PreÁmbulo �nico se adoptan medidas extraordinarias en materia de personal del Sistema Valenciano de Salud y de organización, gestión y prestación de servicios sanitarios y educativos para favorecer la recuperación de las inundaciones

I

El episodio de lluvias torrenciales y las inundaciones acaecidas, con especial afectación en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ocurrida el 29 de octubre de 2024, han originado unas consecuencias especialmente graves y trágicas, con unos efectos devastadores sin precedentes, tanto en cuanto a pérdida de vidas humanas como en cuanto a afectación de los servicios básicos sanitarios, educativos, de asistencia social o de seguridad, destrucción de viviendas, ejes viarios o de comunicaciones y, en general, de todo tipo de infraestructuras, tanto públicas como privadas, con la consiguiente repercusión en todos los niveles de la sociedad y la alteración de la normalidad.

La gravedad de los daños personales y materiales provocados por esta catástrofe meteorológica, de una extraordinaria magnitud y con especial incidencia en determinados municipios de la provincia de Valencia, han exigido y continúan exigiendo una actuación inmediata y urgente por parte de las administraciones públicas en orden a la plena recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, y restablecer con la mayor celeridad la plena normalidad en todos los órdenes y ámbitos. Con tal finalidad, desde la Generalitat se están implementando las medidas extraordinarias y los cambios normativos pertinentes para disponer de los instrumentos adecuados y necesarios, aportando para ello todos los recursos personales y materiales a su alcance, en coordinación con el resto de las administraciones públicas, así como de empresas y otros sectores.

Ante esta situación excepcional, y en virtud del Real Decreto ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la depresión aislada en niveles altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, que establece el marco estatal para la actuación de las administraciones públicas en casos de emergencia, resulta esencial optimizar los recursos humanos y técnicos de los que dispone la Administración de la Generalitat para dar respuesta a las necesidades generadas por la DANA. La norma estatal permite una ampliación de medidas de carácter temporal cuando están vinculadas a la gestión de emergencias, y proporciona una base para adaptar las actuaciones de la administración autonómica en el contexto de crisis

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, entre otras normas, se ha aprobado el Decreto ley 11/2024, de 12 de noviembre, del Consell, por el que se adoptan medidas administrativas y económico-presupuestarias para facilitar la respuesta de la Generalitat como consecuencia de la DANA sufrida por la Comunitat Valenciana los días 28 y 29 de octubre de 2024; el Decreto ley 12/2024, de 12 de noviembre, del Consell, de medidas fiscales de apoyo a las personas afectadas por las inundaciones producidas por la DANA de octubre de 2024 y el Decreto ley 13/2024, de 26 de noviembre, del Consell, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad del personal empleado público como consecuencia de las graves inundaciones acaecidas el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

Esta última norma aborda las modificaciones legislativas y reglamentarias pertinentes en materia de personal de la administración del Consell; en principio, como declara su artículo uno, aquel gestionado por la Dirección General de la Función Pública. No obstante, su Disposición Adicional Segunda atribuye su aplicación también al personal funcionario y laboral empleado público gestionado por la Conselleria de Sanidad. En la norma se encuentran los instrumentos de gestión y movilidad suficientes, en las presentes circunstancias, para que este colectivo pueda asumir las funciones que le sean encomendadas.

Sin embargo, resulta también pertinente contar con instrumentos excepcionales y temporales en relación con otro gran colectivo no incluido en el citado Decreto ley 13/2024, el del personal estatutario del Sistema Valenciano de Salud, personal esencial para coadyuvar a la recuperación en todos los niveles del tejido social valenciano. A ese cometido se dedica el presente decreto-ley, junto con la remodelación, en algún caso con vocación de permanencia, de distintos elementos organizativos que van a facilitar la eficacia y adecuación de la prestación sanitaria pública, junto con la optimización de todos los recursos humanos disponibles.

II

A tal efecto, el presente decreto ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en cuatro capítulos, trece artículos, ocho disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El capítulo I contempla las disposiciones generales de la norma en cuanto a su objeto, ámbito de aplicación y vigencia.

