Exposicion �nico motivos Presupuestos 2018 C. León

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley entre los que se encuentran las Comunidades Autónomas se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria.

El pasado 28 de julio el Consejo de Ministros estableció los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para todas y cada una de las Comunidades Autónomas de Régimen Común para el período 2018-2020, fijando para la Comunidad Autónoma de Castilla y León un objetivo de déficit del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto regional y un volumen de deuda pública de la Comunidad, definida de acuerdo con el protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo del 20,0 por ciento del Producto Interior Bruto regional.

Aprobado el objetivo de estabilidad para la Comunidad Autónoma, la Junta acordó el pasado 7 de septiembre el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2018, siendo aprobado por las Cortes de Castilla y León el 20 de septiembre último, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, disponiendo así de los mimbres necesarios para la elaboración de los presupuestos de la Comunidad, tal como establece el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El hecho de que el Estado no haya presentado aún el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, no impide que lo puedan hacer el resto de las Administraciones, dado que en este momento ya están fijados los parámetros en que se materializa el objetivo de estabilidad y sostenibilidad financiera para cada una de ellas, requisitos esenciales para la elaboración del proyecto de presupuestos, y se ha comunicado por el Estado el importe de los recursos del sistema de financiación que corresponde a Castilla y León. Es cierto que no se conocen algunos datos de especial importancia como los referidos a las retribuciones del personal al servicio del sector público, que constituye normativa básica, por lo que de manera cautelar los incrementos previstos en esta materia se supeditan a la regulación que establezca el Estado para ello.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta de Castilla y León ha elaborado su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 respetando los objetivos de déficit y de deuda aprobados por el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2017, sin que el volumen de gasto exceda de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 se orientan a garantizar los grandes servicios públicos y a consolidar la recuperación económica que permita generar un empleo de calidad, como clave de la cohesión social, así como a fortalecer su cohesión territorial.

En la presente ley se recogen los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que ejecutará el Gobierno de la Comunidad, a la vez que se incorporan normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para la correcta ejecución del mismo.

La ley consta de treinta y seis artículos agrupados por materias en nueve títulos:

El título I se dedica a los créditos iniciales y su financiación.

El título II al régimen general de los créditos, en el que se regulan tanto el destino de los créditos como la gestión de los gastos.

El título III está destinado a reglamentar determinadas modificaciones de créditos.

El título IV, a los gastos en materia de personal del sector público autonómico y en él se normalizan los regímenes retributivos de los diferentes tipos de personal, además de otras cuestiones en materia de régimen de personal.

El título V, por su parte, se ocupa de la regulación de la cooperación con las entidades locales.

El título VI, dividido en dos capítulos, regula las operaciones financieras, tanto las garantías como el endeudamiento.

El título VII está destinado a las empresas públicas, las fundaciones públicas y otras entidades.

El título VIII reglamenta determinadas cuestiones que afectan a los tributos y otros ingresos.

El título IX se ocupa de las Cortes de Castilla y León.

A todo ello hay que añadir catorce disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.