Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. - Boletín Oficial del Estado de 11-01-1991

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  • Ámbito: Estatal
  • Estado: Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 08 de Enero de 2001 hasta 21 de Diciembre de 2003
  • Fecha de entrada en vigor: 31/01/1991
  • Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 10
  • Fecha de Publicación: 11/01/1991
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JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:


PREAMBULO

 

I

La competencia desleal, aun constituyendo una pieza legislativa de importancia capital dentro del sistema del Derecho mercantil, ha sido un sector del que tradicionalmente ha estado ausente el legislador. Esta circunstancia, parcialmente remediada por la reciente aprobación de las Leyes 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, y 34/1988 de 11 de noviembre General de Publicidad, había propiciado la formación de una disciplina discontinua y fragmentaria que muy pronto habría de revelarse obsoleta y de quedar, en la realidad de los hechos, desprovista de fuerza. En efecto, las normas que tradicionalmente han nutrido dicha disciplina se encontraban dispersas en leyes de distinta edad y procedencia; contemplaban únicamente aspectos parciales (y a menudo meramente marginales) de esa vasta realidad que es la competencia desleal; respondían a modelos de regulación desfasados, que en la actualidad -según ha mostrado nuestra más reciente y atenta doctrina- carecen de parangón en el Derecho comparado e incluso de anclaje en la evolución general del propio; y, en fin, eran normas que ni siquiera dentro de sus limitaciones podían considerarse eficaces, debido a la escasa calidad y flexibilidad de su aparato sancionador. El régimen de la competencia desleal se había convertido así en un escenario normativo languideciente, al amparo del cual pudieron proliferar prácticas concurrenciales incorrectas que en no pocas ocasiones han ocasionado un grave deterioro de nuestro tráfico mercantil.

II

La presente Ley, completando y, en ocasiones, refundiendo los esfuerzos de la racionalización sectoriales iniciados por las ya recordadas leyes de Marcas y Publicidad, aspira a poner término a la tradicional situación de incertidumbre y desamparo que ha vivido el sector, creando un marco jurídico cierto y efectivo, que sea capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial. Varias circunstancias hacían inexcusable esta iniciativa.

La primera viene dada por la creciente demanda social que al respecto se ha dejado sentir en los últimos tiempos. La apertura de nuevos mercados. La emancipación de nuestra vida mercantil de vínculos corporativos y proteccionistas y una mayor sensibilidad de nuestros hombres de empresa hacia la innovación de las estrategias comerciales han abierto nuevas perspectivas a nuestra economía, pero al propio tiempo han puesto de manifiesto el peligro de que la libre iniciativa empresarial sea objeto de abusos, que con frecuencia se revelan gravemente nocivos para el conjunto de los intereses que confluyen en el sector. El interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado.

La Ley responde, en segundo lugar, a la necesidad de homologar, en el plano internacional, nuestro ordenamiento concurrencial. España ha omitido esta equiparación en ocasiones anteriores. Pero en el momento presente, esa situación ya no podía prolongarse por más tiempo sin grave inconveniente. El ingreso en la Comunidad Económica Europea exigía, en efecto, la introducción en el entramado de nuestro Derecho mercantil y económico de una disciplina de la competencia desleal que estableciese condiciones concurrenciales similares a las que reinan o imperan en el conjunto de los demás Estados miembros. Desde esta perspectiva, la presente Ley se propone dar un paso más en la dirección iniciada por la reciente Ley de Marcas, por medio de la cual se ha tratado de materializar el compromiso contraído en los artículos 10 bis. y 10 ter. del Convenio de la Unión de París.

Obedece la Ley, finalmente, a la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a los valores que han cuajado en nuestra constitución económica. La Constitución Española de 1978 hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de libertad de competencia. De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado por prácticas desleales, susceptibles eventualmente de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta exigencia constitucional se complementa y refuerza por la derivada del principio de protección del consumidor, en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado, acogido por el artículo 51 del texto constitucional. Esta nueva vertiente del problema en general desconocida por nuestro Derecho tradicional de la competencia desleal, ha constituido un estimulo adicional de la máxima importancia para la emanación de la nueva legislación.

