DECRETO 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital. - Diario Oficial de Cataluña de 06-08-2020

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Cataluña
  • Estado: VIGENTE
  • Fecha de entrada en vigor: 05/09/2020
  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 8195
  • Fecha de Publicación: 06/08/2020
  • PDF de la disposición
  • Esta norma NO ha sido modificada legislativamente

PREÁMBULO

La incorporación y el uso ordinario de las tecnologías en la Administración pública, así como la utilización de las mismas entre la Administración y la ciudadanía, se inserta en un proceso que, con respecto a Cataluña, empezó en el año 2001 con el Pacto suscrito por la consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, los presidentes de los cinco grupos parlamentarios y el presidente del Consorcio Localret, para la promoción y el desarrollo de la sociedad de la información en las administraciones públicas catalanas. A partir de ese momento, se aprobaron sucesivamente varias normas que han establecido el régimen jurídico de funcionamiento e implementación de las tecnologías tanto en el ámbito de las relaciones internas administrativas como en el de la relación con la ciudadanía, en el marco de lo que se conoce como Administración electrónica, y paralelamente a la extensión y progresiva implantación de estas tecnologías en la sociedad europea, en general, y en la catalana, en particular. En este proceso, la voluntariedad ha sido un elemento característico de la presencia y la utilización de los mecanismos y medios de la Administración electrónica, siempre en función, además, de su nivel de implantación y, por lo tanto, de los recursos disponibles en cada momento.

En Cataluña, la primera norma que hay que mencionar es el Decreto 324/2001, de 4 de diciembre, mediante el que se regulan las relaciones entre la ciudadanía y la Administración de la Generalidad de Cataluña a través de Internet. Igualmente, hay que destacar el Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos a la Administración de la Generalidad, aprobado a la vista de las normas básicas establecidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Posteriormente, la Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en las actuaciones del sector público de Cataluña, partiendo de una visión integrada de país establece elementos para conseguir una solución mejor para el conjunto de las administraciones públicas catalanas con la consolidación del llamado modelo catalán de administración electrónica. Este modelo tiene como finalidad mejorar la transparencia, la eficacia y la calidad del sector público en Cataluña por medio del uso de los medios electrónicos en las relaciones entre las entidades del sector público y las personas, basado en la corresponsabilidad entre las administraciones públicas catalanas y todos los actores implicados en el uso de los medios electrónicos para definir las estrategias para el avance del uso de los medios electrónicos en las administraciones públicas catalanas. Esta Ley refuerza la cooperación interadministrativa con el objetivo de encontrar soluciones comunes a los problemas y a los retos que comporta la extensión del uso de los medios electrónicos, estableciendo una estructura común de interoperabilidad entre las aplicaciones y los sistemas de información que desarrollan y usan las diversas administraciones públicas, y la reusabilidad de las aplicaciones creadas por las administraciones públicas catalanas.

El modelo catalán de administración electrónica requiere la actualización de estructuras y la revisión de sus elementos en el ámbito de la Administración de la Generalidad, ante la entrada en vigor progresiva de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que ha supuesto la derogación, desde el día 2 de octubre de 2016, de la Ley 11/2007 mencionada. La Ley 39/2015 establece la tramitación electrónica como forma de actuación ordinaria de las administraciones públicas, a la vez que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, regula los elementos y condiciones necesarios para implementar un marco global de actuación y un esquema de funcionamiento electrónico común y habitual, tanto en las relaciones internas, como en las relaciones entre administraciones, y entre estas y las personas. La configuración de este modelo constituye un punto de inflexión en la manifestación material de las administraciones públicas al establecer el formato electrónico de los actos administrativos y, en consecuencia, de la tramitación administrativa, de los expedientes administrativos y de los archivos administrativos.

Debe tenerse en cuenta también que en el ámbito europeo se ha hecho una apuesta decidida para implementar no solo la Administración electrónica sino la Administración digital, un concepto emergente que comporta la digitalización de los procesos y servicios y que se refiere, además, a generar valor público mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las nuevas tecnologías se unen a los instrumentos propios de la Administración electrónica para construir administraciones públicas abiertas y eficientes que prestan servicios personalizados y accesibles a las personas. Esta nueva dimensión supone repensar el funcionamiento y la organización de las administraciones públicas y la necesaria innovación para ofrecer nuevos servicios personalizados y proactivos.

En esta línea, las instituciones de la Unión Europea (UE) han aprobado varias normas y documentos para la implementación efectiva de la Administración digital. A modo de ejemplo, tiene interés destacar el Plan de acción sobre administración electrónica de la UE 2016-2020, de acuerdo con el cual en el año 2020 las instituciones europeas deberían ser abiertas, eficientes e integradoras, y prestar servicios públicos digitales sin fronteras, personalizados, fáciles de utilizar y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de la UE.

Es fácil advertir que, en el marco expuesto, el régimen jurídico relativo a los medios electrónicos en el ámbito de la Administración de la Generalidad y de su sector público requiere una adaptación a la nueva situación legal y fáctica. Esta adaptación reclama una nueva norma que incorpore no solo las determinaciones necesarias para hacer efectivo el funcionamiento electrónico ordinario, sino también el modelo de relación y utilización de las nuevas tecnologías más adecuado, eficaz, eficiente, transparente y abierto que sea posible, en atención al marco social y económico sobre el que debe proyectarse.

Partiendo de esta necesidad de actualización normativa, la previsión de un gobierno de los datos adecuado debe constituir uno de los pilares fundamentales de aquello que debe ser la Administración digital de la Generalidad. En este sentido, además de los contenidos necesarios del Esquema Nacional de Interoperabilidad que deben incorporarse, en ejercicio de la competencia exclusiva asumida por la Generalidad de Cataluña en el artículo 150 del Estatuto de autonomía sobre las diversas modalidades organizativas e instrumentales para la actuación administrativa, es determinante establecer un modelo de datos propio, en la medida en que la gestión documental y archivística de la información digital se estructura sobre los datos, con el fin de estructurar la documentación administrativa digital de la manera más adecuada.

El gobierno de los datos, más allá del uso de los datos en el marco de la gestión de los activos digitales, permite crear nuevos servicios digitales analíticos y predictivos utilizando las tecnologías más avanzadas, que son determinantes para la mejora continua de la prestación de los servicios públicos.

El contexto social actual se concreta en una ciudadanía progresivamente más implicada en todos los ámbitos, que reclama de las administraciones una actuación inmediata, una accesibilidad fácil y segura, una mayor participación en la toma de decisiones que le afectan y, en definitiva, la recepción de un mayor beneficio de la prestación de los servicios públicos. Con el fin de dar respuesta a estas demandas sociales es del todo necesario articular una administración digital que permita el empoderamiento de las personas, la democratización de las soluciones tecnológicas y la atención más adecuada de las legítimas demandas sociales.

Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, mediante este Decreto se configura la Administración digital de la Generalidad de Cataluña, se establece su gobernanza y servicios digitales, se define su modelo de ciberseguridad, y se presta una especial atención a la asistencia a la ciudadanía, previendo para ello la habilitación y capacitación continua de los empleados públicos en las tecnologías.

Con respecto a la estructura, este Decreto consta de 85 artículos agrupados en 4 títulos, en 11 capítulos, 14 disposiciones adicionales, 8 transitorias, 1 derogatoria y 5 finales.

El título I regula el objeto del Decreto, su ámbito de aplicación, sus finalidades y principios generales, así como la gobernanza en la estrategia y el liderazgo en el despliegue de la Administración digital. En el marco de este modelo de gobernanza el liderazgo estratégico corresponde al Consejo Estratégico de Administración Digital, creado por el Decreto 228/2019, de 5 de noviembre, de los órganos colegiados estratégicos del ámbito de la administración digital, de los empleados públicos y de la supervisión y gobernanza de las entidades del sector público institucional de la Administración de la Generalidad.

El título II despliega la Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña, en relación con los servicios digitales teniendo en cuenta el modelo catalán de administración electrónica definido en esta Ley. Concretamente, regula una estrategia para el gobierno de los datos que incluye los instrumentos para su despliegue, como el modelo de gobierno de los datos o el Protocolo. Asimismo, prevé el diseño y la modificación de los servicios digitales corporativos y el intercambio de datos y la gestión archivística de los activos digitales de la Administración de la Generalidad. Tienen especial relevancia la ordenación y el desarrollo de los servicios digitales, y regula la planificación y la elaboración de un protocolo para su desarrollo, que define cuáles son las soluciones corporativas que puede incorporar cualquier servicio digital. Por último, de acuerdo con lo que dispone la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, se establece un modelo de ciberseguridad con el fin de garantizar una protección eficaz, en particular, ante el cibercrimen y los ciberataques.

El título III tiene por objeto el segundo gran eje de adaptación de la Ley 39/2015, con la creación de los elementos estructurales del procedimiento administrativo común (como el punto de acceso general electrónico de la Administración de la Generalidad, las oficinas de asistencia en materia de registro, el Registro de funcionarios habilitados y el archivo electrónico único) y con la adaptación a las particularidades y especificidades de la tramitación de los procedimientos administrativos de la Administración de la Generalidad que requieren una regulación específica (como la determinación de tecnologías que permitan la identificación y la firma electrónica, tanto de la ciudadanía como de los empleados públicos, la representación digital, la adaptación a los sistemas de notificaciones electrónicas, y el tratamiento de la gestión documental y de las copias electrónicas y de los procesos de digitalización de la documentación en papel, con la finalidad de implantar de manera definitiva una administración sin papel).

El título IV se ocupa de las relaciones de los empleados públicos con la Administración de la Generalidad, por su condición de empleados públicos.

Finalmente, quedan derogados el Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos en la Administración de la Generalidad; el Decreto 266/2001, de 9 de octubre, por el que se establecen la creación, la organización y las funciones de las oficinas de atención ciudadana; el Decreto 360/1994, de 15 de diciembre, del registro de entrada y salida de documentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña; el capítulo IV del Decreto 232/2013, de 15 de octubre, por el que se crea la Sede electrónica; el Decreto 277/1994, de 14 de octubre, por el que se establecen los órganos de la Administración de la Generalidad de Cataluña con competencias para expedir copias auténticas de documentos y certificaciones sobre estos; la Orden GAP/459/2010, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Protocolo de interoperabilidad, y la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba el protocolo de identificación y firma electrónica.

Por último, se ha elaborado un glosario de terminología técnica que define conceptos utilizados en esta norma, con el objetivo de mejorar la comprensión del texto.

Este Decreto se ha elaborado de conformidad con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 y en el artículo 62 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, responde al principio de necesidad, contiene la regulación necesaria para atender las finalidades perseguidas, es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución, y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

En este sentido, resulta necesario estructurar en norma de rango reglamentario las nuevas previsiones incorporadas por la Ley 39/2015 respecto al modelo catalán de administración electrónica, que por su concreción y afectación al sistema organizativo propio de la administración catalana no pueden ser reguladas por una norma de rango legal. La disposición responde a los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, participación y transparencia. Su adopción resulta coherente con el marco normativo vigente.

Este Decreto se dicta al amparo de los artículos 150, 159.1.c) y 159.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña.

Por todo ello, de conformidad con los artículos 39.1 y 40.1 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de la organización, el procedimiento y el régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

A propuesta del consejero de Políticas Digitales y Administración Pública; de acuerdo con el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:


TÍTULO I. Preliminar
CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicación y principios generales
Artículo 1. Objeto

El objeto de este Decreto es

1. Determinar los instrumentos organizativos para el uso de soluciones de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) corporativas para alcanzar la normalización técnica, la estandarización y el diseño de los elementos y de los procedimientos de los servicios y de las plataformas digitales, y homogeneizar los servicios y los procesos implicados en el desarrollo de la puesta en funcionamiento de los servicios digitales.

2. Establecer el régimen jurídico de la administración digital de la Administración de la Generalidad de Cataluña y definir la estructura organizativa correspondiente.

3. El Anexo 2 de este Decreto incluye un glosario de terminología técnica (marcado en letra cursiva a lo largo del texto) que define conceptos empleados en esta norma, con el objetivo de mejorar la comprensión del texto.


Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Este Decreto se aplica:

a) A los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

b) A los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración de la Generalidad.

c) A los consorcios adscritos a la Administración de la Generalidad.

2. Los títulos I y II de este Decreto, asimismo, se aplican:

a) A las fundaciones en que es mayoritaria la presencia o la participación de la Administración de la Generalidad o de las entidades mencionadas en el apartado 1directa o indirectamente.

b) A las asociaciones y las sociedades constituidas exclusivamente por la Administración de la Generalidad.

c) A los concesionarios de servicios públicos y las corporaciones de derecho público en el ejercicio de potestades administrativas cuando así lo disponga su título concesional o lo aprueben sus órganos de gobierno.

