NORMA FORAL 2/2017, de 12 de abril, de reforma parcial de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. - Boletín Oficial de Bizkaia de 19-05-2017

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  • Ámbito: Bizkaia
  • Estado: VIGENTE
  • Fecha de entrada en vigor: 01/06/2017
  • Boletín: Boletín Oficial de Bizkaia Número 95
  • Fecha de Publicación: 19/05/2017
  • PDF de la disposición
  • Esta norma NO ha sido modificada legislativamente

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 12 de abril de 2017, y yo promulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 2/2017, de 12 de abril, de reforma parcial de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.

En Bilbao, a 18 de abril de 2017.

El Diputado General

UNAI REMENTERIA MAIZ


NORMA FORAL 2/2017, DE 12 DE ABRIL DE REFORMA PARCIAL DE LA NORMA FORAL 2/2005, DE 10 DE MARZO, GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
PREÁMBULO

La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, constituye el marco jurídico del sistema tributario de Bizkaia en el que se encuadran las normas que regulan tanto los aspectos generales del mismo, como la regulación de los procedimientos administrativos que llevarán a efecto las Administraciones tributarias de nuestro Territorio para conseguir una correcta aplicación de los tributos.

Su aprobación en 2005 supuso una revisión global de dicho marco de referencia en aras, fundamentalmente, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las y los contribuyentes, así como a dotar de una mayor eficiencia y eficacia a la actuación de la Administración tributaria, sin perder de vista la necesidad de incrementar la seguridad jurídica y la atención y la asistencia a las y los contribuyentes. Su aplicación durante estos 11 años de vigencia, junto con la de los Reglamentos de desarrollo que la complementan, ha coadyuvado a una evolución notable en las formas de gestión de la Administración tributaria, que queda patente en ámbitos tales como el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones entre la Administración tributaria y las y los contribuyentes o en las nuevas vías y formas para el tratamiento e intercambio de la información.

A lo largo de este periodo, su articulado ha sido objeto de diversas modificaciones, siendo una de las más destacables la llevada a cabo mediante la Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias, con el fin de aumentar la efectividad de las actuaciones en dicho ámbito. Recientemente, profundizando en la mencionada finalidad de la reforma acometida en 2013 y dando respuesta a su vez a las exigencias derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea, se han introducido nuevas modificaciones de gran calado y repercusión, como la operada por la Norma Foral 2/2016, de 17 de febrero, por medio de la cual se establece la medida consistente en la publicación por parte de la Hacienda Foral de Bizkaia de listados de deudores, y la Norma Foral 5/2016, de 20 de julio, que establece medidas tales como una nueva excepción a la prohibición de cesión de los datos con trascendencia tributaria para los supuestos previstos en el Derecho de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos internacionales que formen parte del ordenamiento jurídico, los nuevos criterios que se pueden tener en cuenta para considerar que un determinado país o jurisdicción tenga la consideración de paraíso fiscal o la obligación de adoptar medidas para exigir que las instituciones financieras apliquen de forma efectiva las normas de comunicación de información y diligencia debida incluidas en las Directivas europeas en la materia.

La amplia reforma del marco jurídico de nuestro sistema tributario que se acomete mediante la presente Norma Foral viene a establecer nuevas herramientas para el mejor cumplimiento de los objetivos generales que inspiraron el marco de 2005, entre los que destacan el incremento de la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos sin menoscabo de la seguridad jurídica de las y los obligados tributarios o el reforzamiento de las medidas de lucha contra el fraude. Asimismo, las recientes modificaciones producidas en los principios generales de los sistemas tributarios de nuestro entorno y la obligada adaptación de la legislación foral a la normativa comunitaria también tienen su reflejo en las modificaciones introducidas.

La presente Norma Foral consta de un artículo único y ocho disposiciones transitorias. Por medio del artículo único se modifican 55 artículos del texto vigente de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia así como dos disposiciones adicionales. Además, añade al vigente contenido de la Norma Foral General Tributaria cuatro artículos y una disposición adicional así como dos títulos nuevos, el VI y el VII, comprensivos de 21 artículos, que regulan las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda pública y los procedimientos de recuperación de ayudas de estado que afecten al ámbito tributario, respectivamente. Las modificaciones introducidas se complementan con la aprobación de un régimen transitorio que establece los criterios de vigencia de las mismas a través de 8 disposiciones transitorias.

A continuación se detallan las medidas más destacables de la presente Norma Foral.

En materia de responsabilidad y de sucesión, la nueva Ley 5/2015, de25 de junio, de Derecho Civil Vasco, ha introducido importantes modificaciones en el ámbito de la sucesión del País Vasco, y establece entre otras cuestiones, una responsabilidad limitada para las y los sucesores cuya referencia debe tenerse en cuenta. De igual manera en el ámbito de la sucesión regida por esta Ley, se determina que el cumplimiento de las obligaciones tributarias en supuestos de herencia pendiente del ejercicio de un poder testatorio, corresponden a la o al administrador de la herencia.

En cuanto a la prescripción, destaca una nueva previsión para los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria no se requiera la presentación de declaración ni autoliquidación, en cuyo caso el cómputo del plazo de prescripción comenzará en el momento del devengo del tributo.

De mayor calado resulta ser la nueva categorización de las denominadas obligaciones tributarias conexas de titularidad de la misma persona obligada tributaria, definidas como aquellas en las que alguno de sus elementos resulte afectado o se determine en función de los correspondientes a otra obligación o periodo distinto. La existencia de obligaciones tributarias conexas plantea importantes problemas en materia de prescripción no resueltos actualmente. Así, cuando la Administración Tributaria regulariza una obligación tributaria relacionada con otra de la misma persona obligada tributaria, si la Administración pretende modificar la obligación tributaria conexa aplicando los criterios en los que se ha fundamentado la regularización de la primera obligación, es posible que no pueda hacerlo por encontrarse la deuda ya prescrita, dando lugar a situaciones en las que las y los obligados tributarios y la Hacienda pública pueden resultar gravemente perjudicados. Así, pueden darse supuestos de sobreimposición en perjuicio de persona obligada tributaria pero también pueden producirse situaciones de desimposición en detrimento de los intereses del erario público.

Para dar solución a los problemas expuestos, se regula que la interrupción del plazo de prescripción de la potestad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los derechos de liquidar y de solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de los ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías relativas a las obligaciones tributarias conexas de la propia persona obligada tributaria, cuando en dichas obligaciones conexas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias conexas.

En relación a la prescripción, se reformula la facultad, vigente en el sistema tributario de Bizkaia desde 2005, de la Administración tributaria de comprobar e investigar hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en ejercicios o periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción o la caducidad, que hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que la prescripción o caducidad no se hubiese producido.

En referencia a la caducidad, se completa su regulación, estableciendo un nuevo supuesto de suspensión del cómputo del plazo de la misma para los casos de solicitud de una tasación pericial contradictoria, hasta el momento en que se dicte la resolución, salvo que hubiera transcurrido el plazo máximo de resolución previsto, en cuyo caso, el plazo proseguirá a partir del día siguiente al de su vencimiento.

En el ámbito de la colaboración social en la aplicación de los tributos y, en particular, del carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, se establece un nuevo supuesto de colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se incorpora al ordenamiento interno lo que ya se establece a través del derecho de la Unión Europea, en cuanto a la obligación que existe de hacer pública determinada información en virtud del mismo.

En materia probatoria se determina que la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto a la existencia de operaciones, perdiendo su eficacia probatoria cuando la Administración aprecie indicios suficientemente fundados que cuestionen su efectividad.

Uno de los aspectos más novedosos de la presente Norma Foral es el que afecta a los procedimientos y actuaciones de aplicación de los tributos en el ámbito de la gestión. Así, se incorporan importantes novedades en los procedimientos de gestión tributaria con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica a las y los contribuyentes, entre las que destaca el establecimiento de un plazo de caducidad de seis meses para la terminación de los procedimientos iniciados mediante autoliquidación y declaración.

Otra novedad es la regulación de un nuevo procedimiento cuyo objeto es la revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales, el cual se iniciará de forma obligatoria en el plazo de dos meses desde la caducidad del procedimiento iniciado mediante autoliquidación, en aquellos casos en que la autoliquidación hubiera resultado a devolver. No obstante, la Administración tributaria podrá iniciar este nuevo procedimiento en los supuestos establecidos en el artículo 124 bis de la Norma Foral General Tributaria.

Con la misma pretensión de dar seguridad a las y los contribuyentes y de delimitar claramente las competencias de la Administración tributaria dentro de cada uno de los diferentes tipos de procedimientos de gestión a su alcance, se establece la posibilidad de requerir la aportación de libros y demás registros que tenga obligación de llevar la o el contribuyente conforme a lo previsto en la normativa tributaria, tanto en procedimiento iniciado mediante autoliquidación o declaración como en el nuevo procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales. No obstante, en el ámbito de estos procedimientos, la Administración tributaria no podrá solicitar copia de la contabilidad mercantil ni proceder a una revisión general de la totalidad de los elementos que conformen la determinación de los rendimientos de actividades económicas, para lo que deberá iniciar, en su caso, un procedimiento de comprobación limitada o un procedimiento de inspección.

En lo que se refiere a la tasación pericial contradictoria, se completa su regulación, estableciendo la suspensión del plazo para iniciar o terminar el procedimiento sancionador cuando se solicite dicha tasación, dado que la regulación actual podría derivar en la imposibilidad de imponer una sanción cuando contra la liquidación se promoviera dicha tasación. También podría suceder que la sanción hubiese sido impuesta ya en el momento en que se solicite la tasación pericial contradictoria, en cuyo caso, se posibilita poder adaptar la sanción a la liquidación resultante tras la tasación sin que para ello sea necesario acudir a un procedimiento de revocación.

Por lo que se refiere a la comprobación limitada, se aumenta el plazo de duración del procedimiento a nueve meses y se especifica que la Administración tributaria podrá utilizar dicho procedimiento para la revisión general de los elementos que conformen la determinación de los rendimientos de actividades económicas de la persona obligada tributaria, siempre que hayan sido declarados a la Administración tributaria y no supongan labores de investigación, reservadas exclusivamente para el ámbito de los procedimientos de inspección.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la vigente regulación del método de estimación indirecta se ha mostrado insuficiente en algunos supuestos, provocando cierta inseguridad jurídica en su aplicación, se aclaran y precisan determinados aspectos de esta materia. Así, se regulan las fuentes de las que pueden proceder los datos a utilizar para la determinación de la base imponible, se precisa también la posibilidad de utilización parcial de este método y se admite la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas que se hayan determinado indirectamente, aun cuando no se disponga de las facturas o documentos que, con carácter general, exige la normativa del impuesto. Asimismo, se prevé que dado que la estimación de bases y cuotas se hace de forma anual, en tributos como el IVA, con periodos de liquidación inferiores al año, la cuota anual estimada se repartirá linealmente entre los periodos de liquidación correspondientes, salvo que la persona obligada tributaria justifique otra cosa.

En el ámbito sancionador, resultan reseñables las modificaciones que a continuación se detallan.

Se incluye la reducción de un 70 por 100 en los supuestos en los que se formalice un compromiso de pago de los actos administrativos derivados de un procedimiento de comprobación reducida.

Se elimina la facultad discrecional del diputado foral de Hacienda y Finanzas de condonar de forma graciable las sanciones tributarias firmes y se determina que las sanciones tributarias sólo podrán condonarse en virtud de Norma Foral, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.

Se establece que el régimen de interrupción de la prescripción de obligaciones tributarias conexas, incluido en la presente reforma de la Norma Foral General Tributaria, será aplicable asimismo a la potestad sancionadora, de modo que la interrupción de la prescripción de la potestad administrativa para imponer sanciones tributarias, interrumpe la prescripción de la potestad administrativa sancionadora para las obligaciones tributarias conexas.

Se tipifica como infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de presentar autoliquidaciones o declaraciones en el modelo aprobado al efecto, en soporte directamente legible por ordenador o de forma telemática y la contestación a requerimientos individualizados en soporte distinto a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios o cuando así se requiera por la Administración.