III

Las circunstancias antes señaladas, al tiempo que ponen de manifiesto la oportunidad de la Ley, dan razón de los criterios y objetivos que han presidido su elaboración; a saber: generalidad, modernidad e institucionalidad. El propósito que ha guiado al legislador ha sido, en efecto, el de elaborar una Ley general, capaz de satisfacer la heterogénea demanda social que registra el sector desde la perspectiva unitaria del fenómeno concurrencial; una Ley moderna, inspirada en los modelos de regulación más avanzados y susceptible de situar a nuestro ordenamiento de la competencia en la órbita del Derecho europeo del momento; una Ley, en fin, de corte institucional, apta para garantizar o asegurar una ordenación del juego competitivo acorde con la escala de valores e intereses que ha cristalizado en nuestra constitución económica.

El resultado no podía ser otro que una profunda renovación de nuestro vigente Derecho de la competencia desleal. Dicha renovación se advierte, cuando menos, en el triple plano de la orientación, de la configuración y de la realización de la disciplina.

1. Por lo que se refiere al principio de los planos mencionados, la Ley introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado. La institución de la competencia pasa a ser así el objeto directo de protección. Significativo a este respecto es, entre otros muchos, el artículo 1. También, y muy especialmente, el artículo 5 en el que, implícitamente al menos, se consagra la noción de abuso de la competencia. Esta nueva orientación de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil. La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo. Esta ampliación y reordenación de los intereses protegidos está presente a lo largo de todos los preceptos de la Ley. Particularmente ilustrativo resulta el artículo 19, que atribuye legitimación activa para el ejercicio de las acciones derivadas de la competencia desleal a los consumidores (individual y colectivamente considerados).

2. En lo que atañe a la configuración sustantiva de la disciplina, las novedades no son menos importantes. A este respecto resultan especialmente destacables los dos primeros capítulos de la Ley, en los que, respectivamente, se incardinan la parte general y la parte especial de la disciplina.

En el Capítulo I, y específicamente en los artículos 2 y 3, se establecen los elementos generales del ilícito concurrencial (aplicables a todos los supuestos concretos tipificados en el Capítulo II, excepción hecha del previsto en el artículo 13, relativo a la violación de secretos industriales). A la hora de perfilar tales elementos o presupuestos de aplicación de la disciplina se ha seguido por imperativo de la orientación institucional y social de la Ley, un criterio marcadamente restrictivo. Para que exista acto de competencia desleal basta, en efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 2; Que el acto se «realice en el mercado» (es decir, que se trate de un acto dotado de trascendencia externa) y que se lleve a cabo con «fines concurrenciales» (es decir, que el acto -según se desprende del párrafo segundo del citado artículo- tenga por finalidad «promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero»). Si dichas circunstancias concurren, el acto podrá ser perseguido en el marco de la nueva Ley. No es necesaria ninguna otra condición ulterior; y concretamente -según se encarga de precisar el artículo 3- no es necesario que los sujetos -agente y paciente- del acto sean empresarios (la Ley también resulta aplicable a otros sectores del mercado: artesanía, agricultura, profesiones liberales, etc.), ni se exige tampoco que entre ellos medie una relación de competencia. En este punto, y por exigencia de sus propios puntos de partida, la Ley ha incorporado las orientaciones más avanzadas del Derecho comparado, desvinculando la persecución del acto del tradicional requisito de la relación de competencia, que sólo tiene acomodo en el seno de una concepción profesional y corporativa de la disciplina.

Las disposiciones generales del Capítulo I se cierran con una norma unilateral de Derecho internacional privado que establece un criterio de conexión -el mercado afectado por el acto de competencia desleal- en plena armonía con la inspiración institucional de la Ley.

El núcleo dispositivo de la Ley se halla ubicado en el Capítulo II, donde se tipifican las conductas desleales. El capítulo se abre con una generosa cláusula general de la que en buena medida va a depender -como muestra la experiencia del Derecho comparado- el éxito de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. El aspecto tal vez más significativo de la cláusula general radica en los criterios seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un criterio de obrar, como es la «buena fe», de alcance general, con lo cual, implícitamente, se han rechazado los más tradicionales («corrección profesional», «usos honestos en materia comercial e industrial», etc.), todos ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo.

Pero la amplitud de la cláusula general no ha sido óbice para una igualmente generosa tipificación de los actos concretos de competencia desleal, con la cual se aspira a dotar de mayor certeza a la disciplina. El catálogo incluye, junto a las más tradicionales prácticas de confusión (artículo 6), denigración (artículo 9) y explotación de la reputación ajena (artículo 12), los supuestos de engaño (artículo 7), de violación de secretos (artículo 13), de inducción a la infracción contractual (artículo 14) y otros que sólo han cobrado un perfil nítido y riguroso en la evolución europea de las últimas décadas, tales como la venta con primas y obsequios (artículo 8), la violación de normas (artículo 15), la discriminación (artículo 16) y la venta a pérdida (artículo 17). De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los preceptos anteriormente citados ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad. Significativos a este respecto son los artículos 10 y 11, relativos a la publicidad comparativa y a los actos de imitación e incluso los ya citados artículos 16 y 17 en materia de discriminación y venta a pérdida.

