3. Res. de 8 de julio de 2026, Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026

Las Recomendaciones Específicas por País del Consejo de la UE dirigidas a España en el Semestre Europeo subrayan varios aspectos relevantes para este Plan. En las recomendaciones aprobadas en julio de 2025, la Unión Europea instó a España, entre otras cosas, a acelerar la ejecución del PRTR en el ámbito laboral y de cohesión, y a mejorar la eficacia de las políticas de empleo y educación. En particular, se recomendó seguir reduciendo la escasez de capacidades y los desajustes entre la oferta y la demanda de competencias en el mercado de trabajo español, reforzando la educación y la formación profesional dual y el aprendizaje permanente, especialmente para las personas poco cualificadas, y la necesidad de mejorar las competencias básicas de las personas jóvenes.

Adicionalmente, las recomendaciones europeas han insistido en simplificar la normativa y reducir cargas administrativas para mejorar el entorno empresarial y, con ello, favorecer la creación de empleo, además de profundizar en la digitalización de los servicios públicos para aumentar su eficiencia.

Asimismo, el Informe conjunto sobre el empleo 2026, señala importantes retos en materia de empleo, competencias y política social a nivel europeo, para los cuales propone medidas tales como: mejorar la formación y el reciclaje de los adultos para garantizar la competitividad, hacer frente a la escasez de mano de obra y de competencias, adaptarse a la situación y las perspectivas cambiantes del mercado laboral y fomentar transiciones ecológicas y digitales justas; reforzar las políticas activas del mercado laboral y la capacidad y eficacia de los servicios públicos de empleo; promover una movilidad justa dentro de la UE y considerar la posibilidad de atraer a las personas trabajadoras cualificadas nacionales de terceros países; garantizar la disponibilidad de sistemas de apoyo diseñados para preservar y seguir desarrollando el capital humano a través de la mejora y el reciclaje de las competencias asociadas; prestar un apoyo adecuado a las personas trabajadoras y los hogares más afectados por las repercusiones económicas y sociales de la adaptación al cambio climático y a las nuevas tecnologías ecológicas y digitales, en particular a las personas trabajadoras y hogares vulnerables; promover la negociación colectiva y el diálogo social, en consonancia con la Recomendación del Consejo sobre el refuerzo del diálogo social y el Pacto para el Diálogo Social Europeo; mejorar las perspectivas de las personas jóvenes en el mercado laboral, entre otras cosas mediante una educación y formación de calidad; mejorar la integración de la igualdad y reforzar la participación de las mujeres y los grupos desfavorecidos en el mercado laboral; o adoptar medidas globales para mejorar las capacidades básicas y, en términos más generales, el desarrollo de las competencias clave, en especial de las capacidades y competencias digitales de las personas de todas las edades.

En el ámbito interno, cabe destacar el documento «España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo», que prevé que en las próximas décadas el cambio tecnológico hará desaparecer ocupaciones, surgirán otras nuevas y se transformarán muchas existentes. Es fundamental lograr que esta transición sea lo más ágil y equilibrada posible para las personas y las empresas.

Los avances tecnológicos futuros deben servir para incrementar progresivamente la tasa de empleo, mejorando la inserción laboral de todos los colectivos, en particular de la juventud, las mujeres, las personas paradas de larga duración y los mayores de 52 años.

Por otra parte, se considera vital la coordinación público-privada entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los servicios públicos de empleo autonómicos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las entidades educativas, a fin de articular respuestas coherentes e integradas a escala nacional.

Asimismo, resulta de gran importancia contar con un sistema eficaz de evaluación y seguimiento de las políticas activas de empleo, sistematizando la información e incorporando criterios clave como la tasa de inserción laboral o la calidad del empleo logrado. Esta orientación está alineada con el objetivo, compartido a nivel europeo, de afianzar una cultura de la evaluación en el conjunto de las políticas públicas.