3. A los efectos de este Decreto se entiende por Administración de la Generalidad los sujetos que constan en el apartado 1 de este artículo.


Artículo 3. Finalidades

Las previsiones que establece este Decreto tienen por finalidad:

a) Ordenar el despliegue de la Administración digital, con el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia en el ámbito de las relaciones internas y externas.

b) Establecer el marco del gobierno de los datos como elemento estructural del funcionamiento de la Administración digital.

c) Establecer las normas de procedimiento administrativo, en el ámbito de la Administración digital, que derivan de las particularidades de la organización de la Administración de la Generalidad de Cataluña.


Artículo 4. Principios generales de la Administración digital

La actuación de los sujetos del artículo 2 de este Decreto, en el ámbito de la Administración digital, debe inspirarse en los principios del artículo 4 de la Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña, y en los siguientes principios:

a) Compromiso para ejercer el liderazgo.

b) Coordinación con los sujetos del artículo 2 de este Decreto y el resto de administraciones públicas catalanas para construir sus políticas sobre estas prioridades y sobre los principios previstos en este artículo.

c) Proactividad y personalización en la prestación de servicios públicos digitales con el objetivo de situar la experiencia de las personas en el centro del diseño de servicios.

d) Eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos necesarios tanto para poner en práctica las políticas adecuadas para la Administración digital como para generar resultados positivos, así como para utilizar los recursos públicos de manera responsable y evitar tanto como sea posible trasladar las cargas del presente al futuro.

e) Inclusividad a fin de que todas las personas, individual o colectivamente, puedan ser partícipes del bienestar generado por la sociedad digital.

f) Participación y proximidad, para facilitar el acceso y el encuentro con las personas y fomentar la participación individual y colectiva en la toma de decisiones y en la gestión.

g) Transparencia para exponer, de manera clara e inteligible, los datos e informaciones quesean relevantes para conocer, entender, controlar y evaluar su acción.

h) Innovación y adaptación continua de los servicios públicos teniendo en cuenta el aprovechamiento del potencial de la tecnología en cada momento.

i) Calidad en la prestación de los servicios digitales.

j) Confianza en la Administración digital mediante el desarrollo de un modelo de ciberseguridad, especialmente en relación con la protección de datos de carácter personal.

k) Continuidad digital como capacidad de la Administración de diseñar, crear y preservar la información durante todo el tiempo que sea necesaria para las finalidades para las que fue creada y hacerla accesible a las personas interesadas en el transcurso del tiempo.

l) Legalidad, que supone el mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de la ciudadanía ante las administraciones públicas, de acuerdo con la normativa que regula el régimen jurídico y el procedimiento de las administraciones públicas.


CAPÍTULO II. Gobernanza de la Administración digital
Artículo 5. Consejo Estratégico de Administración Digital

1. Corresponde al Consejo Estratégico de Administración Digital el liderazgo estratégico, el impulso y la coordinación de las políticas públicas transversales en materia de Administración digital de los sujetos relacionados en el artículo 2 de este Decreto, de acuerdo con la disposición normativa de creación de este órgano.

2. Las funciones y la composición son las que establece la norma de creación de este Consejo, que garantiza, en todo caso, la representación de todos los departamentos de la Generalidad.

3. Corresponde al Consejo Estratégico de Administración Digital aprobar la propuesta de modelo de Administración digital que determina su estrategia y elevar la propuesta al Gobierno para que lo apruebe.


Artículo 6. La implementación de la Administración digital

1. Los sujetos del artículo 2 de este Decreto deben garantizar la ejecución de las políticas digitales establecidas por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el impulso en el despliegue y el funcionamiento de la Administración digital.

2. Corresponde al Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de políticas digitales, establecer un modelo organizativo que prevea la planificación, el seguimiento y evaluación de los resultados, la participación en la definición de los sistemas de información corporativos transversales y la disposición de los recursos necesarios para hacer efectivo el despliegue de la Administración digital.

3. El modelo organizativo determina la coordinación del ámbito organizativo, el ámbitojurídico, el ámbito de la gestión de los datos, de la gestión documental y del archivo, el ámbito de la protección de datos personales y el ámbito de la tecnología de la información.


Artículo 7. La participación de las personas en la Administración digital

1. Los sujetos del artículo 2 de este Decreto facilitan y garantizan la concurrencia de las personas en todo el ciclo de diseño, desarrollo, implantación y evaluación de cualquier servicio público, siguiendo los principios del gobierno abierto y de este Decreto.

2. Corresponde al departamento en materia de participación ciudadana la coordinación y el apoyo en los instrumentos de participación ciudadana que se habiliten al efecto.


Artículo 8. La Administración digital y los empleados públicos

1. Los sujetos del artículo 2 de este Decreto deben disponer, en sus plantillas, de los perfiles profesionales necesarios para hacer efectiva la Administración digital.

2. Las competencias profesionales derivadas de la Administración digital de carácter transversal deben incorporarse, en función del perfil profesional, en los procesos de selección y provisión de acuerdo con la normativa aplicable.

3. El departamento competente en materia de políticas digitales y el departamento competente en administración pública debe aprobar un plan de capacitación de los empleados públicos que permita que todos los puestos de trabajo adquieran las competencias profesionales de carácter transversal derivadas de la Administración digital. El plan de capacitación debe garantizar los mecanismos de revisión, actualización, seguimiento y evaluación.

4. Los sujetos del artículo 2 de este Decreto garantizan la participación de los empleados públicos en el diseño de los servicios digitales, incorporando en él mecanismos para compartir y gestionar el conocimiento y el fomento de las soluciones innovadoras.


Artículo 9. La planificación del despliegue y la evaluación de la Administración digital

1. Los sujetos del artículo 2 de este Decreto deben elaborar un plan anual de despliegue de la Administración digital que tenga como finalidad establecer el marco de su actuación de acuerdo con la estrategia de Administración digital definida en el modelo de Administración digital.

2. El departamento competente en materia de políticas digitales determina el contenido mínimo del plan y los indicadores comunes que debe incluir la planificación anual en relación con las actuaciones que se realizan en el ámbito de las personas, los procesos, los datos y la tecnología, así como la identificación de necesidades transversales.

3. Los departamentos deben comunicar su planificación y la de su sector público al departamento competente en materia de políticas digitales.

4. Los sujetos del artículo 2 de este Decreto deben informar, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado anterior, sobre los servicios digitales que no se hayan incluido en la planificación anual.

5. El departamento competente en materia de políticas digitales informa sobre el plan de despliegue de los apartados anteriores, en caso de que no se adecue a los criterios corporativos, técnicos y organizativos, establecidos por la Administración de la Generalidad.

6. Los sujetos del artículo 2 elaboran un informe anual que evalúa el impacto de la puesta en funcionamiento de los servicios digitales y propone, si procede, las mejoras de los servicios para incrementar su eficiencia y eficacia.

7. Las planificaciones y los informes de evaluación se elevan al Consejo Estratégico de Administración Digital para que elabore un plan anual de desarrollo de la Administración digital.


TÍTULO II. Servicios digitales
CAPÍTULO I. Gobierno de los datos
SECCIÓN primera. Organización del gobierno de los datos
Artículo 10. Modelo de gobierno de los datos

1. La Administración de la Generalidad establece un modelo de gobierno de los datos, que es el instrumento organizativo que determina los criterios y elementos que definen el gobierno de los datos en la Administración de la Generalidad. El despliegue del modelo de gobierno de los datos se realiza mediante un protocolo, que es el documento que recoge los aspectos técnicos y organizativos necesarios para implantarlo.

2. El modelo de gobierno de los datos se basa en los siguientes criterios:

a) Los datos son un activo digital compartido por todos los sujetos del artículo 2 de este Decreto, por lo que debe maximizarse su reutilización.

b) El modelo es común y se adapta a las necesidades específicas de cada caso, con la participación corresponsable de todas las unidades implicadas desde que se capturan, procesan y almacenan hasta que se archivan o eliminan. El modelo determina las responsabilidades necesarias para una gestión eficaz de los datos y define y asigna los roles de cada unidad dentro de la estructura orgánica.

c) El modelo incluye todos los datos fundamentales y todos los datos de las áreas de gestión sectoriales dentro del ámbito de aplicación del artículo 2 de este Decreto y se ajusta a la complejidad de las actividades del área y las necesidades de las personas, según el principio de proporcionalidad.

d) La gestión basada en datos se fundamenta en estándares que garantizan la homogeneidad semántica y sintáctica de los datos.

e) Los datos comunican la información de manera clara y concisa, proporcionando información significativa para facilitar una toma de decisiones.

f) El modelo debe hacer efectivo el criterio de dato único a través de la colaboración entre los órganos y sistemas custodios de un mismo dato y la identificación unívoca de la fuente más fiable, si procede, en origen.

g) El modelo debe garantizar la seguridad de los datos, gestionando su alta, modificación, consulta y borrado de manera segura y con trazabilidad, así como su autenticidad, integridad, confidencialidad, privacidad y disponibilidad.

3. El Gobierno de la Generalidad, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de políticas digitales, aprueba el modelo de gobierno de los datos y garantiza que los responsables de desplegarlo participen también en su elaboración.

4. El modelo de gobierno de los datos se establece de acuerdo con los principios y requerimientos previstos en el marco de la normativa vigente de protección de datos, transparencia y acceso a la información, y estadística, y garantiza la interoperabilidad y la reutilización de los mismos.

5. Los sujetos del artículo 2 de este Decreto, con respecto al modelo de gobierno de los datos:

a) Garantizan su cumplimiento de acuerdo con los criterios y elementos que lo definen.

b) Garantizan que las personas tengan acceso a conocer qué datos suyos tiene la Administración, el uso que hace de ellos y los tratamientos correspondientes.

c) Promueven la mejora de las actuaciones administrativas basada en el uso de tecnologías avanzadas de gestión y tratamiento de datos.

d) Fomentan el uso de los datos para prestar a las personas servicios proactivos y personalizados.


Artículo 11. Protocolo de gobierno de los datos

1. El Protocolo de gobierno de los datos tiene el contenido mínimo siguiente:

a) Roles y responsabilidades de las personas y organismos que intervienen en el modelo de gestión de los datos.

b) Calidad de los datos.

c) Ciclo de vida de los datos.

d) Modelado y arquitectura de los datos.

e) Seguridad.

f) Metadatos.

g) Catálogo de datos.

h) Analítica de datos.

i) Sistemas de evaluación y seguimiento del modelo de gobierno de los datos.

2. Corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de políticas digitales de la Administración de la Generalidad aprobar el Protocolo de gobierno de los datos establecido en este artículo que garantiza la participación de los organismos responsables en su despliegue.


SECCIÓN segunda. Intercambio, interoperabilidad y acceso a los datos y documentos
Artículo 12. Intercambio de datos y documentos digitales

1. Los datos y documentos de que disponen los sujetos del artículo 2 de este Decreto son utilizados a efectos de dar cumplimiento a las actuaciones previstas en este Decreto, sin perjuicio de perseguir el interés general y respetar el conjunto de derechos y garantías de las personas.

2. El intercambio de datos y documentos entre los sujetos del artículo 2 de este Decreto con el resto de administraciones públicas se realiza mediante los sistemas y plataformas establecidas con esta finalidad y otros sistemas de interconexión de bases de datos distribuidas que permitan el registro de la información, de acuerdo con la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección de datos de carácter personal. El departamento competente en materia de políticas digitales determina las condiciones y garantías para ejecutar este intercambio.

3. El departamento competente en materia de políticas digitales facilita la cooperación necesaria para garantizar el acceso a los datos al órgano estadístico de la Generalidad, a fin de que pueda hacer uso de la información administrativa con finalidades estadísticas, de acuerdo con la normativa vigente en esta materia.


Artículo 13. Intercambio de datos y documentos en entornos cerrados

1. El departamento competente en materia de políticas digitales determina las condiciones y garantías del intercambio de datos en entornos cerrados de comunicación entre los sujetos del artículo 2 de este Decreto.

2. En el caso del intercambio entre los sujetos del artículo 2 con el resto del sector público de Cataluña, sus condiciones y garantías se establecen por convenio, atendiendo a las garantías previstas por el apartado 2 del artículo 12 de este Decreto.

3. La comunicación de datos en estos entornos se considera válida a efectos de identificación y autenticación de emisores y receptores.


Artículo 14. Mapa de intercambio de datos

1. La Administración de la Generalidad debe aprobar un mapa de intercambio de datos con el objetivo de facilitar la localización y el acceso a los datos y la información elaborada por los sujetos del artículo 2 de este Decreto que sean necesarios a los efectos previstos en este Decreto.