3. La Ley se esfuerza, finalmente, por establecer mecanismos sustantivos y procesales suficientemente eficaces para una adecuada realización de la disciplina. Al respecto resultan relevantes los Capítulos III y IV. En el primero de ellos se regulan con detalle las acciones derivadas del acto de competencia desleal. Los extremos más significativos se hallan contemplados por los artículos 18 y 19. El artículo 18 realiza un censo completo de tales acciones (declarativa, de cesación, de remoción, de rectificación, de resarcimiento de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto), poniendo a disposición de los interesados un amplio abanico de posibilidades para una eficaz persecución del ilícito concurrencial. El artículo 19 disciplina en términos muy avanzados la legitimación activa para el ejercicio de las acciones anteriormente mencionadas. La novedad reside en la previsión, junto a la tradicional legitimación privada (que se amplía al consumidor perjudicado), de una legitimación colectiva (atribuida a las asociaciones profesionales y de consumidores). De este modo se pretende armonizar este sector de la normativa con la orientación general de la Ley y al mismo tiempo multiplicar la probabilidad de que las conductas incorrectas no queden sin sanción.

El Capítulo IV alberga algunas especialidades procesales que se ha creído oportuno introducir al objeto de conseguir, sin merma de las debidas garantías, un mayor rigor, y una mayor eficacia y celeridad en las causas de competencia desleal. Desde esta perspectiva resultan particularmente elocuentes los artículos 24 y 25. El primero de ellos prevé un generoso catálogo de diligencias preliminares, encaminado a facilitar al posible demandante la obtención de la información necesaria para preparar el juicio. La experiencia demuestra que sin instrumentos de este tipo, a través de los cuales se asegure el acceso al ámbito interno de la empresa que presumiblemente ha cometido una práctica desleal, las acciones de competencia desleal se hallan, con frecuencia, condenadas al fracaso. El segundo de los preceptos mencionados, el artículo 25, regula las medidas cautelares, otra de las piezas clave para una eficaz defensa del interesado contra los actos de competencia desleal.

El capítulo -y con él la Ley- se cierra con una disposición inspirada por la Directiva CEE en materia de publicidad engañosa. Se trata del artículo 26, que contempla la posibilidad de que el juez invierta, en beneficio del demandante, la carga de la prueba relativa a la falsedad e inexactitud de las indicaciones o manifestaciones enjuiciadas en una causa de competencia desleal. Ciertamente, la norma se halla ya recogida en la Ley General de Publicidad. No está de más, sin embargo, que se reitere en el ámbito de la legislación general, debido a su más amplia proyección.

IV

Finalmente ha de hacerse una referencia a la oportunidad de la presente Ley desde el punto de vista de la distribución territorial de competencias. La premisa de la que se ha partido es que la «competencia desleal» constituye una materia reservada a la competencia del Estado. Esta es, en efecto, la conclusión a la que se arriba en aplicación del artículo 149 número 1 de la Constitución, tanto en sus apartados 6 y 8 que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la «legislación mercantil» y las «bases de las obligaciones contractuales» como, en cierto modo, en su apartado 13, que reserva al Estado las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica». Este punto de vista se refuerza apelando a la doctrina del Tribunal Constitucional a tenor de la cual el límite implícito de la competencia autonómica ha de situarse en la necesidad de garantizar la «unidad de mercado» en el territorio nacional.

El legislador es consciente, ciertamente, de que la materia de la «competencia desleal» se halla muy próxima a las materias de «comercio interior» y de «tutela del consumidor» respecto de las cuales las Comunidades Autónomas tienen asumidas competencias. Precisamente por ello ha tratado de ser especialmente escrupuloso a la hora de delimitar el objeto y el campo de su regulación. La cuestión es clara con relación al título competencial de «comercio interior», cuyas materias quedan perfectamente excluidas de la presente Ley. Más dudas puede suscitar, a primera vista, el título relativo a la «protección del consumidor». Un examen atento de la normativa aprobada enseguida muestra, sin embargo, que tampoco por este lado se han mezclado o confundido ordenes materiales y competenciales distintas. La Ley, en efecto, disciplina directa e inmediatamente la actividad concurrencial. El hecho de que a la hora de establecer el cauce jurídico de esa actividad haya tenido en cuenta, muy especialmente por cierto, los intereses de los consumidores no significa que haya invadido terrenos que no son propios de su regulación; significa simplemente que, en el trance de reglamentar los comportamientos de los operadores del mercado, se ha guiado -de acuerdo con los criterios consolidados en la evolución actual del Derecho comparado y por imperativo de la propia Carta Constitucional- por la necesidad de reforzar la posición del consumidor como parte débil de las relaciones típicas del mercado.


