ExposiciÓn �nico motivos Presupuestos Generales 2025 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

I

La Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene como objeto, por un lado, disponer la previsión de ingresos y la habilitación de gastos de los órganos, organismos y entes integrantes del sector público regional, y, por otro, establecer aquellas normas de naturaleza financiera que desarrollan y aclaran los estados cifrados para su ejecución congruente. Asimismo, tiene como objeto regular aquellas otras materias que, sin estar relacionadas directamente con los estados cifrados, poseen un carácter director de la política económica del Gobierno regional.

Por cuanto se refiere a la necesidad de la presente ley, a la vista de su objeto anteriormente expuesto, se configura como la pieza esencial en la ejecución del programa de la Administración regional que, desde un punto de vista económico y financiero, se materializa como un plan anual ordenado y cuantificado monetariamente que sirve de pauta para la adopción de decisiones cuya realización requiere de recursos financieros que, por naturaleza, son escasos. Desde una perspectiva jurídica, el Presupuesto de la Junta de Comunidades es una previsión normativa que ha de ser aprobada por las Cortes regionales y que, además, es obligatoria para el Consejo de Gobierno, tal y como se desprende del artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, así como del artículo 12.a) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, que establece el principio de reserva de ley presupuestaria. Por lo demás, la necesidad de esta ley se apoya también en el principio de anualidad presupuestaria, reconocido tanto en el mencionado artículo 51 del Estatuto de Autonomía, como en el artículo 13.1 del citado texto refundido.

La presente ley, además, contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad que con la misma se pretende cubrir. De este modo, además de contemplar el contenido esencial o indisponible, mínimo y necesario, concretado en la previsión de ingresos y habilitación de gastos para un ejercicio económico y en las normas de naturaleza financiera referidas a los estados cifrados, se contienen también aquellas otras normas indispensables para responder a los criterios de política económica, así como aquellas que se dirigen a dotar de una mayor inteligencia o a promover la mejor ejecución del presupuesto. Con ello, se da cumplimiento al principio de proporcionalidad exigible a toda iniciativa normativa.

En aplicación del principio de transparencia a propósito de la presente ley, hay que destacar que en su fase de elaboración se procedió a dar publicidad activa del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2025, junto con la documentación complementaria que se relaciona en el artículo 41 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado A del artículo 14 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, norma que exige asimismo publicitar dichos presupuestos una vez aprobados por las Cortes Regionales. Así mismo, una vez aprobados los presentes Presupuestos, son también objeto de publicación en los términos previstos en el citado texto legal.

Desde el punto de vista del principio de eficiencia, entendido como la necesidad de evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y de racionalizar la gestión de los recursos públicos, hay que señalar, en relación con el primer aspecto, que en los procedimientos diseñados en el articulado de la presente ley, en orden a garantizar una adecuada disciplina presupuestaria, la tendencia ha seguido siendo la de eliminar cualquier duplicidad de informes de control presupuestario a emitir desde la consejería competente en materia de hacienda en un mismo procedimiento. Respecto de la racionalización de los recursos públicos, hay que precisar que dos de los criterios seguidos a la hora de elaborar los presentes presupuestos han sido, por un lado, presupuestar con la finalidad de promover la mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios, haciendo hincapié en la reducción de los gastos de funcionamiento no esenciales y en la mejora de los de carácter esencial; y, por otro, la austeridad en el funcionamiento de todos los órganos, organismos y entidades tanto administrativas, como instrumentales.

Por último, en lo que concierne a la seguridad jurídica, basta con señalar que la presente ley es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y, en especial, con el marco normativo en el que se inserta y que se expone a continuación.