En el ámbito de las infracciones tributarias por incumplir obligaciones contables y registrales, se mantiene el importe de la sanción para los supuestos de incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias, pero se incrementa al 20 por 100 de la cifra de negocios de la o del infractor la multa pecuniaria proporcional con un mínimo de 60.000 euros cuando el incumplimiento se refiera a la obligación de conservar los programas y archivos informáticos que sirvan de soporte a la contabilidad, libros y registros, así como a los sistemas de codificación utilizados y se establece este mismo importe para los casos en que la Administración tributaria compruebe que los programas y archivos informáticos que sirven de soporte para el control de la facturación y los sistemas de codificación utilizados, han sido destruidos, borrados o manipulados. De igual manera se incrementa a 10.000 euros la multa pecuniaria fija para los supuestos de llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación de la persona obligada tributaria.

En materia de revisión en vía administrativa y en relación con la aplicación del régimen de prescripción de obligaciones tributarias conexas, se regula, que en ejecución de una resolución que estime total o parcialmente un recurso o reclamación contra una liquidación de una obligación tributaria conexa a otra de la misma persona obligada tributaria, se regularizará la obligación conexa distinta de la recurrida en la que la Administración hubiese aplicado los criterios o elementos en que se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria objeto de la reclamación.

En relación a las modificaciones operadas en el bloque de las reclamaciones económico administrativas se destacan las siguientes.

En relación con la figura del silencio administrativo, se aclara que si se resuelve el acto impugnado cuando ya se han producido los efectos de dicho silencio, y se ha interpuesto una reclamación económico-administrativa, se remitirá al Tribunal Económico Administrativo Foral la resolución y se notificará a la persona interesada, considerándose impugnada en vía económico-administrativa o causando la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal.

Asimismo, se considera necesario regular el procedimiento para plantear cuestiones prejudiciales por parte del Tribunal Económico Administrativo Foral ante el Tribunal de Justicia de la UE y se dispone el plazo para formular alegaciones y la suspensión del procedimiento económico-administrativo cuando se hubiese planteado la cuestión prejudicial.

Respecto de la ejecución de las resoluciones dictadas por los órganos económicoadministrativos, se precisa que los actos de ejecución no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación, salvo que la resolución ejecutada hubiese apreciado la existencia de defectos formales que hubiesen disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, en cuyo caso procederá una retroacción de actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal

En relación al recurso de anulación se introducen algunas mejoras de carácter eminentemente técnico. Por un lado, su regulación se encuadra en un artículo propio e independiente, a la vista de su entidad y, por otro, se amplía a tres meses el plazo de resolución de dicho recurso.

Otra mejora de carácter eminentemente técnico es que el incidente de ejecución, hasta ahora regulado en el Reglamento de revisión en vía administrativa, pasa a ser un recurso contra los actos dictados como consecuencia de la ejecución de una resolución económico-administrativa.

Para finalizar se aborda el contenido de los nuevos títulos, VI y VII, que se introducen en la Norma Foral General Tributaria mediante la presente Norma Foral.

El primero de ellos se dedica a las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda pública, y está directamente relacionado con la reciente reforma del Código Penal en esta materia, llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, en virtud de la cual se hace preciso establecer un procedimiento administrativo que permita practicar liquidaciones tributarias y efectuar el cobro de las mismas aún en los supuestos en los que se inicie la tramitación de un procedimiento penal.

En este título VI, se contempla como regla general la práctica de liquidación y el desarrollo de las actuaciones recaudatorias de la deuda tributaria cuantificada a través de la misma, sin perjuicio de que, en determinados casos proceda la paralización de las actuaciones, sin practicar liquidación, en tanto en cuanto no exista un pronunciamiento en sede jurisdiccional.

A diferencia del régimen legal anterior, cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito, el proceder general habrá de ser la continuación de la tramitación del procedimiento con arreglo a las normas generales, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, salvo en los supuestos de excepción a la práctica de liquidaciones, en los cuales se abstendrá de practicar liquidación y se pasará de la misma el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal. De esta forma, se dictará la correspondiente liquidación separando en dos liquidaciones diferentes aquellos elementos de la obligación tributaria que se encuentren vinculados al posible delito contra la Hacienda Pública de los que no lo estén. Respecto de estos últimos, las actuaciones se ajustarán al régimen ordinario de liquidación.

Este cambio de concepción frente al régimen vigente, permitirá superar, por una lado, la conversión de la deuda tributaria en una figura de naturaleza distinta, la responsabilidad civil derivada del delito, como fórmula de resarcimiento a la Hacienda Pública del daño generado y, por otro, el diferente e injustificado trato de favor que la regulación preexistente dispensaba a quién se constituía en presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública frente a quién se configuraba como mero infractor administrativo, en relación con la obligación que atañía a éste último frente al primero de pagar o garantizar la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo.

Por tanto, la nueva normativa tributaria proporciona las reglas necesarias para resolver las situaciones singulares derivadas de la coexistencia de las actuaciones administrativas de liquidación y cobro con el enjuiciamiento penal de la defraudación.

Asimismo, en la actual configuración del delito contra la Hacienda Pública se ha incorporado el concepto de regularización voluntaria, confirmándose en este título la potestad de la Administración Tributaria para realizar las comprobaciones que se consideren precisas en orden a determinar la existencia, en su caso, del completo reconocimiento y pago de la deuda que exige dicha regularización. También se prevé expresamente la posibilidad de que se proceda a la regularización voluntaria una vez prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria. Solamente cuando no se alcance la certeza en cuanto a dicha regularización, se pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.

Se regula expresamente el procedimiento a seguir en caso de que se practique una liquidación tributaria con algunas previsiones ciertamente novedosas derivadas de la especialidad de la materia, tales como que examinadas las alegaciones, el órgano competente dictará liquidación administrativa, con autorización previa o simultánea del órgano competente para interponer la denuncia o querella y, una vez dictada, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, interrumpiendo los plazos de prescripción y suspendiendo los plazos de caducidad del ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria o que el periodo voluntario de ingreso de la deuda tributaria resultante de la liquidación administrativa, una vez pasado el tanto de culpa o remitido el expediente al Ministerio Fiscal, solo comenzará a computarse desde que le sea notificada la admisión a trámite de la denuncia o querella correspondiente.

Asimismo, se prevé que en caso de concurrencia de conductas dolosas determinantes de un posible delito con otros elementos o cuantías susceptibles de regularización respecto de los que no sea apreciable la concurrencia de dicho comportamiento doloso, se formalizara una propuesta de liquidación y un acta de inspección. La propuesta de liquidación vinculada al delito comprenderá los elementos que hubieran sido objeto de declaración, a la que se sumarán todos los elementos respecto de los que se aprecie dolo y de la que se minorarán todos los ajustes a que la o el obligado tuviera derecho, así como las partidas a deducir o compensar en base o en cuota y la propia cuota inicialmente ingresada. Mientras que la propuesta de liquidación contenida en el acta, comprenderá todos los elementos comprobados, estén o no vinculados con el posible delito, y se deducirá la cantidad resultante de la propuesta vinculada a delito.

En cuanto al régimen de revisión, cabe destacar que frente a la liquidación administrativa vinculada a un posible delito no procederá recurso o reclamación en vía administrativa, sin perjuicio del ajuste que proceda con arreglo a lo que determine el proceso penal. Por el contrario, frente a la liquidación que resulte de los elementos y cuantías no vinculados con el posible delito, cabrá interponer los recursos y reclamaciones previstos en la Norma Foral General Tributaria.

Finalmente resulta reseñable la previsión expresa introducida en el ámbito de la recaudación relativa a que la existencia del proceso penal no paralizará las actuaciones dirigidas al cobro de la deuda tributaria y que frente a los actos del procedimiento de recaudación solo son oponibles determinados motivos tasados.

El segundo de los nuevos títulos, introducidos por la presente Norma Foral, es el VII, que regula de forma específica los procedimientos a seguir para la ejecución de las Decisiones de la Comisión Europea de recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario. Su vocación es la de ser omnicomprensivo de todos los aspectos que afectan a dichos procedimientos, que se califican como de aplicación de los tributos, sin que sea necesario, por tanto, recurrir al resto del articulado de la Norma Foral General Tributaria que trata de los mismos para su aplicación.

Como es sabido, dichas Decisiones son obligatorias en todos sus términos para sus destinatarios, los Estados miembros y las administraciones tributarias implicadas, que deberán lograr restablecer la situación existente con anterioridad al disfrute de la ayuda sin dilación y con arreglo a los procedimientos del derecho interno del Estado miembro destinatario.

En la recuperación de ayudas de Estado la administración tributaria actúa como mero ejecutor de una decisión que le viene impuesta por la Comisión Europea, debiendo ajustarse a la normativa comunitaria reguladora de la materia, en particular a los principios de ejecución inmediata y efectiva de la decisión establecidos en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La nueva regulación diferencia, por una parte, el procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión, en los cuales la Administración tributaria se limitará a la comprobación de aquellos elementos de la obligación a los que se refiere dicha decisión y, por otra, el procedimiento de recuperación en otros supuestos, en los cuales la decisión de recuperación no implica la regularización de una obligación tributaria. Por lo cual, la aplicación de uno u otro dependerá de si la ejecución influye o no en la cuantificación o liquidación de la deuda tributaria.

Entre alguna de las peculiaridades de este nuevo procedimiento, todas ellas derivadas de las exigencias de la normativa comunitaria en esta materia, destacan el plazo de prescripción de diez años de la potestad de la Administración tributaria para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria que resulte de la ejecución de la decisión de recuperación, no siendo por tanto aplicables los plazos de prescripción generales en relación con la deuda tributaria resultante exclusivamente de la ejecución de la decisión. Asimismo, cabe reseñar que no resulta de aplicación la caducidad del ejercicio de la potestad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, ni tampoco cabe la posibilidad de solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación.

En el ámbito de los procedimientos de revisión en materia tributaria, se establece que contra la resolución o liquidación que se derive de la ejecución de la decisión de recuperación se podrá interponer recurso ordinario de reposición y, en su caso, reclamación económico-administrativa. En este sentido, se estipula que, en caso de revisión, sólo cabrá la suspensión de la ejecución de los actos administrativos si se presta garantía consistente en el depósito de dinero en la Administración Tributaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género.


Artículo único.- Modificación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 5, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. A los efectos de esta Norma Foral, la Administración tributaria estará integrada por los órganos que desarrollen las funciones reguladas en sus Títulos III, IV, V, VI y VII.»

Dos. Se modifica la letra k) del artículo 7, que queda redactada en los siguientes términos:

«k) La condonación de deudas y sanciones tributarias y la concesión con carácter general de moratorias y quitas.»

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 14, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en este artículo se exigirá el tributo aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o negocios usuales o propios o eliminando las ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarán intereses de demora, y en su caso, las sanciones previstas en el artículo 200.bis de esta Norma Foral.»

Cuatro. Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 32 con el siguiente texto:

«Siempre que fuera posible de acuerdo con la información contenida en la Administración, la devolución se practicará de oficio.»

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 38, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia y, en particular, la limitación de responsabilidad a que se refiere el artículo 21 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.

Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las establecidas para los herederos, cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota. En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.»

Seis. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 38, con el siguiente contenido:

«4. En el supuesto de la herencia que se encuentre pendiente del ejercicio de un poder testatorio, el cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales corresponderán al administrador de la misma.»

Siete. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 y se añade un párrafo segundo al apartado 4 del artículo 39, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los cuatro años anteriores a la fecha de disolución o a la fecha de declaración de concurso si esta fuera anterior, que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones.»

«Las obligaciones tributarias pendientes de las herencias bajo «alkar poderoso» o pendientes del ejercicio de un poder testatorio se atribuirán a aquellas personas a las que se haya designado herederos en ejercicio del poder testatorio, o por las demás causas de extinción del mismo.»

Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 45, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en los procedimientos regulados en los Títulos III, IV, V, VI y VII de esta Norma Foral, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente.

A estos efectos, serán válidos los documentos normalizados de representación que apruebe la Administración tributaria para determinados procedimientos.»

Nueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 60, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en el plazo extraordinario de un mes desde la fecha de notificación.

Transcurrido este plazo sin efectuarse el ingreso total de la deuda o solicitarse aplazamiento o fraccionamiento de pago, se procederá a la ejecución contra el patrimonio del deudor por la deuda pendiente.