CAPÍTULO I. Disposiciones generales
ARTÍCULO 1. FINALIDAD.

LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO LA PROTECCION DE LA COMPETENCIA EN INTERES DE TODOS LOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO, Y A TAL FIN ESTABLECE LA PROHIBICION DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.

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ARTÍCULO 2. AMBITO OBJETIVO.

1. LOS COMPORTAMIENTOS PREVISTOS EN ESTA LEY TENDRAN LA CONSIDERACION DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL SIEMPRE QUE SE REALICEN EN EL MERCADO Y CON FINES CONCURRENCIALES.

2. SE PRESUME LA FINALIDAD CONCURRENCIAL DEL ACTO CUANDO, POR LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE REALICE, SE REVELE OBJETIVAMENTE IDONEO PARA PROMOVER O ASEGURAR LA DIFUSION EN EL MERCADO DE LAS PRESTACIONES PROPIAS O DE UN TERCERO.

Modificaciones

ARTÍCULO 3. AMBITO SUBJETIVO.

1. LA LEY SERA DE APLICACION A LOS EMPRESARIOS Y A CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE PARTICIPEN EN EL MERCADO.

2. LA APLICACION DE LA LEY NO PODRA SUPEDITARSE A LA EXISTENCIA DE UNA RELACION DE COMPETENCIA ENTRE EL SUJETO ACTIVO Y EL SUJETO PASIVO DEL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL.

Modificaciones

CAPÍTULO II. Actos de competencia desleal
ARTÍCULO 4. AMBITO TERRITORIAL.

LA PRESENTE LEY SERA DE APLICACION A LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL QUE PRODUZCAN O PUEDAN PRODUCIR EFECTOS SUSTANCIALES EN EL MERCADO ESPAÑOL.

Modificaciones

ARTÍCULO 5. CLAUSULA GENERAL.

SE REPUTA DESLEAL TODO COMPORTAMIENTO QUE RESULTE OBJETIVAMENTE CONTRARIO A LAS EXIGENCIAS DE LA BUENA FE.


Artículo 6. Actos de confusión.

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.


ARTÍCULO 7. ACTOS DE ENGAÑO.

SE CONSIDERA DESLEAL LA UTILIZACION O DIFUSION DE INDICACIONES INCORRECTAS O FALSAS, LA OMISION DE LAS VERDADERAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE PRACTICA QUE, POR LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE TENGA LUGAR, SEA SUSCEPTIBLE DE INDUCIR A ERROR A LAS PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE O ALCANZA, SOBRE LA NATURALEZA, MODO DE FABRICACION O DISTRIBUCION, CARACTERISTICAS, APTITUD EN EL EMPLEO, CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS Y, EN GENERAL, SOBRE LAS VENTAJAS REALMENTE OFRECIDAS.

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ARTÍCULO 8. OBSEQUIOS, PRIMAS Y SUPUESTOS ANALOGOS.

1. LA ENTREGA DE OBSEQUIOS CON FINES PUBLICITARIOS Y PRACTICAS COMERCIALES ANALOGAS SE REPUTARAN DESLEALES CUANDO, POR LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE REALICEN, PONGAN AL CONSUMIDOR EN EL COMPROMISO DE CONTRATAR LA PRESTACION PRINCIPAL.

2. LA OFERTA DE CUALQUIER CLASE DE VENTAJA O PRIMA PARA EL CASO DE QUE SE CONTRATE LA PRESTACION PRINCIPAL SE REPUTARA DESLEAL CUANDO INDUZCA O PUEDA INDUCIR AL CONSUMIDOR A ERROR ACERCA DEL NIVEL DE PRECIOS DE OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS DEL MISMO ESTABLECIMIENTO, O CUANDO LE DIFICULTE GRAVEMENTE LA APRECIACION DEL VALOR EFECTIVO DE LA OFERTA O SU COMPARACION CON OFERTAS ALTERNATIVAS. ESTAS ULTIMAS CIRCUNSTANCIAS SE PRESUMIRAN VERIFICADAS CUANDO EL COSTE EFECTIVO DE LA VENTAJA EXCEDA DEL QUINCE POR CIENTO DEL PRECIO DE LA PRESTACION PRINCIPAL.

