Anexo 5 Incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2013/55/UE

(Se corresponde con el Anexo VII de la Directiva 2005/36/CE)

Documentos y certificados exigibles con arreglo al artículo 68

1. Documentos.

a) Prueba de la nacionalidad del interesado.

b) Copia de los certificados de competencia o del título de formación que dé acceso a la profesión de que se trate, así como, llegado el caso, un certificado de la experiencia profesional del interesado.

Las Autoridades competentes españolas podrán invitar al solicitante a que facilite información sobre su formación en la medida necesaria para determinar la posible existencia de diferencias sustanciales con respecto a la formación nacional exigida, como las mencionadas en el artículo 22.4. En caso de que al solicitante le resulte imposible facilitar dicha información, la Autoridad competente española se dirigirá al punto de contacto, a la Autoridad competente o a cualquier otro organismo pertinente del Estado miembro de origen.

c) En los casos previstos en el artículo 26, un certificado que acredite el tipo y la duración de la actividad, expedido por la autoridad o el organismo competente del Estado miembro de origen o del Estado miembro de procedencia del extranjero.

d) Cuando el acceso a una profesión regulada está condicionado a la presentación de pruebas relativas a la honorabilidad, la moralidad o la ausencia de quiebra, o de suspensión o prohibición del ejercicio de dicha profesión en caso de falta profesional grave o de infracción penal, la Autoridad competente española aceptará, como prueba suficiente para aquellos nacionales de los Estados miembros que deseen ejercer dicha profesión en su territorio, la presentación de documentos expedidos por autoridades competentes del Estado miembro de origen o del Estado miembro de procedencia del extranjero que demuestren el cumplimiento de tales requisitos. Estas últimas autoridades deberán remitir los documentos exigidos en el plazo de dos meses.

Cuando los documentos contemplados en el primer párrafo no puedan ser expedidos por las autoridades competentes del Estado miembro de origen o del Estado miembro de procedencia del extranjero, serán sustituidos por una declaración jurada –o, en los Estados miembros en los que no exista tal tipo de declaración, por una declaración solemne– que el interesado efectuará ante una autoridad judicial o administrativa competente o, dado el caso, ante notario o ante un organismo profesional cualificado del Estado miembro de origen, que mediante un certificado dará fe de dicho juramento o declaración solemne.

e) Cuando se exija en España, para el acceso a una profesión regulada, la presentación de un documento relativo a la salud física o psíquica del solicitante, la Autoridad competente española aceptará como prueba satisfactoria a este respecto la presentación del documento que se exija en el Estado miembro de origen. Cuando el Estado miembro de origen no exija documentos de este tipo, la Autoridad competente española aceptará un certificado expedido por una autoridad competente de ese Estado. En ese caso, las autoridades competentes del Estado miembro de origen deberán remitir el documento exigido en el plazo de dos meses.

f) Cuando se exija en España, para el acceso a una profesión regulada:

– una prueba de la solvencia del solicitante,

– la prueba de que el solicitante está asegurado contra los riesgos pecuniarios de su responsabilidad profesional con arreglo a las normas legales y reglamentarias vigentes en el Estado miembro de acogida en cuanto a las condiciones y el alcance de la cobertura, la Autoridad competente española aceptará como prueba satisfactoria un certificado expedido a tal fin por bancos y empresas aseguradoras de otro Estado miembro.

g) Cuando se exija en España, un certificado que confirme la ausencia tanto de suspensiones temporales o definitivas del ejercicio de la profesión como de condenas penales.

2. Certificados.

Para facilitar la aplicación del título III, capítulo III, del presente real decreto, en caso de duda justificada, las Autoridades competentes españolas podrán exigir que los solicitantes que cumplan las condiciones de formación exigidas presenten, junto con su título de formación, un certificado de las autoridades competentes del Estado miembro de origen que acredite que el título de formación es el que está previsto por la Directiva 2005/36/CE.