La ejecución será inmediata, sin que resulte de aplicación el plazo extraordinario de un mes a que se refiere el párrafo primero de este apartado, en los siguientes casos:

a) Si se han incumplido las condiciones establecidas en la concesión de un aplazamiento o fraccionamiento de pago, habiendo quedado sin efecto dicha concesión.

b) Si se ha inadmitido una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago, de compensación a instancia de parte o de dación en pago.»

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 64, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Es objeto de prescripción y caducidad el ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

No obstante la Administración tributaria podrá, en todo caso, realizar las oportunas actuaciones de comprobación e investigación para determinar la realidad, procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas, de las deducciones de la cuota, de las cuotas objeto de compensación o devolución correspondientes a impuestos en los que esté establecido el mecanismo de repercusión de los mismos, así como de cualquier otro crédito fiscal, cuya compensación, deducción, devolución o disfrute pretendieran los obligados tributarios, cualquiera que sea el ejercicio en que se originó el derecho a los mismos.

Igualmente podrá la Administración tributaria realizar las oportunas actuaciones de comprobación e investigación respecto de los hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en ejercicios o periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción o la caducidad regulada en esta Sección, hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que dicha prescripción o caducidad no se hubiese producido.

Dichas actuaciones no podrán dar lugar a liquidación tributaria alguna respecto de los ejercicios de que procedan en caso de que se hubiera producido la prescripción o la caducidad del ejercicio de la potestad de la Administración tributaria a que se refiere este apartado respecto de los mismos, pero incluirán la constatación de la concurrencia en aquellos ejercicios de los presupuestos de hecho necesarios para el nacimiento del derecho a la compensación, aplicación o devolución correspondientes o de los elementos relevantes respecto de los hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios a que se refiere el párrafo anterior.»

Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 65, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. La prescripción o la caducidad ganadas aprovechan por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria, salvo lo dispuesto para el caso de las obligaciones mancomunadas en el apartado 8 del artículo 69 de esta Norma Foral.»

Doce. Se modifica el apartado 3 del artículo 66, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. A efectos de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 64, la obligación de justificar la procedencia de los datos que tengan su origen en operaciones realizadas en períodos impositivos respecto de los que hubiera prescrito o caducado el ejercicio de la potestad para determinar las deudas tributarias, se mantendrá durante el plazo de prescripción o caducidad del ejercicio de dicha potestad respecto de los períodos impositivos en que dichas operaciones deban surtir efectos.»

Trece. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 68, que queda redactada en los siguientes términos:

«a) En el caso del ejercicio de la potestad para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día de devengo del tributo.»

Catorce. Se añade un nuevoapartado 11 al artículo 69, que queda redactado en los siguientes términos:

«11.? La interrupción del plazo de prescripción del ejercicio de la potestad de la Administración tributaria a que se refiere el apartado 1 del artículo 64 de esta Norma Foral relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción del ejercicio de la misma potestad de la Administración tributaria y del ejercicio por el obligado tributario del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías relativos a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en éstas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias conexas.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto.»

Quince. Se modifica laletra b) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 72, que quedan redactados en los siguientes términos:

«b) Por la interposición de un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa o por la solicitud de una tasación pericial contradictoria.»

«2. Asimismo, se considerará suspendido el cómputo de los pla-zos de caducidad durante los períodos de tiempo considerados como dilaciones imputables al obligado tributario en los distintos procedimientos regulados en los Títulos III, IV y V de esta Norma Foral.

Cuando el plazo de caducidad se hubiera suspendido por la presentación de un recurso de reposición, de una reclamación económico-administrativa o por la solicitud de una tasación pericial contradictoria, el cómputo del mismo proseguirá en el momento en que se dicte resolución, salvo que hubieran transcurrido los plazos máximos de resolución previstos para cada uno de los supuestos, en cuyo caso, proseguirá a partir del día siguiente al del vencimiento del citado plazo máximo de resolución.

Cuando el plazo de caducidad se hubiera suspendido por el planteamiento de un conflicto ante la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico el cómputo del mismo proseguirá en el momento en que se reciba la notificación del acuerdo adoptado por la misma.

Cuando el plazo de caducidad se hubiera suspendido por la solicitud de asistencia en el marco de la normativa sobre asistencia mutua el cómputo del mismo proseguirá en el momento en que se reciba la notificación relativa al cumplimiento de la asistencia requerida.

En los supuestos en los que, como consecuencia de la resolución de los procedimientos a que hace referencia el apartado 1 de este artículo, la Administración tributaria deba dictar un nuevo acto administrativo, dispondrá de un plazo de tres meses a partir de la resolución correspondiente, aun cuando se hubiera producido la caducidad del ejercicio de la potestad administrativa para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, excepto en el supuesto a que hace referencia el apartado 4 de este artículo.»

Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 75, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. La Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.

Así mismo, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario:

- Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección, incluyendo las liquidaciones dictadas en aplicación de lo dispuesto en el Título VI de esta Norma Foral, o de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 26 de la misma.

- Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de la ejecución de la resolución a la que se refieren el apartado 3 del artículo 232 y al apartado 7 del artículo 244 de esta Norma Foral.»

Diecisiete. Se modifican los apartados 4, 5 y 7 del artículo 81, que quedan redactados en los siguientes términos:

«4. Las medidas cautelares podrán hacerse efectivas en cualquier momento de un procedimiento de gestión tributaria, de inspección o de recaudación. Los acuerdos de adopción de medidas cautelares podrán ser objeto de recurso de reposición y de reclamación económica-administrativa.»

«5. Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su adopción, salvo en los siguientes supuestos:

a) Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio, en medidas del apartado 7 de este artículo o en medidas cautelares judiciales, que tendrán efectos desde la fecha de adopción de la medida cautelar.

b) Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción.

c) Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitución por otra garantía que se estime suficiente. En todo caso, las medidas cautelares deberán ser levantadas si el obligado tributario presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución que garantice el cobro de la cuantía de la medida cautelar.

d) Que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda exceder de seis meses.

e) Que se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículo 251 de esta Norma Foral o tras su conclusión. En estos casos sus efectos cesarán en el plazo de veinticuatro meses desde su adopción. Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitación descrita en el artículo 251 de esta Norma Foral, una vez dictada la liquidación a que se refiere el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral, podrá ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación total de las medidas adoptadas pueda exceder de dieciocho meses. Las medidas a que se refiere esta letra podrán convertirse en embargos del procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la liquidación practicada. Si con posterioridad a su adopción, se solicitara al órgano judicial penal competente la suspensión contemplada en el apartado 5 del artículo 305 del Código Penal, las medidas adoptadas se notificarán al Ministerio Fiscal y al citado órgano judicial y se mantendrán hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conservación o levantamiento.» «7. Cuando se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito sin que se haya dictado la liquidación a que se refiere el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral, podrán adoptarse las medidas cautelares establecidas en este artículo, en relación con cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o querella como posibles responsables, directos o subsidiarios, del pago de las cuantías a las que se refiere el artículo 126 del Código Penal. Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la Administración tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o levantamiento.»

Dieciocho. Se modifica la letra o) y se añade una nueva letra s) al apartado 1 del artículo 94, que quedan redactadas en los siguientes términos:

«o) La colaboración con las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación a los efectos de confeccionar los censos previstos en el artículo 8 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.»

«s) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la cesión de los datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes embargados o decomisados en un proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia.»

Diecinueve. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 94, renumerándose los actuales apartados 4 y 5 como apartados 5 y 6, con el siguiente contenido:

«4. El carácter reservado de los datos establecido en este artículo no impedirá la publicidad de los mismos cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea.»

Veinte. Se modifica el apartado 6 del artículo 97, que queda redactado en los siguientes términos:

«6. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el mismo, salvo que sean reservados en los términos del artículo 94 de esta Norma Foral.»

Veintiuno. Se modifica el apartado 1 del artículo 102, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.

El plazo se contará:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio.

b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el registro de la Administración competente para su tramitación. Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el vencimiento del plazo de prescripción.»

Veintidós. Se modifica el apartado 2 del artículo 104, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.

No obstante, cuando la Administración aprecie indicios suficientemente fundados que cuestionen su efectividad, la factura perderá la eficacia probatoria y el obligado tributario deberá aportar pruebas relevantes sobre la realidad de las operaciones.»

Veintitrés. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 106, con el siguiente contenido:

«5. En el caso de obligaciones tributarias con periodos de liquidación inferior al año, se podrá realizar una distribución lineal de la cuota anual que resulte entre los periodos de liquidación correspondientes cuando la Administración Tributaria no pueda, en base a la información obrante en su poder, atribuirla a un periodo de liquidación concreto conforme a la normativa reguladora del tributo, y el obligado tributario, requerido expresamente a tal efecto, no justifique que procede un reparto temporal diferente.»

Veinticuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 120, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Son procedimientos de gestión tributaria, entre otros, los siguientes:

a) El procedimiento iniciado mediante autoliquidación.

b) El procedimiento iniciado mediante declaración.

c) El procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales.

d) Los procedimientos de devolución y de cuantificación de la deuda tributaria iniciados de oficio.

e) El procedimiento de comprobación de valores.

f) El procedimiento de comprobación limitada»

Veinticinco. Se modifican el segundo párrafo del apartado 2 y el apartado 3 del artículo 121, que quedan redactados en los siguientes términos:

«El plazo establecido para efectuar la devolución a que se refiere el artículo 30 de esta Norma Foral comenzará a contarse desde la finalización del previsto para la presentación de la autoliquidación o desde la fecha de presentación si se hubiera presentado fuera de plazo, y se mantendrá la obligación de satisfacer el interés de demora sobre la devolución que finalmente se pueda practicar, de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, aun cuando se inicie un procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales, de comprobación limitada o de inspección.»

«3. El procedimiento iniciado mediante autoliquidación terminará, una vez efectuado, en su caso el examen al que se refiere el artículo 123 de esta Norma Foral, de alguna de las siguientes formas:

a) Por liquidación provisional practicada por la Administración tributaria.

b) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la finalización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación o desde la fecha de presentación si se hubiera presentado fuera de plazo. Cuando se inicie un procedimiento de comprobación restringida o uno de comprobación de valores, se suspenderá el cómputo del plazo de caducidad a que se refiere el párrafo anterior hasta la terminación de aquellos. No obstante, cuando de la presentación de la autoliquidación resulte cantidad a devolver y se hubiera producido la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en esta letra, la Administración vendrá obligada a iniciar un procedimiento de revisión de autoliquidaciones y liquidaciones provisionales conforme a lo dispuesto en el artículo 124.bis de esta Norma Foral en el plazo de dos meses a contar desde que se hubiera producido la caducidad del procedimiento iniciado mediante autoliquidación. En todo caso se mantendrá la obligación de satisfacer el interés de demora sobre la devolución que finalmente se pueda practicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de esta Norma Foral.

c) Por el inicio de un procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales en los supuestos establecidos en la letra b) del apartado 1 del artículo 124.bis de esta Norma Foral.

d) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de un procedimiento de inspección, con excepción de los procedimientos de comprobación restringida y comprobación reducida.»

Veintiséis. Se modifica el artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 122.-Tramitación del procedimiento iniciado mediante declaración

1. Cuando la normativa del tributo así lo establezca, la gestión del mismo se iniciará mediante la presentación de una declaración por el obligado tributario en la que manifieste la realización del hecho imponible y comunique los datos necesarios para que la Administración cuantifique la obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional.

La Administración tributaria podrá iniciar de nuevo este procedimiento para la liquidación del tributo dentro de los plazos de prescripción y de caducidad a que se refieren los artículos 67 y 70 de esta Norma Foral cuando el procedimiento iniciado mediante declaración hubiera terminado por caducidad de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo.

2. La Administración tributaria deberá notificar la liquidación a que se hace referencia en el apartado anterior una vez realizado, en su caso, el examen, calificación y cuantificación oportunos conforme disponen los artículos 123 y 124 de esta Norma Foral.

3. El procedimiento iniciado mediante declaración presentada por el obligado tributario terminará una vez realizado, en su caso, el examen al que se refiere el artículo 123 de esta Norma Foral, por alguna de las siguientes causas:

a) Por liquidación provisional practicada por la Administración tributaria.

b) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración, desde la fecha de presentación si se hubiera presentado fuera de plazo o desde el siguiente a la comunicación de la Administración por la que se inicie el procedimiento en el supuesto al que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 de este artículo, sin que ello impida que la Administración tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro de los plazos de prescripción o caducidad del ejercicio de la potestad para determinar la deuda tributaria. Cuando se inicie un procedimiento de comprobación restringida o uno de comprobación de valores, se suspenderá el cómputo del plazo de caducidad de seis meses a que se refiere el párrafo anterior hasta la terminación de aquellos.

c) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de un procedimiento de inspección, con excepción de los procedimientos de comprobación restringida y comprobación reducida.»

