Exposicion �nico motivos Presupuestos 2013 I. Balears

I

El Tribunal Constitucional ha establecido de manera reiterada que las leyes de presupuestos tienen una función específica y constitucionalmente definida, que es la aprobación de los presupuestos generales, y que incluye la totalidad de los gastos e ingresos del sector público, así como la consignación del importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos. De ello se deduce directamente que la ley de presupuestos no puede contener materias ajenas a la disciplina presupuestaria, dado que eso supondría una restricción ilegítima de las competencias del poder legislativo. No obstante, como señala el Tribunal Constitucional, se debe tener en cuenta que el carácter temporal de los estados de gastos e ingresos de la ley de presupuestos no impide incluir en la misma otras normas de carácter indefinido, siempre que tengan una relación directa con los ingresos y gastos, respondan a criterios de política económica del Gobierno o sirvan a una mayor inteligencia o a una mejor ejecución del presupuesto. Este contenido eventual de la ley de presupuestos se justifica en el carácter funcional de esta ley, como vehículo director de la política económica del sector público, lo cual permite la introducción de disposiciones normativas permanentes que tienen como finalidad ordenar la acción y los objetivos de la política económica y financiera del Gobierno o, dicho en otras palabras, que inciden en la política de ingresos o de gastos del sector público o la condicionan.

De acuerdo con ello, se elabora la Ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, que, junto con el Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y la normativa de desarrollo correspondiente, constituye el marco normativo al que debe ajustarse la actividad económico-financiera de la comunidad autónoma.

II

Los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 se orientan a cumplir los principios de prudencia financiera, de transparencia y de eficiencia en la gestión y asignación de recursos, en el marco de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Las actuaciones destinadas a la prestación de servicios públicos esenciales, como puedan ser la asistencia sanitaria, la educación y la protección social, continúan siendo los ejes básicos de los presupuestos para el año 2013.

III

Esta ley de presupuestos se estructura en seis títulos. El título I, «Aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones», recoge la parte esencial de los presupuestos y consta de cuatro capítulos. El capítulo I contiene todos los estados de ingresos y gastos del sector público autonómico. Los capítulos II y III regulan, respectivamente, la vinculación de los créditos y las modificaciones de créditos que tienen que operar durante el ejercicio de 2013. Como principal novedad en este título, hay que destacar la creación de un fondo de contingencia (capítulo IV), que ha de destinarse a cubrir necesidades ineludibles no previstas en los presupuestos que puedan presentarse a lo largo de su vigencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El título II, bajo la rúbrica «Gestión del presupuesto de gastos», regula los órganos competentes para la autorización y disposición del gasto y para el reconocimiento de la obligación.

En el título III, «Gastos de personal», se recogen las normas reguladoras del régimen retributivo del personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de los miembros de la Sindicatura de Cuentas. Este título se completa con las normas relativas a las indemnizaciones por razón del servicio y a la oferta pública de empleo, oferta que se tendrá que ajustar estrictamente a lo que establezca el Estado, con carácter básico, en la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2013. En este punto, hay que destacar que se mantienen las retribuciones correspondientes a los miembros del Gobierno y al resto de altos cargos, sin incrementarlas, lo que se hace extensivo a los miembros de la Sindicatura de Cuentas y a todo el personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma y de los entes instrumentales dependientes.

El título IV, referente a la gestión del presupuesto de ingresos, consta de dos capítulos, relativos, respectivamente, a las operaciones financieras y a la actualización de los tributos propios y de las prestaciones patrimoniales de carácter público de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Con respecto al capítulo relativo a las operaciones financieras, se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que pueda aumentar la deuda, en el marco de la legislación sobre estabilidad presupuestaria y el programa anual de endeudamiento que apruebe el Estado, y se regulan los importes máximos de los avales que puede prestar la comunidad autónoma.

Los títulos V y VI regulan el cierre de los presupuestos y la información que debe remitirse al Parlamento de las Illes Balears, de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 63.1 y 100 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio.

El contenido de la Ley de presupuestos se completa con quince disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y veintiocho disposiciones finales. Estas disposiciones recogen preceptos de índole diversa, que no tienen cabida a lo largo del articulado de la ley, pero que constituyen en todo caso un complemento indispensable para la ejecución de la política económica y financiera inherente a la aprobación de los estados de gastos e ingresos que nutren estos presupuestos generales, de conformidad con la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en esta materia.

Del conjunto del texto articulado y del resto de disposiciones normativas de la ley, cabe destacar, en esencia, que se restringen, aun más, las condiciones para la tramitación de expedientes de gasto susceptibles de generar déficit, como puedan ser las ampliaciones de créditos; que se impulsa la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios públicos de carácter divisible, mediante las pertinentes modificaciones en el régimen de las tasas exigibles, con la finalidad de cumplir con el principio de equivalencia establecido en la Ley 2/1997, de 3 de junio, de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears; y que se refuerzan las normas que se refieren a las obligaciones de suministro de información que resultan de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la normativa reglamentaria estatal de desarrollo.