3. LA SUBORDINACION DE LA CONCLUSION DE UN CONTRATO A LA ACEPTACION DE PRESTACIONES SUPLEMENTARIAS QUE NO GUARDEN RELACION CON EL OBJETO DE TAL CONTRATO SE REPUTARA DESLEAL CUANDO CONCURRA ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN EL APARTADO ANTERIOR.

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Artículo 9. Actos de denigración.

Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.


ARTÍCULO 10. ACTOS DE COMPARACION.

1. SE CONSIDERA DESLEAL LA COMPARACION PUBLICA DE LA ACTIVIDAD, LAS PRESTACIONES O EL ESTABLECIMIENTO PROPIOS O AJENOS CON LOS DE UN TERCERO CUANDO AQUELLA SE REFIERA A EXTREMOS QUE NO SEAN ANALOGOS, RELEVANTES NI COMPROBABLES.

2. SE REPUTA TAMBIEN DESLEAL LA COMPARACION QUE CONTRAVENGA LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 7 Y 9 EN MATERIA DE PRACTICAS ENGAÑOSAS Y DENIGRANTES.

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ARTÍCULO 11. ACTOS DE IMITACION.

1. LA IMITACION DE PRESTACIONES E INICIATIVAS EMPRESARIALES AJENAS ES LIBRE, SALVO QUE ESTEN AMPARADAS POR UN DERECHO DE EXCLUSIVA RECONOCIDO POR LA LEY.

2. NO OBSTANTE, LA IMITACION DE PRESTACIONES DE UN TERCERO SE REPUTARA DESLEAL CUANDO RESULTE IDONEA PARA GENERAR LA ASOCIACION POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES RESPECTO A LA PRESTACION O COMPORTE UN APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LA REPUTACION O EL ESFUERZO AJENO.

LA INEVITABILIDAD DE LOS INDICADOS RIESGOS DE ASOCIACION O DE APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACION AJENA EXCLUYE LA DESLEALTAD DE LA PRACTICA.

3. ASIMISMO, TENDRA LA CONSIDERACION DE DESLEAL LA IMITACION SISTEMATICA DE LAS PRESTACIONES E INICIATIVAS EMPRESARIALES DE UN COMPETIDOR CUANDO DICHA ESTRATEGIA SE HALLE DIRECTAMENTE ENCAMINADA A IMPEDIR U OBSTACULIZAR SU AFIRMACION EN EL MERCADO Y EXCEDA DE LO QUE, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS, PUEDA REPUTARSE UNA RESPUESTA NATURAL DEL MERCADO.

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Artículo 12. Explotación de la reputación ajena.

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.


Artículo 13. Violación de secretos.

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

Modificaciones

Artículo 14. Inducción a la infracción contractual.

1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.


ARTÍCULO 15. VIOLACION DE NORMAS.

1. SE CONSIDERA DESLEAL PREVALERSE EN EL MERCADO DE UNA VENTAJA COMPETITIVA ADQUIRIDA MEDIANTE LA INFRACCION DE LAS LEYES.

LA VENTAJA HA DE SER SIGNIFICATIVA.

2. TENDRA TAMBIEN LA CONSIDERACION DE DESLEAL LA SIMPLE INFRACCION DE NORMAS JURIDICAS QUE TENGAN POR OBJETO LA REGULACION DE LA ACTIVIDAD CONCURRENCIAL.


Artículo 16. Discriminación y dependencia económica.

1. El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada.

2. Se reputa desleal la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.

3. Tendrá asimismo la consideración de desleal:

a) La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de seis meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas o en caso de fuerza mayor.

b) La obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en el contrato de suministro que se tenga pactado.

Modificaciones

Artículo 17. Venta a pérdida.

1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es libre.

2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal en los siguientes casos:

a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento.

b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos.

c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.


ARTÍCULO 18. ACCIONES.

