Decisión (PESC) 2022/847 del Consejo, de 30 de mayo de 2022, en apoyo de los esfuerzos para prevenir y combatir la proliferación y tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y de sus municiones y su impacto en el continente americano, - Diario Oficial de la Unión Europea, de 31-05-2022

DECISIÓN (PESC) 2022/847 DEL CONSEJO

de 30 de mayo de 2022

en apoyo de los esfuerzos para prevenir y combatir la proliferación y tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y de sus municiones y su impacto en el continente americano

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 28, apartado 1, y su artículo 31, apartado 1,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. Con miras a la aplicación de la Estrategia de la UE para las APAL, el objetivo de la presente Decisión es hacer frente a la violencia armada en el continente americano. Para ello, la Unión financiará el proyecto descrito en el anexo, cuyo objetivo es luchar contra la proliferación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y sus municiones, e impedir el uso de armas de fuego en comunidades gravemente afectadas.

2. De conformidad con el apartado 1, los objetivos de la presente Decisión son los siguientes:

3. En el anexo de la presente Decisión figura una descripción pormenorizada del proyecto.

Artículo 2

1. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «Alto Representante») será responsable de la aplicación de la presente Decisión.

2. La ejecución técnica del proyecto mencionado en el artículo 1 correrá a cargo de la OEA.

3. La OEA desempeñará sus funciones bajo la responsabilidad del Alto Representante. A tal fin, el Alto Representante suscribirá los acuerdos necesarios con la OEA.

Artículo 3

1. El importe de referencia financiera para la ejecución del proyecto financiado por la Unión será de 4 240 906 EUR.

2. Los gastos financiados por el importe de referencia especificado en el apartado 1 se gestionarán de conformidad con los procedimientos y las normas aplicables al presupuesto general de la Unión.

3. La Comisión supervisará la correcta administración de los gastos a que se refiere el apartado 1. Para ello, celebrará con la OEA el acuerdo de subvención que resulte necesario. En dicho acuerdo se estipulará que la OEA debe garantizar que la contribución de la Unión tenga una proyección pública acorde con su cuantía.

4. La Comisión procurará celebrar el acuerdo de subvención a que se refiere el apartado 3 lo antes posible tras la entrada en vigor de la presente Decisión. Informará al Consejo de cualquier dificultad que surja en ese proceso y de la fecha de celebración del acuerdo de subvención.

Artículo 4

1. El Alto Representante informará al Consejo de la aplicación de la presente Decisión atendiendo a los informes descriptivos periódicos elaborados por la OEA. Dichos informes constituirán la base de la evaluación que llevará a cabo el Consejo.

2. La Comisión informará sobre los aspectos financieros del proyecto a que se refiere el artículo 1.

Artículo 5

1. La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

2. La presente Decisión expirará a los treinta y seis meses de la celebración del acuerdo de subvención a que se refiere el artículo 3, apartado 3. No obstante, expirará seis meses después de la fecha de su entrada en vigor, si no se celebrase ningún acuerdo dentro de dicho plazo de seis meses.

Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2022.

Por el Consejo

La Presidenta

C. COLONNA

(1) Decisión (PESC) 2018/2010 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, en apoyo de la lucha contra la proliferación y tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y de sus municiones y su impacto en América Latina y el Caribe en el marco de la Estrategia de la UE contra las armas de fuego, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas y su munición «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos» (DO L 322 de 18.12.2018, p. 27).

ANEXO

DOCUMENTO DE PROYECTO

LUCHA CONTRA LA PROLIFERACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS Y DE SUS MUNICIONES Y SU IMPACTO EN AMÉRICA

1. Contexto

América es una de las regiones del mundo más castigada por la violencia armada. En 2017 registró el mayor índice regional de homicidios, con 17,2 homicidios por cada 100 000 habitantes, frente a la media mundial de 6,1 por cada 100 000 habitantes (1). La facilidad de acceso a las armas de fuego y su disponibilidad en muchos países son factores clave para explicar esos índices. Casi el 75 % de los homicidios en la región se cometen con un arma de fuego (2). La región es también uno de los principales destinos de las armas de fuego para el tráfico ilícito (3).