En cuanto al contexto económico reciente, la actualización de las estrategias fiscal y de reformas a medio plazo (Plan Fiscal y Estructural 2025-2028) pone de relieve la sólida recuperación de la economía española tras la pandemia. Ya en 2022 el PIB creció un 6,4% por segundo año consecutivo, superando ampliamente las previsiones, y alcanzó el nivel previo a la COVID-19 en el tercer trimestre de 2022. Para mediados de 2023, el PIB era un 2,1% superior al de finales de 2019, reflejando una notable resiliencia incluso en un entorno internacional complejo y cerró el año 2024 con un crecimiento medio anual del 3,2%, superior al de la mayoría de las previsiones. Las medidas desplegadas (por ejemplo, la «solución ibérica» para desacoplar el precio de la electricidad del gas) ayudaron a contener la inflación y evitar daños estructurales, favoreciendo un fuerte repunte del empleo y de la inversión, a la par que la corrección de desequilibrios fiscales, lo que proporciona una base sólida para enfrentar el escenario actual, que continúa marcado por una elevada incertidumbre.

Se estima que la economía de España seguirá mostrando un crecimiento robusto en los próximos años, apoyado en el crecimiento de la productividad y el buen comportamiento del mercado laboral. El PIB mantendrá un elevado ritmo de crecimiento, pasando del 2,8% de 2025 a un crecimiento más suave en 2026 y 2027, pero manteniéndose por encima del 2%. Las actuales proyecciones demográficas recogen una perspectiva de crecimiento de los flujos migratorios que se materializan en un aumento de la población activa y de las tasas de actividad en el horizonte de proyección. Este aumento de la oferta de trabajo no viene acompañado, como en otros periodos expansivos pasados, por una disminución de la productividad: los datos más recientes muestran una vuelta a la tendencia de crecimiento estructural de la productividad por hora.

El impulso de la población, la tasa de actividad y la productividad genera un patrón de crecimiento potencial elevado, con una aportación menor de fenómenos cíclicos coyunturales.

Las dinámicas demográficas y del mercado laboral explican la mayor parte de este crecimiento potencial, tanto por el incremento de flujos migratorios como por el incremento de la tasa de actividad. La evolución de los flujos migratorios ha tenido un impacto positivo en la evolución de la oferta laboral desde 2018, y se espera que siga teniéndolo en los próximos años, dada la capacidad de atracción del mercado laboral español, en especial entre personas trabajadoras de países de América Latina. El envejecimiento de la población, junto con el alargamiento de carreras laborales, por su parte, contribuirá al aumento de la tasa de actividad, lo cual añadirá más crecimiento a la ocupación.

En el medio plazo, el despliegue de los efectos de las reformas conciliará el descenso de la tasa de desempleo con ganancias de poder adquisitivo de los asalariados y una reducción de la jornada media. La incorporación de los efectos esperados de la agenda reformista en el ámbito laboral al escenario macroeconómico permite proyectar nuevos máximos de ocupación, un crecimiento continuado del poder adquisitivo de los asalariados y una reducción sostenida de la tasa de paro.

En cualquier caso, deben tenerse en cuenta varios factores exógenos fundamentales que siguen condicionando el entorno económico:

En primer lugar, la guerra en Ucrania. Para hacer frente alshockgeopolítico derivado de la misma, el Gobierno aprobó el 29 de marzo de 2022 un Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra, articulado en torno a ocho objetivos concretos para «repartir de forma justa los efectos de la guerra» y salvaguardar la senda de crecimiento y creación de empleo iniciada en 2021. Entre dichos objetivos figuran la protección de los colectivos más vulnerables y de los sectores productivos más afectados, la garantía de suministros básicos, la contención de precios (con especial atención a los carburantes, el gas y la electricidad) y el fortalecimiento de la estabilidad financiera. El Plan ha movilizado 16.000 millones de euros en ayudas y avales públicos e introduce medidas laborales específicas: la Vicepresidenta Segunda recordó en su presentación que los ERTE se configuran como una herramienta clave para proteger el empleo en situaciones de crisis, instando a las empresas a utilizarlos en lugar de recurrir a despidos. Incluso se estableció que los despidos motivados por el encarecimiento energético se consideren no justificados, reforzando así el compromiso de mantenimiento del empleo.

