Artículo 3. RD. 592/2026, de 15 de julio, Régimen jurídico de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la AGE

1. Las entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado podrán desempeñar las siguientes actuaciones, contempladas en el artículo 4.2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación:

a) Informar y auxiliar a la Administración General del Estado en las materias propias de su ámbito de actuación.

b) Participar como interlocutores con la Administración General del Estado a través de sus órganos de participación y consulta, en los términos previstos en la normativa aplicable.

c) Colaborar con la Administración General del Estado en el desarrollo y aplicación de los planes, programas y medidas de fomento, cuando el objeto de la colaboración no esté comprendido en el de los contratos regulados por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o la colaboración se efectúe de forma no onerosa para la Administración.

2. Con carácter excepcional, de forma limitada en el tiempo, y de conformidad con lo previsto en el capítulo VII de este real decreto, podrán llevar a cabo determinadas actuaciones de carácter urgente que resulten necesarias para hacer frente a situaciones sobrevenidas de necesidad social.