En gran medida debido a estas tendencias negativas, la proliferación de las armas de fuego y el tráfico ilícito se han convertido en una prioridad en la agenda de seguridad ciudadana de la región. Los países americanos han subrayado la importancia de la coordinación y las estrategias transfronterizas, teniendo en cuenta la creciente complejidad e internacionalización de las organizaciones delictivas. Este compromiso se tradujo en la firma de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) en 1997, el primer acuerdo regional vinculante de este tipo. La CIFTA, que ha sido ratificada por 31 de los 34 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es una herramienta fundamental para hacer frente al comercio ilícito de armas pequeñas en la región.

Sin embargo, a pesar de los valiosos esfuerzos de las autoridades nacionales, los países aún no pueden aplicar plenamente la CIFTA. La complejidad de la delincuencia organizada que controla el tráfico ilícito de armas en la región, como la especialización del trabajo, las estructuras de coordinación y la internacionalización de las operaciones, plantea serios desafíos a la capacidad de los países para investigar y perseguir estos delitos. Los países también tienen dificultades para cumplir otros protocolos y aplicar estrategias que podrían reducir la proliferación y la disponibilidad de las armas de fuego. Las fuerzas militares y de seguridad no aplican de forma sistemática los protocolos de gestión de arsenales, lo que aumenta la probabilidad de desvío de armas de fuego y munición al mercado ilícito, así como el riesgo de explosiones imprevistas en las instalaciones de almacenamiento. En la región, el marcado, el registro y la localización de las armas de fuego son incoherentes, lo que frena las investigaciones judiciales que podrían rastrear el origen de las armas de fuego, vincularlas a múltiples lugares del delito y destapar las redes de tráfico ilícito. La ausencia de una legislación nacional que refleje las obligaciones de la CIFTA y estipule la obligatoriedad de estas actividades pone en peligro la continuidad y sostenibilidad de estas prácticas.

Por otro lado, la mayor parte de la región todavía se enfrenta al reto de fomentar el bienestar de sus comunidades, que sufren altos niveles de pobreza, desempleo y falta de acceso a los servicios públicos, entre otras circunstancias que las colocan en una situación de vulnerabilidad. Las personas que forman parte de estas comunidades son más proclives a ser víctimas o autores de la violencia armada. Por tanto, para evitar que se perpetúen los ciclos de violencia, no basta con centrarse únicamente en las políticas de control de armas. Es necesario abordar estos factores de riesgo y reforzar la resiliencia de las personas que integran la comunidad. Es fundamental combinar las políticas coercitivas y preventivas para reducir los niveles de violencia armada en la región. En 2019, para responder a estos desafíos, los Estados miembros de la OEA aprobaron el primer Plan de Acción Hemisférico para Orientar la Elaboración de Políticas Públicas de Prevención y Reducción del Homicidio Intencional, teniendo en cuenta el marco del Programa Interamericano de Prevención de la Violencia y el Delito. El Plan de Acción contiene 28 recomendaciones sobre 1) la producción, la difusión y el uso de información y datos científicos; 2) el diseño y la ejecución de políticas de prevención, y 3) la justicia penal.

En este contexto, el Departamento de Seguridad Pública de la OEA (DSP/OEA) brinda apoyo desde 2007 a los países de América para mejorar su capacidad de cumplir las obligaciones de la CIFTA (4) y los mandatos establecidos para prevenir la violencia y la delincuencia, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población. Tras un paréntesis de cinco años, el DSP/OEA reactivó sus programas operativos en 2019 con financiación de la Unión Europea. El proyecto «Lucha contra la proliferación y tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y de sus municiones y su impacto en América Latina y el Caribe» comenzó en 2019 y terminó en 2021. Es una iniciativa global de control de armas emprendida en el marco del Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM) del DSP; tiene en cuenta las enseñanzas extraídas de actividades anteriores y se basa en esos resultados positivos para seguir avanzando en la aplicación de la CIFTA y de los mandatos regionales en materia de prevención de la delincuencia. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y las medidas restrictivas adoptadas por los países para hacerle frente han repercutido directamente en la ejecución del proyecto, sobre todo en el caso de las actividades que deben realizarse in situ, con formación y supervisión directa de los funcionarios (como la destrucción y el marcado de las APAL). Además, la disponibilidad de los Gobiernos para colaborar y participar en las actividades del proyecto disminuyó, ya que los esfuerzos se desviaron para hacer frente a la crisis sanitaria sin precedentes. En consecuencia, hubo que ajustar el alcance del proyecto, lo cual tuvo cierta repercusión en los resultados previstos.

