Artículo 81. Ley 3/2026, de 16 de junio, Canarias, Cabildos Insulares

Los cabildos insulares, en el marco de la legislación básica de régimen jurídico del sector público y de las normas sobre estabilidad presupuestaria, pueden descentralizar las funciones y prestar los servicios de su competencia, según proceda por razón del objeto, en:

1. Organismos públicos creados al efecto y dotados con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, bajo alguna de las siguientes formas:

a) Organismos autónomos insulares, que se rigen por el derecho administrativo, a los que se encomienda, en régimen de descentralización funcional, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos de competencia insular.

b) Entidades públicas empresariales insulares, que se rigen por el derecho privado con la excepción de la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan expresamente atribuidas, así como en las demás excepciones previstas en la legislación, a las que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.

2. Sociedades mercantiles insulares, cuyo capital sea íntegramente de titularidad pública.

3. Fundaciones insulares que se constituyan con una aportación mayoritaria de las entidades locales, o bien que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

4. Consorcios y cualquier otra organización expresamente recogida por las leyes.