En segundo lugar, la culminación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El programa europeo de inversiones y reformas Next Generation EU –sin precedentes en la historia de la UE– ha tenido un impacto muy positivo en la modernización económica, y su ejecución completa finalizará en 2026. Ha habido una fuerte concentración de las inversiones y reformas del PRTR en el período 2021-2023, con el fin de maximizar su impacto anticíclico y lograr efectos materiales sobre los principales motores de crecimiento. Estas inversiones han impulsado el capital humano, tecnológico y científico, la I+D+i, la digitalización de empresas y Administraciones Públicas, el fortalecimiento del estado de bienestar y la reducción de desigualdades. Concretamente, en materia de política de empleo, en el marco del Componente 23 del Plan («Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo»), España ha llevado a cabo una profunda transformación de su sistema de políticas activas de empleo, cumpliendo con las reformas comprometidas. De este modo, a inicios de 2025 ya se había desplegado el nuevo marco normativo y estratégico de la política de empleo en su conjunto, completando la modernización prevista con cargo al PRTR.

A estos factores, hay que unir un nuevo factor que ha irrumpido con fuerza, como es el cambio en la política arancelaria propiciado por Estados Unidos y su impacto en la política comercial. De este modo, la política arancelaria internacional ha cobrado especial relevancia para España, dada su integración en la Unión Europea y su exposición a los acuerdos comerciales comunitarios. En 2025, la UE y EE. UU. establecieron un marco arancelario con un gravamen del 15 % para la mayoría de bienes europeos, lo que, pese a su intención estabilizadora, no evitó un deterioro de las exportaciones españolas a EE. UU. (–8 %) ni un aumento del déficit comercial bilateral (+34,4 %). La volatilidad normativa y los cambios unilaterales en política comercial estadounidense han generado incertidumbre para las empresas exportadoras. En paralelo, la UE ha intensificado su estrategia de diversificación comercial, destacando el acuerdo con Mercosur, que beneficiará a unas 10.000 empresas españolas, especialmente pymes, con un ahorro estimado de 500 millones de euros en aranceles. No obstante, estos avances conviven con tensiones geopolíticas y desafíos como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que redefinirá la competitividad en sectores intensivos en emisiones.

Por último, el reciente ataque a Irán ha desencadenado una fuerte reacción en los mercados energéticos y financieros globales. El posible cierre del Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita entre el 20% y el 25% del petróleo mundial, ha elevado la volatilidad energética y financiera a niveles no vistos desde 2022. Esta circunstancia podría tener un significativo impacto en la economía española, como economía altamente dependiente de la energía importada, con un aumento de los precios de la misma, con el consiguiente aumento de la inflación.

El lanzamiento del PAFED 2026 coincide por tanto con un momento de notable mejora del mercado laboral español, como hemos visto en el apartado anterior, aunque persisten desafíos estructurales que el Plan deberá contribuir a abordar. Según los últimos datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA), España cerró 2025 con unas cifras de empleo históricas: 22,46 millones de personas ocupadas, el nivel más alto jamás registrado. En el conjunto de 2025 se crearon más de 600.000 empleos netos (+2,8% interanual), reflejando la continuidad de la recuperación económica tras la pandemia y el efecto dinamizador de las reformas emprendidas. Paralelamente, la tasa de paro a finales de 2025 bajó al 9,93%, cayendo por primera vez en casi dos décadas por debajo del umbral del 10%.

Cabe destacar, además, el cambio estructural en la calidad del empleo conseguido tras la reforma laboral de 2021. La proporción de contratos indefinidos sobre el total de contratos firmados alcanzó en 2025 un 41,2%, muy superior a la de años previos a la reforma. En suma, el mercado laboral español está ahora más dinámico y a la vez más estable, con menos rotación y una mayor duración media de los empleos, factores que favorecen la productividad y la protección social de las personas trabajadoras.