El capítulo II aborda la posibilidad de movilidad extraordinaria geográfica y funcional del personal, con respeto de sus derechos básicos, optando siempre por el uso preferente de procedimientos de movilidad ordinarios, ya presentes en las normas de gestión del personal sanitario, y por la voluntariedad antes de optar por aquellos instrumentos extraordinarios. Debe ponerse de relieve, en cualquier caso, que con la incorporación de los nuevos elementos de gestión no se pretende ni se prevé un uso masivo o significativo de éstos, apartando a la gestión ordinaria, sino de manera racional y medida cuando sea imprescindible para dotar al esfuerzo de recuperación de los elementos necesarios. Hay que recordar, en este sentido, que el personal sanitario ya tiene encomendada la tarea de velar por la salud integral de los ciudadanos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, y esa tarea debe seguir siendo prestada sin menoscabo.

Entre las medidas de movilidad temporal extraordinaria dispuestas se encuentra la posibilidad de que el personal estatutario pase a prestar servicios en instituciones ajenas a la Conselleria de Sanidad, de manera semejante a lo que ya disponía el precedente Decreto ley 13/2004 respecto del personal funcionario de la administración del Consell en cuanto a su correspondiente ámbito.

El capítulo III establece unas medidas de reconocimiento de la prestación de servicios en las zonas afectadas. Los efectos de las inundaciones han provocado y todavía provocan en determinados centros de trabajo, singularmente del ámbito de Atención Primaria, centros de salud y consultorios auxiliares, difíciles condiciones de trabajo, no solo en lo material sino también en lo emocional. Por dicho motivo es ajustado establecer medidas de compensación y reconocimiento de esa tarea, para lo que se disponen días adicionales de libranza por el trabajo desempeñado y se atribuye una valoración singular de esos periodos a distintos efectos.

El capítulo IV recoge medidas dirigidas a disponer del máximo número de efectivos que puedan acometer todas las actuaciones necesarias para la recuperación de la normalidad en el tiempo más breve posible, haciendo uso de las previsiones contenidas en el Real Decreto ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la depresión aislada en niveles altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Resulta esencial optimizar los recursos humanos y técnicos de los que dispone la Administración de la Generalitat para dar respuesta a las necesidades generadas por la DANA, y en el marco establecido por la norma estatal, se recoge la posibilidad del diferimiento de los ceses del personal estatutario temporal cuyas funciones estén destinadas a la atención de las necesidades derivadas de la emergencia de protección civil y la respuesta ante los daños causados hasta un máximo de veinticuatro meses.

Por otro lado, se prevé la implementación de un programa de carácter temporal específicamente dirigido a la contratación de personal que finalice su formación sanitaria especializada. Se trata de un instrumento para la retención de personal residente que está finalizando su período de formación, ofertándole de modo inmediato nombramientos temporales con una duración de varios años que le otorguen estabilidad en el empleo y permitan aumentar la disponibilidad de profesionales cuya escasez supone un problema en condiciones normales y se ha agravado ante las necesidades derivadas de la DANA.

También se dedica un artículo específico a disponer la creación de nuevas categorías estatutarias. En este sentido, los avances científicos y tecnológicos (robotización, 3D, genética, biotecnología, etc.), las nuevas dinámicas de trabajo derivadas de la digitalización y el rediseño de los servicios públicos de salud para proporcionar la más adecuada respuesta a los retos que esos avances imponen a la sociedad y que derivan en nuevas necesidades de la sociedad, hacen necesaria la redefinición de determinadas categorías profesionales y, en consecuencia, de sus sistemas de selección. En los últimos años los sistemas sanitarios públicos han incrementado nuevas profesiones de alta especialización. Así, cada vez es más habitual encontrar en las plantillas personal de estadística, matemática, biología, biotecnología, genética, análisis de datos, y un largo etcétera que vienen a cubrir estas nuevas necesidades, cada vez más indispensables en toda organización. Los campos de la robótica, la fabricación aditiva, la genética, cirugía de alta complejidad, la seguridad cibernética, la biotecnología, el big data y la inteligencia artificial, hacen necesario buscar fórmulas adecuadas para captar talentos externos que puedan ayudar a desarrollar el talento propio de la organización.