Veintisiete. Se modifica el artículo123, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 123.-Examen de autoliquidaciones y declaraciones

1. La Administración tributaria podrá examinar las autoliquidaciones o declaraciones presentadas así como la documentación que se acompañe a las mismas con el objeto de comprobar si ha sido aplicada debidamente la normativa tributaria y si los datos consignados coinciden con los que obren en su poder.

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, la Administración podrá requerir al obligado tributario la aclaración o justificación de los datos consignados en las autoliquidaciones o declaraciones presentadas, así como la aportación de aquellos documentos cuya presentación fuera necesaria para la correcta aplicación del tributo.

En particular, cuando de la presentación de la autoliquidación resulte cantidad a devolver la Administración tributaria podrá requerir al obligado tributario la aportación de los libros y demás registros que tenga obligación de llevar conforme a lo dispuesto en la normativa tributaria, así como de la documentación que soporte los asientos y demás apuntes realizados en los mismos.

No obstante, en el curso de estos procedimientos la Administración tributaria no podrá solicitar copia de la contabilidad mercantil al obligado tributario ni proceder a una revisión general de la totalidad de los elementos declarados que conformen la determinación de los rendimientos de actividades económicas del obligado tributario, para lo que deberá iniciar, en su caso, un procedimiento de comprobación limitada de los previstos en la Subsección Sexta de esta Sección o un procedimiento de inspección.»

Veintiocho. Se dejan sin contenido los apartados 5 y 6 del artículo 124.

Veintinueve. Se añade un nueva Subsección Tercera.bis, que queda redactada en los siguientes términos:

Subsección tercera.bis.- Procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales

Artículo 124. bis.

Tramitación del procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales

1. La Administración tributaria podrá iniciar de oficio un procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales en los siguientes supuestos.

a) Cuando hubiera concluido por caducidad un procedimiento iniciado mediante autoliquidación. No obstante, la iniciación de este procedimiento será obligatoria en los supuestos a que se refiere el tercer párrafo de la letra b) del apartado 3 del artículo 121 de esta Norma Foral.

b) Cuando la Administración tributaria, antes de producirse la caducidad de un procedimiento iniciado mediante autoliquidación, acuerde su inicio en caso de que sea necesario requerir la aportación de documentación al obligado tributario o se disponga de indicios que acrediten la necesidad de regularizar la situación tributaria del mismo.

c) Cuando descubra que en la autoliquidación o declaración revisadas por medio de una liquidación provisional concurre alguna de las circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del artículo 124 de esta Norma Foral u otras que no hubieran sido tenidas en cuenta en liquidaciones provisionales precedentes. 2. No podrá iniciarse un procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales cuando se hubiere practicado liquidación definitiva en relación con la misma autoliquidación o declaración, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 99 de esta Norma Foral. Tampoco procederá la práctica de nuevas liquidaciones provisionales respecto a las obligaciones tributarias o elementos de las mismas que hubieren sido objeto de un procedimiento de comprobación limitada, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 133 de esta Norma Foral. 3. En la tramitación del procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales resultarán de aplicación las reglas establecidas en los artículos 123 y 124 de esta Norma Foral. 4. El procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales terminará una vez realizado, en su caso, el examen al que se refiere el artículo 123 de esta Norma Foral, por alguna de las siguientes causas:

a) Por liquidación provisional practicada por la Administración tributaria.

b) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio, sin que ello impida que la Administración tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro de los plazos de prescripción o caducidad del ejercicio de la potestad para determinar la deuda tributaria. Cuando se inicie un procedimiento de comprobación restringida o uno de comprobación de valores, se suspenderá el cómputo del plazo de caducidad de seis meses a que se refiere el párrafo anterior hasta la terminación de aquellos.

c) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de un procedimiento de inspección, con excepción de los procedimientos de comprobación restringida y comprobación reducida.»

Treinta. Se modifica el apartado 4 del artículo 126, que queda redactado en los siguientes términos:

«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Administración tributaria podrá iniciar un procedimiento de revisión de autoliquidaciones y de liquidaciones provisionales en los términos establecidos en el artículo 124.bis de esta Norma Foral.»

Treinta y uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 128, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación de valores señalados en el artículo 55 de esta Norma Foral dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o, cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado.

En los casos en que la normativa propia del tributo así lo prevea, el interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para modificar los valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa. En este caso, el obligado tributario dispondrá del plazo de un mes para promover la tasación pericial contradictoria a partir de la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación interpuesta.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento de tasación pericial contradictoria será el que reglamentariamente se establezca.

La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla a que se refiere el párrafo anterior, determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma. Asimismo, la presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria suspenderá el plazo para iniciar el procedimiento sancionador que, en su caso, derive de la liquidación o, si este se hubiera iniciado, el plazo máximo para la terminación del procedimiento sancionador. Tras la terminación del procedimiento de tasación pericial contradictoria la notificación de la liquidación que proceda determinará que el plazo previsto en el apartado 2 del artículo 216 de esta Norma Foral se compute de nuevo desde dicha notificación o, si el procedimiento se hubiera iniciado, que se reanude el cómputo del plazo restante para la terminación.

En el caso de que en el momento de solicitar la tasación pericial contradictoria contra la liquidación ya se hubiera impuesto la correspondiente sanción y como consecuencia de aquella se dictara una nueva liquidación, se procederá a anular la sanción y a imponer otra teniendo en cuenta la cuantificación de la nueva liquidación.»

Treinta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 129, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. En el procedimiento de comprobación limitada la Administración tributaria podrá comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria.

En particular, la Administración tributaria utilizará el procedimiento de comprobación limitada cuando vaya a realizar una revisión general de la totalidad de los elementos que conformen la determinación de los rendimientos de actividades económicas del obligado tributario, salvo que utilice un procedimiento de inspección.»

Treinta y tres. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 132, que queda redactada en los siguientes términos:

«b) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de nueve meses desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio, sin que ello impida que la Administración tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro de los plazos de prescripción o caducidad del ejercicio de la potestad para determinar la deuda tributaria.»

Treinta y cuatro. Se añade una nueva letra c) al apartado 3 del artículo 144, que queda redactada en los siguientes términos:

«c) Cuando proceda practicar la liquidación a que se refiere el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral.»

Treinta y cinco. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 146, que queda redactada en los siguientes términos:

«a) Cuando revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia atendiendo a la dispersión geográfica de sus actividades de la persona o entidad, a su tributación en régimen de consolidación fiscal o en régimen de transparencia fiscal internacional, a aquellos supuestos en los que su volumen de operaciones sea igual o superior a la cifra anual de negocios requerida para auditar sus cuentas, así como en los que se establezca reglamentariamente.»

Treinta y seis. A continuación del apartado 2 se añaden nuevos apartados 3, 4 y 5 al artículo 153 y el actual apartado 3 pasa a ser el apartado 6, que quedan redactados en los siguientes términos:

«3. Los datos y antecedentes utilizados para la aplicación del método de estimación indirecta podrán proceder de cualquiera de las siguientes fuentes:

a) Los signos, índices y módulos establecidos para el método de estimación objetiva, que se utilizarán preferentemente tratándose de obligados tributarios que hayan renunciado a dicho método. No obstante, si la Inspección acredita la existencia de rendimientos o cuotas procedentes de la actividad económica por un importe superior, será este último el que se considere a efectos de la regularización.

b) Los datos económicos y del proceso productivo obtenidos del propio obligado tributario. Podrán utilizarse datos de ejercicios anteriores o posteriores al regularizado en los que disponga de información que se considere suficiente y fiable. En especial, podrá utilizarse información correspondiente al momento de desarrollo de la actuación inspectora, que podrá considerarse aplicable a los ejercicios anteriores, salvo que se justifique y cuantifique, por la Inspección o por el obligado tributario, que procede efectuar ajustes en dichos datos. Cuando este método se aplique a la cuantificación de operaciones de características homogéneas del obligado tributario y este no aporte información al respecto, aporte información incorrecta o insuficiente o se descubra la existencia de incorrecciones reiteradas en una muestra de dichas operaciones, la inspección de los tributos podrá regularizarlas por muestreo. En estos casos, podrá aplicarse el promedio que resulta de la muestra a la totalidad de las operaciones del período comprobado, salvo que el obligado tributario acredite la existencia de causas específicas que justifiquen la improcedencia de dicha proporción.

c) Los datos procedentes de estudios del sector efectuados por organismos públicos o por organizaciones privadas de acuerdo con técnicas estadísticas adecuadas, y que se refieran al periodo objeto de regularización. En este caso se identificará la fuente de los estudios, a efectos de que el obligado tributario pueda argumentar lo que considere adecuado a su derecho en relación con los mismos.

d) Los datos de una muestra obtenida por los órganos de la Inspección sobre empresas, actividades o productos con características relevantes que sean análogas o similares a las del obligado tributario, y se refieran al mismo año. En este caso, la Inspección deberá identificar la muestra elegida, de forma que se garantice su adecuación a las características del obligado tributario, y señalar el Registro Público o fuente de la que se obtuvieron los datos. En caso de que los datos utilizados procedan de la propia Administración Tributaria, la muestra se realizará de conformidad con lo dispuesto reglamentariamente. 4. En caso de imposición directa, se podrá determinar por el método de estimación indirecta las ventas y prestaciones, las compras y gastos o el rendimiento neto de la actividad. La estimación indirecta puede referirse únicamente a las ventas y prestaciones, si las compras y gastos que figuran en la contabilidad o en los registros fiscales se consideran suficientemente acreditados. Asimismo, puede referirse únicamente a las compras y gastos cuando las ventas y prestaciones resulten suficientemente acreditadas. En caso de imposición sobre el consumo, se podrá determinar por el método de estimación indirecta la base y la cuota repercutida, la cuota que se estima soportada y deducible o ambos importes. La cuota que se estima soportada y deducible se calculará estimando las cuotas que corresponderían a los bienes y servicios que serían normalmente necesarios para la obtención de las ventas o prestaciones correspondientes, pero solo en la cuantía en la que se aprecie que se ha repercutido el impuesto y que este ha sido soportado efectivamente por el obligado tributario. Si la Administración Tributaria no dispone de información que le permita apreciar la repercusión de las cuotas, corresponderá al obligado tributario aportar la información que permita identificar a las personas o entidades que le repercutieron el impuesto y calcular su importe. Ningún gasto o cuota soportada correspondiente a un ejercicio regularizado por medio de estimación indirecta podrá ser objeto de deducción en un ejercicio distinto. 5. En el caso de tributos con periodos de liquidación inferior al año, la cuota estimada por la Inspección de forma anual se repartirá linealmente entre los periodos de liquidación correspondientes, salvo que el obligado tributario justifique que procede un reparto temporal diferente.»

Treinta y siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 158.bis, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. No pueden ser objeto de un procedimiento de comprobación reducida las actuaciones a que se refieren los artículos 12 a 15 de esta Norma Foral, ni las de estimación indirecta de bases imponibles.»

Treinta y ocho. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 158.quinquies, que queda redactado en los siguientes términos:

«4. Cuando el obligado tributario esté conforme con la regularización propuesta por la inspección de los tributos, incluyendo la propuesta de liquidación y la propuesta de imposición de sanciones que procedan de entre las recogidas en los artículos 196 a 202 de esta Norma Foral, y opte por formalizar un compromiso de pago respecto de un concepto y periodo impositivo se observarán las siguientes reglas:

a) Se informará al obligado tributario de la necesidad de depositar o garantizar con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o mediante certificado de seguro de caución, la cantidad a que ascienda la propuesta de liquidación y, en su caso, la propuesta de sanción pecuniaria que corresponda, incluyendo la reducción a que hace referencia la letra b) del apartado 1 del artículo 192 de esta Norma Foral, sin posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago.

b) El obligado tributario deberá formalizar el depósito o la garantía en el plazo de los quince días posteriores a la notificación del informe, de la propuesta de liquidación y de la propuesta de sanción, cuyo justificante deberá adjuntarse obligatoriamente al expediente administrativo.

c) Una vez acreditado el depósito o la garantía correspondiente, se dictará el acto administrativo de liquidación e imposición de sanción por cada concepto y periodo objeto de la comprobación reducida respecto de los que se haya formalizado el compromiso de pago. Los actos de liquidación y de imposición de sanciones derivados de lo previsto en este apartado sólo podrán ser objeto de impugnación o revisión en vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 225 de esta Norma Foral, sin perjuicio del recurso que pueda proceder en vía contencioso-administrativa. Las cantidades depositadas o las garantías aportadas en compromiso de pago únicamente podrán aplicarse al pago de las liquidaciones practicadas y de las sanciones impuestas por los actos administrativos dictados como consecuencia del procedimiento de comprobación reducida.»

