Articulo 7 Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo

Son obligaciones de las entidades públicas valencianas sujetas al ámbito de aplicación de esta ley

1. Integrar la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones de manera real y efectiva, pudiendo ser presencial o telemática.

2. Establecer mecanismos de participación para que el derecho a participar sea efectivo, con especial consideración a las dificultades de la población con déficits de competencia digital, y a las necesidades específicas de los niños, niñas, adolescentes, personas mayores y otros colectivos vulnerables.

3. Realizar acciones de comunicación y difusión, inclusivas y universalmente accesibles, de los diferentes procesos de participación ciudadana con el fin de que sean conocidos por el conjunto de la ciudadanía.

4. Garantizar el acceso efectivo a la participación ciudadana de todas las personas en condiciones de equidad, sin ningún tipo de discriminación y facilitar el acceso desde la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en general y para las personas que pertenecen a colectivos vulnerables, así como adoptar las medidas necesarias para conseguir la participación de todas ellas.

5. Fomentar e incentivar una cultura participativa a través, entre otros instrumentos, de la formación de la ciudadanía y de programas de educación orientados a promover la participación efectiva de la infancia y la juventud.

6. Establecer medidas de fomento, promoción y apoyo al derecho de asociación y al asociacionismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

7. Promocionar el ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente a través de la configuración de espacios interactivos en sus sedes electrónicas, portales o páginas webs.

8. Adecuar su estructura y funcionamiento para garantizar el ejercicio de los derechos de participación y asegurar la formación del personal a su servicio en esta materia.

9. Impulsar la suscripción de redes y alianzas con otras administraciones públicas y entidades, públicas o privadas, para colaborar y cooperar en el desarrollo del derecho de la participación ciudadana.