ha de garantizarse, en todo caso, el objetivo fundamental de atención a la ciudadanía y a los servicios que esta demanda al conjunto del sector público.

Al mismo tiempo, son organizaciones que interactúan en un entorno social y ambiental que deben respetar y mejorar, al tiempo que deben velar por el desarrollo profesional y el bienestar laboral de las empleadas y empleados públicos. En este sentido, el sector público, en tanto que conjunto de organizaciones, deben aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de responsabilidad social y hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad.

Desde el año 2021, la Administración General del Estado está abordando un ejercicio de mejora energética sin precedentes. Está movilizando un presupuesto de más de 1.070 millones de euros con cargo a la componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de un Plan de Transición Energética (PRTR) en la AGE, que actúa sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y su movilidad. En paralelo, en cumplimiento de la disposición adicional novena de la Ley 7/2021 de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se está elaborando el Plan de reducción de consumo energético en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que centros consumidores de energía, pertenecientes a la Administración General del Estado, reduzcan su consumo de energía en el año 2030, en consonancia con la «Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España» y el «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030», mediante la realización de medidas de ahorro y eficiencia energética. Este plan se publicará en los próximos meses e incluirá medidas de carácter estructural con horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, sirviendo como base para reforzar la autonomía energética de la Administración General del Estado.

Sin embargo, la situación generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia exige acelerar los esfuerzos y las medidas con impacto más inmediato. Por ello, el 29 de marzo de 2022, el Gobierno aprobó un Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, publicado por Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril, dirigidas a hacer frente, por una parte, a las necesidades derivadas de la acogida de personas ucranianas desplazadas en nuestro país y, por otra parte, a encarar las dificultades del actual escenario marcado por la incertidumbre y la alta volatilidad de los precios de la electricidad. Este Acuerdo establece, en su apartado cuarto, que el Gobierno aprobará, en el plazo de un mes, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las titulares de los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, en el marco del diálogo social, con la finalidad de contribuir al ahorro y a la eficiencia energética y dos objetivos fundamentales: la racionalización del uso de los edificios administrativos y de sus instalaciones y la facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía.

Para cumplir el primero de estos objetivos, el plan introduce una batería de medidas de ahorro energético, entre las que destacan: el establecimiento de horarios de encendido y apagado de las instalaciones y equipos consumidores de energía; la optimización del uso de los edificios administrativos, el control de las condiciones de temperatura en los locales e instalaciones climatizados; la identificación de ubicaciones en edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado susceptibles de albergar instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo o la regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de los edificios e infraestructuras dependientes de la Administración General del Estado. Se prevé, asimismo, realizar un seguimiento exhaustivo del uso racional de los consumibles utilizados diariamente en las oficinas administrativas, por su impacto indirecto en el consumo de energía. Por otra parte, los expedientes de contratación administrativa incluirán cláusulas que establezcan como criterios de valoración para la adjudicación de dichos contratos aquellas medidas que supongan ahorros en materia energética.

En cuanto al segundo objetivo, el Plan prevé, entre otras actuaciones, reforzar la modalidad de trabajo a distancia de las trabajadoras y trabajadores de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal, con el fin de reducir el impacto energético producido tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo derivado de la presencia física de los trabajadores.

Otra de las medidas orientadas a facilitar la prestación del servicio público de forma eficiente consiste en la promoción del uso del transporte público o colectivo y otras medidas de movilidad sostenible. En concreto, se incentivará el uso del transporte público por parte de las empleadas y empleados públicos, priorizando la apuesta por este medio de desplazamiento para aquellas personas que tengan su residencia en zonas con difícil acceso al transporte público o que el centro de trabajo se halle alejado de sus domicilios. Asimismo, se fomentará el uso de la bicicleta habilitando aparcamientos seguros en los edificios públicos.

El plan prevé, asimismo, medidas de carácter formativo, consistentes en la impartición de cursos a las empleadas y empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad, así como actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto de trabajo.

Es preciso señalar que las medidas contenidas en este plan contribuirán de forma decisiva a la estrategia impulsada por el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, para promover el ahorro y la eficiencia energética y fomentar la utilización de energías de origen renovable en los edificios e infraestructuras, así como impulsar la movilidad sostenible.

Las medidas del Plan se llevarán a cabo con los medios personales disponibles en los departamentos y organismos públicos competentes, y en conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésimo-primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

Para la coordinación del Plan, se prevé la creación de un grupo de trabajo interministerial, presidido por ambos departamentos, con el apoyo técnico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública y de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su reunión del día 24 de mayo de 2022,

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