Preámbulo DECRETO 26/2026, de 25 de marzo, Madrid

El Reglamento (CE) n.o 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, exige que los operadores de las empresas alimentarias notifiquen a la autoridad competente apropiada todos los establecimientos que estén bajo su control en los que se realice cualquiera de las operaciones de producción, transformación y distribución de alimentos, con el fin de proceder a su registro.

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, establece que las actividades de servicios y su ejercicio no estarán supeditados a un régimen de autorización, salvo que venga justificado por una razón imperiosa de interés general. En la misma línea, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, limita la exigencia de autorización, en los casos en los que pueda estar justificado por razones de salud pública, a que estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el artículo 25.2, establece que las autorizaciones sanitarias y los registros obligatorios que se establezcan no resultarán discriminatorios, estarán justificados en la protección de la salud pública, serán el instrumento adecuado para garantizar su protección y deberán ser claros e inequívocos, objetivos, transparentes y proporcionados al objetivo de protección de la salud pública.

Por otra parte, la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en su artículo 24.1, establece que las Administraciones públicas crearán o mantendrán los registros necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones de las que puedan derivarse acciones de intervención en materia de seguridad alimentaria.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 69, regula el procedimiento de declaración responsable, por el que el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, y el de comunicación, mediante el que se comunican los datos de identificación y otros necesarios para el ejercicio de la actividad.

El Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, recoge en su artículo 2.1 las empresas y establecimientos alimentarios sujetos a inscripción en dicho registro general. El artículo 2.2, tras la modificación operada por el Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor, excluye de la obligación de inscripción en el Registro a los establecimientos de comercio al por menor definidos en el artículo 2 del citado Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 2.2 dispone que todos los establecimientos de comercio al por menor deberán inscribirse en los registros de las autoridades competentes de las comunidades autónomas establecidos al efecto, previa comunicación o declaración responsable, que no será habilitante.

El Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, además de lo anterior, regula, entre otras cuestiones, el suministro directo de alimentos preparados en locales utilizados principalmente como vivienda privada. De conformidad con el artículo 13, las zonas de vivienda destinadas a dicha actividad tendrán la consideración de establecimiento al por menor y para su inscripción en el correspondiente registro autonómico deberán presentar una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos legales aplicables al ejercicio de la actividad.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, el artículo 15 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, regula, de un modo general, todas las actuaciones de salud pública encaminadas a garantizar los derechos de protección de la salud de la población de la Comunidad de Madrid, incluyendo, entre ellas, el control de la calidad, higiene y, en definitiva, la seguridad de los productos alimenticios, actuaciones para las que resulta primordial la inscripción en un registro.

En el año 2005 se creó el Registro de establecimientos de comercio al por menor de carne fresca y derivados, por la Orden 1531/2005, de 6 de octubre, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento de autorización de los establecimientos de comercio al por menor de carne fresca y sus derivados en la Comunidad de Madrid, que ha servido desde entonces como instrumento para la identificación y supervisión de este tipo de establecimientos y para garantizar la seguridad alimentaria.

Con la aprobación del Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, se hace necesaria la aprobación de un nuevo decreto en la Comunidad de Madrid que contribuya a que la implementación de la legislación comunitaria en España sea homogénea en todo el territorio nacional, facilitando el trabajo de los operadores comerciales y el control oficial por parte de las autoridades competentes.

Por todo lo anterior, corresponde derogar la Orden 1531/2005, de 6 de octubre, para poder adaptar la normativa de la Comunidad de Madrid a los nuevos requisitos legales establecidos a nivel nacional.

La presente norma tiene por objeto acometer el mandato establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, en la redacción dada por el Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por lo que entra en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.

En esta línea, el propósito del decreto es doble: por un lado, regular el registro autonómico en el que se inscribirán las empresas y establecimientos de comercio al por menor de productos alimenticios ubicados en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de facilitar su control en aras de garantizar el derecho a la protección de la salud; y, por otro, regular el procedimiento para la inscripción, modificación y cancelación en el Registro de dichos establecimientos.

El decreto cumple con los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

La presente norma se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, en tanto que con ella se ejecuta el mandato establecido a las comunidades autónomas en el artículo 2.2 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, creando así el registro autonómico en el que se inscribirán las empresas alimentarias de comercio al por menor que operan en la Comunidad de Madrid y estableciendo el procedimiento para su inscripción, modificación y cancelación en el Registro. Todo ello posibilitará la programación de los controles oficiales, con la finalidad de atender al interés general de proteger la salud pública y los intereses de las personas consumidoras, siendo la aprobación de este decreto el instrumento jurídico más adecuado para garantizar su consecución.

Del mismo modo, su adopción responde al principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación mínima imprescindible para la consecución de los objetivos perseguidos, es decir, tener un censo de empresas y comercios minoristas de productos alimenticios en la Comunidad de Madrid, sin que las obligaciones que se imponen a los establecimientos sobrepasen las estrictamente necesarias para garantizar la protección de la salud pública y los intereses de las personas consumidoras. Asimismo, el procedimiento que se regula en el presente decreto no puede sustituirse por otras medidas menos restrictivas que permitieran la creación del Registro de Empresas Alimentarias de Comercio al por Menor de Productos Alimenticios de la Comunidad de Madrid.

La norma garantiza el principio de seguridad jurídica, al establecer un marco legal claro, coherente y armonizado con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea. Sus objetivos se encuentran definidos de manera precisa, y unifica la regulación aplicable a las empresas de comercio minorista de productos alimenticios de la Comunidad de Madrid, contribuyendo a generar un entorno más favorable, claro y certero en este sector.

Se cumple con el principio de transparencia, habiéndose realizado los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, 5 y 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, y publicándose la norma en el Portal de Transparencia una vez aprobada.

Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, la norma racionaliza la gestión de los recursos públicos al suponer la eliminación de varias de las cargas administrativas existentes sin imponer más cargas administrativas nuevas que las estrictamente necesarias para la correcta aplicación de la norma.

La presente norma se estructura en un preámbulo, 11 artículos divididos en cuatro capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El capítulo I regula las disposiciones generales. El capítulo II regula el Registro de Empresas Alimentarias de Comercio al por Menor de Productos Alimenticios de la Comunidad de Madrid. El capítulo III establece los procedimientos para la inscripción en el Registro, así como los de modificación de datos de información obligatoria contenidos en la inscripción o los de cese definitivo de la actividad. Por último, el capítulo IV regula la potestad sancionadora.

Este decreto se dicta al amparo del artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, por el que se atribuye a la Comunidad de Madrid, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de la legislación estatal en materia de sanidad e higiene.

Para la elaboración de este decreto se ha solicitado informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

El Consejo de Gobierno es competente para dictar este decreto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Sanidad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno, previa deliberación en su reunión del día 25 de marzo de 2026,

DISPONE