9. Res. de 8 de julio de 2026, Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026

Tal y como se ha expuesto en los Planes Anuales precedentes, la mejora de las acciones de gobierno, el favorecimiento de una toma de decisiones informada y la propuesta de correcciones continúan siendo elementos esenciales que consolidan la evaluación como una herramienta imprescindible y un instrumento fundamental para avanzar hacia políticas públicas de empleo cada vez más eficaces y eficientes.

El seguimiento y la evaluación de los Planes Anuales han seguido apoyándose de manera relevante en la definición y el cálculo de los Índices de Cumplimiento de Objetivos (ICO), acordados en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. De forma progresiva, estos índices se han visto complementados por nuevos indicadores orientados a la medición de resultados, como los relacionados con la mejora de la empleabilidad. En este proceso de evolución, los ICO han reforzado su función como instrumentos de seguimiento y gobernanza, mientras que la medición del impacto se apoya cada vez más en indicadores específicos y metodologías avanzadas de evaluación.

El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026 se inscribe plenamente en el desarrollo de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, dando continuidad al marco iniciado en los ejercicios anteriores. Los indicadores asociados a los distintos objetivos del Plan se complementan con nuevos indicadores destinados a profundizar en la medición de su impacto en ámbitos clave como la mejora de la empleabilidad, la cobertura de la atención a las personas protegidas frente al desempleo, la inserción laboral, la atención a las empresas y el esfuerzo realizado en formación en el trabajo.

Los servicios del proveedor externo que fue contratado para realizar la mencionada evaluación de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 y sus Planes Anuales finalizaron en el año 2025. Para continuar analizando la nueva Estrategia 2025-2028 y sus cuatro Planes Anuales, se licitará un nuevo procedimiento de contratación que abarcará diversas actuaciones en materia de evaluación en aras de ampliar, perfeccionar y homogeneizar la metodología de evaluación en el conjunto de la Política de Empleo. En el transcurso de la elaboración del presente Plan se ha publicado la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las últimas evaluaciones disponibles realizadas sobre el PAFED (2023) y la evaluación intermedia de la Estrategia 2021-2024 han puesto de manifiesto mejoras generalizadas en la empleabilidad, especialmente significativas en aquellas atenciones sostenidas en el tiempo y que incorporan acciones de formación y combinación de servicios. Esta misma metodología se está aplicando en la evaluación del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2024, y continuará utilizándose en la evaluación del presente Plan Anual, reforzando así la coherencia y la comparabilidad de los resultados obtenidos.

Entre las recomendaciones recogidas en la evaluación intermedia de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 son de destacar sucintamente las siguientes en cuanto a:

– La Estrategia.

Se ha evaluado muy positivamente el partir de un diagnóstico ampliamente compartido por los servicios públicos de empleo, los interlocutores sociales y las entidades de evaluación del gasto. Sin embargo incide en la necesidad de actualizar y desplegar la cartera común de servicios, generar avances significativos en la colaboración público-privada y concretar el nuevo escenario de la formación en el trabajo.

– El Procedimiento.

La evaluación pone de manifiesto que el mapa de riesgos es tenido en cuenta a lo largo de la ejecución de las medidas, lo que supone un aspecto a valorar muy positivamente, ya que permite prevenir y evitar un posible impacto a largo plazo. Por otro lado se hace hincapié en la mejora de la coordinación interna e introducir mejoras en el modelo de seguimiento de ejecución presupuestaria de los servicios públicos de empleo.

– La Eficacia.

Se destaca que ha habido un gran avance en todos los objetivos estratégicos y específicos. Los servicios de tutorización continúan teniendo una alta cobertura en todo el territorio, la formación sigue siendo uno de los servicios más ejecutados, tras la tutorización, en lo que se refiere al autoempleo aunque se trate de una intervención orientada a un bajo grupo de personas, se señala que sus efectos son positivos y en cuanto a la movilidad, ésta continúa siendo un servicio con baja cobertura. Entre las recomendaciones caben destacar aprovechar el potencial del refuerzo de las formaciones a partir de su combinación con itinerarios personalizados y ampliar la cobertura a grupos que cuentan con menores niveles educativos, ahondar en otros elementos clave más allá de las altas en el RETA para entender el éxito de estos servicios que suelen tener complejidades distintas a las de la contratación por cuenta ajena y potenciar el desarrollo de servicios combinados según aquellos perfiles que puedan resultar más eficientes y eficaces, apostando por las trayectorias que hayan demostrado generar mayores tasas de inserción.

Por lo que respecta a la última evaluación disponible (PAFED 2023) es de destacar el análisis efectuado sobre el impacto de los servicios garantizados en la inserción laboral. De dicha evaluación se desprende que las combinaciones de servicios que mayor impacto tienen, por este orden, son: el diagnóstico y autoempleo en primer lugar, seguido de diagnóstico, tutoría, formación e itinerario y diagnóstico, tutoría y formación. No obstante, la evaluación reconoce que conseguir inserciones laborales en colectivos específicos sigue siendo más costoso que en la población general, a pesar de que se han producido mejoras en la eficiencia de los servicios (a excepción de los servicios de Formación y de Tutorización). Se observa que todos los servicios tienen un funcionamiento más eficiente en los colectivos de personas jóvenes e inmigrantes. En cambio, resultan menos eficientes con otros colectivos como los conformados por personas con discapacidad, personas paradas de larga duración y personas en riesgo de exclusión social.

Las evaluaciones de los Planes Anuales que desarrollan la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028 seguirán incorporando, de manera progresiva, evaluaciones específicas de programas comunes y propios de las comunidades autónomas, de acuerdo con su peso y representatividad en el conjunto de cada Plan. En este ámbito, el refuerzo de las capacidades técnicas del Sistema Nacional de Empleo constituye un elemento clave: tras la impartición de dos ediciones del Diploma en Evaluación de Políticas Públicas de Empleo y encontrándose actualmente en curso su tercera edición, los servicios públicos de empleo de España cuentan con un número creciente de personas con formación especializada y con conocimientos adecuados para acometer, coordinar o dirigir estos ejercicios de evaluación.

Uno de los retos que continúa planteándose en materia de evaluación es el fortalecimiento del impacto efectivo de sus recomendaciones en los procesos de toma de decisiones. Para ello, resulta necesario seguir avanzando en la definición de esquemas claros y metodologías homogéneas para la formulación de recomendaciones, así como en el seguimiento sistemático de su aplicación. A este objetivo contribuirá el establecimiento y consolidación de una estructura orgánica al servicio de la evaluación de la política de empleo en el marco de la futura Agencia Española de Empleo y en el seno del Sistema Nacional de Empleo.

El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026 será evaluado mediante un modelo integrado y completo de seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo, plenamente coherente con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028. Al igual que en Planes Anuales anteriores, su evaluación se orientará a la medición del impacto y de los resultados de las políticas activas de empleo en las personas y en las empresas, prestando especial atención a las actuaciones de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, a la evaluación del desempeño de los servicios públicos de empleo (incorporando sus propias iniciativas evaluadoras y los recursos que a tal fin destinen) y facilitando, asimismo, la realización de evaluaciones externas e independientes por parte de otras unidades de la Administración, de los Interlocutores Sociales, de universidades y de otras entidades de reconocido prestigio y capacidad técnica.