II

El marco normativo en el que se encuadran los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha viene presidido por el artículo 134 de la Constitución. Sobre la base del citado precepto constitucional, el artículo 21 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en su referencia a los presupuestos autonómicos, destaca las exigencias mínimas que estos deben cumplir, tales como el principio de anualidad, la obligatoriedad de que incluyan la totalidad de los gastos e ingresos de los organismos y entidades que integran la Comunidad Autónoma, la consignación del importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos que tenga atribuidos, o la necesidad de que sean elaborados con criterios homogéneos, de forma que permitan su consolidación con los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, debe mencionarse la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en desarrollo del artículo 135 de la Constitución. Dicha ley orgánica contiene numerosos aspectos que afectan igualmente a la normativa presupuestaria, siendo el más importante el principio de estabilidad presupuestaria, que exige que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a gastos o ingresos se realice en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea.

Por último, ya en el ámbito autonómico, hay que citar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuyo artículo 51, dedicado a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, dispone que corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y aplicación de dichos presupuestos y a las Cortes regionales su examen, enmienda y aprobación. Señala el mismo precepto, al abordar la regulación de su contenido, que el presupuesto será único, anual e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la Junta de Comunidades y de los organismos y entidades dependientes de la misma. Así mismo, continúa el citado artículo afirmando que se consignará en los presupuestos generales el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma.

Estas determinaciones configuran el contenido mínimo e indisponible que ha de tener la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al que igualmente se refiere, con mayor concreción, el título II del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Finalmente, ha de completarse el marco normativo autonómico aludiendo a la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ley que fue aprobada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y de cuyos principios se hace eco la presente ley.

III

Dentro del marco normativo expuesto, la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, tanto para el conjunto de las Administraciones públicas, como para cada uno de los subsectores, constituye una pieza clave en el proceso presupuestario autonómico que marca, inevitablemente, la elaboración de los presupuestos generales de cada comunidad autónoma.

El pasado 30 de abril de 2024 entró en vigor el nuevo marco de gobernanza económica en el ámbito de la Unión Europea, llevada a cabo por medio de un paquete normativo integrado por el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo; el Reglamento (UE) 2024/1264 del Consejo, de 29 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo; y, la Directiva (UE) 2024/1265 del Consejo, de 29 de abril de 2024, por la que se modifica la Directiva 2011/85/UE sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. La aplicación práctica de la reforma del marco de gobernanza económica aún sigue pendiente de concreción en España.

Los objetivos del nuevo marco de gobernanza económica son la promoción de unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, así como de un crecimiento sostenible e integrador a través de reformas e inversiones, evitando déficits públicos excesivos. El nuevo marco promueve la apropiación nacional de los compromisos fiscales y tiene una mayor orientación a medio plazo, junto con una aplicación más sólida y coherente. Cada Estado miembro debe presentar al Consejo y a la Comisión un Plan Fiscal-Estructural Nacional a medio plazo. Los Planes Fiscales-Estructurales Nacionales a medio plazo contienen los compromisos presupuestarios, de reformas y de inversiones de un Estado miembro y deben abarcar un período de planificación de cuatro o cinco años, en función de la duración habitual de la legislatura en ese Estado miembro.

Por lo que respecta a España, en tanto que Estado miembro de la Unión Europea, a la fecha de la elaboración de la presente ley aún no se han acometido a nivel nacional las reformas normativas a fin de establecer la senda para el cumplimiento de los compromisos presupuestarios, tanto a nivel del conjunto de las Administraciones públicas, como de cada uno de los subsectores.

En todo caso, siguiendo el procedimiento establecido por la legislación vigente actual contemplada en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, el Ministerio de Hacienda remitió la propuesta de objetivos para el periodo 2025-2027 al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 15 de julio 2024, de conformidad con el artículo 15 de la citada ley orgánica. Acto seguido, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 16 de julio de 2024, aprobó el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones públicas y de cada uno de los subsectores para el periodo 2025-2027, para su remisión a las Cortes Generales. Según el citado acuerdo, el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones públicas se situaría en el 2,5% del PIB en 2025, en el 2,1% del PIB para 2026 y, para 2027, en el 1,8% del PIB. Por su parte, el objetivo de estabilidad para el subsector de las Comunidades Autónomas quedó fijado en el -0,1% del PIB para cada uno de los 3 ejercicios que abarca la senda.