No obstante, a pesar de los avances logrados, el PAFED 2026 también debe enfrentar importantes retos pendientes en materia de empleo. Uno de ellos es el desempleo juvenil que, aunque ha disminuido, sigue siendo elevado en comparación con la media general. La tasa de paro juvenil (personas menores de 25 años) bajó hasta el 23% al cierre de 2025, su nivel más bajo desde 2008.

Otro desafío estructural es el desempleo de larga duración. Al finalizar 2025 había aproximadamente 1,02 millones de personas en paro de larga duración (más de un año desempleadas), lo que supone el 41,2% del total de personas paradas. La existencia de un núcleo duro de paro de larga duración conlleva riesgos de desvinculación del mercado de trabajo, pérdida de competencias y aumento del riesgo de exclusión social. De hecho, como señalan las instituciones europeas, España debe mantener un apoyo reforzado a este colectivo, pues su alta proporción es un factor que lastra la cohesión social.

Asimismo, persisten brechas de género y territoriales en el empleo. Aunque la tasa de paro femenina ha disminuido y la brecha respecto a la masculina se ha acortado ligeramente, las mujeres siguen registrando tasas de desempleo superiores a las de los hombres, especialmente en ciertos territorios y franjas de edad. Del mismo modo, comunidades con mercados laborales más frágiles presentan todavía tasas de paro notablemente por encima de la media nacional, lo que requiere continuar reforzando las estrategias de desarrollo económico local y de apoyo a la creación de empleo en esas zonas.

El contexto socio-laboral de 2025-2026 viene marcado, asimismo, por las transiciones gemelas (ecológica y digital) y el desafío demográfico, que plantean tanto oportunidades de creación de empleo como la necesidad de adaptación de la fuerza de trabajo.

Por su parte, la creciente inversión en economía verde y digital está generando demanda de nuevos perfiles profesionales, pero a la vez puede dejar atrás a personas trabajadoras con cualificaciones desactualizadas. En 2025, por ejemplo, se observó un fuerte incremento de empleo en sectores de alto valor añadido –como las actividades financieras y de seguros, o las relacionadas con energías renovables y gestión medioambiental–. El PAFED 2026 deberá complementar este dinamismo apoyando la recualificación de personas trabajadoras hacia ocupaciones verdes y digitales, para aprovechar el potencial de empleo de los fondos NextGenerationEU y minimizar la brecha de habilidades (skill gap). España lidera en energías renovables, pero enfrenta retos de adaptación ante fenómenos climáticos extremos y la necesidad de una transición justa.

Igualmente, la transición demográfica (envejecimiento de la población activa) requiere integrar estrategias de envejecimiento activo en las políticas de empleo: como muestra la EPA, el mayor aumento de empleo en 2025 en términos absolutos correspondió al grupo de personas trabajadoras de 55 y más años (+280.500 ocupados, +6% interanual) que alcanzó un máximo histórico de 4,93 millones de empleados en esa franja. Esto subraya la importancia de seguir aprovechando la experiencia de los «personas trabajadoras senior» y facilitar su permanencia o reinserción en el mercado laboral, aspectos que también se abordarán con la futura Estrategia Global para personas desempleadas de larga duración o de mayor edad que figura como Anexo en la EEAAE. Todo ello, dado que el envejecimiento poblacional proyecta una tasa de dependencia del 53,7 % en 2050, lo que tensionará el sistema de pensiones y reducirá la población activa. Este escenario exige políticas integradas que aborden la formación continua, la digitalización inclusiva, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial.

