Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO.

La primera declaración oficial destinada a proteger los derechos de los menores fue redactada en 1923, finalizada la Primera Guerra Mundial. En 1959 la Organización de las Naciones Unidas proclamó en Ginebra los diez derechos fundamentales del niño hospitalizado, destacando que su falta de madurez física e intelectual hace imprescindible la necesidad de un cuidado adecuado y especial para él. En 1986 se redactó la Carta Europea de los Niños Hospitalizados, enumerando los derechos especiales que tienen cuando, por alguna causa, deben ser ingresados en un hospital.

La evolución que la figura del niño ha tenido en los últimos años exige articular una legislación acorde con esta nueva dimensión social, El niño ha pasado de ser objeto de protección a ser sujeto de derechos, siendo la protección uno de los que le amparan. Este cambio de enfoque ha sido, en gran parte, promovido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989 (RCL 1990,2712).

La respuesta rápida de la comunidad internacional -única en la evolución de los derechos del hombre- ha acelerado la aceptación, la divulgación y el afianzamiento de esta perspectiva nueva. Los contenidos declarativos han tenido reflejo normativo en nuestro entorno sociocultural, y los principios de protección, provisión y participación defendidos por la convención, se han traducido en derechos específicos cuyo contenido garantiza la efectiva aplicación de aquéllos.

La Constitución Española reconoce, en su artículo 43, el derecho a la protección de la salud y confiere a los poderes públicos la competencia para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y asistenciales, así como fomentar la educación sanitaria. Y en su artículo 148.1.21 confiere a las Comunidades Autónomas la capacidad para asumir competencias en sanidad e higiene.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 18.5, establece que las Administraciones públicas, a través de sus servicios de salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, entre otras, las siguientes actuaciones: programas de atención a grupos de población de mayor riesgo y programas específicos de protección frente a factores de riesgo, así como los programas de prevención de las deficiencias, tanto congénitas como adquiridas.

El Decreto 147/1986, de 24 de noviembre, del Consell, regula el programa para la promoción de la salud de la madre y el niño.

La Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de derechos e información al paciente de la Comunitat Valenciana, reconoce y garantiza los derechos de los pacientes como expresión de respeto a su dignidad humana. Pero, siendo una Ley de carácter general, se hace necesario abordar, de una manera específica y próxima a las necesidades reales del menor, los derechos que deben garantizarle el mejor desarrollo físico y psíquico, favoreciendo su incorporación a la vida adulta en las condiciones más idóneas de salud y posibilitando que la sociedad que ellos creen en el futuro sea también una sociedad más saludable.

La presente Ley tiene por finalidad que los niños y adolescentes de la Comunitat Valenciana tengan garantizado su derecho a la salud en su sentido más amplio, apostando, claramente, por la integración social de los niños con su enfermedad o discapacidad.

Para conseguir dicho objetivo la Ley se articula en tres títulos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales.

En el título preliminar se establece el objeto y ámbito de la Ley y los derechos generales que están relacionados con la naturaleza intrínseca del niño, considerado éste como ser humano en una de las etapas más vulnerables de la vida, etapa en la que todo lo que no se haga o se haga de manera inadecuada influirá en su presente, e indudablemente, también en su futuro.

En el título I se enumeran los derechos específicos relacionados con el nacimiento y la lactancia materna. La salud del menor comienza a fraguarse antes de su nacimiento por lo que la atención a la madre embarazada y los cuidados y atención que reciba durante el embarazo y el parto serán de una gran importancia. Favorecer la participación del padre en todo el proceso, propiciar un ambiente adecuado en el nacimiento y fortalecer el vínculo materno-infantil desde ese mismo momento, así como promover la lactancia materna, son cuestiones que favorecen el mejor desarrollo del niño.

Asimismo, se articulan los derechos de promoción de la salud, prevención de minusvalías psíquicas y físicas, exámenes de salud y calendario vacunal, medidas para favorecer los conocimientos de puericultura de todos aquellos que son responsables del cuidado de los niños, así como la atención sanitaria del menor, destacando la eliminación de barreras arquitectónicas, confort, separación de las zonas pediátricas de las de adultos y la importancia de facilitar que los niños puedan estar acompañados por sus padres o tutores en las instituciones sanitarias.

Quedan también recogidos en este título I los derechos propios del niño hospitalizado, desarrollando aspectos importantes de la hospitalización como son las aulas escolares, que posibilitan a los niños no interrumpir su aprendizaje escolar, los espacios lúdicos y biblioteca y el derecho a la información, la elección y el consentimiento informado de los menores, en armonía con los deberes de los padres o tutores.

Por último, se alude a la salud de los adolescentes por considerar que en esta etapa se presentan unas necesidades específicas que deben tener también respuestas específicas, recogiéndose en un capítulo el derecho a un medio ambiente saludable. La Generalitat, al igual que lo hace la Estrategia Europea de Salud y Medio Ambiente, reconoce que proteger el medio ambiente significa proteger la salud y de manera muy especial la de los niños y adolescentes.

Esta Ley de los derechos de salud de niños y adolescentes es expresión de una sensibilidad especial con los menores más vulnerables o desprotegidos y, por ello, el título II garantiza una atención sanitaria a los menores en situación de alta vulnerabilidad, tales como los menores discapacitados y enfermos crónicos, los menores portadores del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), los que están en situación de protección social y los menores infractores, que responda, con eficacia, a sus diferentes necesidades. La parte final de este título se dedica a la prevención, detección y atención al maltrato infantil.