Dicha senda, sin embargo, fue rechazada por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión extraordinaria del día 23 de julio de 2024, razón por la cual el Consejo de Ministros, en un nuevo intento para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 15 y 16 de la de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, adoptó el Acuerdo de 10 de septiembre de 2024, que vino a establecer la misma senda descrita anteriormente. No obstante, por medio de un ulterior Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2024, el Consejo de Ministros optó finalmente por aplazar la tramitación parlamentaria de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones públicas y de cada uno de los subsectores para el periodo 2025-2027.

Así las cosas, al momento de elaboración de la presente ley, por tanto, no han quedado establecidos con carácter definitivo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que quedan pendientes de su aprobación por las Cortes Generales. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, queda pendiente el establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas.

No obstante, el artículo 30.1 de la propia Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, obliga en todo caso a las Comunidades Autónomas -además de al Estado y a las Corporaciones Locales- a aprobar un límite máximo de gasto no financiero "coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto", que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. Por ello, a los efectos de establecer el límite de gasto no financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2025, se ha optado por tomar el objetivo del -0,1% del PIB previsto para el subsector de las Comunidades Autónomas tanto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2024, que fue informado favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como en el de fecha 10 de septiembre de 2024, tal y como se expuso anteriormente.

Esta senda de objetivos de estabilidad presupuestaria del conjunto de Administraciones públicas es, por lo demás, compatible con las proyecciones presupuestarias incluidas en el primer Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028 del Reino de España, elaborado el 15 de octubre de 2024 conforme al nuevo marco de gobernanza económica en el ámbito de la Unión Europea.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en la reunión celebrada el día 27 de agosto de 2024, acordó establecer un límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2025 de 8.315,0 millones de euros, en términos de contabilidad nacional, excluidos los fondos finalistas.

Por su parte, las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión plenaria celebrada el día 5 de septiembre de 2024, muestran y dan su conformidad al límite de gasto no financiero para 2025 fijado por el Consejo de Gobierno en la cuantía indicada.

Finalmente, hay que señalar que el límite de gasto así fijado y aprobado podrá ser ajustado o actualizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre.

IV

El balance de las políticas presupuestarias llevadas a cabo en los últimos 10 años, basadas en la conciliación del respeto a los principios de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria, con el desarrollo de las políticas sociales más próximas a la ciudadanía, permite vislumbrar un tránsito que discurre desde la recuperación social y de los servicios públicos, hasta lo que hoy puede considerarse como un objetivo posible y realizable: el blindaje de los servicios y prestaciones sociales fundamentales. Dicho tránsito, además, ha tenido hitos importantes de dificultad como ha sido la crisis sanitaria del COVID-19, o las diversas tensiones geopolíticas que han dado lugar a importantes consecuencias de índole económica como la inflación y la correlativa restricción de las políticas monetarias, que todavía hoy persiste.

Una de las premisas fundamentales que ha guiado la política presupuestaria regional a lo largo de la última década, por tanto, puede resumirse en que el respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera no puede ser a costa de impedir el desarrollo de las políticas más próximas a la ciudadanía y la prestación de los servicios públicos esenciales para la misma. Por ello, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2025 tienen como meta inalterada seguir avanzando hacia la consecución del blindaje de los servicios y prestaciones fundamentales ligadas al Estado del Bienestar. Pero, a su vez, los Presupuestos para 2025 deberán seguir contribuyendo a generar las condiciones que hagan posible la dinamización de la economía fortaleciendo el desarrollo empresarial y el empleo, apoyando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la estabilidad del personal trabajador autónomo, e impulsando especialmente al sector primario como pieza fundamental de la economía regional. Estas prioridades, además, tomarán forma a través de la cobertura financiera de las políticas activas en materia de reto demográfico, fortaleciendo así la lucha contra la despoblación en los territorios de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Asimismo, en línea con las directrices europeas y estatales, y teniendo en consideración los rasgos distintivos de la región y sus necesidades económicas y sociales particulares, continúa en Castilla-La Mancha el despliegue de los fondos procedentes de la Unión Europea, tanto del mecanismo de recuperación "Next Generation EU", como de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Dichos fondos, seguirán contribuyendo de forma decisiva, con carácter general, a profundizar en la transición ecológica, en la transformación digital y en la cohesión social y territorial para afrontar el reto de la despoblación; y, con carácter particular, a impulsar la modernización de sectores estratégicos como las energías renovables, el turismo y el sector agroalimentario, entre otros.

