Exposicion �nico motivos Reordenación del Sector Público de la Junta de Comunidades

En ejercicio de sus competencias de autoorganización, reconocidas en el artículo 53.2 y 53.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la Administración Regional se ha venido dotando de un sector público instrumental en ámbitos de actividad de gran importancia estratégica, como las infraestructuras y equipamientos educativos, sanitarios y sociales, las infraestructuras hidráulicas, en vivienda y en carreteras o en áreas del turismo, medio ambiente y el desarrollo empresarial, en una tendencia compartida con todos los países desarrollados.

En el contexto económico actual y ante la necesidad de que España ajuste su déficit público por debajo del 3% del PIB, el Gobierno de España, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, instó el pasado 22 de marzo a las Comunidades Autónomas a llegar a un acuerdo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013, incluyendo la asunción del compromiso de presentar un "Plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativos y empresariales" con el objetivo de mejorar la eficacia y reducir el gasto público.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asumió sus responsabilidades en un primer momento en el ámbito de la Administración general de la Junta de Comunidades y así, mediante Decreto 63/2010, de 24 de mayo, de la Presidencia de la Junta, se reestructuró la Administración Regional mediante la supresión de tres consejerías, reduciendo los departamentos de la Administración general a siete consejerías. En un segundo momento, el Consejo de Gobierno, con fecha 1 de junio, profundiza en la simplificación y racionalización del sector público regional, mediante una redefinición de actividades, funciones y objetos sociales de entidades y empresas públicas, lo que supondrá una reducción en torno al cincuenta por ciento de las entidades que conforman el mismo.

En el contexto descrito, la presente Ley pretende configurar un sector público más eficiente y competitivo, a través de una menor atomización de la organización y una más óptima ordenación de sus esfuerzos, para lo cual instrumenta en sus dos capítulos, seis disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales, dos tipos de medidas. En primer lugar, la supresión de los organismos autónomos "Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha", el "Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha", el "Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha", el "Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha", cuyas competencias y funciones serán asumidas por la administración general de la Junta de Comunidades. En segundo lugar, la modificación que se juzga necesaria, de algunas leyes autonómicas, bien por ser consecuencia de la supresión mencionada, bien porque se considera conveniente para asegurar los citados objetivos de racionalidad, eficacia y eficiencia de la organización instrumental.