Treinta y nueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 164, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. La recaudación de deudas en el ámbito de la asistencia mutua se realizará mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los términos previstos en la letra c) del apartado 1 del artículo 60 y en el apartado 5 del artículo 63 de esta Norma Foral, así como, en su caso, a través de la aplicación de las normas de la Sección Segunda de este Capítulo.

Los procedimientos de recaudación tramitados al amparo de la asistencia mutua podrán terminar, además de por las causas del artículo 177 de esta Norma Foral, por la modificación o retirada de la petición de cobro original efectuada por el Estado o entidad internacional o supranacional requirente de dicha asistencia.»

Cuarenta. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 176, que queda redactado en los siguientes términos:

«7. La Administración tributaria podrá autorizar la enajenación por los titulares de los bienes embargados o constituidos en garantía de deudas, cancelando las cargas inscritas a su favor, aunque no se cubra la totalidad de la deuda, según el procedimiento que reglamentariamente se establezca y siempre que se mantengan las mismas condiciones de publicidad que las reguladas para la enajenación por subasta pública.»

Cuarenta y uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 185, que quedan redactados en los siguientes términos:

«1. Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, previa audiencia al interesado, y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo, a salvo de las actuaciones previstas en el Título VI de esta Norma Foral, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.

No será necesario el trámite de audiencia a que se refiere el párrafo anterior en los casos previstos en el apartado 3 del artículo 110 de la presente Norma Foral o cuando pudiera perjudicarse la eficacia de la actuación investigadora de la Administración tributaria, aunque en este último caso deberá motivarse en el expediente indicando las razones por las que se ha omitido el mencionado trámite de audiencia.

De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados, y se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción y se reanudará el de caducidad del ejercicio de las potestades para determinar la deuda tributaria o para imponer las sanciones que, en su caso, procedan.

2. La Administración tributaria aplicará lo dispuesto en el Título VI de esta Norma Foral tanto para la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones correspondientes como para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo.»

Cuarenta y dos. Se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 186, que queda redactada en los siguientes términos:

«e) La entidad representante en el régimen de consolidación fiscal»

Cuarenta y tres. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 192, que queda redactada en los siguientes términos:

«b) Un 70 por 100 en los supuestos de actas de conformidad con compromiso de pago y en los que se formalice un compromiso de pago de los actos administrativos derivados de un procedimiento de comprobación reducida previstos respectivamente en el artículo 151 y en el apartado 4 del artículo 158.quinquies de esta Norma Foral.»

Cuarenta y cuatro. Se añade un nuevo párrafo final al apartado 4 del artículo 194, que queda redactado en los siguientes términos:

«Igualmente será de aplicación lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 69 de esta Norma Foral al ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para imponer sanciones tributarias.»

Cuarenta y cinco. Se modifica la letra a) del apartado 6 del artículo 194, que queda redactada en los siguientes términos:

«a) Por la interposición de un recurso de reposición, de una reclamación económico-administrativa, por la solicitud de una tasación pericial contradictoria o por la interposición de un recurso contencioso-administrativo.»

Cuarenta y seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 195, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. Las sanciones tributarias sólo podrán condonarse por las Juntas Generales de Bizkaia en virtud de Norma Foral, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.»

Cuarenta y siete. Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 200, que queda redactado en los siguientes términos:

«También se incurre en esta infracción cuando se declare incorrectamente la renta neta, las cuotas repercutidas, las cantidades o cuotas a deducir o los incentivos fiscales de un período impositivo sin que se produzca falta de ingreso u obtención indebida de devoluciones por haberse compensado en uno de los procedimientos de gestión o en uno de los procedimientos de inspección cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación.»

Cuarenta y ocho. Se añade un nuevo artículo 200.bis, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 200.bis.-Infracción en supuestos de cláusula antielusión

1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la realización de actos o negocios cuya regularización se hubiese efectuado mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Norma Foral y en la que hubiese resultado acreditada cualquiera de las siguientes situaciones:

a) La falta de ingreso dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo de la totalidad o parte de la deuda tributaria.

b) La obtención indebida de una devolución derivada de la normativa de cada tributo.

c) La solicitud indebida de una devolución, beneficio o incentivo fiscal.

d) La determinación o acreditación improcedente de partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.

2. El incumplimiento a que se refiere el apartado anterior constituirá infracción tributaria exclusivamente cuando se acredite la existencia de igualdad sustancial entre el caso objeto de regularización y aquel o aquellos otros supuestos en los que se hubiera establecido criterio administrativo y éste hubiese sido hecho público para general conocimiento antes del inicio del plazo para la presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación. A estos efectos se entenderá por criterio administrativo el establecido por aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 163 de esta Norma Foral, debiéndose regular reglamentariamente la publicidad del criterio administrativo derivado de los acuerdos por los que se declare la existencia de elusión en la conducta del obligado tributario conforme a lo dispuesto en los mencionados apartados.

3. La sanción consistirá en:

a) Multa pecuniaria proporcional del 100% de la cuantía no ingresada en el supuesto del apartado 1.a).

b) Multa pecuniaria proporcional del 100% de la cantidad devuelta indebidamente en el supuesto del apartado 1.b).

c) Multa pecuniaria proporcional del 15% de la cantidad indebidamente solicitada en el supuesto del apartado 1.c).

d) Multa pecuniaria proporcional del 15% del importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas, si se trata de partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del 50% si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes, en el supuesto del apartado 1.d). 4. Las infracciones y sanciones reguladas en este artículo serán incompatibles con las que corresponderían por las reguladas en los artículos 196, 198, 199 y 200 de esta Norma Foral.»

Cuarenta y nueve. Se modifica el Título y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 205, que quedan redactados en los siguientes términos:

«Artículo 205.- Infracción por incumplir la obligación de presentar autoliquidaciones o declaraciones en el modelo aprobado al efecto, en soporte directamente legible por ordenador o de forma telemática y la contestación a requerimientos individualizados en soporte distinto a los electrónicos, informáticos y telemáticos

4. También constituirá infracción tributaria la contestación a requerimientos individualizados de información o la aportación de otros documentos con trascendencia tributaria, por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios o cuando así se requiera por la Administración tributaria en los casos en que la obligación establecida en la letra a) del apartado 2 del artículo 66 de esta Norma Foral se cumpla mediante la utilización de sistemas informáticos.

Tratándose de requerimientos individualizados o de otros documentos que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias, la sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad declarados por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos, con un mínimo de 250 euros.

Tratándose de requerimientos individualizados o de otros documentos que tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias, la sanción será del 1 por 100 del importe de las operaciones declaradas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos, con un mínimo de 250 euros.»

Cincuenta. Se modifican las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 206, que quedan redactadas en los siguientes términos:

«c) El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias, multa pecuniaria proporcional del 1 por 100 de la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio al que se refiere la infracción, con un mínimo de 1.200 euros. En el caso de que dicho período impositivo hubiera sido inferior al año natural, se elevará al año la magnitud correspondiente a la cifra de negocios.

Cuando el incumplimiento se refiera a la obligación de conservar los programas y archivos informáticos que sirvan de soporte a la contabilidad, libros y registros señalados en el párrafo anterior, así como a los sistemas de codificación utilizados, multa pecuniaria proporcional del 20 por 100 de la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio al que se refiere la infracción, con un mínimo de 60.000 euros. En el caso de que dicho período impositivo hubiera sido inferior al año natural, se elevará al año la magnitud correspondiente a la cifra de negocios.

En el supuesto de que la Administración tributaria compruebe que los programas y archivos informáticos que sirven de soporte para el control de la facturación y los sistemas de codificación utilizados, han sido destruidos, borrados o manipulados y esta circunstancia se acredite en relación con un período impositivo aún no finalizado en el momento de la comprobación, la multa pecuniaria proporcional será del 20 por 100 de la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio anterior, con un mínimo de 60.000 euros. En el caso de que dicho período impositivo anterior hubiera sido inferior al año natural, se elevará al año la magnitud correspondiente a la cifra de negocios.

En cualquiera de los supuestos anteriores, si la Administración comprueba que la destrucción, borrado o manipulación de los programas y archivos que sirven de soporte para el control de la facturación y, por tanto, para la confección de la contabilidad o los libros y registros exigidos por las normas tributarias, ha sido realizada por la persona o entidad que ha desarrollado el programa informático o por otro distinto que lo ha alterado o que de alguna forma ha tenido o tiene el control sobre el sistema informático, se considerará a la citada persona o entidad como sujeto infractor y se sancionará con el mismo importe que resulte al sujeto infractor titular de los programas y archivos, de acuerdo con las reglas señaladas en los dos párrafos anteriores, según el caso.

d) La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario, multa pecuniaria fija de 10.000 euros por cada uno de los ejercicios económicos a los que alcance dicha llevanza.»

Cincuenta y uno. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 207, que queda redactada en los siguientes términos:

«b) Cuando el incumplimiento consista en la falta de expedición o en la falta de conservación de facturas o justificantes, multa pecuniaria proporcional del 2 por 100 del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Cuando no sea posible conocer el importe de las operaciones a que se refiere la infracción, la sanción será de 600 euros por cada operación respecto de la que no se haya emitido o conservado la correspondiente factura o documento.

En el supuesto de que la Administración tributaria compruebe que no se expide y entrega la correspondiente factura, y esta circunstancia se acredite en relación con un período impositivo aún no finalizado en el momento de la comprobación, la sanción será de 600 euros por cada operación respecto de la que no se haya emitido y entregado la correspondiente factura.»

Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 215, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. En los supuestos de actas de conformidad con compromiso de pago las cuestiones relativas a las infracciones reguladas en los artículos 196 a 202 de esta Norma Foral se analizarán en el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación de acuerdo con la normativa reguladora del mismo.

En los procedimientos de comprobación reducida en los que el obligado tributario opte por formalizar un compromiso de pago en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 158.quinquies de esta Norma Foral, las cuestiones relativas a las infracciones reguladas en los artículos 196 a 202 de esta Norma Foral se tramitarán, a partir de la formalización del compromiso, conjuntamente con las relativas a la regularización de la situación tributaria, dictándose un acto administrativo conjunto de liquidación e imposición de sanciones, que pondrá fin igualmente al procedimiento sancionador.»

Cincuenta y tres. Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 223, con el siguiente contenido:

«En los casos del apartado 11 del artículo 69 de esta Norma Foral, si el recurso o la reclamación afecta a una deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, las garantías aportadas para obtener la suspensión garantizarán asimismo las cantidades que deban reintegrarse como consecuencia de la estimación total o parcial de la reclamación.»

Cincuenta y cuatro. Se añade una letra c) al apartado 2 del artículo 223, que queda redactada en los siguientes términos:

«c) Créditos reconocidos con Administraciones Públicas.»

Cincuenta y cinco. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 229, que queda redactada en los siguientes términos:

«c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción o caducidad del ejercicio de las correspondientes potestades administrativas. En ningún caso se devolverán las cantidades pagadas que hayan servido para obtener la exoneración de responsabilidad en los supuestos previstos en el artículo 250 de esta Norma Foral.»

Cincuenta y seis. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 232, renumerándose los actuales apartados 3, 4 y 5 como 4, 5 y 6, con el siguiente contenido:

«3. En ejecución de una resolución que estime total o parcialmente el recurso contra la liquidación de una obligación tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de acuerdo con el apartado 11 del artículo 69 de esta Norma Foral, se regularizará la obligación conexa distinta de la recurrida en la que la Administración hubiese aplicado los criterios o elementos en que se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria objeto de la reclamación.