Esta necesidad se ve intensificada en el caso de la irrupción de la inteligencia artificial (IA), que ya utilizan el 63 % de las personas profesionales en España. Esta tecnología está transformando procesos productivos, mejorando la eficiencia y generando nuevos perfiles laborales, aunque también plantea riesgos de automatización: entre el 18 % y el 22 % del empleo actual está potencialmente expuesto a la IA. La regulación europea, con la entrada en vigor del Reglamento de IA (AI Act) en agosto de 2025, ha situado a la UE –y a España, a través de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA)– a la vanguardia en la gobernanza tecnológica.

En conclusión, el panorama laboral a comienzos de 2026 combina señales positivas –crecimiento robusto del empleo, caída del paro general y juvenil, mejora de la calidad contractual– con asignaturas pendientes –desempleo estructural de ciertos colectivos, desigualdades de acceso al empleo y retos de cualificación–. El PAFED 2026 deberá afianzar los logros recientes a la vez que profundiza en soluciones para estos retos, en coordinación con las demás políticas económicas y sociales en marcha (educativas, industriales, sociales, territoriales, etc.) para lograr un mercado de trabajo más inclusivo, resiliente y orientado al futuro. Sin embargo, en estos momentos, existe también una mayor incertidumbre de futuro generada por el citado reciente ataque a Irán que está escalando el conflicto afectando también a la UE y que, seguramente, tendrá incidencia económica y en el empleo.

Al mismo tiempo, las reformas ya implementadas en el marco del Componente 23 del PRTR constituyen una parte fundamental del marco estratégico del Plan 2026.

Destaca especialmente la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que ha supuesto una reforma integral del sistema anterior. Esta ley introdujo importantes novedades, entre las que cabe señalar: la consagración al máximo nivel normativo de una Cartera Común de Servicios con 10 servicios garantizados para las personas demandantes de empleo (y 6 compromisos que deben asumir estas) y 6 servicios garantizados para empleadores (con 3 compromisos correspondientes); la ampliación de los colectivos de atención prioritaria en las políticas de empleo; la posibilidad de establecer criterios de distribución de fondos con carácter plurianual (y distribuir fondos para ejercicios futuros); la incorporación de un sistema de evaluación continua de la política de empleo –planificada y dirigida en el seno del Sistema Nacional de Empleo (SNE), pero realizada de forma externa e independiente–, que complementará las evaluaciones internas existentes; así como la introducción de los contratos-programa para la ejecución de políticas activas de empleo en colaboración con otras entidades del sector público y la puesta en marcha de indicadores como las tasas de empleabilidad, de intermediación y de cobertura, para medir los resultados de las políticas.

El desarrollo reglamentario de esta ley continuó avanzando con el Real Decreto 438/2024, de 30 de abril, que regula la Cartera Común de Servicios del SNE y los servicios garantizados establecidos en la Ley de Empleo. Este real decreto, consensuado con las Comunidades Autónomas (a través de su participación en siete grupos de trabajo), ha materializado el compromiso público, social y político con el empleo digno y el desarrollo profesional de todas las personas –en particular de aquellas en situación de vulnerabilidad laboral–, poniendo de relieve la función esencial de las políticas activas de empleo en todas sus dimensiones.

Dicho enfoque integrador se vio reforzado con la aprobación del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, que introdujo ajustes urgentes para agilizar y fortalecer la implementación de la nueva ley de Empleo y sus instrumentos.

Asimismo, la transformación institucional del SEPE en la Agencia Española de Empleo, pendiente de culminación, permitirá adecuar la estructura del Organismo a las necesidades del nuevo marco estratégico descrito.

Por todo lo anterior, el PAFED 2026 se inserta en un planteamiento estratégico de nueva generación, que articula un marco de actuación renovado puesto en marcha en gran medida a través de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo (EEAAE) 2025-2028, aprobada por el Gobierno a través del Real Decreto 633/2025, de 15 de julio. Dicha Estrategia –que define el marco general de las políticas activas de empleo y de la intermediación laboral a desplegar conjuntamente por el Estado y las Comunidades Autónomas– se elaboró mediante un valioso proceso participativo y de búsquedas de consenso en el seno del SNE.