CONTRA EL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL PODRAN EJERCITARSE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

1. ACCION DECLARATIVA DE LA DESLEALTAD DEL ACTO, SI LA PERTURBACION CREADA POR EL MISMO SUBSISTE.

2. ACCION DE CESACION DEL ACTO, O DE PROHIBICION DEL MISMO, SI TODAVIA NO SE HA PUESTO EN PRACTICA.

3. ACCION DE REMOCION DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR EL ACTO.

4. ACCION DE RECTIFICACION DE LAS INFORMACIONES ENGAÑOSAS, INCORRECTAS O FALSAS.

5. ACCION DE RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL ACTO, SI HA INTERVENIDO DOLO O CULPA DEL AGENTE. EL RESARCIMIENTO PODRA INCLUIR LA PUBLICACION DE LA SENTENCIA.

6. ACCION DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO, QUE SOLO PROCEDERA CUANDO EL ACTO LESIONE UNA POSICION JURIDICA AMPARADA POR UN DERECHO DE EXCLUSIVA U OTRA DE ANALOGO CONTENIDO ECONOMICO.

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CAPÍTULO III. Prácticas comerciales con los consumidores o usuarios
ARTÍCULO 19. LEGITIMACION ACTIVA.

1. CUALQUIER PERSONA QUE PARTICIPE EN EL MERCADO, CUYOS INTERESES ECONOMICOS RESULTEN DIRECTAMENTE PERJUDICADOS O AMENAZADOS POR EL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL, ESTA LEGITIMADA PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LOS CINCO PRIMEROS NUMEROS DEL ARTICULO ANTERIOR.

LA ACCION DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO SOLO PODRA SER EJERCITADA POR EL TITULAR DE LA POSICION JURIDICA VIOLADA.

2. LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LOS NUMEROS 1. A 4. DEL ARTICULO ANTERIOR PODRAN EJERCITARSE ADEMAS POR LAS SIGUIENTES ENTIDADES:

A) LAS ASOCIACIONES, CORPORACIONES PROFESIONALES O REPRESENTATIVAS DE INTERESES ECONOMICOS CUANDO RESULTEN AFECTADOS LOS INTERESES DE SUS MIEMBROS.

B) LAS ASOCIACIONES QUE, SEGUN SUS ESTATUTOS, TENGAN POR FINALIDAD LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR. LA LEGITIMACION QUEDARA SUPEDITADA EN ESTE SUPUESTO A QUE EL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL PERSEGUIDO AFECTE DIRECTAMENTE A LOS INTERESES DE LOS CONSUMIDORES.

Modificaciones

ARTÍCULO 20. LEGITIMACION PASIVA.

1. LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 18 PODRAN EJERCITARSE CONTRA CUALQUIER PERSONA QUE HAYA REALIZADO U ORDENADO EL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL O HAYA COOPERADO A SU REALIZACION. NO OBSTANTE, LA ACCION DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO SOLO PODRA DIRIGIRSE CONTRA EL BENEFICIARIO DEL ENRIQUECIMIENTO.

2. SI EL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL ES REALIZADO POR TRABAJADORES U OTROS COLABORADORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y DEBERES CONTRACTUALES, LAS ACCIONES PREVISTAS EN LOS NUMEROS 1. Y 4. DEL ARTICULO 18 DEBERAN DIRIGIRSE CONTRA EL PRINCIPAL. RESPECTO A LAS ACCIONES DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR EL DERECHO CIVIL.

Modificaciones

ARTÍCULO 21. PRESCRIPCION.

LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL PRESCRIBEN POR EL TRANSCURSO DE UN AÑO DESDE EL MOMENTO EN QUE PUDIERON EJERCITARSE Y EL LEGITIMADO TUVO CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE REALIZO EL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL; Y, EN CUALQUIER CASO, POR EL TRANSCUROS DE TRES AÑOS DESDE EL MOMENTO DE LA REALIZACION DEL ACTO.

Modificaciones

ARTÍCULO 22. PROCEDIMIENTO.

LOS PROCESOS EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL SE TRAMITARÁN CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL PARA EL JUICIO ORDINARIO.

Modificaciones

ARTÍCULO 23. COMPETENCIA TERRITORIAL.

(Derogado)

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ARTÍCULO 24. DILIGENCIAS PRELIMINARES.

1. QUIEN PRETENDA EJERCITAR UNA ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL PODRA SOLICITAR DEL JUEZ LA PRACTICA DE DILIGENCIAS PARA LA COMPROBACION DE AQUELLOS HECHOS CUYO CONOCIMIENTO RESULTE OBJETIVAMENTE INDISPENSABLE PARA PREPARAR EL JUICIO.