Respecto a las medidas previstas en este capítulo fidelización de especialista en Ciencias de la Salud, creación de categorías profesionales y la prolongación de permanencia en el servicio activo (prevista esta última en la Disposición Transitoria Primera) obedecen al objetivo de disponer del máximo número de efectivos que puedan acometer el conjunto de actividades necesarias para la recuperación de la normalidad en el tiempo más breve posible. En concreto los programas de fidelización persiguen contar con un mayor número de profesionales más allá de las plazas estructurales permitiendo los nombramientos contemplados en el artículo 9.2 del Estatuto Marco; asimismo la incorporación de nuevos perfiles profesionales resulta imprescindible en la medida en que las tareas de recuperación exigen para su implementación de nuevas herramientas tecnológicas -digitalización, inteligencia artificial, etc.- que, dadas su vocación de eficiencia administrativa, debe implicar que pese a ser una medida de carácter extraordinario, nada obste a su permanencia en el tiempo; finalmente la prolongación de la jornada laboral abunda en lo anteriormente expuesto permitiendo contar con un mayor número de profesionales disponibles».

Mediante la disposición adicional primera se introducen dos modificaciones en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. Por una parte, se procede a incluir un nuevo párrafo en el apartado 4 del artículo 7, con la finalidad de que el personal laboral a extinguir pueda ser objeto de movilidad geográfica a fin de atender las necesidades asistenciales que pudieran surgir, allí donde resulte necesario, con pleno respeto de sus condiciones retributivas y laborales.

Asimismo, se establece una previsión sobre el personal laboral a extinguir, de modo que con el objetivo de procurar el mayor rigor técnico y dotar de seguridad jurídica a la compleja naturaleza de la referida figura laboral, es necesario contribuir a la progresiva homogeneización de los regímenes jurídicos existentes en el ámbito del Sistema Valenciano de Salud. En este sentido, los efectos de la DANA van a poner de relieve, más si cabe, la disfunción que, sin duda, está ocasionando las coexistencia de personal laboral a extinguir y de personal estatutario en las zonas afectadas, cada uno con sus especificidades normativas; coexistencia que no se compadece bien con, entre otros, los principios de dimensionamiento, distribución y estabilidad, que en orden a mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios, establece el artículo 12, de la Ley 55/2003, de 26 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en relación con la planificación de los recursos humanos. En consecuencia y atendiendo a que la regularización en el funcionamiento de los centros afectados, a efectos de alcanzar la plena normalidad pasa por una adecuada optimización de los recursos humanos disponibles, es necesario disponer los efectos de la concurrencia de una misma categoría en la doble condición de personal laboral a extinguir y estatutario fijo.

La disposición adicional segunda prevé dos modificaciones de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana. Por una parte, de la disposición transitoria cuarta, modificación que resulta necesaria y urgente porque existen muchos edificios sanitarios y educativos, pertenecientes a la Generalitat Valenciana, pendientes de regulación debido a la elevada complejidad que presenta esta actualización, que en muchos casos supone la realización de reformas y adaptaciones cuya ejecución es lenta por la elevada presión asistencial a la que se ven sometidos diariamente los centros sanitarios. En este sentido, pasado el plazo sin haber conseguido el título habilitante o autorización administrativa municipal, los edificios afectados quedarán irremediablemente en situación irregular y de casi imposible solución, ya que sólo se podrá solventar cumpliendo la normativa ambiental vigente en el momento, y que siempre será más restrictiva que la que pudiera existir en el momento de su construcción. Se une a todo esto que, como consecuencia de la redacción inicial actual de la disposición transitoria cuarta, algunos ayuntamientos han estado negando el otorgamiento de nuevas licencias a las diferentes actuaciones que se pretenden realizar en los edificios de titularidad pública, impidiendo así lograr el objetivo marcado por la propia Ley 6/2014.

