Da 5 Medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de I. Balears

En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de este decreto ley, los consejos insulares tienen que aprobar los importes mínimo y máximo de los precios que tienen que percibir las entidades privadas de certificación urbanística, así como tener en funcionamiento el Registro de entidades privadas de certificación urbanística a que hace referencia el artículo 158 nonies de la Ley 12/2019, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria cuarta de este decreto ley.