Si de dicha regularización resultase la anulación de la liquidación de la obligación conexa distinta de la recurrida y la práctica de una nueva liquidación que se ajuste a lo resuelto en el recurso, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 26 de esta Norma Foral.»

Cincuenta y siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 239, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. El procedimiento económico-administrativo será gratuito. No obstante, si la reclamación o el recurso resulta desestimado o inadmitido y el órgano económico-administrativo aprecia temeridad o mala fe, podrá exigirse a la persona a la que le resulte imputable dicha temeridad o mala fe que sufrague las costas del procedimiento, según los criterios que se fijen reglamentariamente.»

Cincuenta y ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 240, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. La reclamación económico-administrativa se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente, mediante escrito dirigido al Tribunal Económico-administrativo Foral de Bizkaia. También podrá interponerse a partir del momento en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Si con posterioridad a la interposición de la reclamación, y antes de su resolución, se dictara resolución expresa, se remitirá al Tribunal, una vez notificada al interesado.

En la notificación se advertirá que la resolución expresa, según su contenido, se considerará impugnada en vía económico administrativa, o causará la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal que será declarada por el Tribunal.

Tratándose de reclamaciones relativas a la obligación de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales, el plazo al que se refiere el primer párrafo de este apartado empezará a contarse transcurrido un mes desde que se haya requerido formalmente el cumplimiento de dicha obligación.

En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, la reclamación podrá interponerse durante el periodo voluntario de pago o durante el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de aquél.»

Cincuenta y nueve. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 242, con el siguiente contenido:

«3. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento para plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando el planteamiento de la cuestión prejudicial no haya sido solicitado por los interesados en la reclamación económico-administrativa, con carácter previo a que la misma se produzca se concederá un plazo de quince días a los interesados para que formulen alegaciones en relación exclusivamente con la oportunidad de dicho planteamiento.

En todo caso, el Tribunal antes de plantear la cuestión prejudicial concederá un plazo de quince días a la Administración tributaria para que formule alegaciones.

Cuando se hubiese planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de acuerdo con lo previsto en los párrafos anteriores, se suspenderá el procedimiento económico-administrativo desde su planteamiento y hasta que se reciba la resolución que resuelva la cuestión prejudicial. Asimismo procederá la suspensión del curso de aquellos procedimientos económico-administrativos para cuya resolución sea preciso conocer el resultado de la cuestión prejudicial planteada. Dicha suspensión se comunicará a los interesados en el procedimiento económico-administrativo y la misma determinará la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción o caducidad del ejercicio de las potestades a que se refiere el artículo 64 de esta Norma Foral. Producida la suspensión, el cómputo de los plazos se iniciará de nuevo cuando se reciba en el Tribunal la resolución de la cuestión planteada.»

Sesenta. Se modifica el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 243, que queda redactado en los siguientes términos:

«El acuerdo de archivo de actuaciones podrá revisarse conforme a lo dispuesto en el artículo 245 bis de esta Norma Foral.»

Sesenta y uno. Se modifican los apartados 3, 5 y 6 del artículo 244, que quedan redactados en los siguientes términos:

«3. La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. La resolución estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales.

Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la anulación del acto en la parte afectada y se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal.

Con excepción del supuesto al que se refiere el párrafo anterior, los actos de ejecución, incluida la práctica de liquidaciones que resulten de los pronunciamientos del Tribunal, no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación.

Salvo en los casos de retroacción, los actos resultantes de la ejecución de la resolución deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro de la administración tributaria.»

«5. La resolución que se dicte tendrá plena eficacia respecto de los interesados a quienes se hubiese notificado la existencia de la reclamación.

Las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia dictadas en las reclamaciones relativas a actuaciones u omisiones de los particulares, a que se refiere el apartado 4 del artículo 234 de esta Norma Foral, una vez hayan adquirido firmeza, vincularán a la Administración tributaria en cuanto a calificación jurídica de los hechos tenidos en cuenta para resolver, sin perjuicio de sus potestades de comprobación e investigación. A tal efecto, estas resoluciones deberán ser comunicadas a dicha Administración tributaria.

6. Cuando no se cumpla, en el plazo legalmente establecido, la resolución del Tribunal que imponga la obligación de expedir factura, el reclamante podrá, en nombre y por cuenta del reclamado, expedir la factura en la que se documente la operación, conforme a las siguientes reglas:

1) El ejercicio de esta facultad deberá ser comunicado por escrito al Tribunal Económico-Administrativo Foral, Indicándose que el fallo no se ha cumplido y que se va a emitir la factura correspondiente. Igualmente, deberá comunicar al reclamado por cualquier medio que deje constancia de su recepción, que va a ejercitar esta facultad.

2) La factura en la que se documente la operación será confeccionada por el reclamante, que constará como destinatario de la operación, figurando como expedidor el que ha incumplido dicha obligación.

3) El reclamante remitirá copia de la factura al reclamado, debiendo quedar en su poder el original de la misma. Igualmente deberá enviar a la Administración tributaria copia de dicha factura y del escrito presentado ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral en el que comunicaba el incumplimiento de la resolución dictada.»

Sesenta y dos. Se da nueva redacción al apartado 7 del artículo 244, y el actual apartado 7 pasa a ser el apartado 8, con el siguiente contenido:

«7. En ejecución de una resolución que estime total o parcialmente la reclamación contra la liquidación de una obligación tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de acuerdo con el apartado 11 del artículo 69 de esta Norma Foral, se regularizará la obligación conexa distinta de la recurrida en la que la Administración hubiese aplicado los criterios o elementos en que se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria objeto de la reclamación.

Si de dicha regularización resultase la anulación de la liquidación de la obligación conexa distinta de la recurrida y la práctica de una nueva liquidación que se ajuste a lo resuelto por el Tribunal, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 26 de esta Norma Foral.»

Sesenta y tres. Se añade un nuevo artículo 245 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 245 bis.-Recurso de anulación

1. Contra las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas, podrá interponerse ante el Tribunal recurso de anulación en el plazo de un mes exclusivamente en los siguientes casos:

a) Cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación.

b) Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas.

c) Cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolución.

2. También podrá interponerse recurso de anulación contra el acuerdo de archivo de actuaciones al que se refiere el artículo 243 de esta Norma Foral.

3. No podrá deducirse nuevamente este recurso frente a su resolución. El recurso de anulación no procederá frente a la resolución del recurso extraordinario de revisión.

4. El escrito de interposición incluirá las alegaciones y adjuntará las pruebas pertinentes. El tribunal resolverá sin más trámite en el plazo de tres meses, entendiéndose desestimado en caso contrario.»

Sesenta y cuatro. Se añade un nuevo artículo 245 ter, con el siguiente contenido:

«Artículo 245 ter.-Recurso contra la ejecución

1. Los actos de ejecución de las resoluciones económico-administrativas se ajustarán exactamente a los pronunciamientos de aquéllas.

2. Si el interesado está disconforme con los actos dictados como consecuencia de la ejecución de la resolución podrá presentar este recurso que deberá ser resuelto por el Tribunal Económico-Administrativo foral.

3. El recurso contra la ejecución se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto de ejecución y se regulará por las normas generales del procedimiento, suprimiendo de oficio todos los trámites que no sean indispensables para resolver la cuestión planteada.

4. En ningún caso se admitirá la suspensión de los actos recurridos cuando no se planteen cuestiones nuevas respecto a la resolución económico-administrativa que se ejecuta.

5. No cabrá la interposición de recurso de reposición con carácter previo al recurso contra la ejecución.

6. El Tribunal Económico-Administrativo Foral declarará la inadmisibilidad del recurso contra la ejecución respecto de aquellas cuestiones que en el mismo se planteen sobre temas ya decididos por la resolución que se ejecuta, sobre temas que hubieran podido ser planteados en la reclamación cuya resolución se ejecuta o cuando concurra alguno de los supuestos a que se refiere el apartado 4 del artículo 244 de la Norma Foral General Tributaria.»

Sesenta y cinco. Se añade un nuevo Título VI, con el siguiente contenido:

«Título VI.- Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la hacienda pública

Artículo 248. - Práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos contra la Hacienda Pública

1. Cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda Pública, se continuará la tramitación del procedimiento con arreglo a las normas generales que resulten de aplicación, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 de esta Norma Foral, y con sujeción a las reglas que se establecen en el presente Título.

Salvo en los casos a que se refiere el artículo siguiente, procederá dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria objeto de comprobación, separando en liquidaciones diferentes aquellos que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública y aquellos que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.

2. La liquidación que en su caso se dicte, referida a aquellos elementos de la obligación tributaria que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública se ajustará a lo establecido en este Título.

En los supuestos a los que se refiere este apartado, la Administración tributaria se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar, el procedimiento sancionador correspondiente a estos mismos hechos. En caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador, de no haber concluido éste con anterioridad, dicha conclusión se entenderá producida, en todo caso, en el momento en que se pase el Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador en los casos a que se refiere el último párrafo de este apartado.

La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos.

De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará, cuando proceda, el procedimiento sancionador administrativo de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados.

3. La liquidación que se dicte en relación con conceptos tributarios que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública se ajustará en su tramitación al procedimiento ordinario que corresponda según lo dispuesto en el Título III de esta Norma Foral y se sujetará al régimen de revisión establecido en su Título V.

Artículo 249. - Excepciones a la práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública

1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, absteniéndose de practicar la liquidación a que se refiere el artículo 248 de esta Norma Foral, en los siguientes supuestos.

a) Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la prescripción del delito con arreglo a los plazos previstos en el artículo 131 del Código Penal.

b) Cuando de resultas de la investigación o comprobación, no pudiese determinarse con exactitud el importe de la liquidación o no hubiera sido posible atribuirla a un obligado tributario concreto.

c) Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investigación o comprobación de la defraudación. En los casos anteriormente señalados, junto al escrito de denuncia o de querella presentado por la Administración tributaria, se trasladará también el acuerdo motivado en el que se justifique la concurrencia de alguna de las circunstancias determinantes de la decisión administrativa de no proceder a dictar liquidación. En estos casos no se concederá trámite de audiencia o alegaciones al obligado tributario.

2. En los supuestos señalados en el apartado anterior, la Administración se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. No obstante, en caso de que se hubiera iniciado un procedimiento sancionador, éste se entenderá concluido, en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador si finalmente no se apreciara delito y de acuerdo con los hechos que, en su caso, los tribunales hubieran considerado probados. El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción y suspenderá los plazos de caducidad del ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y para imponer las sanciones tributarias que procedan de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 69, en el apartado 1 del artículo 72, y en los apartados 4 y 6 del artículo 194 de esta Norma Foral. La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos. Las actuaciones de los procedimientos de gestión tributaria o de inspección realizadas durante el periodo de suspensión respecto de los hechos denunciados se tendrán por inexistentes.

3. En los supuestos anteriores, de no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con los hechos que los órganos jurisdiccionales hubieran considerado probados en el periodo que reste hasta la conclusión del plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo 146 de esta Norma Foral o en el plazo de 6 meses, si éste último fuese superior, a computar desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el órgano competente que deba continuar el procedimiento. El cómputo de los plazos de prescripción y de caducidad se iniciará de nuevo o proseguirá desde el momento de la recepción de la resolución judicial por parte de la Administración tributaria.

Artículo 250. -Regularización voluntaria

La Administración tributaria no pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente ni remitirá el expediente al Ministerio Fiscal salvo que conste que el obligado tributario no ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que se le hubiera notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de la deuda tributaria objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el representante procesal de la Administración tributaria interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La deuda tributaria se entiende integrada por los elementos a los que se refiere el artículo 56 de esta Norma Foral, debiendo proceder el obligado tributario a la autoliquidación e ingreso simultáneo tanto de la cuota como de los intereses de demora y de los recargos legalmente devengados a la fecha del ingreso. No obstante, cuando los tributos regularizados voluntariamente no se exijan por el procedimiento de autoliquidación, el obligado tributario deberá presentar la declaración correspondiente, procediendo al ingreso de la totalidad de la deuda tributaria liquidada por la Administración en el plazo para el pago establecido en la normativa tributaria. Lo dispuesto en este artículo resultará también de aplicación cuando la regularización se hubiese producido una vez prescrito o caducado el ejercicio de la potestad de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Para determinar la existencia del completo reconocimiento y pago a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la Administración tributaria podrá desarrollar las actuaciones de comprobación o investigación que resulten procedentes, aún en el caso de que las mismas afecten a periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción o caducidad del ejercicio de sus potestades administrativas correspondientes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y siguientes de esta Norma Foral.