Por otra parte, la redacción del nuevo apartado 2. bis se ha enfocado hacia los edificios de uso sanitario/asistencial de titularidad pública pues es la situación que se conoce de primera mano desde el Servicio de Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad. Esta situación, actualmente, está impidiendo realizar cualquier adaptación arquitectónica que sea necesaria e incluso imprescindible para afrontar los cambios y nuevas técnicas que se deben incorporar para realizar una adecuada asistencia sanitaria a la población. No obstante, la problemática anteriormente expuesta afecta a cualquier instalación o actividad de titularidad pública y la propuesta realizada se podría extrapolar a cualquier uso.

La disposición adicional tercera introduce algunas modificaciones del Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección y provisión de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano de Salud.

En primer lugar, se exceptúa la aplicación de la prohibición de autorización de comisiones de servicio durante el primer año con ocasión de la incorporación del personal tras la resolución de los concursos de traslados convocados en los años 2023 y 2024. Esta medida pretende minimizar los cambios del personal adscrito a los centros afectados como consecuencia de los concursos de traslados cuya resolución es inminente, y que afectan a todas las plazas vacantes de todas las categorías de personal estatutario. La medida únicamente abre la posibilidad de autorizar comisiones de servicio, que la norma modificada prohibía durante el primer año. De este modo, cuando se considere necesario para prestar la asistencia en las mejores condiciones, podrá garantizarse la continuidad de los equipos profesionales en los centros afectados. Al tratarse de un sistema de provisión voluntario para el personal afectado, y que debe contar con autorización por parte de los centros implicados, en ningún caso la aplicación de esta medida supondrá merma de derechos del personal ni afectación del servicio en otras zonas, mientras que permitirá atender con mayor eficiencia las necesidades de los centros afectados.

Asimismo, y a efectos de coadyuvar con las máximas garantías de calidad, estabilidad, capacitación e implicación en la prestación asistencial, así como en aras al adecuado dimensionamiento de los recursos humanos, especialmente, en los centros afectados por la DANA, cuya plena normalidad y optimización en su funcionamiento se presume alcanzar a medio plazo, se introduce una modificación en el mencionado reglamento de selección y provisión, relativa a la evaluación de continuidad de los puestos de jefatura de servicio y de sección de carácter asistencial, dirigida a reforzar la necesidad de que estos puestos de responsabilidad claves para garantizar la asistencia de calidad estén sujetos a una evaluación continua, en la cual se valore prioritariamente el cumplimiento de los objetivos organizativos orientados a las estrategias de la recuperación y clínico asistenciales establecidos anualmente en el despliegue de los acuerdos de gestión.

La disposición adicional cuarta prevé una modificación del Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. El impacto en salud derivado de las consecuencias de las graves inundaciones, con una incidencia directa en la salud mental en un amplio segmento de la población, así como la necesidad de retomar con la mayor rapidez y eficiencia los programas de cribado de cáncer de mama hace necesario articular una nueva organización que dé respuesta satisfactoria a las necesidades planteadas.

La modificación del Decreto 74/2007 tiene también en cuenta la nueva realidad organizativa de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales introducidas por el Decreto ley 2/2024, de 21 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud.

En estos momentos, ante las consecuencias de las graves inundaciones, es urgente avanzar en esta nueva organización y conformar los dispositivos asistenciales de las áreas clínicas y unidades de gestión clínica interdepartamentales para dar soporte asistencial, mediante la coordinación e integración de recursos, a los departamentos de salud de las zonas afectadas que corresponden tres agrupaciones sanitarias interdepartamentales distintas.

