Ii �nico Decreto-Ley7/2010,de28dediciembre,demedidasparapotenciarinversionesempresarialesdeinterésestratégicoparaAndalucíaydesimplificación,agilizaciónadministrativaymejoradelaregulacióndeactividadeseconómicasenlaComunidadAutónomadeAndalucía.

Las circunstancias del momento actual, condicionadas por la pérdida de empleo y tejido empresarial durante la crisis económica, hacen que cobren singular relevancia los esfuerzos de simplificación administrativa y de mejora de la regulación dirigidos a generar confianza en aquellos agentes económicos que tienen iniciativas para acometer inversiones que puedan favorecer el impulso de la recuperación económica, propiciando la creación de riqueza y empleo en el territorio andaluz.

Para ello, este Decreto-ley contempla una serie de medidas que podrían agruparse en dos bloques. Por una parte, las dirigidas a agilizar la ejecución de grandes proyectos de inversión empresarial que puedan contribuir al cambio de modelo productivo y, por otra, las orientadas a facilitar la generación de tejido empresarial y, en particular, de pequeñas y medianas empresas para dinamizar el desarrollo local y la creación de empleo.

Respecto al primer bloque, el Decreto-ley viene a proporcionar el marco regulatorio que permitirá, a partir de unos criterios que han sido previamente consensuados con los agentes económicos y sociales, identificar aquellos proyectos de inversión que, cumpliendo los objetivos de sostenibilidad económica, social y medioambiental, puedan ser declarados de interés estratégico para Andalucía por su capacidad de generar riqueza, innovación y empleo. Se trata de facilitar la atracción de inversiones empresariales que permitan la renovación del modelo productivo de la economía andaluza, con dos prioridades: la industrialización y el incremento de la productividad.

En este sentido, este Decreto-ley establece un procedimiento ágil para la declaración del proyecto de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía. Los efectos de esta declaración serán que dichos proyectos tendrán una tramitación preferente y urgente, reduciéndose a la mitad tanto los plazos correspondientes a los trámites establecidos en los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma que deban seguirse para la efectiva ejecución del proyecto, como los plazos para resolver y notificar dichos procedimientos, además de otros efectos de fomento de la inversión.

Las inversiones empresariales podrán ser declaradas de interés estratégico por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, órgano al que se le atribuye en este Decreto-ley la competencia para aprobar dichas declaraciones, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 281/2010, de 4 de mayo, por el que se regula la composición y funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno. Con esta medida, se intensifican los mecanismos de incentivos para la atracción de inversiones estratégicas a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Respecto del segundo bloque, el Decreto-ley incluye figuras de mejora de la regulación y simplificación administrativa para agilizar la inversión de pequeñas y medianas empresas, como la declaración responsable o la comunicación previa, instrumentos que permitirán a las personas emprendedoras iniciar una actividad empresarial o profesional de forma ágil y flexible, cambiándose el control previo de las Administraciones Públicas por el control posterior. Todo ello sin perjuicio de la competencia relativa a simplificación de procedimientos y normalización y racionalización de la gestión administrativa en la Administración de la Junta de Andalucía que tiene atribuida la Consejería competente en materia de Administración Pública, y sin que suponga una merma de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, sino una mayor agilidad y simplificación administrativa. Las normas que desarrollen los contenidos del presente Decreto-ley deberán respetar los derechos de las personas consumidoras y usuarias y reforzarlos en los supuestos en que resulte necesario.

Con estas medidas, la Junta de Andalucía pretende contribuir a dinamizar la economía andaluza, creando instrumentos normativos que incidan en tres finalidades: primero, propiciar el espíritu emprendedor y la innovación como motor del crecimiento económico y la creación de empleo; segundo, aumentar la competencia efectiva de los mercados y la libertad de empresa, disminuyendo barreras administrativas y simplificando los procedimientos administrativos y, tercero, generar confianza sobre la base de la responsabilidad social de las personas emprendedoras.