Artículo 7. DIRECTIVA (UE) 2026/1021, de 29 abril de 2026, DOUE, sobre la lucha contra la corrupción, por la que se sustituyen la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo y el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando se cometan intencionadamente, al menos determinadas vulneraciones graves del Derecho cometidas en la ejecución u omisión de un acto por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones constituyan delitos. Los Estados miembros podrán limitar la aplicación del presente artículo a determinadas categorías de funcionarios públicos.