Las líneas estratégicas anteriormente esgrimidas, en definitiva, constituyen políticas públicas de gasto que, desde el punto de vista presupuestario, se plasmarán en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2025. De esta forma, el mayor volumen de recursos económicos son los destinados a la garantía y refuerzo de los servicios y prestaciones fundamentales asociadas al Estado del Bienestar. Por ello, en el ámbito educativo, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la mejora en el aprendizaje de todos los colectivos será un objetivo irrenunciable a fin de lograr la compensación de las desigualdades en este ámbito derivada de las diferentes situaciones sociales, económicas o territoriales del alumnado. También se destinarán recursos para la mejora del éxito del alumnado en orden a favorecer su competitividad futura en el mercado laboral. Asimismo, se hace necesario revisar la dotación de infraestructuras educativas existentes a todos los niveles con el objeto de lograr adaptarse a las nuevas demandas y necesidades de la comunidad educativa, contemplándose tanto la modernización de instalaciones existentes, como la creación de otras nuevas.

En materia de sanidad, se seguirá persistiendo en el refuerzo continuado de la red sanitaria, tanto de atención primaria, como hospitalaria, con el objetivo de lograr una asistencia más eficiente. En este sentido, por ejemplo, se consignan las dotaciones presupuestarias necesarias para la renovación y adquisición de equipamientos de alta tecnología, especialmente, en los ámbitos del diagnóstico y del tratamiento, lo cual redundará positivamente en la reducción de los tiempos de espera. Igualmente, la mejora, ampliación y creación de infraestructura sanitaria tendrá cobertura presupuestaria adecuada y suficiente. Dichas mejoras en la red sanitaria son extensibles de manera particular al entorno rural, para poder hacer frente a los nuevos retos sanitarios derivados del envejecimiento de la población.

Por lo que respecta a los servicios sociales, el ámbito de la dependencia seguirá teniendo una especial relevancia al objeto de mejorar los servicios y prestaciones del sistema, así como de ampliar la respuesta a los retos de la asistencia y cuidado a personas mayores, a personas con discapacidad o con necesidades específicas, con la finalidad de alcanzar una mayor seguridad en los hogares, el aumento de la autonomía, el bienestar y la mejora de su calidad de vida. A tal fin, se financiarán actuaciones dirigidas a potenciar y modernizar servicios como los de teleasistencia y telecuidado avanzado. También se implementarán e impulsarán equipos de apoyo de atención domiciliaria para facilitar el acceso a los servicios de proximidad y favorecer mayor conexión entre servicios sociales de atención primaria y de salud, especialmente en el ámbito rural. Igualmente, se contemplarán también las dotaciones presupuestarias necesarias para llevar a cabo inversiones que sean precisas en los centros de atención a personas con discapacidad, centros de atención a personas mayores y centros de atención y acompañamiento a menores.

El blindaje y refuerzo del Estado del Bienestar pasa, necesariamente, por el impulso de la actividad económica y el empleo, cuya mejora está directamente conectada con la atención de las necesidades del tejido productivo y, especialmente, en el caso de Castilla-La Mancha, de las pymes y personal autónomo. Por lo que respecta a la capacidad competitiva del tejido productivo de la región, se promoverá la modernización y digitalización sectorial y empresarial, con especial foco en pymes y autónomos. Asimismo, se seguirá impulsando su internacionalización basada en soluciones digitales a fin de facilitar la llegada de la oferta de bienes y servicios de la región a destinos geográficos diversos. En este contexto, la Administración regional apuesta, en definitiva, por el impulso de proyectos de innovación y digitalización empresarial, así como el desarrollo y digitalización de las pymes y el fomento del emprendimiento haciendo hincapié en sectores estratégicos como el turismo, el comercio minorista y la artesanía.