2. El Mapa de intercambio de datos debe contener, al menos, la información del organismo público o entidad titular de los datos y documentos, y las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos para acceder digitalmente a estos datos. El sistema que dé apoyo al Mapa de intercambio de datos debe ser interoperable con catálogos de naturaleza análoga de otras administraciones públicas.


Artículo 15. Sistemas de datos abiertos

Los sistemas de intercambio de datos entre diferentes administraciones públicas o entre sujetos del artículo 2 de este Decreto deben prever, en su caso, la interconexión con otros sistemas de datos abiertos, de acuerdo con las condiciones que especifique el órgano competente en materia de transparencia y datos abiertos y la normativa vigente en la materia.


Artículo 16. Plataformas de interoperabilidad

1. El departamento competente en materia de políticas digitales, mediante el ente responsable de las soluciones tecnológicas, pone a disposición de los sujetos del artículo 2 de este Decreto las plataformas de intermediación y el apoyo necesarios para prestar servicios de interoperabilidad.

2. La Administración de la Generalidad de Cataluña garantiza que los servicios de interoperabilidad con otras administraciones e instituciones públicas se presten a través de las plataformas tecnológicas previstas para estas funciones.

3. El intercambio de datos mediante las plataformas de interoperabilidad garantiza la seguridad de la información que se transmite, proporcionando medidas para la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad adecuadas a la naturaleza de la misma y de acuerdo con la normativa y, en su caso, las condiciones aplicables al intercambio.


Artículo 17. Catálogo de datos y documentos interoperables

1. El Catálogo de datos y documentos interoperables es la relación actualizada de datos y documentos en poder de los sujetos del artículo 2 de este Decreto y de otras administraciones e instituciones públicas que se pueden obtener mediante los servicios y plataformas habilitadas que garantizan la seguridad, integridad y protección de los datos de carácter personal. Los datos y documentos que constan en este Catálogo se pueden consultar a efectos de hacer efectivos los derechos de las personas establecidos en la normativa de procedimiento administrativo común, concretamente, el derecho a no aportar documentos que haya elaborado cualquier Administración y el derecho de la persona interesada a no aportar documentos que ya haya aportado a cualquier Administración.

2. Las personas pueden consultar el Catálogo en la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad.

3. La oferta del Catálogo de datos y documentos interoperables de la Administración de la Generalidad se integra en el Catálogo de datos y documentos interoperables de Cataluña, que gestiona el Consorcio Administración Abierta de Cataluña para impulsar y desarrollar la interoperabilidad de las administraciones públicas catalanas a efectos de poner el contenido a disposición de otras administraciones públicas, instituciones y organismos en los términos y las condiciones legalmente exigibles.

4. El departamento competente en materia de políticas digitales es el órgano responsable de gestionar y mantener el Catálogo de datos y documentos interoperables de los sujetos del artículo 2 de este Decreto.


Artículo 18. Guía de interoperabilidad

Corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de políticas digitales aprobar, por orden, la Guía de interoperabilidad, que tiene por objeto determinar el procedimiento para requerir datos y documentos e incorporarlos al Catálogo de datos y documentos electrónicos, y fijar directrices corporativas en materia de interoperabilidad.


Artículo 19. Acceso de las personas a los datos

1. Los sujetos del artículo 2 de este Decreto impulsan, por defecto, la apertura de todos los datos que obran en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluidas las que le suministran otros sujetos obligados por cualquier normativa, y facilitan todos los mecanismos para garantizar el acceso de las personas a estos datos, de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos y la de transparencia y derecho de acceso. Se excepcionan de lo anterior los datos cuya publicidad quede prohibida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

2. El acceso de las personas a sus datos se realiza mediante los sistemas que cada Administración ponga a disposición y, asimismo, mediante los servicios de interoperabilidad que permitan acceder a ellos. También se permite el acceso a los datos mediante otros servicios, incluidos las carpetas o espacios privados o el punto de acceso general de las administraciones públicas, cuando esté prevista la interconexión de dichos servicios.


SECCIÓN tercera. Procesos y servicios digitales
Artículo 20. Catálogo corporativo de procesos

La Administración de la Generalidad dispone del Catálogo corporativo de procesos como sistema corporativo de información para gestionar, racionalizar y normalizar, de manera sistematizada, la información asociada a los procesos y servicios.

El Catálogo contiene los datos y la información asociada a los procesos y servicios que son competencia de los sujetos del artículo 2 de este Decreto, tanto los externos, que tengan como destinatarios las personas u otras administraciones, como los internos, que estén dirigidos a la propia organización.


Artículo 21. Gestión del Catálogo corporativo de procesos

1. Los sujetos del artículo 2 de este Decreto deben incorporar al Catálogo corporativo de procesos toda la información asociada a los procesos y servicios previstos en el artículo 20 y realizar su mantenimiento.

2. El departamento competente en materia de políticas digitales es el órgano encargado de gestionar el Catálogo corporativo de procesos.


SECCIÓN cuarta. Gestión archivística de los datos y de los activos digitales
Artículo 22. Datos y activos digitales

1. A efectos de este Decreto, y de acuerdo con la definición de documento que establece la normativa vigente, el activo digital es el dato o la información obtenida o generada en el desarrollo de las funciones y competencias de los sujetos del artículo 2 de este Decreto que requiere ser documentada y conservada durante un periodo de tiempo determinado. Concretamente, son activos digitales los ficheros de datos, de imágenes, de sonidos, de texto y multimedia, así como cualquier tipo de dato o de representación de información, entre los cuales están los documentos administrativos.

2. Los activos digitales se generan, se gestionan o se conservan en los sistemas de gestión de datos, en los sistemas de gestión de documentos, en la web corporativa, en la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad, y en las cuentas y perfiles de los sujetos del artículo 2 de este Decreto en las redes sociales, de acuerdo con la normativa vigente en materia de gestión documental y archivo.


Artículo 23. Finalidad y ámbito de la gestión archivística de los datos y de los activos digitales

1. La gestión archivística de los datos y de los activos digitales tiene como finalidad asegurar la creación, la captura y la gestión de una información auténtica, fiable, usable e íntegra que permita el desarrollo de las actividades y competencias propias de los sujetos del artículo 2 de este Decreto.

2. La gestión archivística de los datos y de los activos digitales abarca los documentos públicos digitales y los datos contenidos en los sistemas de información corporativos y en otros activos digitales.

3. La gestión archivística de los datos y de los activos digitales de la Administración de la Generalidad garantiza su conservación durante el tiempo que sea necesaria para la finalidad para la que ha sido generada o incorporada a la gestión documental.


Artículo 24. Actividades y fases de la gestión archivística de los datos y de los activos digitales

La gestión archivística de los datos y de los activos digitales prevé una evaluación de la información digital, que incluye el análisis y valoración de la información, previa a las siguientes fases:

a) Fase activa, que se extiende desde la creación de la información digital hasta la finalización de la tramitación o asunto que se gestiona.

El tiempo de tramitación se determina en cada caso por la naturaleza del procedimiento o del asunto que se trate.

b) Fase semiactiva, que se inicia a partir de la finalización del expediente y se mantiene mientras los documentos o los datos conserven el valor probatorio de acciones, derechos y deberes de la Administración o de las personas.

c) Fase inactiva o histórica, que hace referencia a la conservación de la información digital que ha sido dictaminada de conservación permanente y la destrucción del resto de información de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, en la fase posterior a la fase de vigencia.


Artículo 25. Gestión archivística de los datos y de los activos digitales en los sistemas de información

Los sistemas de información que utilicen los sujetos relacionados en el artículo 2 de este Decreto, garantizan las políticas de gestión archivística de los datos y de los activos digitales.


Artículo 26. Instrumentos para la gestión archivística de los datos y de los activos digitales

1. Los órganos competentes para implementar la gestión de la información digital cumplen lo que se establece en los instrumentos aprobados de acuerdo con el apartado 2 de este artículo.

2. Corresponde al departamento competente en materia de gestión documental y archivo establecer los instrumentos técnicos para la gestión archivística de los datos y de los activos digitales. Los instrumentos técnicos implementan la gestión documental y archivística en los sistemas y plataformas de gestión corporativas y no corporativas.


CAPÍTULO II. Servicios digitales
Artículo 27. Principios generales en la creación de los servicios digitales

Los sujetos del artículo 2 de este Decreto impulsan la creación de nuevos servicios digitales de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 4 de este Decreto y de acuerdo con la evolución y mejora permanente en la prestación de los servicios públicos, aprovechando todo el potencial de la innovación y la tecnología, creando valor público y poniendo la experiencia de las personas en el centro del diseño del servicio.

Asimismo, impulsan la prestación de servicios digitales teniendo en cuenta los procedimientos asociados a un servicio público, con el fin de facilitar a las personas una tramitación unificada de servicios.


Artículo 28. Diseño de los servicios digitales

1. El diseño de un servicio digital se basa en los principios generales y criterios de actuación establecidos en este Decreto y en la innovación de la prestación de los servicios públicos.

2. En el diseño de un servicio digital deben tenerse en cuenta los siguientes criterios y elementos:

a) La aplicación de los principios de la Administración digital del artículo 4 de este Decreto, teniendo en cuenta la omnicanalidad y la accesibilidad de las personas a los servicios públicos.

b) La posibilidad de prestación proactiva y personalizada del servicio.

c) La identificación de los canales de asistencia en el uso de los servicios públicos.

d) La habilitación, si procede, de mecanismos de participación ciudadana que permitan la cocreación de servicios.

e) El uso de un lenguaje sencillo y comprensible para todas las personas.

f) La habilitación de sistemas de seguimiento y evaluación que se basen en el análisis de la experiencia de las personas y en la eficiencia y eficacia de la prestación de servicios digitales.

g) El reaprovechamiento y el impulso en la utilización de los sistemas digitales corporativos.

h) La innovación e impulso de nuevas tecnologías y nuevos servicios tecnológicos para el desarrollo de los servicios públicos.

i) La identificación y habilitación de trámites automatizados que reduzcan los tiempos de atención y de proceso.

j) La coordinación de procedimientos de varios departamentos y de otras administraciones que permita la reducción de interacciones y la simplificación de los trámites de las personas ante las administraciones.

k) Los mecanismos de identificación de mejoras en la prestación del servicio público.


Artículo 29. Guía de servicios digitales

La Guía de servicios digitales se aprueba por orden de la persona titular del departamento competente en materia de políticas digitales y tiene por objeto establecer la metodología para identificar, diseñar, implantar, mantener y evaluar los servicios digitales, dirigida a los sujetos del artículo 2 de este Decreto.


Artículo 30. Acceso de las personas a los servicios digitales

1. Los sujetos del artículo 2 de este Decreto garantizan el acceso de las personas a los servicios digitales para que los usen en las relaciones con las administraciones públicas. Los servicios que se pongan a disposición de las personas se ofrecen mediante la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad u otras sedes habilitadas al efecto.

Los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto, atendiendo a las particularidades de la prestación de servicios, pueden habilitar otros canales de acceso de las personas a los servicios digitales, sin perjuicio de lo que establece el artículo 36 de este Decreto en cuanto a la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad.

2. Los servicios digitales se desarrollan preferentemente mediante las plataformas de administración digital corporativa que evolucionan en función de las necesidades detectadas y las innovaciones tecnológicas disponibles. En todo caso, se garantiza la omnicanalidad y visualización corporativa de la Administración de la Generalidad.


Artículo 31. Prestación de servicios proactivos y personalizados

1. A efectos de este Decreto, se entiende por servicio proactivo y personalizado el servicio digital que tiene como finalidad informar a las personas, de manera predictiva y anticipada, sobre los servicios públicos a los cuales pueden acceder. Los servicios proactivos y personalizados se prestan en base a la información obtenida y elaborada por los sujetos relacionados en el artículo 2 de este Decreto, garantizando la protección de datos personales y el conjunto de los derechos y las libertades que les son propios, especialmente con respecto al principio de transparencia y a la definición de las garantías adecuada al diseño de los servicios.

2. El departamento competente en materia de políticas digitales dispone de un registro digital o sistema equivalente que recoge y centraliza los datos relativos a los consentimientos de las personas que son sujetos de prestación de los servicios proactivos y personalizados y garantiza la consulta a todos los sujetos del artículo 2 de este Decreto.

El registro o sistema de consentimientos es accesible a las personas titulares de los datos o a su representante y permite la revocación o modificación del consentimiento en cualquier momento.

3. Los servicios digitales que prevén la prestación de servicios proactivos y personalizados deben incorporar, si procede, el consentimiento de las personas a la consulta de sus datos para la prestación de los servicios proactivos y personalizados por parte de los sujetos relacionados en el artículo 2 de este Decreto.

4. Los formularios o sistemas de recogida de datos para su tratamiento deben incorporar la posibilidad de emitir, si procede, el consentimiento explícito de las personas interesadas para la finalidad de que se trate, de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos.