La experiencia desarrollada por el programa de prevención de cáncer de mama, así como diversos informes sobre su ejecución, ha puesto de manifiesto la necesidad de que dichas unidades y el personal que las componen se integren en las estructuras hospitalarias a través de los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales, de forma que se generen nuevas sinergias, con un abordaje integral de la patología mamaria, constituyendo el cribado un elemento esencial para su prevención. La integración supone además una importantísima mejora en la ejecución del programa de cribado para los casos en que, tras la lectura, sea necesaria una valoración adicional para la confirmación diagnóstica de la sospecha, evitando las demoras innecesarias al eliminar las derivaciones desde las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama a los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales, procurando de esta forma una rápida respuesta ante la situación generada por la DANA.

El Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, aprobado mediante Acuerdo de 23 de julio de 2024, del Consell, incide en la necesidad de dar respuesta a la elevada comorbilidad entre las adicciones y otras patologías mentales, desde una estrecha coordinación entre los recursos especializados dirigidos a estos ámbitos, como son las Unidades de Salud Mental y de Conductas Adictivas. En este sentido, es preciso que estos servicios se oferten desde el mismo nivel asistencial, configurando un modelo integrado de atención adaptado a las necesidades actuales y, específicamente, que permita abordar adecuadamente la creciente prevalencia de patología dual, así como favorecer la detección de problemas graves de salud mental y la coordinación de otros agentes que fuera necesario para el cuidado de la salud mental en la población afectada.

La disposición adicional quinta prevé la modificación de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación farmacéutica de la Comunitat Valenciana. Esta modificación es necesaria y urgente porque se ha comprobado en la actual gestión de la DANA la importancia de garantizar que los pacientes con dificultad de movilidad y sin posibilidad de acceder a la medicación tengan garantizada la misma desde las oficinas de farmacia que estén operativas en las zonas afectadas. Además, se facilita la prestación de la asistencia farmacéutica en las poblaciones afectadas por la DANA, simplificando los requisitos de instalación de los botiquines de emergencia o catástrofe sanitaria. Así mismo, se favorece la reconstrucción de las farmacias de los municipios afectados por la DANA, dando prioridad a las mismas en la adjudicación de los botiquines de emergencia o catástrofe sanitaria. Uno de los elementos claves en caso de catástrofe o emergencia, como la DANA, es facilitar el acceso de los transportes legales de medicamentos a las farmacias, servicios de farmacia de hospital, botiquines, centros sanitarios u otros almacenes mayoristas de distribución de medicamento, por lo que es esencial para poder normalizar el acceso a los medicamentos a los pacientes afectados por la catástrofe.

Por su parte, la disposición adicional sexta modifica el Decreto 187/2001, de 27 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el establecimiento, traslado y transmisión de las oficinas de farmacia. Esta modificación da prioridad a los expedientes de reconstrucción de las farmacias más afectadas por la DANA y que actualmente no están operativas por haber sufrido mayores daños.

La disposición adicional séptima contiene una modificación de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del Sistema Universitario Valenciano, para regular la figura de la dirección científica de la fundación de la Comunitat Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER). Esta ley está pendiente de modificarse para adaptarla a la nueva Ley orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, pero su tramitación requerirá tiempo, y por tanto no se podrá tener a corto plazo la eficacia inmediata de la norma, que permita regular la figura de la Dirección científica de ValER, ni sacar la primera convocatoria de la historia de la Comunitat Valenciana para contratar investigadores distinguidos que colaboren en la reconstrucción de la Comunitat Valenciana por las graves consecuencias de la DANA, aportando su conocimiento científico que permitirá entender el motivo por el que se producen estos eventos extremos y generar soluciones técnicas para prevenirlos, mitigar sus efectos y recuperarla de los daños sociales y económicos provocados.

Es por ello, que con objeto de poder aportar conocimiento científico de primer nivel internacional y soluciones innovadoras para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana a consecuencia de la DANA, es necesario establecer medidas como la recogida en la disposición adicional séptima para regular la existencia de una figura que no existe en el marco jurídico actual y que permite atender la necesidad urgente y extraordinaria de reconstrucción y recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana.

