Artículo 12. Ley 8/2026, de 2 de julio, Cataluña, erradicación del amianto

1. Las personas administradoras de fincas y las demás personas profesionales vinculadas con el ámbito de aplicación de la presente ley tienen las siguientes obligaciones:

a) Comunicar la presencia de materiales que contienen amianto en los elementos muebles o inmuebles a las personas propietarias de las viviendas de las fincas que gestionan y a los órganos responsables del Censo catalán de materiales que contienen amianto.

b) Velar por que las personas propietarias de las viviendas o los inmuebles entreguen un certificado de presencia o ausencia de materiales que contienen amianto a la persona que los compra o que arrienda la propiedad, así como asistirlas en la tramitación de dicho certificado.

c) Informar a las personas propietarias de las viviendas de las fincas sobre las ayudas y subvenciones convocadas por la Administración pública con relación a la gestión y retirada del amianto.

d) Colaborar con la administración pública competente en la difusión de protocolos, guías y demás documentos similares entre las personas propietarias de las viviendas de las fincas correspondientes.

e) Colaborar en las tareas de inspección que se lleven a cabo en las viviendas y en los edificios o instalaciones.

2. Las administraciones públicas de Cataluña, para cumplir las obligaciones establecidas por la presente ley, pueden formalizar instrumentos de cooperación o colaboración con colegios profesionales, con otras corporaciones de derecho público o con las organizaciones empresariales, profesionales y sindicales más representativas.