II.Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Perspectivas locales y regionales en la aplicación de la Estrategia Europea para la Seguridad Interior (ProtectEU)

10. toma nota de la intensificación y el carácter híbrido de las amenazas a la seguridad interior de la Unión, incluida la delincuencia organizada, la radicalización violenta, la ciberdelincuencia, la injerencia extranjera, la violencia ideológica, la manipulación de la información y la desinformación, las tensiones entre comunidades, la falta de civismo, las derivas violentas, la desestabilización local y la aparición de una contestación violenta difusa, que suelen adoptar diferentes formas en las grandes y pequeñas ciudades y en las zonas rurales y transfronterizas, lo cual exige adaptar las respuestas a escala local;
11. toma nota de que la Estrategia ProtectEU da muestra de la firme ambición de la Comisión Europea de reforzar la seguridad interior de la Unión; destaca que los entes locales y regionales ya atesoran una experiencia y unos conocimientos técnicos probados en materia de prevención, protección y gestión de crisis, lo que constituye una baza concreta a la hora de aplicar las prioridades europeas; considera, por lo tanto, que el éxito de ProtectEU pasa por el reconocimiento y la movilización de estos conocimientos especializados del nivel territorial;
12. observa que estas amenazas pesan sobre el conjunto de territorios europeos -urbanos, rurales, fronterizos, portuarios, montañosos o insulares- y piden una respuesta diferenciada, contextualizada y compartida entre los distintos niveles de gobierno, mediante mecanismos de seguridad y cooperación reforzados adaptados a su contexto geográfico singular;
13. llama la atención sobre el aumento de los daños a las infraestructuras críticas locales (agua, transporte, puertos, sanidad, redes digitales), a menudo gestionadas o supervisadas por los entes locales y regionales, y pide que se fortalezca su resiliencia, en particular mediante la aplicación efectiva de la Directiva (UE) 2022/2557 (1), y que se preste apoyo a los operadores locales de infraestructuras críticas;
14. subraya que los territorios insulares y ultraperiféricos de la Unión presentan vulnerabilidades específicas derivadas de su lejanía geográfica, su exposición a los flujos migratorios irregulares, su dependencia del transporte marítimo y aéreo, y su papel estratégico en la frontera sur de Europa; pide que estas particularidades se integren explícitamente en la cartografía estratégica de ProtectEU y en los programas de resiliencia territorial;
15. señala que todos los puertos (incluidos los pequeños y los puertos deportivos) y los aeropuertos (incluidos los pequeños y los dedicados a vuelos privados) de Europa, así como todas las regiones fronterizas, están expuestos a vulnerabilidades específicas relacionadas con la gestión de los flujos migratorios, el tráfico ilícito y la coordinación entre agencias, y recomienda su inclusión explícita en la cartografía estratégica de ProtectEU y el establecimiento de polos regionales de cooperación portuaria y marítima en territorios ultraperiféricos, donde la seguridad marítima, la lucha contra el tráfico ilícito y la gestión migratoria requieren una especial e intensa coordinación entre agencias europeas y autoridades locales;
16. reconoce que el cambio climático, el mayor riesgo de contaminación de los mares por petróleo y productos químicos, los fenómenos meteorológicos extremos y la degradación del medio ambiente pueden exacerbar los riesgos para la seguridad, en particular para las zonas urbanas, portuarias, costeras e insulares. Pide que se integren medidas de resiliencia frente al cambio climático, infraestructuras verdes y preparación ante catástrofes en la planificación de la seguridad local y regional, por ejemplo, para proteger la seguridad y los medios de subsistencia de las comunidades locales que se ven afectadas por riesgos naturales e incidentes relacionados con la vida silvestre;
17. señala que los entes locales y regionales son víctima de un número creciente de ciberataques, siendo el grado de vulnerabilidad mayor en los municipios pequeños, y que la cooperación entre los servicios nacionales de ciberseguridad y los entes locales constituye un pilar indispensable de la seguridad interior europea;