En la Estrategia se establecen una serie de principios inspiradores que se concretan en objetivos estratégicos, objetivos operativos y medidas. En coherencia con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Estrategia fomenta el acceso de ciudadanía y empresas a los servicios de la Cartera Común de Servicios del SNE, al tiempo que asienta actuaciones para promover la estabilidad y la calidad en el empleo, garantizando condiciones laborales dignas. Partiendo de una concepción de las políticas activas de empleo como palanca esencial para la transformación productiva, la Estrategia incide en la necesidad de reforzar el acompañamiento personalizado tanto a personas como a empresas, así como en la mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo.

Cabe subrayar que, al ser la primera planificación plurianual elaborada bajo la nueva Ley de Empleo, esta Estrategia nacional se alinea con la visión de las políticas activas de empleo como políticas públicas asociadas al ejercicio de derechos garantizados para la ciudadanía y el tejido empresarial. En este sentido, la nueva Estrategia no solo responde a las recomendaciones del Pilar Europeo de Derechos Sociales y a los marcos internacionales sobre el papel de los servicios públicos de empleo para asegurar transiciones laborales justas y eficientes, sino que asegura el ejercicio efectivo de los derechos previstos legalmente mediante recursos y actuaciones estables y suficientes.

Para materializar este enfoque, a diferencia de la Estrategia precedente (EEAAE 2021-2024) en la que hubo de priorizar reformas normativas, la nueva Estrategia 2025-2028 se focaliza en garantizar el ejercicio de los derechos de las personas y los servicios garantizados a las empresas usuarias, desplegando los servicios previstos en la Cartera Común regulada en el RD 438/2024, de 30 de abril. Estas prioridades se concretan anualmente en los sucesivos Planes Anuales –y en particular en el presente PAFED 2026–, que actuarán como instrumentos de ejecución de la Estrategia.

La Estrategia, que se articula en torno a siete ejes estratégicos (correspondientes a los definidos en el artículo 12 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo: orientación, formación, oportunidades de empleo, oportunidades para personas con discapacidad, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del marco institucional) compromete por primera vez seis metas generales concretas que orientan todas las actuaciones:

– Mejora de la empleabilidad de las personas (incrementar la inserción laboral de los demandantes mediante servicios eficaces).

– Mejora de la intermediación laboral (fortalecer el papel de los servicios públicos de empleo como intermediarios de referencia entre oferta y demanda).

– Aumento de la cobertura en la atención a personas perceptoras de prestaciones (asegurar que las personas desempleadas con protección por desempleo reciban servicios de activación suficientes).

– Consolidación y mejora de la calidad de las redes de orientación profesional (reforzar la red de orientadores laborales, su capacitación y estabilidad, para ofrecer una atención personalizada, integral e inclusiva).

– Incremento de la participación en la formación (ampliar el acceso de personas trabajadoras, especialmente las personas desempleadas, a acciones formativas útiles que mejoren sus competencias y su empleabilidad).

– Impulso y sistematización de la atención a las empresas (desplegar servicios proactivos hacia empleadores para apoyarles en la identificación de necesidades de talento, incentivar la contratación y mejorar la conexión oferta-demanda).

Estas seis metas generales se desarrollan a través de ocho objetivos estratégicos específicos de la Estrategia 2025-2028, cada uno de los cuales engloba varios objetivos operativos (20 en total) para guiar la implantación progresiva de 109 medidas durante el cuatrienio.

Del mismo modo, tomando en consideración la evaluación del PAFED 2025 y conforme al marco establecido en el título VI de la Ley de Empleo, el PAFED fija actuaciones orientadas a mejorar la planificación, la gestión y la evaluación de las políticas activas de empleo. Se busca así una gobernanza más sólida y una mayor cohesión en el seno del Sistema Nacional de Empleo, orientándolo a resultados evaluables, coherentes con la innovación y la sostenibilidad, y apoyados en la transformación digital de los servicios públicos de empleo autonómicos.