2. TALES DILIGENCIAS SE SUSTANCIARAN DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULO 129 A 132 DE LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES, Y PODRAN EXTENDERSE A TODO EL AMBITO INTERNO DE LA EMPRESA.

Modificaciones

ARTÍCULO 25. MEDIDAS CAUTELARES.

(Derogado)

Modificaciones

ARTÍCULO 26. ESPECIALIDAD EN MATERIA PROBATORIA.

(Derogado)

Modificaciones

Artículo 27. Otras prácticas engañosas.

Igualmente se consideran desleales por engañosas las prácticas que:

1. Presenten los derechos que otorga la legislación a los consumidores o usuarios como si fueran una característica distintiva de la oferta del empresario o profesional.

2. Realicen afirmaciones inexactas o falsas en cuanto a la naturaleza y la extensión del peligro que supondría para la seguridad personal del consumidor y usuario o de su familia, el hecho de que el consumidor o usuario no contrate el bien o servicio.

3. Transmitan información inexacta o falsa sobre las condiciones de mercado o sobre la posibilidad de encontrar el bien o servicio, con la intención de inducir al consumidor o usuario a contratarlo en condiciones menos favorables que las condiciones normales de mercado.

4. Incluyan en la documentación de comercialización una factura o un documento similar de pago que dé al consumidor o usuario la impresión de que ya ha contratado el bien o servicio comercializado, sin que éste lo haya solicitado.

5. Afirmen de forma fraudulenta o creen la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario.


Artículo 28. Prácticas agresivas por coacción.

Se reputan desleales por agresivas las prácticas comerciales que hagan creer al consumidor o usuario que no puede abandonar el establecimiento del empresario o profesional o el local en el que se realice la práctica comercial, hasta haber contratado, salvo que dicha conducta sea constitutiva de infracción penal.


Artículo 29. Prácticas agresivas por acoso.

1. Se considera desleal por agresivo realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en ella.

2. Igualmente se reputa desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.

El empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que le permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario o profesional.

Para que el consumidor o usuario pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición a recibir propuestas comerciales no deseadas, cuando éstas se realicen por vía telefónica, las llamadas deberán realizarse desde un número de teléfono identificable.

Este supuesto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales, servicios de la sociedad de la información, telecomunicaciones y contratación a distancia con los consumidores o usuarios, incluida la contratación a distancia de servicios financieros.


Artículo 30. Prácticas agresivas en relación con los menores.

Se reputa desleal por agresivo, incluir en la publicidad una exhortación directa a los niños para que adquieran bienes o usen servicios o convenzan a sus padres u otros adultos de que contraten los bienes o servicios anunciados.


Artículo 31. Otras prácticas agresivas.

Se considera desleal por agresivo:

1. Exigir al consumidor o usuario, ya sea tomador, beneficiario o tercero perjudicado, que desee reclamar una indemnización al amparo de un contrato de seguro, la presentación de documentos que no sean razonablemente necesarios para determinar la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo o dejar sistemáticamente sin responder la correspondencia al respecto, con el fin de disuadirlo de ejercer sus derechos.

2. Exigir el pago inmediato o aplazado, la devolución o la custodia de bienes o servicios suministrados por el comerciante, que no hayan sido solicitados por el consumidor o usuario, salvo cuando el bien o servicio en cuestión sea un bien o servicio de sustitución suministrado de conformidad con lo establecido en la legislación vigente sobre contratación a distancia con los consumidores y usuarios.

3. Informar expresamente al consumidor o usuario de que el trabajo o el sustento del empresario o profesional corren peligro si el consumidor o usuario no contrata el bien o servicio.


CAPÍTULO IV. Acciones derivadas de la competencia desleal
Artículo 32. Acciones.

1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1.ª Acción declarativa de deslealtad.

2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.

3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.

4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.


Artículo 33. Legitimación activa.

1. Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª

Frente a la publicidad ilícita está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª, cualquier persona física o jurídica que resulte afectada y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo.

La acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal podrá ejercitarse, igualmente, por los legitimados conforme a lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada.

2. Las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, podrán ejercitarse además por las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

3. Ostentan legitimación activa para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios:

a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

c) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

4. El Ministerio Fiscal podrá ejercitar la acción de cesación en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.


Artículo 34. Legitimación pasiva.

1. Las acciones previstas en el artículo 32 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento.

2. Si la conducta desleal se hubiera realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, deberán dirigirse contra el principal. Respecto a las acciones de resarcimiento de daños y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el Derecho Civil.