18. pide un apoyo estructural europeo para el desarrollo de servicios locales de ciberseguridad territorial, responsables de la publicación de guías y ejercicios para los municipios y los entes transfronterizos, y de oficinas de seguridad, encargadas de prestar servicios de respuesta a incidentes y asesoramiento para los entes locales y regionales;
19. destaca el estrecho vínculo existente entre seguridad y planificación urbana; subraya que una planificación urbana sostenible desde el punto de vista medioambiental -espacios verdes, calles peatonales, alumbrado público, mobiliario urbano adaptado y transporte público seguro- aumenta la cohesión de la comunidad, ayuda a prevenir la delincuencia, aumenta la resiliencia local e incrementa la sensación de seguridad;
20. señala que la videovigilancia puede contribuir a la disuasión, al esclarecimiento de las infracciones y a su denuncia ante la justicia, siempre que respete las normas de protección de datos y la privacidad y se someta a una supervisión transparente. La videovigilancia tiene efectos claros en los territorios (en combinación con la presencia humana, unas actividades de mantenimiento de la ley y el orden de calidad, y un cartografiado preciso de los fenómenos y las necesidades territoriales);
21. destaca que la lucha contra la radicalización pasa por unas políticas de educación inclusiva, de cohesión social, de diálogo intercultural, de apoyo a las familias y de regulación del espacio digital;
22. reconoce que los programas de prevención de la radicalización y las iniciativas de cohesión social deben incorporar perspectivas de género, y que esto conlleva hacer frente a los riesgos de acoso en línea, explotación sexual y radicalización que afecten a mujeres y niñas. Anima a las autoridades locales a crear unidades de apoyo y programas de formación que sean sensibles a las dinámicas de género y empoderen a las mujeres como agentes de prevención;
23. alerta sobre el recrudecimiento de los delitos relacionados con la pedofilia tanto en línea como fuera de línea, que aprovechan las lagunas existentes en el ámbito digital y la vulnerabilidad de los menores, y pide que esta lacra se incluya de forma explícita en la Estrategia ProtectEU como una amenaza prioritaria;
24. destaca que más de la mitad de las mujeres en la Unión Europea han sufrido acoso sexual y que una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual; pide a la Comisión Europea que incluya explícitamente las amenazas a las mujeres en la estrategia ProtectEU; subraya que los entes locales y regionales pueden desempeñar un papel clave en la lucha contra la violencia contra las mujeres mediante la aplicación de medidas concretas en sus ciudades o regiones;
25. recomienda la adopción de un marco europeo, coherente con las normas de los Estados miembros, para unos servicios digitales adecuados a la edad, que establezca garantías mínimas claras para proteger a la infancia y la juventud de entornos en línea perjudiciales y respete plenamente su derecho a la participación digital; destaca que este marco debe incluir obligaciones para las plataformas digitales en lo relativo al diseño de medidas eficaces y apropiadas de verificación de la edad, de modo que la responsabilidad de proteger a los menores recaiga principalmente en los proveedores de servicios y no en los niños o sus familias; recomienda que se anime y se apoye a los entes locales y regionales a elaborar y ofrecer programas de alfabetización mediática, bienestar digital y prevención de riesgos que promuevan un uso digital seguro, autónomo y responsable, también en lo que respecta a la hiperconectividad, el ciberacoso, los elementos de diseño que fomentan la adicción, la desinformación y todas las formas de violencia digital. Estos programas deberían ser accesibles para todos los grupos de la sociedad y complementarse con obligaciones más estrictas para las plataformas en materia de rendición de cuentas, en consonancia con el Derecho de la Unión;
26. recuerda que la escolarización de los menores, la acogida de los grupos vulnerables y la prevención en colegios y estructuras deportivas o asociativas deben incorporarse plenamente a las políticas de seguridad; reconoce el valor preventivo de los espacios de socialización seguros (como las asociaciones deportivas o los centros culturales y juveniles) y pide que sean potenciados dentro de los ecosistemas locales de prevención (2);