Artículo 251. - Tramitación del procedimiento de inspección en caso de que proceda practicar liquidación

1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública y no concurran las circunstancias que impiden dictar liquidación de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 249 de esta Norma Foral, procederá formalizar una propuesta de liquidación vinculada a delito, en la que se expresarán los hechos y fundamentos de derecho en los que se basa la misma.

Dicha propuesta se notificará al obligado tributario concediéndole, para que pueda efectuar cuantas alegaciones y aportar cuantos documentos convengan a su derecho, un plazo de diez días contados a partir del siguiente al de notificación de la propuesta.

En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante la tramitación administrativa, producirán los efectos de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 146 de esta Norma Foral en relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración tributaria tendentes a la liquidación de la deuda tributaria, sin perjuicio de los que de aquellos pudiesen derivarse en caso de devolución del expediente por el Ministerio Fiscal o en caso de resolución judicial firme que obligue a practicar el ajuste previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 255 de esta Norma Foral por no apreciar la existencia de delito contra la Hacienda Pública.

Transcurrido el plazo de alegaciones y examinadas las mismas en su caso, el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento dictará una liquidación administrativa, con la autorización previa o simultánea del órgano de la Administración tributaria competente para interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regularización procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra la Hacienda Pública.

Una vez dictada la liquidación administrativa, la Administración tributaria pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y el procedimiento de comprobación finalizará, respecto de los elementos de la obligación tributaria regularizados mediante dicha liquidación, con la notificación al obligado tributario de la misma, en la que se advertirá de que el período voluntario de ingreso sólo comenzará a computarse una vez que sea notificada la admisión a trámite de la denuncia o querella correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 253 de esta Norma Foral.

El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción y suspenderá los plazos de caducidad del ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y para imponer las sanciones tributarias que procedan de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 69, en el apartado 1 del artículo 72, y en los apartados 4 y 6 del artículo 194 de esta Norma Foral.

2. La inadmisión de la denuncia o querella determinará la retroacción de las actuaciones administrativas al momento anterior a aquel en que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito, procediendo en ese caso la formalización del acta de inspección o de la liquidación provisional que corresponda, que se tramitará de acuerdo con lo establecido en esta Norma Foral y en su normativa reglamentaria de desarrollo.

En los supuestos de procedimientos de inspección, la terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto en la Subsección 3.ª de la Sección 3.ª del Capítulo IV del Título III de esta Norma Foral.

El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 146 de esta Norma Foral o en seis meses, si éste último plazo fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el órgano competente que deba continuar el procedimiento.

Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de esta Norma Foral, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación.

En estos casos se iniciará el cómputo del plazo de prescripción y se reanudará el cómputo del plazo de caducidad del ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y para imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en el apartado 7 del artículo 69 y en el apartado 3 del artículo 72 de esta Norma Foral.

3. En los casos en los que, por un mismo concepto impositivo y periodo, quepa distinguir elementos en los que se aprecia una conducta dolosa que pueda ser determinante de un delito contra la Hacienda Pública, junto con otros elementos y cuantías a regularizar respecto de los que no se aprecia esa conducta dolosa, se efectuarán dos liquidaciones de forma separada.

A efectos de la cuantificación de ambas liquidaciones, se formalizará una propuesta de liquidación vinculada al delito y un acta de inspección, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) La propuesta de liquidación vinculada a delito comprenderá los elementos que hayan sido objeto de declaración, en su caso, a los que se sumarán todos aquellos elementos en los que se aprecie dolo, y se restarán los ajustes a favor del obligado tributario a los que éste pudiera tener derecho, así como las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota que le correspondan adicionalmente. Si la declaración presentada hubiera determinado una cuota a ingresar, ésta se descontará para el cálculo de esta propuesta de liquidación.

b) La propuesta de liquidación contenida en el acta comprenderá la totalidad de los elementos comprobados, con independencia de que estén o no vinculados con el posible delito, y se deducirá la cantidad resultante de la propuesta de liquidación a que se refiere la letra a) anterior. No obstante, el obligado tributario podrá optar por la aplicación de un sistema de cálculo de ambas cuotas basado en la aplicación proporcional de las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota, en los términos que se determinen reglamentariamente. Esta opción deberá comunicarse a la Administración en el plazo de alegaciones posterior a la notificación de la propuesta de liquidación vinculada al delito.

Artículo 252. -Impugnación de las liquidaciones

1. Frente a la liquidación administrativa dictada como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral, no procederá recurso o reclamación en vía administrativa, sin perjuicio del ajuste que proceda con arreglo a lo que se determine en el proceso penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Penal y en el artículo 255 de esta Norma Foral, correspondiendo al Juez penal determinar en sentencia la cuota defraudada vinculada a los delitos contra la Hacienda Pública que hubiese sido liquidada al amparo de lo previsto en el apartado 5 del artículo 305 del Código Penal y en el Título VI de esta Norma Foral. En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante la tramitación administrativa, producirán los efectos de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 146 de esta Norma Foral en relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración tributaria tendentes a la liquidación de la deuda tributaria.

2. Frente a la liquidación que resulte de la regularización de los elementos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito, cabrá interponer los recursos y reclamaciones previstos en el Título V de esta Norma Foral.

Artículo 253.- Recaudación de la deuda liquidada en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública

En los supuestos a que se refiere el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral, la existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada, salvo que el Juez hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución.

Las actuaciones administrativas dirigidas al cobro a las que se refiere el párrafo anterior se regirán por las normas generales establecidas en el Capítulo V del Título III de esta Norma Foral, salvo las especialidades establecidas en el presente Título.

Una vez que conste admitida la denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública, la Administración tributaria procederá a notificar al obligado tributario el inicio del período voluntario de pago requiriéndole para que realice el ingreso de la deuda tributaria liquidada en los plazos a que se refiere el apartado 1 del artículo 60 de esta Norma Foral.

Artículo 254.-Causas de oposición frente a las actuaciones de recaudación

Frente a los actos del procedimiento de recaudación desarrollados para el cobro de la deuda tributaria liquidada conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral, solo serán oponibles los motivos previstos en el apartado 3 del artículo 171, en el apartado 3 del artículo 174 y en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 176 de esta Norma Foral y su revisión se realizará conforme a lo dispuesto en el Título V de esta Norma Foral.

Artículo 255. -Efectos de la resolución judicial sobre la liquidación tributaria

1. La liquidación dictada por la Administración tributaria en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral, se ajustará a lo que se determine finalmente en el proceso penal en relación con la existencia y la cuantía de la defraudación.

2. El ajuste se realizará de la siguiente forma.

a) Si en el proceso penal se dictara sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda Pública y en dicho proceso se determinara una cuota defraudada idéntica a la liquidada en vía administrativa, no será necesario modificar la liquidación realizada, sin perjuicio de la liquidación de los intereses de demora y recargos que correspondan. Si la cuantía defraudada que se determinara en el proceso penal difiriera, en más o en menos, de la fijada en vía administrativa, la liquidación dictada al amparo del apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral deberá modificarse. En este caso, subsistirá el acto inicial, que será rectificado de acuerdo con el contenido de la sentencia para ajustarse a la cuantía fijada en el proceso penal como cuota defraudada. Dicha modificación, practicada por la Administración tributaria al amparo de lo dispuesto en el párrafo anterior, no afectará a la validez de las actuaciones recaudatorias realizadas, respecto de la cuantía confirmada en el proceso penal. El acuerdo de modificación se trasladará al Tribunal competente para la ejecución, al obligado al pago y a las demás partes personadas en el procedimiento penal. Si la cuantía defraudada que se determinara en el proceso penal fuese inferior a la fijada en vía administrativa, serán de aplicación las normas generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relación con las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantías.

b) Si en el proceso penal no se apreciara finalmente la existencia de delito por inexistencia de la obligación tributaria, la liquidación administrativa será anulada siendo de aplicación las normas generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relación con las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantías.

c) Si en el proceso penal se dictara resolución firme, no apreciándose delito por motivo diferente a la inexistencia de la obligación tributaria, procederá la retroacción de las actuaciones administrativas al momento anterior en el que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito prevista en el apartado 1 del artículo 251 de esta Norma Foral, teniendo en cuenta los hechos que el órgano judicial hubiese considerado probados, procediendo la formalización del acta, que se tramitará de acuerdo con lo establecido en esta Norma Foral y su normativa de desarrollo. En los supuestos de procedimientos de inspección, la terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto en la Subsección 3.ª de la Sección 3.ª del Capítulo IV del Título III de esta Norma Foral. El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 146 de esta Norma Foral o en el plazo de seis meses si éste último fuese superior, a computar desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el órgano competente para la reanudación de las actuaciones. Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de esta Norma Foral, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación. Esta liquidación se sujetará al régimen de revisión y recursos propios de toda liquidación tributaria regulado en el Título V de esta Norma Foral, pero no podrán impugnarse los hechos considerados probados en la sentencia judicial. En estos casos se iniciará el cómputo del plazo de prescripción y se reanudará el cómputo del plazo de caducidad del ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y para imponer las sanciones tributarias que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 69 y en el apartado 3 del artículo 72 de esta Norma Foral.

Artículo 256. -Responsables

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria liquidada conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral quienes hubieran sido causantes o hubiesen colaborado activamente en la realización de los actos que den lugar a dicha liquidación y se encuentren investigados o imputados en el proceso penal iniciado por el delito denunciado o hubieran sido condenados como consecuencia del citado proceso. Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el procedimiento de liquidación y que vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento para exigir la responsabilidad establecida en este artículo, deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.

2. En relación con las liquidaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral, también resultarán de aplicación los supuestos de responsabilidad regulados en el apartado 5 del artículo 41 de esta Norma Foral.

3. En el recurso o reclamación contra el acuerdo que declare la responsabilidad prevista en el apartado 1 anterior sólo podrá impugnarse el alcance global de la citada responsabilidad.

4. Si en el proceso penal se acordara el sobreseimiento o absolución respecto de cualquiera de los responsables a que se refiere el apartado 1, la declaración de su responsabilidad será anulada, siendo de aplicación las normas generales establecidas en la normativa tributaria en relación con las devoluciones y reembolso del coste de garantías.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 8 y 9 del artículo 69 de esta Norma Foral, en los supuestos de responsabilidad a que se refiere el apartado 1 de este artículo, interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables.

6. La competencia para dictar los acuerdos de declaración de responsabilidad en los supuestos regulados en los apartados 1 y 2 de este artículo corresponderá a los órganos con competencias de recaudación.

7. El plazo del procedimiento de declaración de responsabilidad se entenderá suspendido durante el periodo de tiempo que transcurra desde la presentación de la denuncia o querella ante el Ministerio Fiscal o el órgano judicial hasta la imputación formal de los encausados. A las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación del procedimiento de declaración de responsabilidad previsto en este artículo les será de aplicación lo previsto en la letra e) del apartado 5 del artículo 81 de esta Norma Foral.»

Sesenta y seis. Se añade un nuevo Título VII, con el siguiente contenido.

«Título VII.- Recuperación de ayudas de estado que afecten al ámbito tributario

CAPÍTULO I.-Disposiciones Generales

Artículo 257. -Disposiciones generales

1. Corresponde a la Administración tributaria la realización de las actuaciones necesarias para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de

Estado que afecten al ámbito tributario.

2. Se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas necesarias para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivados de dichas decisiones.

3. Además de en los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, lo dispuesto en este Título resultará de aplicación en cualquier supuesto en que, en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, resulte procedente exigir el reintegro de cantidades percibidas en concepto de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.

4. En el ámbito de competencias de la Diputación Foral de Bizkaia, el órgano competente para acordar el inicio y la resolución de los procedimientos de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario será el Director General de Hacienda.

Artículo 258.- Procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado

Son procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado los siguientes:

a) Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión.

b) Procedimiento de recuperación en otros supuestos.

Artículo 259. -Prescripción

1. Prescribirá en el plazo de diez años establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2015/1589, del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria que, en su caso, resulte de la ejecución de la decisión de recuperación.