Teniendo en cuenta estos retos, junto con las crecientes necesidades de los países (que no se esperaba que se abordaran por completo en una iniciativa de tres años), la fase II del proyecto seguirá proporcionando un apoyo integral a los países, con el objetivo de que estos se apropien de los procesos. La experiencia del DSP/OEA ha demostrado que es necesario un apoyo continuo para mantener el progreso y los avances en materia de control de armas de fuego y prevención de la violencia y la delincuencia con armas de fuego y, en consecuencia, esta nueva fase tendrá en cuenta la importancia de las estrategias a largo plazo para producir un cambio significativo y sostenible en las políticas y condiciones de seguridad.

2. Planteamiento técnico

Durante la fase II, el DSP/OEA seguirá invirtiendo en un enfoque holístico que combine enfoques coercitivos y preventivos, con actividades normativas y operativas, para abordar el complejo asunto de la violencia armada y el tráfico ilícito en la región. Como se ha demostrado en otras regiones, un marco legislativo moderno, cohesionado y armónico, acorde con el marco normativo internacional, es la base para el establecimiento de políticas eficaces de control de las armas de fuego. Los cambios legislativos deben ir acompañados de la mejora de las capacidades de los países para poner en marcha la ley y aplicarla. Así, al trabajar en estos dos ámbitos, el proyecto podrá simultáneamente satisfacer las necesidades de los países y promover cambios sostenibles y a largo plazo. Estas actividades destinadas a reforzar el control de las armas de fuego y reducir su disponibilidad se complementarán con un enfoque preventivo para reducir la demanda en las comunidades más afectadas por la violencia armada, con especial atención a la prevención de la violencia de género relacionada con el uso indebido de las armas. Las acciones encaminadas a fomentar prácticas seguras entre los ciudadanos de las comunidades, así como la resolución de conflictos, la ayuda a las víctimas y a los supervivientes de la violencia y la entrega voluntaria de APAL y munición, pretenden mejorar la resiliencia de la comunidad a la violencia armada.

En virtud del concepto propuesto para este proyecto, el DSP/OEA, a través del PACAM, asumirá el papel de organismo coordinador y ejecutor mediante un enfoque de colaboración con otros organismos de este ámbito y con las autoridades nacionales. Utilizando los foros políticos y los canales de comunicación de la OEA, el DSP/OEA determinará los países de la región que requieren apoyo y elaborará con ellos los acuerdos específicos necesarios para consolidar la ayuda. El proyecto prestará apoyo específico y adaptado a cada país, teniendo en cuenta que los países podrían no tener las mismas necesidades y carencias. No todos recibirán ayuda en todos los componentes del proyecto. Por el contrario, el DSP/OEA seguirá utilizando el exitoso enfoque anterior del PACAM: recopilar y determinar las necesidades de cada país, fomentar la participación de las autoridades, crear un plan de asistencia y poner en marcha las misiones. Además, teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de la adaptación de las actividades del proyecto durante la pandemia, el DSP/OEA tratará de optimizar los recursos utilizando el entorno virtual y herramientas tecnológicas, cuando sea posible.

