Exposicion �nico motivos Colectivos de usuarios de cannabis

La presente ley foral pretende insertar en la legislación actual a los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra o clubs de consumidores y consumidoras de cannabis, aportando seguridad jurídica tanto a las personas que componen dichos colectivos como a la sociedad en general, beneficiándose, de esta manera, la protección de la salud pública.

Una de las sustancias más consumidas actualmente en Navarra es el cannabis sativa, tanto en su carácter lúdico como por sus efectos paliativos para determinadas dolencias.

El cannabis sativa se encuentra incluido en la lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, sometida a fiscalización internacional, y es considerada como una sustancia que no causa grave daño a la salud.

La posesión de esta sustancia adquiere relevancia penal y administrativa en la legislación actual, siendo el bien jurídico protegido el de la salud colectiva.

Así, en el artículo 368 del Código Penal se considera que cometen un delito de tráfico de drogas, como peligro de delito abstracto, "Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines".

En su ámbito administrativo, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, artículo 25, considera como infracción grave "el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo".

La jurisprudencia considera, atendiendo a las citadas normas, así como a la realidad social, que el consumo de dichas sustancias escapa del tipo penal del artículo 368 cuando se lleva a cabo de forma personal y sin riesgo para la salud colectiva. Igualmente, no constituirá infracción administrativa si dicho consumo o tenencia no se lleva a cabo en lugares públicos.

El consumo de cannabis, por tanto, no constituye ilícito penal o administrativo cuando se somete a los límites impuestos por la norma e interpretados por la jurisprudencia, admitiéndose dentro de dichos límites tanto el consumo compartido como el abastecimiento para el consumo propio.

En este régimen legal, las personas consumidoras de cannabis vienen buscando un espacio que les otorgue seguridad jurídica, tanto en lo que respecta al consumo como en lo referido a su autoabastecimiento. Fruto de las reflexiones que llevan a cabo las distintas asociaciones de dicho ámbito y con la perspectiva abierta a nivel internacional respecto a la regulación del consumo y cultivo de esta planta, han surgido los llamados clubes de consumidores y consumidoras de cannabis.

Estos clubes, constituidos como asociaciones sin ánimo de lucro y, por tanto, al amparo del derecho de asociación, proliferan también en nuestra Comunidad y necesitan de una regulación que les otorgue seguridad jurídica como entidades y que, a su vez, permita su actividad con plena seguridad tanto para sus integrantes como para la sociedad en general.

Esta ley foral regulará, por tanto, la constitución de los clubes como colectivos privados de usuarios de cannabis sativa, respetando siempre los límites impuestos por la ley y la jurisprudencia.

En cuanto asociaciones sin ánimo de lucro, les será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, así como la normativa foral al respecto.

Tanto los fines y objetivos como la organización interna de los clubes deberán respetar siempre los límites establecidos por la jurisprudencia, garantizando que las personas que integren el club sean ciertas y determinadas, que todas ellas sean consumidoras con anterioridad a la entrada en el club, que el consumo de la sustancia se lleve a cabo en lugar cerrado y de manera conjunta, que las cantidades de sustancia sean pequeñas y no excedan del consumo personal, y evitando en cualquier caso que las sustancias puedan llegar a terceros ajenos al club.

Las sedes en las que se desarrolle la actividad de los clubes deberán respetar las ordenanzas municipales y habrán de obtener licencia de actividad, atendiendo a la normativa en vigor y, en su caso, a lo dispuesto en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco -modificada por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre-, especialmente a lo dispuesto para los clubes privados de fumadores.

Por último, resulta de general interés que las Administraciones Públicas, tanto autonómica como locales, promuevan espacios de intercambio de información y coordinación con los clubes o asociaciones que los representen, al objeto de mantener un efectivo control sobre la calidad de las sustancias que se consuman, la actividad de los clubes y, en general, todos aquellos temas que redunden en beneficio de la salud pública y reduzcan el acceso a mercados ilícitos por parte de los consumidores y consumidoras de cannabis.