Ii �nico Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Tal y como recoge la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la política española de cooperación tiene su origen en la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución española de 1978, en el que se proclama la voluntad de la nación española de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

La citada ley española de cooperación ha supuesto una importante regulación en esta materia, al establecer en un único texto normativo el conjunto de medidas e instrumentos que han ido configurando la política española de cooperación al desarrollo.

El artículo 20 de la ley, establece que la cooperación para el desarrollo que se realice desde las comunidades autónomas y las entidades locales, como expresión solidaria de sus respectivas sociedades, ha de inspirarse en los principios objetivos y prioridades establecidas en la misma ley. Asimismo determina que la acción de dichas entidades en la cooperación para el desarrollo, se basa en los principios de autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su desarrollo y ejecución, debiendo respetar las líneas generales y directrices básicas de la política española de cooperación internacional para el desarrollo que se establezca por el Congreso de los Diputados, y el principio de colaboración entre administraciones públicas en cuanto al acceso y participación de la información y máximo aprovechamiento de los recursos públicos.

Las acciones que en materia de cooperación al desarrollo se realicen por nuestra Comunidad Autónoma deben estar en consonancia con las resoluciones de las Naciones Unidas, con las directrices emanadas de otros organismos internacionales y con los acuerdos celebrados con los países de nuestro entorno. En concreto, los objetivos de la cooperación canaria al desarrollo internacional se establecerán en consonancia con los objetivos de desarrollo del milenio formulados en la Declaración del Milenio celebrada en Nueva York (2000), y ratificada por 140 países, así como las disposiciones del tratado constitutivo de la Comunidad Europea, las Declaraciones de Roma (2003) y París (2005), que han propugnado la armonización de las prácticas de los donantes para lograr una mayor eficacia de la ayuda. Asimismo, la cooperación canaria al desarrollo internacional respetará las directrices de la política exterior del Gobierno de España al tiempo que promoverá su propia identidad.