Artículo 32. Catálogo de soluciones corporativas

La entidad pública responsable de las soluciones tecnológicas corporativas elabora un catálogo de plataformas, soluciones y módulos corporativos transversales que se ponen a disposición para la puesta en funcionamiento de los servicios digitales.


Artículo 33. Aprobación de las soluciones tecnológicas corporativas y no corporativas

1. Los sujetos del artículo 2 deben utilizar las soluciones tecnológicas corporativas para el desarrollo de los servicios digitales, de acuerdo con la disposición adicional primera de este Decreto.

2. En los supuestos en que, por imposibilidad técnica o funcional, sea necesario el uso de soluciones tecnológicas no corporativas, el órgano colegiado previsto en el artículo 5 de este Decreto debe establecer las garantías que deben cumplir estas soluciones, previo informe del órgano responsable de las soluciones tecnológicas de la Administración de la Generalidad.


CAPÍTULO III. Modelo de ciberseguridad
Artículo 34. Ciberseguridad en el ámbito de la Administración digital

1. La Administración de la Generalidad debe disponer de un modelo de ciberseguridad que garantice la seguridad de los activos tecnológicos y de los servicios digitales, así como la protección de los usuarios de los sistemas y generar una cultura de la ciberseguridad.

2. La ciberseguridad es una responsabilidad compartida entre los sujetos del artículo 2 de este Decreto, los órganos competentes que se encargan de su protección, los usuarios y las empresas o entidades que prestan servicios a todos los anteriores.

3. El modelo de ciberseguridad se estructura en torno a los siguientes ejes:

a) La gobernanza y estructura organizativa.

b) La gestión del riesgo.

c) El cumplimiento normativo proactivo.

d) La cultura de la ciberseguridad.

e) El control y la verificación.

4. El modelo de ciberseguridad de la Generalidad de Cataluña se basa en la política de ciberseguridad de la Generalidad de Cataluña e incluye y define los siguientes elementos:

a) El establecimiento de un modelo de gobernanza que determina una estructura organizativa interna y transversal, en la que se identifican los organismos y las entidades y se desarrollan los roles y las funciones de cada uno.

b) La gestión de la ciberseguridad se basa en el gobierno de los riesgos mediante la clasificación de la información en función de su naturaleza, relevancia e impacto, teniendo en cuenta las infraestructuras tecnológicas, los sistemas de información y los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación que la tratan.

c) La definición de las medidas de protección técnicas y organizativas que sean necesarias.

d) La aplicación de las directrices y normas técnicas emitidas dentro del marco normativo de seguridad de la información, en relación con el uso de las tecnologías de la información y de la gestión de la ciberseguridad.

e) La evaluación periódica del grado de cumplimiento de la normativa de ciberseguridad y del marco normativo de seguridad de la información de la Generalidad de Cataluña.

f) La planificación y realización de acciones de formación y de concienciación de los usuarios en materia de ciberseguridad.

g) La implantación y el despliegue de servicios tecnológicos y procedimientos técnicos para identificar, prevenir, corregir, responder, controlar y mitigar los riesgos y hacer frente a los incidentes que puedan suceder.

5. El organismo o entidad pública encargado de la ciberseguridad de la Generalidad de Cataluña, en coordinación con los órganos competentes en el desarrollo de la Administración digital, lidera, ejecuta, impulsa y diseña el modelo de ciberseguridad.


Artículo 35. Instrumentos para la aplicación del modelo de ciberseguridad

1. De acuerdo con la normativa que regula el ámbito de la ciberseguridad, la aplicación del modelo de ciberseguridad se basa, como mínimo, en los siguientes instrumentos:

a) La política de ciberseguridad de la Generalidad de Cataluña, que es el documento de contenido estratégico en el cual se definen los principios que han de regir la ciberseguridad de la Generalidad de Cataluña, la normativa aplicable y su modelo organizativo de gobierno y gestión.

b) La estructura organizativa de ciberseguridad y protección de datos, que es el instrumento que determina la estructura y modelo organizativo en el ámbito de la seguridad para cada unidad con capacidad responsable de las acciones de control y ejecución que sean necesarias para definir y garantizar el nivel que se haya determinado.

c) El Plan estratégico de ciberseguridad, que es el documento que contiene la estrategia a seguir en materia de ciberseguridad y dentro de su ámbito de actuación.

d) El Marco Normativo de Seguridad de la Información, que es el instrumento que especifica las directrices y normas técnicas de seguridad que han de cumplirse, con la finalidad de garantizar una protección eficaz y, en particular, ante el cibercrimen y los ciberataques.

e) El marco de ciberseguridad de la protección de datos, que es el instrumento que determina una metodología para analizar, de manera homogénea y objetiva, el nivel de riesgo de las actividades de tratamiento de datos personales, con la finalidad de definir las medidas de ciberseguridad aplicables.

2. El organismo o entidad pública competente en materia de ciberseguridad impulsa, gestiona, revisa y, si procede, aprueba periódicamente la vigencia y adecuación de estos instrumentos.


TÍTULO III. Régimen jurídico de la Administración digital
CAPÍTULO I. Atención ciudadana en la Administración digital
SECCIÓN primera. Disposiciones generales
Artículo 36. Atención ciudadana, Sede electrónica y Punto de acceso general electrónico

1. La atención ciudadana que presta la Administración de la Generalidad de Cataluña pone al alcance de la ciudadanía el acceso omnicanal, que comprende los canales presencial, telefónico y digital, con el objetivo de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones en sus relaciones con la Administración de la Generalidad de Cataluña. Asimismo, habilita por los mismos canales formularios para realizar consultas, quejas y sugerencias.

2. La Sede electrónica de la Administración de la Generalidad de Cataluña es el espacio electrónico en el que están disponibles, de manera integrada, la información, los servicios y los trámites electrónicos de la Administración de la Generalidad.

3. Las sedes derivadas o subsedes se crean por razones de autonomía funcional u organizativa del ente titular con el objetivo de proporcionar un acceso directo a conjuntos de servicios y trámites de naturaleza finalista, con unas características específicas y que pueden estar soportados por sistemas de información propios del órgano titular de la subsede. Tienen las mismas características y requerimientos que la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

4. La Sede electrónica de la Administración de la Generalidad de Cataluña debe garantizar un acceso directo a las sedes derivadas o subsedes.

5. La Sede electrónica de la Administración de la Generalidad de Cataluña también es el Punto de acceso general electrónico, de acuerdo con la normativa del procedimiento administrativo común.


SECCIÓN segunda. Red de apoyo a la Administración digital
Artículo 37. Oficinas de atención presencial

1. Las oficinas de atención presencial asisten a las personas en el acceso electrónico a los procedimientos y trámites administrativos, de acuerdo con las limitaciones del artículo 73 de este Decreto, en relación con la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo común y otras normas sectoriales.

2. La atención ciudadana presencial se fundamenta en un sistema de relación y de comunicación con las personas integral, corporativo y multidepartamental.

3. La Administración de la Generalidad de Cataluña publica en la Sede electrónica las oficinas de atención presencial que asumen las funciones de asistencia en materia de registro.

4. Las oficinas de atención presencial deben comprobar la identidad de las personas que intervienen en un procedimiento administrativo, mediante los datos que constan en el documento nacional de identidad o el documento identificativo que corresponda.


Artículo 38. Oficinas de gestión empresarial

Las oficinas de gestión empresarial se incluyen dentro de la red de oficinas de apoyo a la Administración digital de la Generalidad de Cataluña, y prestan servicios de la Ventanilla única empresarial de acuerdo con su regulación específica.


SECCIÓN tercera. Tipología y funciones de las oficinas de atención presencial
Artículo 39. Tipología de las oficinas de atención presencial

En el ámbito de la Administración de la Generalidad, las oficinas de atención presencial se clasifican, en función de sus capacidades y del tipo de servicios que prestan, en las siguientes categorías:

a) Oficinas de atención ciudadana que asumen las funciones de las oficinas de asistencia en materia de registro de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo.

b) Puntos de registro y digitalización.


Artículo 40. Funciones de las oficinas de atención presencial

1. Las funciones de asistencia en materia de registro de las oficinas de atención ciudadana son:

a) Facilitar información sobre los servicios y trámites de la Administración de la Generalidad y de otras administraciones públicas.

b) Recibir la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que las personas interesadas dirijan a los órganos de cualquier Administración, y entregar el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de dicha presentación.

c) Facilitar a las personas interesadas el código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa al que dirigen sus solicitudes, comunicaciones y escritos.

d) Digitalizar y expedir copias auténticas de los documentos presentados presencialmente por las personas interesadas para incorporarlas en el expediente administrativo electrónico.

e) Enviar las solicitudes, los escritos y las comunicaciones a los órganos competentes de la Administración de la Generalidad y de otras administraciones públicas.

f) Otorgar apoderamientos apud acta a quien tenga la condición de persona interesada en un procedimiento administrativo y comparezca personalmente.

g) Inscribir la representación de las personas que lo soliciten en el Registro electrónico de representación de la Administració de la Generalidad.

h) Realizar notificaciones por comparecencia espontánea de la persona interesada o de su representante cuando se persone y solicite la comunicación y/o la notificación personal en este momento.

i) Asistir, en el uso de medios electrónicos, a las personas interesadas no obligadas a relacionarse electrónicamente que lo soliciten, especialmente con respecto a la identificación y firma electrónica en su nombre y la presentación de solicitudes a través del Registro electrónico general.

j) Poner a disposición de las personas interesadas los modelos de presentación de solicitudes individuales y los formularios de presentación masiva de solicitudes.

k) Registrar y emitir el recibo que acredite la fecha y hora de presentación de cualquier solicitud, escrito de queja y sugerencia de las personas relativos a los servicios y trámites de la Administración de la Generalidad y enviarlos al órgano competente de su gestión.

l) Cualquier otra función que se les atribuya legalmente o reglamentariamente.

2. Las funciones de los puntos de registro y digitalización son, con carácter general, las específicas y relativas al registro y digitalización de documentos que se prevén en las letras b) a e) del apartado anterior.


SECCIÓN cuarta. Organización de la atención ciudadana presencial
Artículo 41. Gobernanza de la atención ciudadana presencial

1. El órgano competente en materia de atención ciudadana proporciona las directrices funcionales para cada tipología de oficinas y fija los horarios de atención al público, sin perjuicio de las funciones de los órganos o entidades correspondientes en relación con las oficinas adscritas a ellos.

2. La relación de oficinas de atención ciudadana, con su geolocalización, así como los días y horarios de atención al público, se hace pública a través de la Sede electrónica corporativa. El órgano competente en materia de atención ciudadana garantiza su continua actualización.


Artículo 42. Implantación territorial de la atención ciudadana presencial

1. En el ámbito territorial de cada delegación territorial del Gobierno de la Administración de la Generalidad se crea, como mínimo, una oficina de atención ciudadana con funciones de asistencia en materia de registro adscrita, orgánicamente, a la delegación territorial del Gobierno de la Generalidad y, funcionalmente, al órgano competente en materia de atención ciudadana.

2. Los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto complementan la atención ciudadana en el territorio a través de las oficinas de atención presencial propias a las que deben asignar funciones de acuerdo con la tipología de oficinas que se establecen en el artículo 39 de este Decreto.


CAPÍTULO II. Registro electrónico general de la Administración de la Generalidad
Artículo 43. Registro electrónico general

1. El Registro electrónico general es la plataforma habilitada para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, y deja constancia telemática, mediante el sistema de información, de la anotación fidedigna del registro de entrada y salida de documentos de la Administración de la Generalidad.

2. El Registro electrónico general asegura el cumplimiento de los requisitos y garantías de integridad, seguridad, normalización y conservación de la documentación que se presenta, desde ese momento hasta que se entrega al órgano competente.


Artículo 44. Acceso al Registro electrónico general

El Registro electrónico general se puede consultar en la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad y admite la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.


Artículo 45. Características y funcionamiento del Registro electrónico general

1. El Registro electrónico general es único para toda la Administración de la Generalidad. La hora oficial es la correspondiente a la Sede electrónica.

2. En el supuesto de interrupción del funcionamiento del Registro por circunstancias accidentales o planificadas, la Sede debe informar de esta circunstancia e indicar, en su caso, las oficinas de atención ciudadana y los puntos de registro y digitalización en que se puede presentar la documentación alternativamente, así como los efectos de la interrupción en el cómputo de los plazos. En los trámites de carácter permanente, los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto pueden establecer, mediante la norma que regule el procedimiento, sistemas alternativos para comunicar o manifestar la voluntad de solicitar un trámite en caso de interrupción del servicio por causas técnicas.


