IV.Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Perspectivas locales y regionales en la aplicación de la Estrategia Europea para la Seguridad Interior (ProtectEU)

33. subraya que, en muchos territorios europeos, el alcalde es el único punto de contacto identificable y accesible para los ciudadanos en materia de seguridad cotidiana y que, como tal, debe participar plenamente en la definición y aplicación de las políticas de seguridad, dentro del respeto por las competencias de cada nivel de gobierno; en las regiones fronterizas debe tenerse en cuenta la existencia de sistemas diferentes a ambos lados de la frontera para facilitar la cooperación;
34. subraya que la policía local, las policías de ámbito regional, las policías adscritas y los demás cuerpos policiales descentralizados presentes en muchos Estados miembros son actores locales indispensables para la seguridad cotidiana, y recomienda que se los mencione expresamente en los futuros trabajos de la Comisión Europea sobre la Estrategia de Seguridad Interior;
35. recuerda el papel determinante que desempeñan los entes locales y regionales en la gestión de las crisis a escala local, como demuestra su rápida movilización logística y social durante la pandemia de COVID-19, y recomienda que este papel sea reconocido en el plano institucional de cara a las futuras estrategias de gestión de crisis a escala europea;
36. lamenta que, en algunos Estados miembros, los alcaldes no tengan competencias efectivas en el ámbito de la policía administrativa general, a pesar de ser el actor público más cercano a los ciudadanos, y recomienda que se adapten los marcos jurídicos nacionales para que puedan ejercer plenamente sus responsabilidades en materia de seguridad pública local;
37. recomienda que la financiación pública local, regional o europea que se concede a las asociaciones esté supeditada a un verdadero respeto de los valores de la Unión Europea, y que los entes locales y regionales reciban apoyo de los Estados miembros para mantenerse informados de posibles abusos o riesgos;
38. recomienda, dentro del pleno respeto de las libertades individuales, y especialmente del respeto del derecho a la vida privada, la creación a escala local de redes de vigilancia ciudadana supervisadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y basadas en convenios tripartitos que asocien a las administraciones locales, los servicios de seguridad y los ciudadanos;
39. pide una mayor vigilancia por parte de los entes locales y regionales del tráfico de drogas y la radicalización, especialmente en el caso de la juventud, y subraya la necesidad de apoyar a quienes actúan sobre el terreno -asociaciones, educadores, estructuras deportivas y trabajadores sociales- promoviendo un enfoque asociativo que dé cabida a la sociedad civil y a los servicios estatales;
40. anima a los entes locales y regionales a que efectúen intercambios sobre seguridad pública en colaboración con la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL). En estos intercambios participarían representantes elegidos democráticamente, ciudadanos, fuerzas y cuerpos de seguridad, organizaciones de voluntariado y servicios estatales, con el fin de reforzar la confianza mutua y la construcción conjunta de una cultura de la seguridad compartida;
41. lamenta la insuficiente transmisión de información entre los servicios nacionales de seguridad y los entes locales y regionales; pide a los Estados miembros que establezcan mecanismos estables y seguros para compartir datos pertinentes con las alcaldías y las presidencias de los ejecutivos locales, con el fin de reforzar la responsabilidad compartida y la capacidad de prevención;
42. toma como ejemplo la creación, por parte de varias ciudades europeas, de sistemas de prevención de la radicalización, sistemas de cartografiado local de la delincuencia, observatorios municipales y centros de formación interprofesional para funcionarios de primera línea; acoge con satisfacción, a este respecto, las dos consultas públicas iniciadas por la Comisión Europea en 2025 en el marco de la Estrategia ProtectEU;
43. pide a la Comisión Europea y al Consejo que estudien la posibilidad de reformar la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), con el fin de permitir la creación de módulos de formación específicos para los agentes de policía municipales y el personal responsable de la seguridad territorial, con el debido respeto del principio de subsidiariedad y del enfoque de seguridad promovido por la Estrategia ProtectEU, que incluye a la sociedad en su conjunto;
44. recomienda crear plataformas y estructuras de formación compartidas entre los entes locales y regionales, que permitan a los municipios pequeños y medianos, en particular, acceder a herramientas educativas, simuladores y ejercicios conjuntos de prevención y gestión de crisis; considera que esta puesta en común podría contribuir a reforzar la eficiencia, la coherencia y la solidaridad territorial dentro de la Unión;
45. acoge con satisfacción la creación en varias ciudades europeas de células multidisciplinares locales (psicólogos, juristas, educadores, fuerzas de seguridad, enseñantes) para detectar las señales tenues de radicalización o violencia emergente;
46. recomienda la creación generalizada de unidades de apoyo a las familias que se enfrentan a la radicalización, la creación de redes europeas que sirvan de enlace entre los diferentes sistemas de unidades de apoyo, así como la impartición de formación cruzada para el personal de primera línea;
47. aboga por que se abra la posibilidad para el personal municipal correspondiente de participar en formaciones sobre cooperación entre autoridades, amenazas híbridas y prácticas de prevención urbana (y nacional) en la CEPOL;
48. apoya el desarrollo de programas europeos de cadetes de seguridad, inspirados en el modelo Erasmus, que permitan a los jóvenes voluntarios participar en misiones de concienciación y mediación en los entes locales y regionales asociados;
49. llama la atención sobre el papel de los entes locales en la regulación administrativa de los establecimientos sensibles (bares, salas, locales asociativos) de cara a la prevención de la delincuencia y la radicalización y la lucha contra el blanqueo de capitales, y recomienda que se preste apoyo jurídico y logístico europeo a este instrumento de actuación;
50. señala que los entes locales y regionales, en cuanto que principales financiadores del tejido asociativo local, deben estar en condiciones de garantizar que las estructuras apoyadas respeten los valores fundamentales de la Unión Europea; pide a las autoridades estatales que, con este fin, cooperen activamente con los entes locales y regionales, proporcionándoles toda la información pertinente en caso de que se detecten riesgos o señales tenues;
51. pide una mejor transmisión de la información entre los servicios estatales y los entes locales y regionales, especialmente en lo relativo a las señales tenues, las amenazas híbridas, los datos sobre delincuencia y el cartografiado de riesgos;
52. pide que se asocie plenamente a los entes y fuerzas de seguridad competentes locales y regionales fronterizos o portuarios con la gestión de los mecanismos de seguridad europeos (Frontex, EMSA, DG HOME) en calidad de observadores expertos de los flujos geopolíticos, siempre que puedan garantizar la privacidad y seguridad de la información y bajo el mando del ente superior;
53. subraya que la eficacia de las disposiciones europeas en materia de seguridad no solo depende de la financiación disponible, sino también de la capacidad de los entes locales y regionales para aplicarlas en la práctica; pide, por lo tanto, a la Comisión Europea que intensifique su apoyo a la ingeniería territorial proporcionando herramientas prácticas, formación y apoyo personalizado a los entes locales y regionales, sin limitarse a lo previsto en el plan estratégico, con el fin de garantizar que las políticas de prevención de la radicalización, lucha contra la delincuencia y ciberseguridad se traduzcan en medidas operativas sobre el terreno;
54. subraya que los entes locales y regionales deben poder participar en la gobernanza de las políticas de seguridad digital, incluyendo la lucha contra los contenidos violentos, el acoso, la desinformación y la pornografía infantil en línea;
55. señala, por último, que toda estrategia de seguridad eficaz debe basarse en la participación de los ciudadanos, las asociaciones, las empresas locales y los servicios públicos locales, y pide que se refuercen los mecanismos participativos en materia de seguridad (conferencias locales, presupuestos participativos, observatorios mixtos).