Por otra parte, no debe olvidarse que el PAFED también tiene en cuenta lo dispuesto en el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, de empleo digno para las personas jóvenes (aprobado en junio de 2021), que sigue constituyendo la herramienta básica de actuación en materia de empleo juvenil. Este Plan tiene por objetivo mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de la juventud a través de 69 medidas específicas, y ha sido implementado con la adhesión de todas las CCAA y la participación de interlocutores sociales.

El PAFED aspira a ser un referente de innovación y eficacia en las políticas activas de empleo juvenil en todo el territorio nacional, actuando de forma complementaria con otras áreas (educación, inclusión social, participación juvenil, economía circular, economía del conocimiento, etc.). Se persigue ofrecer respuestas integrales a las personas jóvenes en su acceso al mercado de trabajo desde una perspectiva de desarrollo sostenible y excelencia en la gestión de los servicios, con el objetivo de favorecer su integración socioeconómica y su desarrollo personal y social. En esta línea, y a partir de la evaluación intermedia del Plan de Garantía Juvenil Plus que la OCDE–conel apoyo de la Comisión Europea– ha llevado a cabo en 2024-2025, se van a reforzar aquellas medidas del Plan que estén resultando más eficaces para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de la juventud, haciendo un seguimiento específico de su evolución. La evaluación intermedia ha constatado avances importantes en los objetivos del Plan y un buen nivel de ejecución de las acciones de orientación y formación para las personas jóvenes, a la par que ha identificado áreas de mejora para potenciar su impacto. Estas conclusiones orientarán los próximos pasos, garantizando que el Plan de Garantía Juvenil Plus siga adaptándose a las necesidades y prioridades actuales en España en materia de empleo juvenil.

Por otro lado, es importante señalar que en el PAFED también tendrán incidencia las medidas contempladas en el marco del nuevo Componente 32 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la inversión C32.I3 Oportunidades de empleo de personas trabajadoras para la reconstrucción y dinamización socio-económica de los territorios afectados por la DANA. En el mismo se ha diseñado el «Plan DANA Ocupación» para el desarrollo del cual, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha promulgado la Orden TES/1302/2025, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión por el Servicio Público de Empleo Estatal de subvenciones destinadas a la financiación del «Plan DANA Ocupación», dirigido a la contratación de personas trabajadoras del ámbito territorial afectado por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En conclusión, el PAFED se erige como un instrumento esencial mediante el cual la puesta en marcha de las políticas activas de empleo mejorará la empleabilidad de las personas y permitirá responder mejor a las necesidades de empleo y capacitación de las empresas, contribuyendo así a la consolidación económica en un contexto de transformación productiva y desafíos globales. Con un mercado laboral más dinámico, inclusivo y resiliente, España afronta 2026 en una posición fortalecida para continuar generando empleo de calidad, reducir las desigualdades y encarar con éxito las transiciones ecológica y digital. Los sólidos cimientos asentados en los últimos años–reformas estructurales, inversión pública sin precedentes, diálogo social y coordinación institucional– permiten encarar el futuro con optimismo y determinación, garantizando que el crecimiento económico vaya de la mano de la cohesión social y territorial.

Asimismo, el Plan Anual 2026 está plenamente alineado con las directrices europeas y contribuye tanto al cumplimiento de los hitos del PRTR como a dar respuesta a las recomendaciones del Semestre Europeo. Su enfoque proactivo en formación, intermediación, inclusión social y mejora institucional coincide con los objetivos de la Unión Europea en materia de empleo y cohesión social, haciendo del PAFED 2026 una pieza fundamental no solo para la política nacional, sino también para la contribución de España a los objetivos comunes europeos de la Década Digital, la Estrategia Europea de Empleo y el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Todas las actuaciones contempladas en el PAFED gravitarán sobre estos ejes estratégicos, asegurando la coherencia con el nuevo marco normativo y la alineación con los compromisos europeos, para seguir avanzando hacia un mercado de trabajo más justo, inclusivo y sostenible en España.