Artículo 35. Prescripción.

Las acciones de competencia desleal previstas en el artículo 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta.

La prescripción de las acciones en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios, se rige por lo dispuesto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.


Artículo 36. Diligencias preliminares.

1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio.

2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa.

CAPÍTULO V. Códigos de conducta
Artículo 37. Fomento de los códigos de conducta.

1. Las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores podrán elaborar, para que sean asumidos voluntariamente por los empresarios o profesionales, códigos de conducta relativos a las prácticas comerciales con los consumidores, con el fin de elevar el nivel de protección de los consumidores y garantizando en su elaboración la participación de las organizaciones de consumidores.

2. Los códigos de conducta respetarán la normativa de defensa de la competencia y se les dará una publicidad suficiente para su debido conocimiento por los destinatarios.

3. Las Administraciones públicas promoverán la participación de las organizaciones empresariales y profesionales en la elaboración a escala comunitaria de códigos de conducta con este mismo fin.

4. Los sistemas de autorregulación se dotarán de órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas. Sus códigos de conducta podrán incluir, entre otras, medidas individuales o colectivas de autocontrol previo de los contenidos publicitarios, y deberán establecer sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean notificados a la Comisión Europea, de conformidad con lo previsto en la Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000 relativo a la red comunitaria de órganos nacionales de solución extrajudicial de litigios en materia de consumo o cualquier disposición equivalente.

5. El recurso a los órganos de control de los códigos de conducta en ningún caso supondrá la renuncia a las acciones judiciales previstas en el artículo 32.


Artículo 38. Acciones frente a códigos de conducta.

1. Frente a los códigos de conducta que recomienden, fomenten o impulsen conductas desleales o ilícitas podrán ejercitarse las acciones de cesación y rectificación previstas en el artículo 32.1, 2.ª y 4.ª

2. Con carácter previo al ejercicio de las acciones previstas en el apartado anterior, dirigidas frente a los responsables de los códigos de conducta que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 37.4, deberá instarse del responsable de dicho código la cesación o rectificación de la recomendación desleal, así como el compromiso de abstenerse de realizarla cuando todavía no se hayan producido.

La solicitud deberá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su contenido y de la fecha de su recepción.

El responsable del código de conducta estará obligado a emitir el pronunciamiento que proceda en el plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud, plazo durante el cual, quien haya iniciado este procedimiento previo, no podrá ejercitar la correspondiente acción judicial.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se haya notificado al reclamante la decisión o cuando ésta sea insatisfactoria o fuera incumplida, quedará expedita la vía judicial.


Artículo 39. Acciones previas frente a empresarios y profesionales adheridos a códigos de conducta.

1. Cuando la acción se fundamente en las causas previstas en el artículo 5.2, se instará, con carácter previo al ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 2.ª y 4.ª, ante el órgano de control del código de conducta, la cesación o rectificación del acto o la práctica comercial de quienes de forma pública estén adheridos al mismo, así como el compromiso de abstenerse de realizar el acto o la práctica desleal cuando éstos todavía no se hayan producido.

El órgano de control estará obligado a emitir el pronunciamiento que proceda en el plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud, plazo durante el cual, quien haya iniciado este procedimiento previo, no podrá ejercitar la correspondiente acción judicial.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se haya notificado al reclamante la decisión o cuando ésta sea insatisfactoria o fuera incumplida, quedará expedita la vía judicial.

2. En el resto de los supuestos de acciones dirigidas a obtener la cesación o la rectificación de una conducta desleal de quienes públicamente estén adheridos a códigos de conducta que reúnan los requisitos del artículo 37.4, la acción previa ante el órgano de control prevista en el apartado anterior será potestativa.

DISPOSICIONES ADICIONALES
D.A. Única. Definición de publicidad.

A los efectos de esta ley se entiende por publicidad la actividad así definida en el artículo 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS
D.T. Única.

Las acciones judiciales que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se tramitarán de acuerdo con las normas sustantivas y procesales antes vigentes.


DISPOSICIONES DEROGATORIAS
D.DT. Única.

A la entrada en vigor de esta Ley, quedarán derogados los artículos 87, 88 y 89 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de Marcas.

Asimismo, quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

 

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 10 de enero de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


NORMA AFECTADA POR

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.


Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.


Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el regimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la proteccion de los consumidores y usuarios.


LEY ORGANICA 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley organica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espana y su integracion social, modificada por la Ley Organica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.


LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.


LEY 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.