Artículo 46. Formatos de los documentos que admite el Registro electrónico general

El Registro electrónico general de la Administración de la Generalidad admite los siguientes formatos de documentos

a) Los formularios establecidos para cada procedimiento de acuerdo con el listado de trámites de la Sede electrónica, dirigidos a cualquiera de los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto.

b) El formulario genérico que se pone a disposición en la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad, a excepción de que se establezcan formularios específicos de uso obligatorio para las personas interesadas. El formulario genérico debe identificar el órgano o ente destinatario, o los datos que permitan identificarlo.

c) La documentación o los datos que se aporten posteriormente a la solicitud de inicio de un procedimiento o los documentos que se presenten dirigidos a cualquier Administración pública de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo común.

d) Los documentos electrónicos o los datos emitidos por los órganos competentes y dirigidos a otros órganos o personas interesadas. Los documentos que se presentan en papel se registran mediante una copia auténtica.


Artículo 47. Recibo de registro

1. El Registro electrónico general de la Administración de la Generalidad emite un recibo que acredita la presentación de la documentación, la fecha y hora de presentación, el número de registro asignado y la oficina que ha realizado el registro de entrada. A petición de las personas interesas se les entrega en papel una copia auténtica del recibo.

2. El recibo incluye los documentos presentados mediante la incorporación del código seguro de verificación, u otras referencias que los identifiquen, con indicación del formato en que se han presentado.

3. En caso de incidencia de los sistemas de información de las oficinas, por imposibilidad material o técnica en la atención presencial, los órganos competentes para la tramitación pueden realizar en diferido la digitalización de los documentos presentados y, en su caso, la expedición de la copia auténtica.


Artículo 48. Copias auténticas

1. En el ámbito de la Administración de la Generalidad, pueden efectuar copias auténticas, mediante un funcionario habilitado o una actuación administrativa automatizada:

a) Las oficinas de atención ciudadana y los puntos de registro y digitalización, con respecto a la documentación presentada o los datos aportados por las personas.

b) Los órganos competentes para la tramitación de los procedimientos, con respecto a la documentación en papel que presentan las personas interesadas, si no se ha digitalizado en la oficina de registro, o con respecto a la documentación administrativa que emiten.

c) Los archivos centrales administrativos de los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto.

2. Las solicitudes de copias auténticas de documentos públicos administrativos se registran de entrada y se dirigen al órgano emisor del documento original.

3. Las personas interesadas pueden solicitar, ante las oficinas de registro habilitadas al efecto, la expedición de copias auténticas de cualquier documento privado que deba incorporarse a un expediente administrativo. Las solicitudes las pueden realizar las personas que se identifiquen en el documento privado, o su representante, especificando el procedimiento al que debe incorporarse el documento objeto de copia auténtica. La oficina de registro efectúa, mediante el sistema de actuación administrativa automatizada, la copia auténtica correspondiente, una vez comprobada la identidad o la representación del solicitante.


Artículo 49. Fecha y hora oficiales de la Sede electrónica

1. La fecha y hora oficiales de la Sede electrónica y la información que consta en ella sobre los días hábiles e inhábiles se aplican al Registro electrónico general de la Administración de la Generalidad.

2. La Sede electrónica publica anualmente el calendario de los días que se consideren inhábiles a los efectos que establece este artículo. Este es el único calendario de días inhábiles que se aplica a los efectos del cómputo de plazos en el Registro electrónico general.

3. El inicio del cómputo de los plazos que deban cumplir los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto está determinado por la fecha y hora de presentación en el Registro electrónico de la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad. En caso de error en la determinación del órgano destinatario del documento presentado, la oficina de registro o el órgano receptor debe remitirlo al órgano competente en el plazo máximo de dos días.


Artículo 50. Solicitud masiva

1. El órgano responsable de la atención ciudadana pone a disposición de las personas, a través de la Sede electrónica y las oficinas de asistencia en materia de registro, los formularios y sistemas de solicitud masiva de uso voluntario que permitan a las personas interesadas presentar simultáneamente varias solicitudes.

2. El procedimiento de solicitud, gestión y tramitación del formulario de presentación masiva de solicitudes se establece por instrucción del órgano competente en materia de atención ciudadana.


CAPÍTULO III. Habilitación del personal de las oficinas de atención ciudadana con funciones de asistencia en materia de registro
Artículo 51. Registro de funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de personas y la expedición de copias auténticas en el ámbito de la Administración de la Generalidad

1. Se crea el Registro de funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de las personas y expedición de copias auténticas en el ámbito de la Administración de la Generalidad. La gestión y actualización continua de este Registro corresponde al departamento competente en materia de políticas digitales.

2. En el Registro constan los datos identificativos del funcionario, el órgano de adscripción, las fechas de alta y baja del Registro y los trámites para los que está habilitado.

3. Los funcionarios que realizan funciones relacionadas con la atención ciudadana en las oficinas de asistencia en materia de registro son incorporados al Registro y están habilitados para la identificación y autenticación de personas y para la presentación de solicitudes, la recogida de documentación e incorporación al sistema de registro de tramitación, y la realización de trámites electrónicos que requieran la identificación y firma electrónica de la persona interesada.

4. Por resolución del director o directora de Servicios de cada departamento se puede designar a otros funcionarios para que realicen funciones de identificación y autenticación de personas y de expedición de copias auténticas. Los funcionarios designados por resolución deben incluirse en el Registro de funcionarios habilitados.


CAPÍTULO IV. Identificación y firma electrónica
Artículo 52. Principios generales de la identificación y firma electrónica

La Administración de la Generalidad impulsa la creación de sistemas de identificación y firma electrónica de acuerdo con los siguientes principios:

a) El acceso omnicanal de las personas a los servicios públicos.

b) El acceso a la identificación y firma electrónica mediante servicios de fácil acceso y usabilidad.

c) La proporcionalidad de los sistemas de identificación y firma en términos de seguridad y usabilidad en relación con el servicio o trámite que las requieran.

d) La coordinación interadministrativa.

e) La colaboración con la sociedad civil, el sector privado e iniciativas de la sociedad, con el fin de conseguir la máxima reutilización de servicios y las sinergias necesarias con la ciudadanía.


Artículo 53. Identificación y firma de los empleados públicos

1. La Administración de la Generalidad, por instrucción del secretario o secretaria de Administración y Función Pública, determina los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal y el de su sector público.

2. Las herramientas de tramitación electrónica del procedimiento administrativo común deben incorporar mecanismos de firma electrónica basados en sistemas no criptográficos incorporando el uso de un sello electrónico y, en su caso, con un código seguro de verificación.

3. Cuando, por razones de seguridad pública, sea necesaria la utilización de un sistema de firma que preserve la identidad de los empleados públicos, el departamento competente en la actuación, con el informe previo del órgano transversal competente en materia de impulso de la Administración digital, debe determinar otros sistemas de firma electrónica y las condiciones de uso para la firma de actuaciones administrativas.


Artículo 54. Actuación administrativa automatizada

1. Para la firma electrónica de las actuaciones administrativas automatizadas se pueden utilizar uno de los siguientes sistemas:

a) Sello electrónico de los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto o de la Administración de la Generalidad, basado en un certificado electrónico cualificado que cumpla los requisitos exigidos por la normativa de firma electrónica.

b) Código seguro de verificación vinculado a los sujetos del apartado 1 del artículo 2 o de la Administración de la Generalidad, que permite comprobar la integridad del documento a través del acceso a la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad.

2. La actuación administrativa automatizada debe establecerse por resolución del órgano competente, que debe dictarla con carácter previo a la puesta en funcionamiento del servicio. La resolución debe incorporar la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente, así como indicar el órgano responsable a los efectos de impugnación de la actuación automatizada. Las resoluciones de las actuaciones se publican en la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad.


Artículo 55. Identificación y firma de las personas que se relacionan con la Administración de la Generalidad

1. La Administración de la Generalidad determina, mediante la publicación en la Sede electrónica, los sistemas de identificación y firma de las personas admitidos para la relación con la Administración de la Generalidad y para la identificación y firma en el procedimiento administrativo.

2. La Administración de la Generalidad facilita sistemas de identificación y firma electrónica basados en elementos biométricos.

3. La identificación de las personas físicas se puede realizar mediante los sistemas establecidos en las oficinas de asistencia en materia de registro y otros sistemas basados en un registro distribuido de identidades.

4. Las personas interesadas no obligadas a la comunicación electrónica que no dispongan de los medios de identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo pueden identificarse y firmar mediante el sistema de firma electrónica de los funcionarios habilitados de las oficinas de atención presencial con funciones de asistencia en materia de registro. Para esta actuación, la persona interesada debe identificarse ante el funcionario y prestar su consentimiento expreso. Debe quedar constancia de dicho consentimiento para los supuestos de discrepancia o litigio.

5. La Administración de la Generalidad aprueba un plan que determina la estrategia de identificación y de autenticación de las personas en sus relaciones con la Administración de la Generalidad.


Artículo 56. Identificación y firma electrónica de los representantes en el procedimiento

Los representantes de las personas interesadas en un procedimiento administrativo pueden utilizar sistemas de firma electrónica basados en certificados cualificados de representación y también otros sistemas de identificación de las personas físicas siempre y cuando acrediten la representación mediante cualquier medio válido en derecho.


Artículo 57. Registros para la identificación de las personas interesadas

El Registro en el tratamiento de datos de la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad permite el despliegue de los mecanismos de identificación, basados en un registro previo como usuario, de las personas que se relacionan con los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto.

Asimismo, se pueden habilitar otros registros de usuarios para la creación de mecanismos de identificación electrónica que requieran el registro previo de las personas. La aprobación de otros registros de usuarios, por parte del órgano competente, requiere el informe previo del organismo encargado de la ciberseguridad de la Generalidad de Cataluña.


Artículo 58. Catálogo y Guía de los sistemas de identificación y firma electrónica

1. Corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de políticas digitales aprobar y actualizar, por orden, el Catálogo de sistemas de identificación y firma electrónica admitidos para efectuar los trámites y procedimientos de las personas interesadas con la Administración de la Generalidad. El Catálogo se actualiza con la admisión de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica y se publica en la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad.

2. Corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de políticas digitales aprobar, por orden, una guía de uso de los sistemas de identificación y firma electrónica que recoja los aspectos técnicos y organizativos necesarios para implantar los sistemas de identificación y firma electrónica para cada trámite o servicio digital en la Administración de la Generalidad. Para la elaboración de la Guía y las actualizaciones posteriores, se requiere el informe previo del órgano responsable de la ciberseguridad de la Generalidad de Cataluña y de los entes competentes en la provisión de los sistemas de identificación y firma electrónica de la Administración de la Generalidad.


CAPÍTULO V. Documento administrativo y expediente electrónico
Artículo 59. Expediente electrónico

1. En el ámbito competencial de la Administración de la Generalidad, los expedientes electrónicos deben gestionarse de acuerdo con el sistema general de gestión de la documentación administrativa y la organización de los archivos establecida por el órgano competente en la materia.

2. Todo documento administrativo ha de estar relacionado con un expediente electrónico, en caso de procedimientos administrativos reglados, o bien con una agrupación documental.


Artículo 60. Digitalización de los documentos en soporte papel

A los efectos de este Decreto se entiende por digitalización el proceso de conversión de un documento en soporte papel a una representación digital mediante un conjunto de dispositivos programas informáticos y procedimientos de manera que la copia resultante tiene las mismas garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad que el documento original, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas de desarrollo.

Las digitalizaciones que se realizan con la finalidad de incorporar los documentos en papel a un expediente administrativo se conforman mediante un código seguro de verificación o el sello electrónico del órgano que realiza la digitalización.


Artículo 61. Digitalización vinculada a las oficinas de atención presencial

1. Cuando las personas presenten documentos con carácter de copia u original en soporte papel con la finalidad de que sean incorporados a un expediente administrativo, la oficina de atención presencial responsable de la tramitación debe digitalizarlos de acuerdo con el artículo 60 de este Decreto.

2. El documento resultante del proceso de digitalización tiene la consideración de copia auténtica, únicamente a los efectos de incorporación al expediente administrativo y tiene el mismo valor que el documento presentado.

3. En caso de que las copias electrónicas digitalizadas deban entregarse en soporte papel a las personas interesadas, debe expedirse una copia auténtica del documento electrónico digitalizado, que, en todo caso, debe incorporar un código seguro de verificación que permita a las personas interesadas comprobar su autenticidad a través del acceso al servicio de verificación de Sede electrónica de la Administración de la Generalidad.

4. Las oficinas de atención presencial deben eliminar, una vez efectuada la digitalización, los documentos en soporte papel que hayan sido aportados en estas oficinas de acuerdo con el artículo 63 de este Decreto. En caso de que la persona interesada manifieste, de manera expresa, la voluntad de conservación y recuperación de los documentos originales que haya presentado, las oficinas de atención ciudadana deben informarle del plazo y del procedimiento para recuperar los documentos.