Dentro de los sectores estratégicos de la economía regional, destaca especialmente el sector ganadero, el agrícola y la industria agroalimentaria, cuyas ventajas competitivas y especialización son acreedoras de actuaciones dirigidas a su modernización, que también contará con los recursos presupuestarios necesarios a fin de mejorar la eficiencia de instalaciones, equipamientos, maquinaria, incluida la mejora de la eficiencia y modernización de las infraestructuras de regadío, así como la innovación y la mejora tecnológica abordando la adopción de las tecnologías digitales. En otro orden de cosas, también se seguirán atendiendo las necesidades derivadas del relevo generacional en dichos sectores estratégicos.

Por cuanto respecta a las políticas públicas de empleo, se seguirá realizando un especial esfuerzo presupuestario a fin de abordar el desempleo estructural en la región, con políticas activas de empleo, de formación y recualificación profesionales, poniendo el foco en la creación de empleo juvenil de calidad, en el empleo de las mujeres y la eliminación de la brecha de género, y en la generación de empleo y oportunidades en entornos rurales, en donde el cambio de modelo productivo hacia uno más sostenible y digital representa una oportunidad para fijar población y mejorar la renta disponible de las personas. Igualmente, se seguirán destinando importantes dotaciones económicas para impulsar la contratación laboral indefinida, mejorar la empleabilidad de las personas mayores de 50 años, desempleadas de larga duración, en riesgo de exclusión y con discapacidad.

La adaptación y resiliencia del medio natural también forma parte de las prioridades presupuestarias de la Administración regional. En este sentido, se dará cobertura presupuestaria a aquellas inversiones dirigidas a hacer frente a los desafíos en materia de depuración de aguas residuales para mejorar y aumentar su reutilización, así como para modernizar las redes de agua potable, a fin de reducir pérdidas y aumentar la disponibilidad. Asimismo, se continuará abordando la modernización y adaptación de los dispositivos de lucha contra incendios forestales al cambio climático y a la despoblación.

En el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, la Administración regional es consciente del importante papel que representan en el progreso económico y social de Castilla- La Mancha por lo que, las actividades relacionadas con estos ámbitos han de ser consideradas actividades estratégicas de necesario fomento. Por ello, los Presupuestos para 2025 seguirán realizando un esfuerzo importante de cara a la financiación de estas políticas de gasto, y ello, desde la convicción de que se trata de una inversión que repercutirá en términos de prosperidad, calidad de vida y bienestar de la ciudadanía de la región.

Por último, es obligada la referencia a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ocurrida a finales del mes de octubre de 2024 que, en lo que respecta a Castilla-La Mancha, ha sido especialmente virulenta en las comarcas de Mira (Cuenca) y Letur (Albacete), pero que también ha afectado a otros municipios de la región como, por ejemplo, en la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara). Por ello, con la finalidad de dar respuesta a los daños causados por ese fenómeno atmosférico, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2025 consignarán los recursos económicos necesarios. La magnitud de la emergencia, las medidas necesarias para remediar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población afectada y, en definitiva, la recuperación de la normalidad en los municipios afectados, justifican la movilización de los recursos económicos necesarios del Presupuesto, así como la adopción de las medidas de política presupuestaria que faciliten y agilicen su puesta a disposición.

En otro orden de cosas, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2025 presentarán un cuádruple enfoque transversal de análisis, a saber: el impacto de género, el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el impacto en la infancia y el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación en las políticas presupuestarias. Dichos enfoques transversales de análisis se proyectarán respectivamente en el Informe sobre impacto de género, en el Informe sobre alineamiento presupuestario con los objetivos de desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030, en el Informe sobre el impacto presupuestario en la infancia y, en la Memoria de impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación en los presupuestos.

En el caso de los tres primeros informes citados, se trata, además, de documentación complementaria que ha de acompañar al proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 de conformidad con el artículo 41, apartados i), j) y k), del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. Por su parte, la Memoria de impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación en los presupuestos, se ha de realizar con base en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

En definitiva, los mencionados informes, así como el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación, tendrán por objeto ofrecer una visión de los efectos presupuestarios en las políticas que promueven y, en su caso, determinar la adopción de las medidas correctoras que sean necesarias para favorecer dichas políticas.

