Exposicion �nico motivos Modificación abr 2014 de la Ley Foral 11/2005, de Subvenciones

La importancia de las Organizaciones No Gubernamentales en este contexto de crisis es innegable. A partir de su trabajo y del conocimiento de la realidad social navarrarealizan un trabajo imprescindible, no solo en la formación de valores solidarios, sino sobre todo en el acompañamiento a las personas con dificultades.

El campo de las ONG es muy amplio y plural y abarca desde el trabajo en cooperación al desarrollo a organizaciones que tratan de mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad, pasando por las entidades sociales que trabajan con personas en situación de exclusión social.

Por lo tanto, en esta Comunidad y en este momento el sector de las entidades sociales es un ámbito estratégico de importancia social, humana y económica que es necesario apoyar y fortalecer.

Si para cualquier estamento las ayudas públicas, su cantidad, su estabilidad, su mantenimiento en el tiempo, son importantes, para este tipo de entidades sociales esas tres cuestiones resultan vitales para el desarrollo de una tarea solidaria que pueda ser eficaz.

Por ello es deseable que en la convocatoria de subvenciones y ayudas públicas, de año en año, haya una estabilidad en las fechas de concesión, para que la planificación de estas entidades pueda ser compatible con la labor y los servicios que prestan. No puede haber un desfase tan grande como el que se produce ahora, no puede ser que todavía en marzo haya subvenciones que estén sin convocar y otras estén todavía sin resolver, porque esa situación genera inestabilidad e inseguridad económica, una inseguridad que, no lo olvidemos, redunda en la calidad de las prestaciones y medidas que ponen en marcha estas entidades. Si hay un consenso básico sobre la importancia de este sector en Navarra, debe haber un sistema de financiación acorde con esa importancia.

Numerosos estudios y análisis coinciden en señalar que el sistema por el que la Administración Pública financia a las entidades del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) es inadecuado e insuficiente y no se ajusta a la realidad y evolución que el sector ha tenido en las últimas décadas, lo que supone una barrera muy importante para el desarrollo del mismo. Esta financiación inadecuada va en detrimento de los servicios que las organizaciones prestan a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, lo que representa un agravio comparativo en relación con otro tipo de entidades. Los problemas estructurales de financiación se han agravado y evidenciado, aún más si cabe, en el actual contexto de crisis, en el que los servicios y programas están siendo desbordados, de modo que las entidades sociales han de incrementar y ampliar su atención, mientras que se reducen y precarizan sus vías de financiación.

Muchas de las actividades que desarrollan de modo permanente las entidades del TSAS no solo son de interés público, sino que son de máxima necesidad social, dado que están orientadas a la promoción de aquellas personas más vulnerables, dan respuesta a necesidades básicas y se hacen en estrecha colaboración con los servicios sociales y otros servicios públicos. Sin embargo, a pesar de haberse consolidado en el tiempo, haber demostrado su eficacia y a pesar de que la propia Administración y la sociedad las consideran de primera necesidad, en la práctica han de desarrollarse en condiciones de precariedad, en ocasiones de modo discontinuo, dado el retraso en las convocatorias, sometidas a la incertidumbre temporal y a requisitos de gestión y control administrativo inapropiados.

A pesar del importante crecimiento que ha tenido el TSAS en los últimos años, de la mejora en la calidad de sus actividades, de la colaboración cada vez más estrecha con las administraciones y de su función social imprescindible, no solamente no se han encontrado fórmulas adecuadas de financiación de las actividades que desarrolla, sino que las que existen se han complejizadohaciendo cada vez más difícil la viabilidad de los proyectos.

La falta de una legislación adaptada al TSAS y a la actividad que este realiza o de un desarrollo normativo adaptado de la vigente ley foral, hace que la relación entre la Administración y las entidades sociales en muchos casos se vea no solo mediatizada, sino reducida al control de los procedimientos administrativos de acceso a las subvenciones y justificación de las mismas. No prima el trabajo conjunto, de partenariado, sobre objetivos comunes en el que ambas partes cooperan y ponen sus esfuerzos, ni la perspectiva de las personas beneficiarias finales y la satisfacción de las necesidades de estas, sino que todo está condicionado por el control del gasto, con una creciente complejidad administrativa y burocratización que se convierten en una barrera para el acceso a las subvenciones de las entidades pequeñas, incrementa los gastos, reduce la eficiencia y hace perder de vista el objetivo final.

A pesar de que la ratio de endeudamiento es muy baja, seis de cada diez entidades afirman tener problemas de liquidez. Este dato nos indica que las entidades tienen una situación económica saneada, pero es preocupante si tenemos en cuenta que muchas de las organizaciones que tienen problemas de liquidez se ven obligadas a retrasar el pago a proveedores y personal, o bien a retrasar su actividad, en este mismo sentido se constata que más del 40 por ciento de las mismas acceden a préstamos o créditos personales.

Ante los problemas de liquidez las entidades se encuentran con dos tipos de dificultades: por un lado contraer créditos, a veces avalados con bienes personales de sus promotores, cuyos costes financieros la Administración no asume, aumentando de este modo riesgos excesivos e innecesarios, y, por otra parte, la dificultad de acceder a créditos debido a que las instituciones financieras aplican sistemas de valoración de riesgo que no están adaptados a la realidad del sector. Y esto mismo ocurre cuando es necesario contar con avales. No se ha trabajado para llegar a acuerdos entre la Administración y las entidades financieras para facilitar la liquidez a las entidades sociales que corrija la falta de puntualidad en el pago. Además, hay una ausencia de herramientas financieras adecuadas a las necesidades y realidad del sector.

Por ello, la presente ley foral, sin perder de vista las obligaciones de rendición de cuentas que debe cumplir con carácter general cualquier entidad, trata de agilizar y simplificar el trámite, los plazos y los pagos de las subvenciones que la Administración de la Comunidad Foral otorga a las entidades sociales.