La disposición adicional octava contiene una modificación del Decreto 225/2023, de 19 de diciembre, del Consell por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas a diferentes colectivos de personas destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante el ejercicio presupuestario de 2024. Dicha disposición, con motivo de las inundaciones acaecidas el pasado 29 de octubre de 2024 y con el objetivo de garantizar que el paciente de las zonas afectadas, en los casos de pérdida de la documentación o pérdida o daño de los envases de productos farmacéuticos dispensados durante el mes de octubre de 2024, establece un ayuda temporal (del 30 de octubre de 2024 al 8 de noviembre de 2024) para evitar que ningún requerimiento económico (en este caso el copago) pueda poner en riesgo los objetivos terapéuticos fijados para el paciente.

La disposición transitoria única introduce una previsión en materia de prolongación voluntaria de permanencia en el servicio activo. Puesto que la edad legal de jubilación del personal estatutario al servicio del Sistema Valenciano de Salud, en virtud de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, viene establecida para el año 2025 en los 66 años y ocho meses, y dado que la duración de las prórrogas hasta los 67 años solicitadas a partir de ese ejercicio se vería limitada en todo caso a cuatro meses, y tan solo a dos en el año siguiente, por razones de eficiencia y celeridad, y sin perjuicio del carácter excepcional jurisprudencialmente atribuido a la prolongación de la permanencia en el servicio activo, se estima oportuno ofrecer a las personas solicitantes de primera prórroga la posibilidad de que extiendan la duración del periodo de prolongación en activo hasta los 68 años. Esta medida tiene como finalidad contar con el máximo de profesionales de categorías deficitarias para así poder garantizar la continuidad y la calidad de la prestación asistencial. Asimismo se promueve con esta medida la posibilidad de contar con profesionales con amplios conocimientos y experiencia acumulada de gran valor para afrontar las tareas de recuperación.

La disposición final primera establece una salvaguardia del rango de las disposiciones reglamentarias incluidas en el presente decreto ley.

La disposición final segunda se refiere a las habilitaciones para el desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en el presente decreto ley.

Por último, la disposición final tercera, establece la entrada en vigor de la norma.

III

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, este decreto ley se ajusta a los principios de buena regulación. De este modo, se cumple con el principio de necesidad en cuanto que las medidas extraordinarias en materia de personal del sistema valenciano de salud y de organización, gestión y prestación de servicios sanitarios y educativos para dar respuesta y favorecer la recuperación tras las graves inundaciones acaecidas el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, pues las medidas que incorpora son congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad. El decreto ley contiene la regulación necesaria e imprescindible para la consecución de los objetivos mencionados y las medidas adoptadas se implantan a la mayor brevedad posible dada la situación de emergencia que las justifican, pero se extienden únicamente durante el tiempo que sea necesario hasta alcanzar la normalización de la asistencia sanitaria en los municipios afectados.

En este sentido, los trámites administrativos y parlamentarios exigidos por la normativa aplicable, incluso mediante el procedimiento de urgencia, no permitirían que las medidas a adoptar estuvieran plenamente disponibles con la celeridad que requieren. Por ello se considera necesario y urgente dictar una norma con rango de decreto ley que posibilite la rápida entrada en vigor de las medidas que en él se contienen. Esta situación es la que aconseja la adopción de medidas de forma inmediata y constituye el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad que el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana exige en su artículo 44 para la adopción de un decreto ley.

En cuanto al principio de transparencia, vista la urgencia para la aprobación de esta norma, se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e información públicas, de conformidad con el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Encuadrada la competencia de la Generalitat en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, artículos 49.1. 11.ª y 54, y en la legislación básica estatal, la presente norma configura un nuevo marco regulador, para dar la respuesta más eficiente, urgente y ágil a las necesidades en esta materia de la población dentro del contexto descrito.

Habiéndose negociado con la representación sindical en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad y al amparo de lo previsto en los artículos 44, 49 y 50 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a propuesta del conseller de Sanidad y del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 10 de diciembre de 2024,

DECRETO