V

El texto articulado se estructura en 6 títulos comprensivos de 70 artículos, que se completan en su parte final con 19 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. Se adjuntan al mismo 4 anexos de desarrollo relativos a la agrupación por funciones de los créditos presupuestarios; a los presupuestos de explotación y capital de las empresas y fundaciones del sector público regional; a las retribuciones de los empleados públicos; y, por último, a los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros docentes no universitarios con unidades concertadas.

En el título I, «De la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones», el capítulo I contiene el ámbito de aplicación de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los presupuestos de los órganos, organismos y entidades que los integran. Asimismo, se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos de las fundaciones y empresas públicas, cuyos presupuestos de explotación y capital se detallan en el anexo II. Una cláusula de cierre permite la incorporación a este ámbito de otros sujetos, conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, ofreciendo así una imagen fiel de la situación patrimonial y económica de la Administración regional.

En este capítulo se recoge asimismo la financiación de los créditos aprobados y se refleja el importe de los beneficios fiscales procedentes de los tributos sobre los que la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha posee capacidad normativa.

El capítulo II de este título responde al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y, en el ámbito autonómico, en la Ley 11/2012, de 21 de diciembre.

Finalmente, el capítulo III regula, de un lado, la limitación y vinculación de los créditos presupuestarios; y, de otro, el régimen de las modificaciones de crédito. A propósito de estas últimas, se establecen sus principios generales y diversas reglas generales y especiales sobre las transferencias de crédito, las relativas a los sujetos del sector público instrumental y algunas excepciones concernientes al régimen competencial en esta materia establecido en el artículo 57 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha; se detallan, asimismo, los créditos que tienen carácter ampliable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la citada norma; y, por último, se establecen supuestos específicos de generación de créditos y normas específicas en materia de incorporación de créditos, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 54 y 56, respectivamente, de dicho texto refundido.

En otro orden de cosas, se determinan las bases para establecer el régimen de las imputaciones de crédito, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 36.2.b) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha; se fija el límite máximo que puede conceder el Consejo de Gobierno como anticipo de tesorería al amparo del artículo 51 del mencionado texto refundido y, finalmente, se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda para llevar a cabo las posibles adaptaciones técnicas del presupuesto como consecuencia de reorganizaciones administrativas o de la reordenación del sector público regional instrumental, entre otros supuestos.

Por último, dentro de este capítulo, deben mencionarse las medidas de política presupuestaria introducidas en los artículos 12 y 13, que coadyuvarán a dar respuesta a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ocurrida en el mes de octubre de 2024 en diversos municipios de la región. En primer lugar, se declaran ampliables los créditos centralizados consignados en la partida 07.01.633A.52010 "Fondo Planes de Recuperación DANA 2024", que serán la fuente de financiación de las medidas concretas para paliar los daños derivados de la DANA, y que se canalizarán a través de transferencias de crédito hacia las partidas de destino final a cuyo cargo se acometan los gastos específicos para la atención de dichos daños. Asimismo, con la finalidad de facilitar y agilizar la puesta a disposición de los recursos económicos del Presupuesto al fin indicado, se elimina todo obstáculo a la realización de transferencias de crédito.

El título II, «De la ejecución y liquidación presupuestaria», se estructura en cuatro capítulos. El primero de ellos agrupa distintas normas relacionadas con la ejecución presupuestaria de los sujetos del sector público regional con presupuesto limitativo. De este modo, se incluye aquí un régimen de autorización previa por parte del Consejo de Gobierno de determinados actos o negocios jurídicos que conlleven la aprobación de gastos por los órganos competentes de la Administración regional, sus organismos autónomos y entidades de derecho público, en consonancia con el principio de responsabilidad en la gestión de los servicios públicos.