2. El plazo de prescripción empezará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la aplicación de la ayuda de Estado en cumplimiento de la obligación tributaria objeto de regularización hubiese surtido efectos jurídicos conforme a la normativa tributaria.

3. El plazo de prescripción se interrumpe:

a) Por cualquier actuación de la Comisión Europea o de la Administración tributaria a petición de la Comisión Europea que esté relacionada con la ayuda de Estado.

b) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de la deuda tributaria derivada de aquellos elementos afectados por la decisión de recuperación, o a la exigencia de su pago.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o pago de la deuda tributaria o por la interposición de los recursos procedentes.

4. El cómputo del plazo de prescripción se suspenderá durante el tiempo en que la decisión de recuperación sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

5. No resultará de aplicación en el ámbito del procedimiento de recuperación de ayudas a que se refiere este Título lo dispuesto en la Sección tercera del Capítulo IV del Título II de esta Norma Foral relativo a la caducidad del ejercicio de la potestad de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

Artículo 260. -Efectos de la ejecución de la decisión de recuperación

1. Cuando existiese una resolución o liquidación previa practicada por la Administración tributaria en relación con la obligación tributaria afectada por la decisión de recuperación de la ayuda de Estado, la ejecución de dicha decisión determinará la modificación de la resolución o liquidación, aunque sea firme.

2. Los intereses de demora se regirán por lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/1589, del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Capítulo V del Reglamento (CE) número 794/2004 de la Comisión, del 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado.

Artículo 261. -Recursos contra el acto de ejecución La resolución o liquidación derivada de la ejecución de la decisión de recuperación será susceptible de recurso de reposición y, en su caso, de reclamación económico-administrativa, en los términos previstos en esta Norma Foral.

Si la resolución o liquidación se somete a revisión de acuerdo con lo previsto en este artículo, sólo será admisible la suspensión de la ejecución de los actos administrativos mediante la aportación de garantía consistente en depósito de dinero en la Administración tributaria.

CAPÍTULO II.- Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación

Artículo 262. - Recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados 3por la decisión de recuperación

1. En el procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión, la Administración tributaria se limitará a la comprobación de aquellos elementos de la obligación a los que se refiere dicha decisión.

2. En este procedimiento, la Administración tributaria podrá realizar únicamente las siguientes actuaciones:

a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.

b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración tributaria.

c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, incluida la contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.

d) Requerimientos de información a terceros.

3. Las actuaciones del procedimiento podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración tributaria, a cuyo efecto serán de aplicación las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 135 y en el artículo 139 de esta Norma Foral.

4. El examen de los documentos y las actuaciones referidas en los apartados anteriores se entenderán efectuados a los solos efectos de determinar la procedencia de la recuperación de la ayuda de Estado, sin que impida ni limite la ulterior comprobación de los mismos hechos o documentos.

Artículo 263. -Inicio

1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión se iniciará de oficio por acuerdo de la Administración tributaria.

2. El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse a los obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza y alcance de las mismas e informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. Cuando los datos en poder de la Administración tributaria sean suficientes para formular la propuesta de liquidación, el procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de dicha propuesta.

Artículo 264. -Tramitación

1. Las actuaciones del procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión se documentarán en las comunicaciones y diligencias a las que se refiere el apartado 8 del artículo 97 de esta Norma Foral

2. Los obligados tributarios deberán atender a la Administración tributaria y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones. El obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de la Administración la documentación y demás elementos solicitados.

3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración tributaria deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que, en un plazo de diez días, alegue lo que convenga a su derecho.

Artículo 265. -Terminación

1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión terminará por resolución expresa de la Administración tributaria, que deberá incluir, al menos, el siguiente contenido.

1.º Elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación y ámbito temporal objeto de las actuaciones.

2.º Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.

3.º Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la decisión de recuperación.

2. El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento regulado en el artículo 102 de esta Norma Foral no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación. En este caso, no se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones administrativas desarrolladas durante dicho plazo.

En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la realización de actuaciones con conocimiento formal del interesado con posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere el párrafo anterior.

3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones administrativas, éstas deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el artículo 102 de esta Norma Foral o en el plazo de tres meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para la reanudación del procedimiento de recuperación de ayudas de Estado.

4. La ejecución de la resolución judicial a que se refiere el apartado anterior no podrá implicar en ningún caso la restitución de las cantidades recuperadas del obligado tributario, que quedarán en depósito en la Administración tributaria hasta su aplicación de conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

CAPÍTULO III.-Procedimiento de recuperación en otros supuestos

Artículo 266. -Procedimiento de recuperación en otros supuestos

1. Cuando la ejecución de la decisión de recuperación no implique la regularización de una obligación tributaria, el procedimiento a seguir será el regulado en este Capítulo.

2. Para la ejecución de la decisión de recuperación el órgano competente tendrá las facultades que se reconocen a la Administración tributaria en el artículo 166 de esta Norma Foral, con los requisitos allí establecidos.

Artículo 267.-Inicio

El procedimiento de recuperación se iniciará de oficio mediante acuerdo de la Administración tributaria.

El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse a los obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza de las mismas e informará de sus derechos y obligaciones en el curso de aquellas.

La comunicación de inicio contendrá la propuesta de resolución, concediéndose un plazo de diez días al obligado tributario para que alegue lo que convenga a su derecho.

Artículo 268. -Terminación

1. El procedimiento de recuperación terminará por resolución expresa de la Administración tributaria, que deberá notificarse en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del procedimiento, salvo que la decisión de recuperación establezca un plazo distinto, siendo de

aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 265 de esta Norma Foral.

2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá incluir, al menos, el siguiente contenido.

a) Acuerdo de modificación, en el sentido de la decisión de recuperación, de la resolución previamente dictada por la Administración tributaria o, en su caso, manifestación expresa de que no procede modificación alguna como consecuencia de la decisión de recuperación.

b) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.

c) Liquidación en el supuesto de que la ejecución de la decisión de recuperación determine la exigencia de deuda tributaria, en particular, procedente del devengo de intereses de demora conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 260 de esta Norma Foral.

3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones administrativas, estas deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 de este artículo, o en el plazo de dos meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para la reanudación del procedimiento de recuperación de ayudas de Estado.

4. La ejecución de la resolución judicial a que se refiere el apartado anterior no podrá implicar en ningún caso la restitución de las cantidades recuperadas del obligado tributario, que quedarán en depósito en la Administración tributaria hasta su aplicación de conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo que ponga fin al procedimiento.»

Sesenta y siete. Se modifica el último párrafo del apartado 3 de la Disposición Adicional Tercera, que queda redactado en los siguientes términos:

«Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio del cumplimiento por la entidad de sus obligaciones tributarias, para lo que se utilizará transitoriamente el número de identificación fiscal revocado.»

Sesenta y ocho. Se modifica la Disposición Adicional Sexta, que queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición Adicional Sexta.- Exacción de la responsabilidad civil y multa por delito contra la Hacienda Pública.

1. En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pública, la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en esta Norma Foral, incluidos sus intereses de demora, junto a la pena de multa, se exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.

2. Una vez que sea firme la sentencia, el juez o tribunal al que competa la ejecución remitirá testimonio a los órganos de la Administración Tributaria, ordenando que se proceda a su exacción. En la misma forma se procederá cuando el juez o tribunal hubieran acordado la ejecución provisional de una sentencia recurrida.

3. Cuando se hubiera acordado el fraccionamiento de pago de la responsabilidad civil o de la multa conforme al artículo 125 del Código Penal, el juez o tribunal lo comunicará a la Administración Tributaria. En este caso, el procedimiento de apremio se iniciará si se incumplieran los términos del fraccionamiento.

4. La Administración Tributaria informará al juez o tribunal sentenciador, a los efectos del artículo 117.3 de la Constitución Española, de la tramitación y, en su caso, de los incidentes relativos a la ejecución encomendada.»

Sesenta y nueve. Se añade una nueva Disposición Adicional Trigésimo segunda, con el siguiente contenido:

«Disposición Adicional Trigésimo segunda.- Suspensión en supuestos de tramitación de procedimientos amistosos

En caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se simultanee un procedimiento amistoso en materia de imposición directa previsto en los convenios o tratados internacionales con un procedimiento de revisión de los regulados en el Título V de esta Norma Foral, se suspenderá este último hasta que finalice el procedimiento amistoso.»


DISPOSICIONES TRANSITORIAS
D.T. 1ª.- Facultades de la Administración tributaria

Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 64 y en el apartado 3 del artículo 66 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en las redacciones dadas por la presente Norma Foral resultará de aplicación a todos los procedimientos que se encuentren ya iniciados a la entrada en vigor de esta Norma Foral en los que, a dicha fecha, no se hubiese formulado propuesta de liquidación. Asimismo los citados preceptos serán aplicables a los procedimientos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de esta Norma Foral, con independencia del momento en que se hubieran realizado los hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios a los que hace referencia el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 64 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.


D.T. 2ª.- Interrupción de los plazos de prescripción

1. La nueva redacción del apartado 11 del artículo 69 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, será aplicable a aquellos casos en los que la interrupción del plazo de prescripción del derecho al que se refiere el apartado 1 del artículo 64 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, se produzca a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Norma Foral.

2. La nueva redacción del apartado 4 del artículo 194 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, será aplicable a aquellos casos en los que la interrupción del plazo de prescripción del ejercicio de la potestad administrativa para imponer sanciones tributarias, se produzca a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Norma Foral.


D.T. 3ª.- Procedimientos de gestión tributaria

Las modificaciones introducidas por medio de esta Norma Foral en los procedimientos de gestión tributaria resultarán de aplicación a los procedimientos que se inicien a partir del 1 de agosto de 2017.


D.T. 4ª.- Tasación pericial contradictoria y suspensión del plazo de inicio del procedimiento sancionador.

La nueva redacción del apartado 1 del artículo 128 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia será aplicable a las solicitudes de tasación pericial contradictoria que se presenten a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Norma Foral.


D.T. 5ª.- Procedimientos de comprobación reducida en los que se formalice un compromiso de pago

La nueva redacción del apartado 4 del artículo 158.quinquies de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, y en los demás preceptos concordantes, resultará de aplicación a los procedimientos de comprobación reducida que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Norma Foral, salvo que ya se hubiera notificado al obligado tributario la propuesta de liquidación correspondiente.


D.T. 6ª.- Condonación de sanciones tributarias

Las sanciones tributarias que se hayan impuesto con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Norma Foral se regirán por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 195 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción vigente hasta ese momento, y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.


D.T. 7ª.- Revisión en vía administrativa

Las modificaciones operadas por esta Norma Foral, en el Título V de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, serán de aplicación del siguiente modo:

1. La nueva redacción del apartado 1 del artículo 223 será de aplicación a las solicitudes de suspensión que se formulen desde su entrada en vigor.

2. La nueva redacción del apartado 3 del artículo 232 y de los apartados 3, 5, 6 y 7 del artículo 244 será de aplicación a las resoluciones que se dicten desde su entrada en vigor.

3. Las nuevas redacciones del apartado 1 del artículo 239, del apartado 3 del artículo 242 y de los artículos 245 bis y 245 ter serán de aplicación a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.

4. La nueva redacción del apartado 1 del artículo 240 será de aplicación a las resoluciones expresas que se dicten desde su entrada en vigor.


D.T. 8ª.- Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda pública

1. Lo dispuesto en el Título VI de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, resultará de aplicación en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Norma Foral en los que, concurriendo los indicios a los que se refiere el apartado 1 del artículo 248 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, a dicha fecha aún no se hubiese producido el pase del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la remisión del expediente al Ministerio Fiscal.

2. La Administración tributaria podrá declarar responsables conforme a lo dispuesto en el artículo 256 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, a aquellas personas que, concurriendo los presupuestos regulados en dicho precepto, tuviesen la condición de causantes o colaboradores en la realización de una infracción tributaria cuya comisión no hubiese podido declararse formalmente con anterioridad a la entrada en vigor de esta Norma Foral como consecuencia de la tramitación de un proceso penal por delito contra la Hacienda Pública.


DISPOSICIONES FINALES
D.F. UNICA.

La presente Norma Foral entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 12 de abril de 2017.

Primer Presidente de las Juntas Generales, KOLDO MEDIAVILLA AMARIKA

Presidenta de las Juntas Generales, ANA OTADUI BITERI


NORMA AFECTA A

NORMA FORAL 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Historico de Bizkaia.


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