Preámbulo Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027

España ha tenido que hacer frente en los últimos años a importantes desafíos económicos y sociales dentro de un contexto internacional especialmente cambiante e incierto. Ante esta situación, las políticas económicas y presupuestarias impulsadas por el Gobierno han puesto el foco principalmente en salvaguardar a la ciudadanía frente a circunstancias adversas, como las consecuencias de la pandemia, la crisis energética y el aumento de precios.

De nuevo la situación internacional se ha visto profundamente alterada por el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciado tras la ofensiva del 28 de febrero de 2026. Las acciones militares han provocado importantes perturbaciones en los mercados energéticos globales y han ocasionado daños relevantes en las infraestructuras de producción y transporte de hidrocarburos en la región del Golfo Pérsico. El cierre prácticamente total del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, ha generado graves interrupciones en el comercio internacional de petróleo, gas y sus derivados, como el diésel, la gasolina y los fertilizantes. Asimismo, el conflicto ha afectado a los flujos de exportación de los principales productores de la zona hacia los mercados internacionales, reduciendo de forma significativa la capacidad de extracción y procesamiento de petróleo y gas.

El impacto inicial delshockgeopolítico se ha reflejado en un aumento directo de los precios del petróleo y del gas natural, como consecuencia de la disminución de la oferta disponible y de las continuas tensiones que afectan a las rutas de suministro. Si bien la exposición directa de las importaciones de España a estas rutas concretas es limitada, las tensiones en puntos estratégicos del comercio energético mundial se trasladan rápidamente a los mercados internacionales de petróleo y gas natural que sí afectan a nuestro país. Sin embargo, España afronta esta situación en mejores condiciones que en crisis anteriores y que otros países de nuestro entorno.

Así, para atenuar el impacto de este aumento de precios provocado por la Guerra, el Gobierno, como ya realizó en situaciones pasadas, ha reaccionado adoptando una serie de medidas. En particular, el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio, contempla actuaciones por un importe total de 5.000 millones de euros, siendo esta respuesta coherente con la acción pública emprendida ante otros conflictos, tales como la invasión rusa de Ucrania en el año 2022 o el conflicto en Oriente Medio derivado de la ocupación de Gaza.

A pesar de este contexto complicado, las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de España han promovido una profunda transformación estructural del modelo productivo, sustentada en la innovación, el refuerzo del capital humano y un firme impulso a la digitalización y a la transición ecológica, en consonancia con las orientaciones europeas. Este planteamiento está contribuyendo a un crecimiento económico más equilibrado, sólido y sostenible, combinando la modernización y la competitividad con una mayor capacidad de resistencia económica, el buen desempeño del mercado laboral –con cifras históricas de empleo–, el refuerzo del Estado del Bienestar, los avances en materia de justicia social y el compromiso con la estabilidad de las cuentas públicas.

En este marco, España se situó como una de las economías avanzadas con mayor crecimiento en 2025, aportando cerca de la mitad del crecimiento total de la eurozona. El PIB registró en ese ejercicio un incremento anual del 2,8 por ciento, superando las previsiones de los principales organismos, impulsado por la creación de empleo, el crecimiento de la población extranjera y un notable aumento de la productividad.

La finalización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en 2026 marca también un hito clave en el proceso de modernización de la economía española. Su ejecución ha permitido impulsar una profunda transformación estructural basada en la digitalización, la transición ecológica y el refuerzo del capital humano, contribuyendo a mejorar la competitividad y la resiliencia del tejido productivo. Asimismo, ha favorecido un crecimiento económico sólido y sostenido, apoyado en la creación de empleo de calidad y en el fortalecimiento del Estado del Bienestar. Las inversiones y reformas desplegadas han propiciado una mayor cohesión social y territorial, acelerando la convergencia con los estándares europeos y posicionando a España en una senda de crecimiento más sostenible, inclusivo y orientado al futuro.

De cara a 2026, y pese a la persistente incertidumbre internacional sobre la evolución de la guerra en Irán, se espera que la economía española mantenga un elevado dinamismo, con un crecimiento estimado del 2,2 por ciento. La generación de empleo continuará siendo un motor fundamental del crecimiento en los próximos años. Así, la evolución favorable de la población, la actividad y la productividad configura un patrón de crecimiento sólido, con menor dependencia de factores cíclicos de carácter coyuntural. España ha sido el único país para el que la Comisión Europea, en sus previsiones de primavera publicadas recientemente, ha revisado al alza su previsión de crecimiento para 2026 con respecto a sus previsiones de otoño, en una muestra de la resiliencia de la economía española ante elshockde la guerra en Irán.

Durante el 2027 continuará aplicándose el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, estructurado en torno al Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, que se configura como el principal instrumento de planificación fiscal a medio plazo. Este Plan, remitido por España en octubre de 2024, fue posteriormente respaldado por el Consejo ECOFIN.

