3.Dictamen del Comité Económico y Social Europeo - Revisión del marco jurídico europeo en materia de contratación pública - Dictamen exploratorio
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»3. Observaciones generales
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3.1. Como se indica en el punto 2, las Administraciones públicas de toda Europa gastan cada año más de 2 billones EUR en bienes, servicios y obras a través de procesos de contratación pública. Para muchas empresas, especialmente las pymes, ganar una licitación pública puede marcar una enorme diferencia. Sin embargo, la fragmentación de los procedimientos y los requisitos complejos pueden resultar especialmente gravosos para las pymes.
3.2. Uno de los problemas que afrontan las empresas al intentar presentarse a licitaciones públicas en la UE es la fragmentación. Cada Estado miembro sigue aplicando su propio sistema, a pesar de que la Unión Europea cuenta con normas que buscan armonizar la contratación pública. Las estrictas normas de contratación pública también han dado lugar a una concentración del mercado, ya que, a menudo, los costes de transacción resultan excesivamente elevados para las pymes.
3.3. Debido a esta fragmentación, las empresas deben consultar múltiples sitios web, a menudo solo en la lengua nacional, lo que dificulta aún más la comprensión de los requisitos por parte de las empresas que no sean locales. Además, debido a la concentración del mercado, a las Administraciones públicas les resulta cada vez más difícil recibir un número mínimo de ofertas de proveedores potenciales.
3.4. Otro reto al que se enfrentan las empresas a la hora de participar en licitaciones públicas es la falta de transparencia. En teoría, las empresas deberían tener igualdad de acceso a la información sobre las licitaciones y recibir una justificación clara cuando se adjudiquen los contratos. Sin embargo, en la práctica es frecuente que la transparencia se vea malograda debido al carácter incompleto de las listas de las licitaciones.
3.5. Otro reto al que se enfrentan las empresas es la complejidad administrativa. Las empresas y organismos públicos deben navegar por un mar de documentos, formularios y controles de conformidad, carga administrativa que puede resultar abrumadora, especialmente para las empresas más pequeñas.
3.6. Cuando las pymes y las empresas emergentes o nuevas empresas pierden las licitaciones o se ven excluidas de la contratación pública, la consecuencia es un descenso de las oportunidades para la competencia y la innovación. Un estudio de la Comisión Europea de 2017 constató que podría ahorrarse entre un 5 y un 20 % del gasto en contratación pública con una mayor competencia. La falta de competencia podría redundar en unos servicios públicos ineficientes y de baja calidad. Los contratos más grandes, por ejemplo, podrían dividirse en lotes, brindando así a las pymes una oportunidad equitativa de participar.
3.7. El CESE destaca la importancia del principio de contratación pública socialmente responsable (CPSR), cuyo objetivo es garantizar que las Administraciones públicas logren resultados sociales positivos -como el empleo, la inclusión y el respeto de los derechos laborales- y al mismo tiempo se apoye a las empresas de la economía social. El CPSR también aporta valor económico al tener en cuenta una gama de repercusiones más amplia, reducir el gasto social y mejorar el bienestar socioeconómico.
3.8. Es evidente que, aunque la contratación pública ofrece enormes oportunidades, no se está aprovechando todo su potencial, especialmente a escala de la UE. Esto repercute negativamente en el potencial de crecimiento económico dentro de la UE y también en el exterior respecto de las empresas que compiten en los mercados internacionales.
3.9. Es necesario redoblar los esfuerzos para impartir formación específica a los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras sobre cómo planificar, preparar y supervisar sus contrataciones. El buen conocimiento del mercado también constituye un factor clave para los poderes adjudicadores. Dado que el dinero de los contribuyentes se gasta recurriendo a contratos públicos, estos deben adjudicarse atendiendo al criterio de la oferta económicamente más ventajosa.
3.2. Uno de los problemas que afrontan las empresas al intentar presentarse a licitaciones públicas en la UE es la fragmentación. Cada Estado miembro sigue aplicando su propio sistema, a pesar de que la Unión Europea cuenta con normas que buscan armonizar la contratación pública. Las estrictas normas de contratación pública también han dado lugar a una concentración del mercado, ya que, a menudo, los costes de transacción resultan excesivamente elevados para las pymes.
3.3. Debido a esta fragmentación, las empresas deben consultar múltiples sitios web, a menudo solo en la lengua nacional, lo que dificulta aún más la comprensión de los requisitos por parte de las empresas que no sean locales. Además, debido a la concentración del mercado, a las Administraciones públicas les resulta cada vez más difícil recibir un número mínimo de ofertas de proveedores potenciales.
3.4. Otro reto al que se enfrentan las empresas a la hora de participar en licitaciones públicas es la falta de transparencia. En teoría, las empresas deberían tener igualdad de acceso a la información sobre las licitaciones y recibir una justificación clara cuando se adjudiquen los contratos. Sin embargo, en la práctica es frecuente que la transparencia se vea malograda debido al carácter incompleto de las listas de las licitaciones.
3.5. Otro reto al que se enfrentan las empresas es la complejidad administrativa. Las empresas y organismos públicos deben navegar por un mar de documentos, formularios y controles de conformidad, carga administrativa que puede resultar abrumadora, especialmente para las empresas más pequeñas.
3.6. Cuando las pymes y las empresas emergentes o nuevas empresas pierden las licitaciones o se ven excluidas de la contratación pública, la consecuencia es un descenso de las oportunidades para la competencia y la innovación. Un estudio de la Comisión Europea de 2017 constató que podría ahorrarse entre un 5 y un 20 % del gasto en contratación pública con una mayor competencia. La falta de competencia podría redundar en unos servicios públicos ineficientes y de baja calidad. Los contratos más grandes, por ejemplo, podrían dividirse en lotes, brindando así a las pymes una oportunidad equitativa de participar.
3.7. El CESE destaca la importancia del principio de contratación pública socialmente responsable (CPSR), cuyo objetivo es garantizar que las Administraciones públicas logren resultados sociales positivos -como el empleo, la inclusión y el respeto de los derechos laborales- y al mismo tiempo se apoye a las empresas de la economía social. El CPSR también aporta valor económico al tener en cuenta una gama de repercusiones más amplia, reducir el gasto social y mejorar el bienestar socioeconómico.
3.8. Es evidente que, aunque la contratación pública ofrece enormes oportunidades, no se está aprovechando todo su potencial, especialmente a escala de la UE. Esto repercute negativamente en el potencial de crecimiento económico dentro de la UE y también en el exterior respecto de las empresas que compiten en los mercados internacionales.
3.9. Es necesario redoblar los esfuerzos para impartir formación específica a los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras sobre cómo planificar, preparar y supervisar sus contrataciones. El buen conocimiento del mercado también constituye un factor clave para los poderes adjudicadores. Dado que el dinero de los contribuyentes se gasta recurriendo a contratos públicos, estos deben adjudicarse atendiendo al criterio de la oferta económicamente más ventajosa.