Artículo 62. Digitalización de los expedientes finalizados

Los expedientes finalizados en papel se digitalizan de acuerdo con el proceso establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas de desarrollo.


Artículo 63. Eliminación de los documentos en soporte papel digitalizados

1. Los documentos con carácter de originales en soporte papel que hayan sido digitalizados de acuerdo con lo que prevé este Decreto deben destruirse si cumplen uno de los siguientes requerimientos:

a) Que esté establecido el periodo de conservación de esta documentación en una tabla de acceso y evaluación documental o en un acuerdo de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental.

b) Que se disponga de un gestor documental, o de un sistema de información integrado a la solución corporativa de gestión documental y archivo, en el que depositar los documentos digitalizados.

c) Que se incorporen directamente los documentos digitalizados y los correspondientes expedientes a la solución de archivo electrónico corporativo de la Administración de la Generalidad.

2. El plazo para destruir los documentos que constan en el apartado anterior es, con carácter general, de tres meses desde su digitalización, a excepción de que el órgano responsable de la gestión documental y archivística establezca otro plazo.

3. Los documentos que pertenecen a series que han sido dictaminadas de conservación permanente por una tabla de acceso y evaluación documental o por un acuerdo de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental se pueden destruir siempre y cuando se haya obtenido la autorización de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental.

4. La eliminación de los soportes originales debe realizarse con plena garantía del derecho a la protección de datos de carácter personal, mediante dispositivos de destrucción de documentación o procesos externos de destrucción de datos con certificación de cumplimiento normativo.


Artículo 64. Externalización del proceso de digitalización

Los documentos cuyo proceso de digitalización se haya externalizado deben firmarse con sello del órgano mediante una actuación automatizada.

Las condiciones de contratación deben prever la manera en que el contratista hace entrega de las imágenes para que el órgano competente pueda firmarlos mediante una actuación automatizada en un proceso masivo.


Artículo 65. Envío de información digital en las comunicaciones internas

1. El envío interno de expedientes, documentos o agrupaciones documentales de los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto se lleva a cabo, preferentemente y con carácter general, mediante el acceso del órgano receptor al sistema de información en que se encuentra el objeto del envío o a los espacios habilitados para compartirlos.

2. La indexación y foliación del expediente se realiza, en su caso, mediante las herramientas y plataformas corporativas habilitadas para esta función.


Artículo 66. Envío del expediente administrativo a las personas interesadas

El sistema de envío del expediente administrativo a las personas interesadas es la puesta a disposición del expediente, o de la parte de este que proceda, en la Sede electrónica o en el espacio personalizado de la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad.

El expediente administrativo se pone a disposición en un plazo máximo de cinco días a contar desde de la fecha de solicitud, a menos que por causas justificadas sea necesario ampliar dicho plazo. Son causas justificadas la imposibilidad material de llevar a cabo la digitalización en el plazo previsto debido a la volumetría del expediente, la incidencia técnica en los servicios digitales que dan apoyo a este proceso, o la imposibilidad técnica cuando el expediente incluya actuaciones que, por su formato, no sean susceptibles de digitalización mediante el sistema corporativo establecido.


Artículo 67. Sistema de gestión documental

1. El sistema de gestión documental corporativo de la Administración de la Generalidad garantiza el cumplimiento de la política de gestión documental y archivo.

2. Los sistemas de información y aplicaciones de gestión deben utilizar preferentemente las herramientas de gestión documental corporativas. En caso de utilizar soluciones no corporativas, estas deben garantizar, en todo caso, el cumplimiento de las políticas de gestión documental a lo largo de la fase de tramitación y deben ser aprobadas de acuerdo con el apartado 2 del artículo 33 de este Decreto.


Artículo 68. Archivo digital único

1. Los expedientes administrativos finalizados deben ser transferidos al archivo electrónico corporativo de la Generalidad de Cataluña, en el que deben conservarse durante el periodo de vigencia asignado de acuerdo con las tablas de acceso y evaluación documental.

2. El archivo digital único garantiza la implementación de las políticas de gestión documental, especialmente la trazabilidad del acceso a los expedientes y documentos, el resellado, en su caso, de firmas, el control de las eliminaciones de documentos y el mantenimiento de formatos.

3. El archivo digital único debe cumplir los estándares de seguridad y de disponibilidad de servicio que establezca la Administración de la Generalidad de Cataluña.

4. Los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto deben hacer uso del archivo digital único corporativo de la Administración de la Generalidad, a menos que, por imposibilidad técnica o funcional, sea procedente el uso de otro servicio, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 33 de este Decreto.


CAPÍTULO VI. Relaciones de las personas con la Administración de la Generalidad
SECCIÓN primera. Derechos y obligaciones de las personas
Artículo 69. Derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración de la Generalidad

Los derechos y las obligaciones de las personas en sus relaciones digitales con la Administración de la Generalidad se establecen de acuerdo con la normativa vigente de procedimiento administrativo.


SECCIÓN segunda. Derecho de las personas interesadas a no aportar documentos
Artículo 70. Legitimación para la consulta de datos y documentos

1. La Administración de la Generalidad garantiza, de acuerdo con la normativa del procedimiento administrativo común, el derecho de las personas interesadas a no aportar los datos y los documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento que ya obren en su poder o que haya elaborado cualquier Administración pública, sin que sea necesario recoger el consentimiento de la persona interesada para poder consultar estos datos o documentos, a excepción de que una ley especial aplicable requiera un consentimiento expreso. La Administración de la Generalidad garantiza, en todos los supuestos, que la persona interesada se oponga expresamente a la consulta.

2. De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos, no se admite que en el marco de una investigación o inspección el titular de los datos se oponga a la cesión.


Artículo 71. Valor probatorio de las consultas

Las consultas que se realizan mediante las plataformas de interoperabilidad de la Administración de la Generalidad deben garantizar valor probatorio a los efectos previstos en el procedimiento administrativo común.

Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones entre administraciones públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público deben considerarse válidos a los efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones del artículo 13 de este Decreto.


SECCIÓN tercera. Obligación de relación electrónica
Artículo 72. Obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración de la Generalidad

Están obligados a relacionarse por medios electrónicos para efectuar cualquier trámite de un procedimiento con los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto los sujetos que se determinen en la normativa de procedimiento administrativo y otras normas sectoriales que de manera expresa determinen esta obligatoriedad.


Artículo 73. Obligación de las personas físicas a relacionarse electrónicamente

1. Con carácter general tienen la obligación de relacionarse pormedios electrónicos con la Administración de la Generalidad, los empresarios individuales o autónomos en el marco de las actuaciones que realicen en su condición de empresario individual o autónomo.

2. Igualmente, tienen la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Generalidad, el colectivo de personas físicas en el marco de su actividad económica o profesional de acuerdo con lo que establece la disposición final cuarta de este Decreto.

3. Mediante orden del consejero o consejera competente en el trámite, se puede establecer que por causas objetivas justificadas, determinados colectivos de personas físicas y para determinados procedimientos o servicios digitales, están obligados a relacionarse por medios electrónicos con los sujetos previstos en el apartado 1 del artículo 2 de este Decreto, siempre que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizados el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.


SECCIÓN cuarta. Comunicaciones y notificaciones electrónicas
Artículo 74. Comparecencia de las personas en la Sede electrónica

1. El sistema de notificaciones electrónicas de los sujetos previstos en el apartado 1 del artículo 2 de este Decreto es la comparecencia de la persona en la Sede electrónica.

La notificación por comparecencia consiste en el acceso de la persona interesada, o de su representante debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente, mediante la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad de Cataluña, https://seu.gencat.cat/, o de otras sedes electrónicas creadas al efecto.

2. La comparecencia en el espacio privado de las personas implica la comparecencia en la Sede electrónica a efectos de acceso al contenido de la notificación o el rechazo de la misma.

3. La notificación electrónica por comparecencia en la Sede electrónica no excluye la práctica por medios no electrónicos en los supuestos establecidos por ley.

4. Las personas que hayan escogido el canal electrónico para comunicarse con la Administración de la Generalidad y los sujetos obligados legalmente a ser notificados electrónicamente deben acceder a su espacio privado para la práctica de la notificación.


Artículo 75. Comunicaciones electrónicas

La Administración de la Generalidad habilita otras herramientas para practicar las comunicaciones electrónicas que permiten la certificación de la actuación realizada cuando no sea preceptiva la evidencia de acceso o rechazo de la persona interesada a la comunicación.


Artículo 76. Base de datos de contacto

1. La Administración de la Generalidad lleva a cabo un tratamiento de datos corporativo en el que constan los datos de contacto de las personas interesadas para enviarles avisos de puesta a disposición de las notificaciones, para identificarles por medio del sistema de clave concertada, para enviarles otras comunicaciones en el procedimiento administrativo y para gestionar otros avisos de los sujetos previstos en el apartado 1 del artículo 2 de este Decreto.

2. La base de datos contiene, como mínimo, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, o denominación social.

b) Dirección postal.

c) Documento nacional de identidad o documento equivalente, o número de identificación fiscal.

d) Número de teléfono móvil.

e) Correo electrónico.

3. Los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto pueden crear bases de datos de contacto con las finalidades establecidas en el apartado 1 de este artículo, atendiendo a las particularidades de sus servicios. Estas bases de datos deben garantizar su interconexión e interoperabilidad con el tratamiento de datos corporativo previsto en el apartado 1 de este artículo.


Artículo 77. Sistemas de identificación y autenticación para acceder a las notificaciones electrónicas

La identificación y autenticación para acceder a las notificaciones electrónicas debe llevarse a cabo mediante los sistemas habilitados por la Administración de la Generalidad que constan en el Catálogo de servicios de identificación y firma electrónica.


Artículo 78. Otros sistemas de comunicación digital

1. Las comunicaciones entre los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto que requieran que quede constancia fehaciente se llevan a cabo mediante las plataformas de valija electrónica habilitadas al efecto.

2. El correo electrónico y los buzones corporativos son utilizados para aquellas comunicaciones para las que no sea necesario el registro electrónico de entrada y salida.

3. Las comunicaciones y tramitaciones efectuadas en el ámbito de la Administración de la Generalidad mediante las plataformas habilitadas tienen efectos de notificación. El cómputo de plazos de la relación administrativa que corresponda se inicia con la puesta a disposición de la notificación a la persona destinataria.


SECCIÓN quinta. Representación digital
Artículo 79. Registro electrónico de representación de la Administración de la Generalidad

1. La Administración de la Generalidad dispone de un registro electrónico de representación en el que se inscriben las representaciones de personas físicas y de personas jurídicas que se otorguen a personas físicas para que puedan actuar ante la Administración de la Generalidad y ante aquellas otras administraciones que se hayan incorporado al registro.

2. Los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto inscriben los apoderamientos de carácter general otorgados apud acta, presencialmente o electrónicamente, para actuar ante la Administración de la Generalidad mediante el sistema de representación electrónica de la Administración de la Generalidad.

3. El departamento competente en materia de políticas digitales es el responsable del despliegue del Registro electrónico de representación de la Administración de la Generalidad. Los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto son los competentes para dar de alta, modificar y dar de baja los asientos en este Registro.

4. El Registro electrónico de representación de la Administración de la Generalidad garantiza la interoperabilidad, interconexión, compatibilidad informática y transmisión telemática con los registros de representación de otras administraciones públicas. La interoperabilidad incluye la consulta de los apoderamientos inscritos en el Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad y en los protocolos notariales.

5. Los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto pueden crear registros particulares en que se inscriban los poderes otorgados para efectuar trámites específicos de su ámbito competencial. Estos registros particulares garantizan la interoperabilidad, interconexión, compatibilidad informática y transmisión telemática con el Registro de representación de la Administración de la Generalidad y el resto de registros de representación.

6. Los sujetos del apartado 2 del artículo 2 de este Decreto pueden acceder a la información de las representaciones del Registro electrónico de representación de la Administración de la Generalidad de acuerdo con la disposición adicional primera.


Artículo 80. Acceso de las personas al sistema de representación digital

El Registro electrónico de representación de la Administración de la Generalidad es accesible desde la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad, en la que se indican los trámites y las actuaciones incorporados al Registro que pueden ser objeto de apoderamiento.

Las personas acceden y realizan la tramitación de la representación en el Registro mediante los sistemas de identificación y firma disponibles en la Sede electrónica.