Asimismo, teniendo en cuenta los diversos efectos que la violencia armada tiene en las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, así como en los sectores vulnerables de la población, la fase II seguirá teniendo una perspectiva de género y de derechos humanos. Esto incluye la incorporación de las mujeres en todos los niveles de ejecución del proyecto y el fomento de una participación más equitativa de las mujeres en las actividades del proyecto, como beneficiarias de las intervenciones. Además, las actividades de prevención de la violencia prestarán una atención especial a las necesidades de las mujeres y las niñas en materia de seguridad y protección dentro de sus comunidades y a su participación en la búsqueda de soluciones a los desafíos que se planteen, así como a la incorporación de componentes centrados exclusivamente en abordar la violencia de género.

3. Objetivo global

Reforzar la capacidad de los Estados miembros de la OEA para hacer frente a la violencia armada en la región, mediante el apoyo a las medidas de lucha contra la proliferación y el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, y la prevención del uso de armas de fuego en comunidades muy afectadas.

4. Descripción de las estrategias de intervención de los proyectos

Objetivo 1: Fortalecer el marco regulador nacional de armas de fuego, teniendo en cuenta la normativa internacional y las buenas prácticas

Actividades

Resultados

Objetivo 2: Mejorar la capacidad operativa de las autoridades nacionales para marcar, localizar, almacenar y destruir armas de fuego

Actividades

Resultados

Objetivo 3: Optimizar el control de las armas pequeñas mediante el uso de herramientas de tecnología de la información

Actividades

Resultados

Objetivo 4: Reforzar la resiliencia de la comunidad ante la violencia armada y reducir el acceso a las armas de fuego ilícitas o no deseadas

Actividades

Resultados

Objetivo 5: Desarrollar una hoja de ruta de Centroamérica sobre armas de fuego con el fin de dotar a los países de una herramienta práctica y de gestión mediante un enfoque regional, coordinado y basado en datos contrastados

Actividades

Resultados

5. Duración

La duración total estimada de la fase II regional en su conjunto será de 36 meses.

6. Entidad encargada de la ejecución técnica

La ejecución técnica de este programa corre a cargo del Departamento de Seguridad Pública de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (DSP/OEA). El DSP/OEA cuenta con una posición ventajosa para ayudar a los países de América, habida cuenta de su doble función como secretaría técnica conjunta de la CIFTA y como órgano técnico y operativo de la OEA en esta cuestión. En el desempeño de sus funciones, el DSP/OEA ha ejecutado proyectos y programas destinados a ayudar a los Estados miembros de la OEA a cumplir sus obligaciones de garantizar la seguridad de los arsenales nacionales de armas de fuego, aplicar medidas legislativas para tipificar como delito en el Derecho nacional la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, hacer obligatorio el marcado de las armas e intercambiar información con otros firmantes de la CIFTA sobre los datos de localización y los patrones del tráfico ilícito. Ninguna otra organización regional ni subregional panamericana tiene la influencia política, la pericia técnica ni el alcance geográfico para dar apoyo y asistencia a todos los Estados americanos.

Durante la fase II, el DSP/OEA también proseguirá sus labores de coordinación y de colaboración con otras instituciones y organizaciones durante la ejecución del proyecto. El DPS/OEA fomentó la participación de varias de ellas en la fase I y espera seguir colaborando en asuntos específicos para promover la iniciativa en la región, por ejemplo, con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de la Comunidad del Caribe (Caricom IMPACS), la Junta Interamericana de Defensa, el Equipo Asesor en Gestión de Municiones del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra, la Golden West Humanitarian Foundation, Interpol, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Centro de Formación de Desminado con Fines Humanitarios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El DSP se centra en establecer una estrecha relación con todas estas otras entidades que también trabajan en este ámbito para maximizar los beneficios de la acción valiéndose de la experiencia complementaria de las organizaciones. En particular, durante la fase II, el DPS/OEA tratará de fortalecer la colaboración con las organizaciones subregionales, como Caricom IMPACS y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para prestar apoyo a la ejecución de la hoja de ruta del Caribe sobre armas de fuego, y coordinar la elaboración de la hoja de ruta de Centroamérica sobre armas de fuego.