En particular, hay que hacer mención a la disposición adicional por la cual se establecen las bases para la puesta en marcha del proceso de racionalización del régimen retributivo y de las categorías profesionales del personal de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con objeto de dar una solución definitiva a la situación actual, caracterizada por la heterogeneidad de categorías profesionales, de estructuras salariales y de cuantías retributivas, por la ausencia de una regulación formal de muchos de los complementos retributivos que se abonan, por la desigualdad interna en el seno de los propios entes en cuanto a las retribuciones que percibe el personal, y sus cuantías, por el elevado peso relativo de las denominadas retribuciones variables, lo cual distorsiona las previsiones iniciales del presupuesto de gastos de personal respecto del gasto que finalmente se ejecuta, y, finalmente, por la diversidad, no suficientemente justificada, de los niveles retributivos medios entre los diferentes entes, todo ello en cumplimiento del que ya se previó en el artículo 26.1 del Decreto Ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas, según el cual las retribuciones del personal al servicio de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma no pueden superar las fijadas en la Administración de la comunidad autónoma para los empleados públicos con funciones iguales o similares, teniendo en cuenta todos los conceptos retributivos, con la necesidad por lo tanto de aprobar, por parte de los órganos competentes de cada ente, los correspondientes acuerdos de homologación de funciones y de categorías profesionales, en el marco de este régimen legal general.

Para finalizar, en materia impositiva, se unifica el plazo de presentación y pago de las autoliquidaciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con independencia de que la presentación se realice por vía telemática o en papel, atendido el uso generalizado de las nuevas tecnologías; se incrementa el tipo de gravamen aplicable con carácter general a la modalidad correspondiente a actos jurídicos documentados, que pasa del 1% al 1,2% (con las consiguientes modulaciones en los tipos impositivos específicos de esta modalidad y de la modalidad correspondiente a transmisiones patrimoniales onerosas, relacionados con los distintos supuestos de renuncia a la exención en el impuesto sobre el valor añadido); se incrementa asimismo el tipo de gravamen aplicable al primer tramo de la escala impositiva en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas relativa a inmuebles, que pasa del 7% al 8%, inferior en todo caso al 10% aplicable al impuesto sobre el valor añadido; se suprimen algunos tipos específicos reducidos en las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y de actos jurídicos documentados, y se modifican algunos aspectos puntuales de la tasa fiscal sobre el juego, tributo en el que se regula también, por primera vez, la cuota aplicable a las máquinas de juego de temporada. Asimismo, se modifican algunos elementos tributarios del canon de saneamiento de aguas, incrementando su cuota fija alrededor de un 10% y estableciéndose una tarifa progresiva en lo que respecta a la cuota variable aplicable a las viviendas y a los establecimientos hoteleros, que en cualquier caso no afecta al primer tramo de la tarifa (consumo hasta 6 metros cúbicos al mes), en el que se mantiene el gravamen actual; y se suprime el supuesto de no sujeción relativo a la reutilización de aguas depuradas (aplicable, en esencia, a los campos de golf), sin perjuicio de la fijación de una nueva bonificación del 50% sobre la cuota para todos los casos en que el consumo de agua depurada supere el 60% del consumo mensual del sujeto pasivo. En el ámbito de este mismo impuesto, se somete el derecho y la cuantía de las indemnizaciones a favor de las entidades públicas que realicen obras e instalaciones de depuración a la planificación que realice la consejería competente en materia de medio ambiente, así como a las disponibilidades presupuestarias de la comunidad autónoma, de la misma manera que ya se prevé en la normativa reglamentaria vigente relativa a las indemnizaciones por gastos de conservación y mantenimiento de estas instalaciones.

Por otra parte, en el ámbito de la imposición directa, se suprime la bonificación autonómica del cien por cien en el impuesto sobre el patrimonio, sin perjuicio de elevar el mínimo exento de tributación por este impuesto, con carácter general para todos los sujetos pasivos, hasta el importe de 700.000 euros, todo ello con efectos en el devengo del impuesto correspondiente al 31 de diciembre de 2012 y con una vocación, formalmente, indefinida, pero materialmente temporal desde el momento en que resulte aplicable de nuevo la bonificación estatal del cien por cien de acuerdo con las previsiones legales del Estado a este respecto. Asimismo, se derogan determinados beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, derogación que no afecta a los beneficios vinculados más estrechamente con la actividad económica, susceptible de generar empleo, ni tampoco a los colectivos más desfavorecidos. En todo caso, y en la misma línea que el legislador estatal, se suprime el tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual, en relación, únicamente, con las nuevas inversiones que tengan lugar a partir del 1 de enero de 2013, y se mantiene en todo caso el tramo autonómico de la deducción para las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012 en los mismos términos que establezca el Estado para esta deducción.