Artículo 81. Categorías de apoderamientos del Registro electrónico de representación

1. El apoderamiento que se inscriba debe incluirse en alguna de las siguientes categorías:

a) Apoderamiento general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante cualquier administración.

b) Apoderamiento para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una administración o un organismo concreto.

c) Apoderamiento para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para efectuar determinados trámites o familia de trámites especificados en el poder.

d) Habilitaciones para la autorización en la realización de determinadas transacciones, por parte de personas físicas o jurídicas.

2. Por resolución del departamento competente en materia de políticas digitales se pueden establecer otras categorías de representación o apoderamiento, a petición de los sujetos del artículo 2 de este Decreto.

3. Los apoderamientos inscritos en el Registro electrónico de representación de la Administración de la Generalidad solo tienen efectos para los trámites, actuaciones o categorías a los que haga expresamente referencia el apoderamiento otorgado y que consten en el formulario normalizado.


Artículo 82. Validez de la inscripción de representación

1. Los apoderamientos inscritos tienen una validez máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo se puede revocar o prorrogar el apoderamiento mediante un formulario normalizado y por comparecencia, electrónica o presencial, en las oficinas de atención ciudadana con funciones de asistencia en materia de registro.

2. La renuncia del apoderado se comunica al poderdante mediante un aviso al correo electrónico indicado en el formulario de inscripción.

3. En el supuesto de que la unidad gestora de un trámite o procedimiento valore que la representación inscrita no dispone de la capacidad jurídica necesaria para el trámite pretendido, se puede requerir a la persona interesada la presentación de información adicional.


TÍTULO IV. Relaciones de los empleados públicos con la Administración de la Generalidad
Artículo 83. Relaciones de los empleados públicos

1. Las relaciones entre los empleados públicos y la Administración de la Generalidad, con respecto a los trámites y actuaciones que llevan a cabo por su condición de empleados públicos, deben realizarse obligatoriamente a través de medios electrónicos.

2. En el caso de circunstancias que impidan el cumplimiento de esta obligación, la persona titular del órgano o unidad en que prestan servicios, o las personas designadas por ella, deben garantizar a los empleados públicos la asistencia en el uso de estos medios.


Artículo 84. Servicios digitales para las relaciones de los empleados públicos con la Administración de la Generalidad

1. Las plataformas, sistemas y herramientas digitales para los trámites que se realicen por razón de la condición de empleados públicos deben garantizar la integridad, autenticidad, trazabilidad, confidencialidad, calidad, protección, conservación y disponibilidad de la información tratada. Asimismo, deben asegurar la identificación de los usuarios y el control de accesos, en cumplimiento de las garantías que prevé la legislación de protección de datos de carácter personal.

2. El portal de información y servicios para el personal de la Administración de la Generalidad es la herramienta de tramitación preferente para los trámites y actuaciones que se prevén. Asimismo, también son herramientas de tramitación los sistemas de valija electrónica y el sistema general de notificación a la ciudadanía, de acuerdo con las funcionalidades habilitadas por estos sistemas.

Por orden de la persona titular del departamento competente en materia de función pública se pueden habilitar otras plataformas, sistemas y herramientas digitales para las relaciones con los empleados públicos.

3. El sistema de valija electrónica envía un aviso informativo de la puesta a disposición de las notificaciones a la dirección de correo electrónico corporativo de los empleados públicos. La falta de práctica de este aviso no afecta a la validez de la notificación.

4. Por instrucción de la persona titular del departamento competente en materia de función pública se identifican las plataformas, sistemas y herramientas digitales que deben utilizarse para tramitar los procedimientos y actuaciones relativos a los empleados públicos que deben sustanciarse por razón de esta condición.


Artículo 85. Otros colectivos obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Generalidad

1. Las personas que participan en convocatorias de procesos selectivos para el acceso a cuerpos o escalas y/o categorías laborales de la Administración de la Generalidad deben realizar por medios electrónicos todos los trámites relacionados con el proceso selectivo, de acuerdo con lo que establezcan las convocatorias respectivas.

2. Todos los trámites y gestiones relacionados con las bolsas de trabajo de personal temporal de cualquier ámbito de la Administración de la Generalidad deben realizarse por medios electrónicos.


DISPOSICIONES ADICIONALES
D.A. 1ª. Convenios del sector público

Para el uso de los servicios digitales corporativos, los sujetos del apartado 2 del artículo 2 de este Decreto deben suscribir un convenio que regule las condiciones y garantías del uso del servicio.


D.A. 2ª. Consejo Estratégico de Administración Digital

El Consejo Estratégico de Administración Digital propone un plan de capacitación de los empleados públicos que permite que todos los puestos de trabajo adquieran las competencias profesionales de carácter transversal derivadas de la Administración digital.


D.A. 3ª. Mapa de intercambio de datos

En el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de este Decreto, el departamento competente en materia de políticas digitales debe disponer de un sistema que permita inventariar los datos objeto de intercambio de acuerdo con el artículo 14 de este Decreto.


D.A. 4ª. Catálogo corporativo de procesos

Corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de políticas digitales aprobar una orden que regule los contenidos, las funciones y las condiciones para incorporar los procesos y servicios de los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto en el Catálogo corporativo de procesos.


D.A. 5ª. Registro de consentimientos

En el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de este Decreto, el departamento competente en materia de políticas digitales debe crear el Registro de consentimientos, que recoge los datos relativos al consentimiento de las personas a las que se prestan los servicios proactivos y personalizados, establecido en el artículo 31 de este Decreto.


D.A. 6ª. Creación, modificación, supresión y publicidad de las oficinas de atención ciudadana

1. La creación, modificación y supresión de las oficinas de asistencia en materia de registro debe llevarse a cabo una orden de la persona titular del departamento competente en materia de atención ciudadana.

2. La lista de oficinas de atención ciudadana, con sus códigos identificadores, direcciones y horarios, debe publicarse en la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad y estar continuamente actualizada.


D.A. 7ª. Adscripción de las oficinas de atención ciudadana

Las oficinas de atención ciudadana dependen, orgánicamente, de las delegaciones territoriales del Gobierno de la Generalidad de su demarcación y, funcionalmente, de la Dirección General de Atención Ciudadana del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

La Oficina de Atención Ciudadana en Barcelona y la Oficina de Atención Ciudadana en La Cerdanya dependen orgánicamente y funcionalmente de la Dirección General de Atención Ciudadana.


D.A. 8ª. Adaptación a la atención ciudadana presencial

1. Los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto, con el apoyo y la coordinación del órgano competente en materia de atención ciudadana, deben promover la progresiva adaptación de las oficinas de atención ciudadana presencial sectoriales, de acuerdo con los principios rectores del modelo de atención ciudadana presencial.

2. Los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto, a los efectos de garantizar la integridad y adecuación de la información que se facilita a la ciudanía sobre el Catálogo de servicios y trámites de la Administración de la Generalidad, deben informar a las oficinas de atención ciudadana que actúen con funciones de asistencia en materia de registro, de forma continua y permanente, sobre cualquier cambio de este Catálogo y, en su caso, introducirlo en los sistemas de información habilitados al efecto.


D.A. 9ª. Autorización al personal de las oficinas de atención ciudadana con funciones de asistencia en materia de registro para que puedan acceder al espacio privado de las personas

El personal de las oficinas de atención ciudadana con funciones de asistencia en materia de registro puede acceder al contenido del espacio privado de la persona interesada, con su consentimiento previo y, si procede, practicar las notificaciones correspondientes.


D.A. 10ª. Plan director de la identidad digital en Cataluña

La persona titular del órgano competente en materia de políticas digitales debe aprobar el Plan director de la identidad digital en Cataluña, que, entre otros objetivos, debe establecer la correcta gestión de esta materia, analizar los mecanismos existentes y los nuevos mecanismos, y determinar la estrategia de identificación y autenticación de las personas en sus relaciones con la Administración de la Generalidad.


D.A. 11ª. Base de datos de contacto de las personas

El tratamiento de datos de la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad es la base de datos de contacto establecida en el artículo 76 de este Decreto. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de este Decreto, los departamentos competentes en materia de atención ciudadana y políticas digitales deben efectuar las mejoras necesarias para permitir la interconexión e interoperabilidad de otras bases de datos de contacto de que dispongan los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto.


D.A. 12ª. Comunicación de los datos de contacto

1. En el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de este Decreto, los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas deben comunicar, mediante los formularios habilitados al efecto, los datos de contacto para que sean incorporados en la base de datos establecida en el artículo 76 de este Decreto.

2. Las personas interesadas que escojan relacionarse electrónicamente con los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto deben hacer constar los datos de contacto en los formularios establecidos para esta finalidad o en la base de datos del Registro de la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad.


D.A. 13ª. La Meva Salut, canal digital en salud

En el ámbito de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, el acceso a los servicios digitales del Departamento de Salud y del Servicio Catalán de la Salud debe llevarse a cabo, preferentemente, a través del portal La Meva Salut.


D.A. 14ª. Base de datos de contacto de los centros educativos de titularidad privada

A los efectos previstos en el artículo 76 de este Decreto, la base de datos de contacto de los centros educativos de titularidad privada es el Registro de centros docentes del Departamento de Educación.


D.A. 15ª. Comunicaciones con el Parlamento

Las comunicaciones de los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto con el Parlamento y sus diputados y diputadas deben efectuarse preferentemente por medios electrónicos, a través de los servicios y plataformas digitales habilitadas a tal efecto, en los términos que se acuerden.


D.A. 16ª. Otros sistemas de identificación

La identificación de las personas físicas se puede realizar mediante sistemas basados en un registro distribuido de identidades, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS
D.T. 1ª. Vigencia de la Orden GAP/459/2010, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el protocolo de interoperabilidad

Se mantiene la vigencia de la Orden GAP/459/2010, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el protocolo de interoperabilidad, hasta la aprobación de la Guía de interoperabilidad prevista en el artículo 18 de este Decreto.


D.T. 2ª. Vigencia del Convenio marco para la implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Cataluña

La vigencia del Convenio marco para la implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Cataluña/queda prorrogada hasta que entren en vigor todos los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.


D.T. 3ª. Oficinas de atención ciudadana de las delegaciones territoriales del Gobierno

El órgano competente en materia de atención ciudadana impulsa, coordina y da apoyo a las delegaciones territoriales del Gobierno de la Generalidad en el proceso de adaptación de sus oficinas de atención ciudadana al modelo corporativo.


D.T. 4ª. Asunción de funciones de asistencia en materia de registro

Las oficinas de atención ciudadana que constan en el anexo 1 de esta disposición asumen las funciones de asistencia en materia de registro a partir de la completa entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.


D.T. 5ª. Oficinas de atención ciudadana en Barcelona y La Cerdanya

Se mantienen la Oficina de Atención Ciudadana en Barcelona y la Oficina de Atención Ciudadana en La Cerdanya como órganos activos con rango orgánico de negociado, creadas por la disposición adicional primera del Decreto 266/2001, de 9 de octubre, por el que se establecen la creación, la organización y las funciones de las oficinas de atención ciudadana, y por la Orden PRE/399/2003, de 1 de octubre, respectivamente.

La Oficina de Atención Ciudadana en Barcelona tiene las funciones otorgadas por este Decreto y se mantiene hasta que se creen las oficinas de atención ciudadana en el área de Barcelona, momento en el que quedará suprimida.


D.T. 6ª. Vigencia de la Orden CLT/172/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueba el Protocolo de gestión de documentos electrónicos y archivo de la Generalidad de Cataluña

Se mantiene la vigencia de la disposición transitoria y la disposición adicional de la Orden CLT/172/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueba el Protocolo de gestión de documentos electrónicos y archivo de la Generalidad de Cataluña, hasta que se apruebe el modelo organizativo establecido en el artículo 6 de este Decreto.


D.T. 7ª. Vigencia de la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba el Protocolo de identificación y firma electrónica

Se mantiene la vigencia de la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba el Protocolo de identificación y firma electrónica hasta que se aprueben los instrumentos previstos en el artículo 58 de este Decreto.


D.T. 8ª. Modificaciones del canal de relación con la Administración de la Generalidad de Cataluña

La persona no obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración puede modificar el canal de relación en cualquier momento. Dicho cambio de relación con la Administración empieza a producir efectos, respecto de las comunicaciones, a partir de los cinco días naturales a contar desde el día siguiente al de su recepción por el órgano competente para la tramitación del procedimiento.


DISPOSICIONES DEROGATORIAS
D.DT. UNICA.

Se derogan las siguientes disposiciones normativas:

a) El Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos a la Administración de la Generalidad, en su totalidad.

b) El Decreto 360/1994, de 15 de diciembre, del registro de entrada y salida de documentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en su totalidad.

c) El Decreto 277/1994, de 14 de octubre, por el que se establecen los órganos de la Administración de la Generalidad de Cataluña con competencias para expedir copias auténticas de documentos y certificaciones sobre estos, en su totalidad.

d) El Decreto 266/2001, de 9 de octubre, por el que se establecen la creación, la organización y las funciones de las oficinas de atención ciudadana, en su totalidad, a partir de la completa entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

e) La Orden GAP/459/2010, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Protocolo de interoperabilidad, en su totalidad.

f) La Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba el Protocolo de identificación y firma electrónica, en su totalidad.