7. Pertinencia

A. «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos»: Estrategia de la UE contra las Armas de Fuego, Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas y su Munición, adoptada por el Consejo el 19 de noviembre de 2018

Los objetivos, las actividades y los resultados esperados de este proyecto están en consonancia con los objetivos y el enfoque de la estrategia de la Unión Europea «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos». En este sentido, el Consejo de la Unión Europea decidió financiar la fase I de esta iniciativa para fomentar el multilateralismo y las sinergias entre la Unión Europea y la OEA con el objetivo de reducir la violencia armada y la actividad delictiva, y se hizo eco de las prioridades establecidas en la estrategia. La fase II, como continuación de dichos esfuerzos, mantiene este paradigma y enfoque, y complementa la labor global de la Unión Europea en este ámbito al dirigirse a una región gravemente afectada por la proliferación, la acumulación excesiva y el tráfico de APAL.

En concreto, la fase II refleja las siguientes prioridades de la estrategia:

Para maximizar el impacto de estas actividades, el DSP/OEA apoyará actividades complementarias, entre ellas, la reducción de la demanda de armas de fuego mediante acciones de prevención y programas de recogida, y la elaboración de una hoja de ruta de Centroamérica como herramienta concreta para coordinar y mejorar los esfuerzos en esta región.

B. Decisión 2011/428/PESC del Consejo, de 18 de julio de 2011, en apoyo de las actividades de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas para aplicar el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Todos sus Aspectos (6)

La Decisión del Consejo promueve tres objetivos principales: (1) la ejecución del Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Todos sus Aspectos, tanto a nivel mundial como regional, (2) el apoyo a la aplicación del Instrumento Internacional de Localización (IIL), y (3) el apoyo al desarrollo y a la aplicación de directrices técnicas de las Naciones Unidas para la gestión de existencias de municiones.

Cada uno de estos objetivos es coherente con los fines generales de las disposiciones específicas de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) y sus cursos de acción. La CIFTA establece varias recomendaciones obligatorias para los Estados parte, entre ellas el establecimiento de una jurisdicción sobre los delitos, el marcado obligatorio de las armas de fuego, el mantenimiento de los registros para su localización, la mejora del control de transferencia y la cooperación transnacional. El curso de acción 2018-2022 de la CIFTA refuerza los objetivos de los Estados parte de la CIFTA en estos ámbitos, en consonancia con el Programa de Acción de las Naciones Unidas y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

El DSP/OEA continúa ejecutando los programas operativos destinados a apoyar a los países en el desarrollo de sus capacidades para cumplir sus obligaciones conforme a la CIFTA. La fase II se diseñó para continuar con esta asistencia teniendo en cuenta las prioridades establecidas por los Estados parte de la CIFTA en el curso de acción 2018-2022, en particular las siguientes: 1. marcado y localización de armas de fuego; 2. importaciones y exportaciones; 3. medidas legislativas, y 4. gestión y destrucción de arsenales.

8. Información

El DSP/OEA elaborará informes periódicos, de conformidad con el acuerdo de delegación negociado.

9. Coste total

La financiación total estimada que se solicita a la UE para la ejecución de la fase II es de alrededor de 4,2 millones EUR. La Secretaría General de la OEA aportará contribuciones en especie para la ejecución del programa y buscará otras ayudas en especie (como la aportada por el Gobierno español en la fase I).

(1) UNODC, Estudio Mundial sobre el Homicidio, 2019, https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf.

(2) Ibidem.

(3) Según el Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego, Centroamérica y Sudamérica, junto con Asia Occidental, representan el 80 % de los destinos del tráfico de armas de fuego (UNODC, 2020).

(4) Desde 2007 hasta 2015, el DSP/OEA ha puesto en marcha iniciativas del Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM). Se beneficiaron de ello los 25 Estados miembros de la OEA, lo que se ha traducido en el marcado de más de 290 000 armas de fuego y la destrucción de otras 60 000 armas y de más de 1 700 toneladas de municiones en toda la región.

(5) https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/12/MOSAIC-06.10-2017SV1.0.pdf.

(6) DO L 188 de 19.7.2011, p. 37.