También se introducen determinadas normas cuyo objetivo es mantener la disciplina presupuestaria. A este fin responde la obligación de que todo proyecto de disposición de carácter general, los convenios, planes, programas, acuerdos, así como determinadas subvenciones y contratos del sector público en los que participen los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del precepto en cuestión, que impliquen gastos o minoración de ingresos en ejercicios presupuestarios futuros, requieran con carácter previo el informe favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos.

El capítulo II engloba diversos preceptos relacionados con el seguimiento y control de los sujetos del sector público regional con presupuesto estimativo. De esta forma, con la finalidad de preservar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se contemplan, en primer lugar, una serie de disposiciones generales dirigidas a controlar las aportaciones a empresas, fundaciones y consorcios del sector público regional mediante su consignación nominativa en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de la obligación de los representantes de la Administración regional en sus órganos de administración y dirección a no dar su conformidad a la aprobación de actuaciones, planes o programas que impliquen gastos que puedan suponer un riesgo en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Además, en la idea de que el seguimiento y control no recaiga en exclusiva en la consejería competente en materia de hacienda, también se potencia la obligación de las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas para velar, en primera instancia, porque los sujetos del sector público regional con presupuesto estimativo que se les adscriban no incurran en déficit de explotación o de capital.

Por otra parte, también se contempla la necesidad de llevar a cabo un control previo, en función de la cuantía, de los gastos a llevar a cabo por parte de empresas y fundaciones del sector público regional, así como de determinadas modificaciones de sus presupuestos de explotación o de capital. Asimismo, se hace hincapié en el seguimiento y control de los encargos a los que se refiere la legislación de contratos del sector público realizados a sujetos del sector público regional con presupuesto estimativo considerados medios propios, así como de los convenios en los que participen. Por último, se incluyen dentro de este capítulo las normas concernientes a la contratación de personal en las empresas y fundaciones pertenecientes al sector público regional y a sus mecanismos de control.

El capítulo III, por su parte, contempla una serie de preceptos que, si bien no encuentran su encaje en los capítulos anteriores, persiguen una misma finalidad que no es otra que contribuir al mantenimiento de la disciplina presupuestaria. En este sentido, se regula el control de la creación y participación en fundaciones, consorcios y asociaciones. También se regula en este capítulo el régimen de los libramientos de los créditos correspondientes a las Cortes de Castilla-La Mancha, así como de los créditos correspondientes a transferencias a organismos autónomos y otros entes públicos, y de las subvenciones nominativas. Finalmente, en cumplimiento de las exigencias del principio de transparencia, se establecen las bases para llevar a cabo la información y publicidad de la ejecución presupuestaria.

El capítulo IV, como cierre del título II de la presente ley, se refiere a la liquidación de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El título III, «De los créditos de personal», consta de dos capítulos referidos, respectivamente, al régimen retributivo y a otras disposiciones en materia de personal. El capítulo I delimita el ámbito subjetivo de aplicación de disposiciones relativas a las retribuciones de los empleados públicos. En relación con las mismas, se establece una regulación por remisión a la legislación básica del Estado.

Este capítulo contiene, asimismo, normas específicas reguladoras del régimen retributivo de los distintos colectivos de personal empleado público, incluido el personal funcionario interino y el personal eventual que están sujetos, igualmente, a la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.

En el capítulo II se recogen disposiciones de adaptación de la normativa autonómica a la legislación básica estatal y medidas dirigidas a aumentar la eficiencia en la gestión del gasto público en materia de personal.

La importancia de los costes de personal en el conjunto del presupuesto de gastos y la necesidad de preservar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera son el fundamento de la competencia atribuida a la consejería competente en materia de hacienda sobre el control de los costes de personal, que se completa con la necesidad de que la dirección general competente en materia de presupuestos emita un informe favorable con carácter previo sobre cualquier actuación en materia de gestión de personal que tenga repercusión en el gasto público.

