Articulo 8 de se establecen directrices para la inclusión de cláusulas de carácter social, laboral y medioambiental en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental

1. En función de los específicos objetivos que se persigan en cada contrato se podrá incluir expresamente dentro de su objeto o descripción las consideraciones sociales o medioambientales a satisfacer que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las obras, suministros o servicios siempre que no se concreten de tal forma que restrinjan la competencia o produzcan un efecto discriminatorio entre los candidatos o licitadores.

2. La exigencia de cláusulas sociales, laborales o medioambientales como requisito de solvencia solo podrá incorporarse en los contratos que incluyan en su objeto un fin de carácter específicamente social o medioambiental. Las cláusulas sociales y medioambientales podrán hacerse valer como requisitos de solvencia técnica de los licitadores siempre que el objeto del contrato requiera que el licitador, para su correcta ejecución, tenga aptitudes específicas o experiencia acreditada en esa materia o bien sea necesario que el personal adscrito a la ejecución cuente con una experiencia determinada o características específicas.

3. En los contratos de servicios en los que exista una prestación directa a favor del órgano de contratación y los salarios de las personas empleadas para su ejecución no solo sean un coste sino que formen parte del precio total del contrato porque éste se fije por unidades de trabajo y/o tiempo, el presupuesto base de licitación indicará, de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional, los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.