Se derogan las siguientes normas jurídicas:

a) El capítulo IV del Decreto 232/2013, de 15 de octubre, por el que se crea la Sede electrónica.

b) El apartado 1 y 2 del artículo 3 de la Orden PDA/20/2019, de 14 de febrero, sobre las condiciones para la puesta en funcionamiento de la tramitación electrónica.


DISPOSICIONES FINALES
D.F. 1ª. Adaptación normativa

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto deben adecuarse a él las normas reguladoras que sean incompatibles con lo que prevé este Decreto.


D.F. 2ª. Integridad de Trámites gencat

Se modifica la disposición adicional quinta del Decreto 232/2013, de 15 de octubre, por el que se crea la Sede electrónica, que queda redactada de la siguiente manera:

«Integridad de Trámites gencat

El apartado Trámites electrónicos de la Sede electrónica contiene todos los servicios de tramitación electrónica de la Generalidad, sin perjuicio de su ubicación y acceso a través de las diversas subsedes electrónicas o portales de trámites.»


D.F. 3ª. Guía de instrumentos técnicos para la gestión archivística de los datos y de los activos digitales

La Guía de instrumentos técnicos para la gestión archivística de los datos y de los activos digitales se aprueba por orden de la persona titular del departamento competente en materia de gestión documental y archivo.


D.F. 4ª. Obligación de relación electrónica del colectivo de personas físicas en el marco de la actividad económica o profesional

De acuerdo con las previsiones establecidas en el artículo 73.2 de este Decreto, por orden de la persona titular del departamento competente, se tiene que identificar el colectivo de personas físicas en el marco de su actividad económica y profesional, de acuerdo con la justificación de la capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados que garanticen el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos de este colectivo.


D.F. 5ª. Entrada en vigor

Este Decreto entra en vigor a los 30 días desde el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de agosto de 2020

Joaquim Torra i Pla

Presidente de la Generalidad de Cataluña

Jordi Puigneró i Ferrer

Consejero de Políticas Digitales y Administración Pública


ANEXO 1. Oficinas de atención ciudadana con funciones de asistencia en materia de registro habilitadas

- Oficina de Atención Ciudadana en Barcelona, calle de Sant Honorat, 3, 08002 Barcelona (geolocalización: 41°22 58.6 N 2°10 34.4 E)

- Oficina de Atención Ciudadana en Girona, plaza Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona (geolocalización: 41°58 50.6 N 2°49 18.8 E)

- Oficina de Atención Ciudadana en Lleida, calle de Lluís Companys, 1, 25003 Lleida (geolocalización: 41°36 43.2 N 0°37 09.2 E)

- Oficina de Atención Ciudadana en Tarragona, calle de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona (geolocalización: 41°07 00.6 N 1°15 12.0 E)

- Oficina de Atención Ciudadana en La Cerdanya, plaza de El Rec, 5, 17520 Puigcerdà (geolocalización: 42°26 05. 2 N 1°55 29.8 E)

- Oficina de Atención Ciudadana en Les Terres de l Ebre, plaza de Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa (geolocalización: 40°48 45. 7 N 0°31 23.7 E)


ANEXO 2. Glosario

A efectos de este Decreto, se entiende por:

Acceso omnicanal: acceso a los servicios o contenidos a través de una multiplicidad de medios o canales. Puede incluir el canal presencial, el telefónico, el digital, las redes sociales, los dispositivos móviles u otros que pueden existir en la actualidad o que puedan existir en el futuro.

Activo digital: dato o información obtenida o generada por la actuación de las administraciones públicas. Son ejemplos de activos digitales los ficheros de datos, de imágenes, de sonidos, de texto, multimedia o cualquier otro tipo de dato o de representación de información.

Actuación administrativa automatizada: cualquier acto o actuación efectuada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no ha intervenido de manera directa ningún empleado público.

Base de datos distribuidos: conjunto de bases de datos situadas en diferentes espacios lógicos y geográficos interconectadas a través de una red informática.

Catálogo corporativo de procesos: sistema de información que permite gestionar, racionalizar y normalizar, de manera sistematizada, la información más relevante asociada a los procesos existentes en la organización de la Generalidad, con la voluntad de ser una fuente de información y un instrumento único para la gestión.

Certificado electrónico: documento electrónico firmado por una entidad de certificación que permite firmar por medios electrónicos de manera segura ya que garantiza a terceras personas la identidad de la persona que es poseedora cuando realiza una transacción electrónica. El certificado digital puede estar en diferentes soportes o dispositivos (un fichero, un lápiz de memoria o una tarjeta).

Certificado cualificado: certificado de firma electrónica que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos del anexo I del Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

Certificado cualificado de representación: herramienta de identificación y firma electrónica que permite que una persona física (representante) actúe en nombre de una persona jurídica (representada) y pueda identificarse en un procedimiento y realizar trámites electrónicos de forma segura en nombre de la persona jurídica a la que representa, así como firmar en su nombre. El certificado lo expide un prestador cualificado de servicios de confianza que cumple los requisitos del anexo I del Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Es necesario que previamente se haya acreditado la representación en base a la cual actúa el representante.

Código seguro de verificación: código de 32 dígitos alfanuméricos que identifica un documento electrónico y cuya finalidad es garantizar su origen e integridad, que se puede comprobar mediante el servicio de verificación en la sede electrónica correspondiente. El código generado es único para cada documento y lo vincula con el signatario, de manera que cualquier modificación del documento da lugar a un nuevo documento con un nuevo código seguro de verificación. La persona que disponga de dicho código puede verificar el documento en la sede electrónica durante el tiempo que se establezca en la resolución que autoriza la aplicación de este procedimiento.

Comparecencia en la sede: acceso de la persona interesada a su espacio personal en la sede electrónica para consultar sus trámites o acceder a sus notificaciones.

Comunicación electrónica: envío formal y personal, por medios electrónicos, de actos o documentos administrativos que tienen como objetivo informar a las personas interesadas de actuaciones que no afectan a sus derechos e intereses.

Copia auténtica: copia realizada, con independencia de su soporte, por los órganos competentes de las administraciones públicas y que garantiza la identidad del órgano que la ha realizado y su contenido. Tiene la misma validez y eficacia que el documento origen objeto de copia.

Datos abiertos: solución tecnológica para la apertura de los datos de la Administración pública a la sociedad, para dar cumplimiento a los objetivos de transparencia y fomento de la reutilización de la información.

Digitalización: proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento origen.

Digitalización conformada: proceso de conversión de un documento en soporte papel a un documento electrónico con el mismo valor jurídico que el documento en papel siempre y cuando se garantice la fidelidad, integridad y conservación del documento digitalizado.

Expediente electrónico: conjunto de documentos, todos en soporte electrónico, que componen un procedimiento administrativo.

Gobierno de los datos: conjunto de principios y medidas adoptadas por una organización para asegurar la calidad, disponibilidad y seguridad de sus datos en todo el ciclo de vida.

Homogeneidad semántica y sintáctica de los datos: condición por la que los datos tienen el mismo significado para todas las unidades y órganos de la Administración y se ordenan y se relacionan entre sí de la misma manera.

Integridad: propiedad o característica que garantiza que el archivo de información no ha sido alterado de manera no autorizada.

Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información y, consecuentemente de los procedimientos a los que dan apoyo, para compartir datos y posibilitar el intercambio de información, conocimiento, documentos y datos entre sí.

Modelo de gobierno de los datos de la Generalidad de Cataluña: marco de trabajo adoptado por la Administración de la Generalidad de Cataluña para gobernar sus datos. Incluye el conjunto de normas, procesos, funciones y responsabilidades que garanticen el uso adecuado de la información de que dispone dicha Administración, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios públicos.

Notificación electrónica: comunicación formal y personal de un acto administrativo al destinatario por medios electrónicos cuando dicho acto afecte a sus derechos e intereses.

Plataforma de intermediación: herramienta tecnológica que permite la consulta de datos referidos a las personas en poder de una administración pública por parte de otras administraciones públicas. Las plataformas de intermediación posibilitan la interoperabilidad de los sistemas de información y también que las personas interesadas en un procedimiento administrativo no deban aportar documentación o datos que ya han aportado a otra Administración o que están en su poder.

Prestador de servicios de confianza: persona física o jurídica que presta un servicio de confianza o varios, ya sea como prestador cualificado o como prestador no cualificado de los servicios de confianza, de acuerdo con el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

Protocolo de gobierno de los datos: documento que despliega el modelo de gobierno de los datos de la Administración de la Generalidad de Cataluña y que recoge los aspectos técnicos y organizativos del modelo. El Protocolo tiene el siguiente contenido, cuya definición consta a continuación:

- Roles: responsabilidades de las personas y organismos que intervienen en el modelo de gestión de los datos.

- Calidad de los datos: esquema organizativo y tecnológico necesario para garantizar que los datos tengan la fiabilidad adecuada para sus usos.

- Ciclo de vida de los datos: organización de la secuencia de pasos que da un dato, desde que se genera o se captura hasta que eventualmente se archiva o elimina. El ciclo incluye la definición y captura de las unidades que intervienen en cada paso y de las operaciones que se ejecutan.

- Modelado y arquitectura de los datos: identificación y definición de los datos necesarios para un determinado ámbito y su relación con el conjunto de datos de la Administración de la Generalidad. Incluye los requerimientos a fin de que la infraestructura lógica y física de los datos garantice su disponibilidad allí donde sea necesaria, según el principio de dato único.

- Seguridad: mecanismos que garantizan que a cada dato solo accedan las personas autorizadas.

- Metadatos: dato que define otro dato, es decir, propiedades que hay que definir para cada dato con el objetivo de garantizar la correcta gestión a lo largo de todo el ciclo de vida. Existen varios tipos de metadatos: del documento, del expediente y del procedimiento, entre otros.

- Catálogo de datos: documento que integra el Mapa de intercambio de datos y el Catálogo de datos y documentos interoperables, establecido en el artículo 17 de este Decreto.

- Analítica de datos: mecanismo de coordinación entre las unidades que impulsan actuaciones de analítica de datos, tratamiento masivo de datos e inteligencia artificial.

Punto de registro y digitalización: tipo de oficina de atención presencial de la Administración de la Generalidad de Cataluña que tiene encomendadas exclusivamente funciones de registro y digitalización de documentos, concretamente las funciones que constan en los apartados a) a e) del artículo 40.1 de este Decreto.

Sello electrónico: sistema de firma electrónica de un organismo o ente de la Administración que permite autenticar una actuación administrativa automatizada, según el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Se basa en un certificado electrónico que reúne los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

Servicios de interoperabilidad: servicios o productos que ofrecen las plataformas o sistemas de interoperabilidad que pueden ser objeto de intercambio entre las administraciones públicas. Estos servicios o productos permiten que las personas interesadas no deban aportar documentos o datos que ya obren en poder de las administraciones públicas. Estos servicios o productos solo pueden consumirse para una finalidad determinada y en el marco de un procedimiento concreto y deben respetar el principio de proporcionalidad y la gestión eficiente.

Servicios proactivos y personalizados: servicios digitales que ofrecen las administraciones públicas que tienen como finalidad informar a las personas, de manera predictiva y anticipada, sobre los servicios públicos a los que pueden acceder, en base a los datos que las administraciones públicas tienen de estas personas por otros trámites previos.

Sede electrónica: dirección electrónica en la que está disponible, de manera integrada, la información, los servicios y los trámites electrónicos de una administración. Es un punto de acceso a los servicios y trámites que la ciudadanía, las empresas y las entidades pueden realizar con una administración. La titularidad de la sede corresponde a una administración pública, que es la responsable de mantener actualizado el contenido que se publica en la sede.

Firma electrónica: conjunto de datos en formato electrónico, consignados junto con otros datos o asociados con estos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.

Solución o sistema corporativo transversal: soluciones tecnológicas utilizadas por todos los sujetos del apartado 1 del artículo 2 de este Decreto, gestionadas por el departamento competente en materia de políticas digitales, así como los requerimientos de integración de soluciones corporativas gestionadas por otros organismos o unidades.

Subsede electrónica: dirección electrónica que se crea dentro de otra dirección electrónica por razones de autonomía funcional u organizativa con la finalidad de ofrecer un acceso directo a un conjunto de servicios y trámites.

Trazabilidad de los datos: propiedad o característica de los datos que permite conocer el proceso que han seguido desde su inicio.


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