I �nico Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial

El contexto actual de estancamiento económico y las graves restricciones financieras que padece el sector público aragonés demandan una respuesta urgente por parte del Gobierno de Aragón, en orden a racionalizar la estructura empresarial pública de nuestra Comunidad Autónoma.

Desde esta perspectiva, el Gobierno de Aragón ha iniciado un proceso de reestructuración del sector público empresarial, que viene a profundizar en la reforma ya iniciada en la legislatura anterior, basado en la extinción, fusión y disolución de sociedades públicas, y en la introducción de medidas de optimización en la gestión de aquellas empresas que subsisten a este primer proceso de remodelación del sector. La finalidad, por consiguiente, es arbitrar un conjunto de decisiones de obligado cumplimiento que permitan avanzar a las distintas sociedades por la senda de la eficacia y la eficiencia.

A este fin, los resultados de la auditoría presentada por la Intervención General revelan graves desequilibrios contables, económicos y financieros que exigen adoptar medidas inmediatas de corrección y saneamiento, en defecto de las cuales se pondría en peligro no solamente la viabilidad y sostenibilidad de las cuentas de esas empresas sino también la estabilidad económico-presupuestaria de la propia Comunidad Autónoma.

Por todo ello, y en línea con los compromisos asumidos por este Gobierno y con las medidas de austeridad ya adoptadas, se van a ir fusionando, abandonando o suprimiendo aquellas empresas que no contribuyan a la consecución de fines de interés general, lo que implica extinciones y refundiciones de empresas, además de la reestructuración en los órganos directivos de las empresas del sector público empresarial en las que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene una participación mayoritaria y puede, por tanto, aplicar de manera directa estas decisiones, así como la decisión de venta de las participaciones minoritarias en aquellas empresas que carece de sentido la intervención pública.

En suma, con esta estrategia se aspira a configurar un nuevo sector público empresarial eficaz y eficiente, de forma tal que se adopten una serie de medidas que contribuyan a mejorar la gestión del sector público empresarial y a la reducción del déficit y contención del gasto público.

El sistema de gestión del sector público empresarial ya prevé diversos mecanismos e instrumentos destinados a asegurar el control, la transparencia y, en la medida de lo posible, la coordinación de las decisiones adoptadas en el seno de los sujetos que integran dicho sector. Sin embargo, es necesario dar un paso más, y en este contexto el diseño precisa de una urgente revisión a diversos niveles, tanto estructurales como en su régimen económico y de gestión, a cuyo fin responde el presente Decreto-ley.