Este capítulo contiene asimismo disposiciones sobre competencias en materia de relaciones de puestos de trabajo, medidas de seguimiento de la plantilla presupuestaria, oferta de empleo público y contratación o nombramiento de personal funcionario interino y otro personal temporal. En materia de oferta de empleo público, se recoge la posibilidad de proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector público, con una tasa de reposición que se fijará de acuerdo con lo establecido en la normativa básica del Estado; y, además, se establece la posibilidad de disponer de tasas específicas y adicionales, tanto para el refuerzo de determinados sectores, como para la estabilización del empleo temporal en los términos y condiciones previstas en la normativa básica del Estado.

El título IV, «De la gestión de los presupuestos docentes», regula en su capítulo I las medidas de financiación de los diferentes servicios educativos prestados en centros docentes no universitarios con unidades concertadas financiadas con fondos públicos. Se fijan los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de dichos centros docentes, incluido el destinado a la financiación de la Formación Profesional Básica, y se establecen medidas dirigidas al mantenimiento del empleo.

El capítulo II de este título recoge las cuantías correspondientes a los costes del personal docente e investigador, personal investigador y personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El título V, «De las operaciones financieras», regula en su capítulo I, dedicado al endeudamiento, el régimen de dichas operaciones y el procedimiento de su autorización. El capítulo II, por su parte, versa sobre la regulación de la concesión de avales a las entidades y empresas públicas que forman parte del sector público regional.

Finalmente, el título VI, «Medidas tributarias», regula el tipo de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración. También establece la afectación de los ingresos obtenidos por la recaudación del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y la de los recursos procedentes de la recaudación del denominado canon eólico.

El texto articulado se cierra con 19 disposiciones adicionales que afectan a diversas cuestiones, como por ejemplo, la posibilidad de desconcentrar competencias en diferentes materias a favor no sólo de los órganos centrales de las consejerías, sino también de los órganos periféricos, que pudiera traer causa, fundamentalmente, de eventuales cambios en la estructura orgánica de las diferentes consejerías de la Administración regional; aspectos concretos de las funciones de control interno que lleva a cabo la Intervención General; las disposiciones relativas a la reserva para la participación en procedimientos de adjudicación de determinados contratos del sector público a centros especiales de empleo y empresas de inserción; o la concreción del crédito presupuestario destinado al denominado porcentaje cultural en Castilla-La Mancha.

La parte final contempla también 1 disposición transitoria que regula, en el ámbito de los fondos europeos agrícolas, un régimen transitorio sobre la posibilidad de que determinados ingresos puedan dar lugar a la realización de generaciones de créditos al amparo de situaciones producidas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 2021/2116, de 2 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común, que han de pervivir provisionalmente hasta el agotamiento de sus efectos.

En cuanto a las disposiciones finales, la primera de ellas contempla una modificación legislativa que afecta a varios artículos del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. El primero de los artículos modificados es el 53, que regula el régimen general de las transferencias de crédito, para incluir en el mismo aquellas excepciones a dicho régimen que, desde hace varias anualidades, se vienen reiterando en el artículo concordante de la ley anual de presupuestos. De esta forma, el artículo 13 de la presente ley conservará, únicamente, aquellas excepciones al régimen general de las transferencias de créditos concernientes a los créditos con financiación coyuntural como es el caso de los créditos presupuestarios cuya fuente de financiación son los fondos vinculados al programa de recuperación "Next Generation EU". También es objeto de modificación el artículo 54 del citado texto refundido, que regula las generaciones de créditos, para, en este caso, incluir en el mismo los supuestos de excesos de recaudación que son susceptibles de generar crédito y que se vienen reiterando en las leyes de presupuestos de los últimos ejercicios. Por último, se modifica el artículo 102.3 del mismo texto refundido con la finalidad de establecer un nuevo régimen sobre la preceptividad de la auditoría de las cuentas de las entidades del sector público regional, en función de su sujeción, o no, al régimen de contabilidad pública.

El resto de las disposiciones finales regulan, por un lado, las habilitaciones normativas a favor, tanto del Consejo de Gobierno, como de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, para llevar a cabo las adecuaciones que sean precisas de conformidad con la legislación estatal ya sea básica, o de general aplicación, así como el desarrollo de la presente ley; y por otra, su entrada en vigor.