Exposicion �nico motivos Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración

El artículo 49.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, establece que, en virtud de su régimen foral, corresponde a Navarra la competencia exclusiva, entre otras materias, para la regulación de la composición, atribuciones, organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Instituciones Forales, así como el régimen jurídico de la Diputación Foral, de su Administración y de los entes públicos dependientes de la misma.

De acuerdo con esta competencia, la normativa funcionarial de Navarra establece el régimen de incompatibilidades del personal funcionario.

Sin embargo, el régimen de incompatibilidades de altos cargos aparece regulado de forma muy exigua en la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, en referencia exclusiva al Presidente y Consejeros del Gobierno y a los Directores Generales.

La necesidad de garantizar un funcionamiento riguroso y objetivo del sector público aconseja, pues, el establecimiento de una norma que garantice ese rigor y objetividad, que debe tener el rango de Ley Foral y ser aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de Navarra, al amparo del artículo 20.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, por afectar al estatuto del Presidente y Consejeros del Gobierno.

La Ley Foral tiene una estructura sencilla partiendo de una declaración de dedicación absoluta y exclusiva de los altos cargos a su actividad como tales, sin perjuicio de la posibilidad de ejercicio de otras actividades públicas, necesariamente compatibles, o privadas que no puedan afectar a su independencia.

Para ello se define el concepto de alto cargo, de acuerdo con la estructura de las instituciones y entidades afectadas, y se establece un contenido material de las declaraciones, tanto de actividades como de bienes e intereses, equivalente al prescrito para otras administraciones, que proporcione la máxima claridad a los afectados así como a las instituciones fiscalizadoras.

Se crea el Registro de actividades e intereses de altos cargos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y se designa la unidad orgánica que lo ha de gestionar, garantizando su imparcialidad e independencia.

Por último, el capítulo sobre potestad sancionadora contiene unas reglas que posibilitan, en caso de incumplimiento legal, el máximo rigor sancionador así como la independencia de los órganos competentes para la resolución de los procedimientos.