Artículo 3 Simplificación Administrativa de la Región de Murcia

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y las entidades locales situadas en el territorio de la Región de Murcia, ajustarán sus políticas públicas y su actividad a los siguientes principios, sin perjuicio de aquellos otros que les sean de aplicación:

a) Simplificación, implantando medidas que permitan la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de las cargas burocráticas para la ciudadanía y las empresas.

b) Necesidad y proporcionalidad, de manera que las medidas que se adopten se justifiquen en fines de interés público, sean idóneas para alcanzar el fin público que se pretende, no existan otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, y los beneficios para el interés público compensen los perjuicios o inconvenientes que puedan derivarse para otros intereses públicos o privados.

c) Servicio a la ciudadanía, dirigiendo los servicios públicos a la satisfacción de sus necesidades reales.

d) Proactividad, para facilitar las actuaciones de la ciudadanía y de las empresas anticipándose a sus necesidades, evitando que se trasladen a éstos cargas administrativas que puedan ser asumidas por la propia Administración.

e) Accesibilidad, para que los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, a través de los cuales la Administración Pública entra en relación con la ciudadanía, sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

f) Información a la ciudadanía, prestándole la información necesaria sobre su organización y sus procedimientos.

g) Transparencia y claridad, desarrollando la actividad administrativa y la gestión pública de forma que se garantice, tanto su publicidad y acceso a la información por parte de la ciudadanía como la mejor comprensión de las normas y procedimientos administrativos.

h) Participación ciudadana, fomentando que todas las personas puedan formular tanto sugerencias y observaciones en relación con la prestación de los servicios públicos como reclamaciones y quejas por su mal funcionamiento, así como ser consultados sobre el grado de satisfacción.

i) Innovación y uso de medios electrónicos, fomentando el uso de las nuevas tecnologías de la información en sus relaciones con la ciudadanía y las empresas.

j) Responsabilidad y rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos.

k) Racionalización, mejora continua y evaluación, poniendo en práctica técnicas que permitan detectar sus deficiencias, corregirlas y prestar los servicios a la ciudadanía de forma cada vez más eficiente, eficaz y con mayor calidad.

l) Fomento económico, contribuyendo al desarrollo económico sostenible, facilitando la actividad empresarial mediante la reducción de trámites y la eliminación de intervenciones innecesarias.

m) Responsabilidad social, incorporando las preocupaciones sociales y ambientales en sus relaciones con la ciudadanía y las empresas.