Preambulo �nico Política de seguridad de la información de la Administración de C. León

Uno de los principales compromisos de la Junta de Castilla y León es conseguir que la Administración autonómica proporcione a los ciudadanos una respuesta de calidad y con la máxima eficiencia posible, como reflejo del derecho a una buena Administración, recogido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Este derecho tiene su reflejo en la gestión diligente y eficaz de los sistemas de información, tomando las medidas adecuadas para protegerlos frente a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y trazabilidad de la información tratada o de los servicios prestados. Todas estas medidas deben de ser proporcionales al valor de la información y se ajustarán a la evolución de la tecnología.

Esta política se desarrollará aplicando los principios básicos y los requisitos mínimos recogidos en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica. La Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública se refiere a la protección de datos y a la seguridad en los artículos 45 y 47. Por su parte, el Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 5 atribuye a la consejería competente para la dirección y ejecución de actuaciones en materia de Administración electrónica, la competencia para la aprobación de la política de seguridad de los sistemas de información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las especialidades del organismo pagador de los gastos financiados por el FEAGA y FEADER que también se recogen en esta orden.

Esta orden establece el compromiso de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con la seguridad de los sistemas de la información, define los objetivos y criterios básicos para el tratamiento de la misma y determina la estructura organizativa y de gestión que velará por su cumplimiento.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el citado artículo 5 y en la disposición final sexta del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

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