Asimismo, la entrada en vigor de este nuevo marco introduce la obligación de que los Estados miembros presenten un Informe de Progreso Anual, en el que se detalla el grado de cumplimiento de la senda de gasto neto fijada por el Consejo, así como la ejecución de las reformas e inversiones que justifican la ampliación del periodo de ajuste de cuatro a siete años. El 30 de abril de 2026 España remitió a las instituciones europeas el Informe constatando el cumplimiento de sus compromisos de gasto neto.

Además, España ha cumplido con la senda de ajuste estructural y de reducción de la deuda prevista en el Plan Fiscal Estructural, previéndose que este grado de cumplimiento continúe en 2026. En 2025, se superaron los objetivos establecidos tanto en materia de déficit como de deuda, registrándose un déficit del 2,4 por ciento, que se reduce al 2,2 por ciento si se excluyen las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos de la DANA. Fue el mejor dato de saldo público en casi dos décadas, alcanzando equilibrio primario (esto es, una vez excluido el gasto en intereses de la deuda). Por su parte, el nivel de deuda se situó en el 100,7 por ciento del PIB, por debajo del 101,4 por ciento previsto en el Plan Fiscal Estructural (estimación que, además, no incluía aún los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia desembolsados con posterioridad).

Para 2026, las previsiones de saldo público apuntan a un déficit del 2,1 por ciento del PIB. La ratio de deuda sobre PIB seguirá descendiendo en 2026 hasta situarse por debajo del 100 por ciento por primera vez desde 2019.

En este marco, los Presupuestos Generales del Estado para 2027 seguirán orientados a promover un crecimiento sostenible, equilibrado e integrador, impulsando la modernización y el fortalecimiento de la competitividad económica. Se continuará favoreciendo la generación de empleo de calidad en sectores con alto valor añadido y con garantías laborales, al mismo tiempo que se reforzará y ampliará el Estado de Bienestar mediante la protección de los servicios públicos esenciales, independientemente de la administración encargada de gestionarlos. Impulsando la financiación, la eficacia y la personalización de los servicios públicos para que respondan a las necesidades de la ciudadanía, garantizando su acceso equitativo a la clase media y trabajadora, constituyendo una red de apoyo para las familias y los colectivos más vulnerables, además de contribuir a la innovación, la creación de empleo, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial.

Igualmente, se mantendrá el impulso a políticas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda asequible, dando respuesta a uno de los retos más importantes de la actualidad, especialmente entre la población joven. Del mismo modo, se consolidará el compromiso con la sostenibilidad ambiental como elemento fundamental para la competitividad y la garantía de futuro, promoviendo las reformas ya emprendidas en áreas como la lucha contra el cambio climático, la prevención y gestión de incendios forestales, la movilidad sostenible, la descarbonización, el desarrollo de energías renovables y la digitalización, en consonancia con los compromisos adquiridos junto a nuestros socios estratégicos en materia de seguridad, defensa e innovación.

En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado para 2027 mantendrán la línea de actuación del Gobierno para hacer frente a los desafíos actuales y futuros de las sociedades avanzadas, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, fomentando la prosperidad y la competitividad económica, reforzando el Estado de Bienestar y preservando el compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos asumidos.

En el marco del esfuerzo del Gobierno por reforzar las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda ha publicado el quinto informe de seguimiento de las recomendaciones derivadas de los procesos de revisión y evaluación del gasto público (Spending Reviews) llevados a cabo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Tanto las conclusiones y propuestas resultantes de dichos análisis como las respuestas emitidas por los órganos gestores del gasto se incorporarán, como es habitual, al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 mediante la presente orden, en cumplimiento del principio de «cumplir o explicar» establecido en el citado informe de seguimiento.

Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado para 2027 integrarán la denominada «dimensión marrón» dentro del Informe de alineamiento con la transición ecológica, reforzando así el análisis presupuestario desde una perspectiva transversal. Este enfoque se suma a los análisis ya existentes, como los relativos al alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el impacto de género y el análisis del impacto en la infancia, la adolescencia y la familia.

Por último, los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2027 se ejecutarán dentro de un nuevo contexto en el marco de las relaciones con las Administraciones Territoriales, derivado de la implantación de un nuevo sistema de financiación. Este nuevo marco, orientado a reforzar los principios de suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, equidad y cohesión territorial, incidirá de manera directa en la determinación de los recursos disponibles y en la articulación de los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

El marco normativo de referencia en materia presupuestaria para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado lo configuran esencialmente la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la normativa europea en materia presupuestaria que resulte de aplicación.

De conformidad con el artículo 36.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el procedimiento por el que se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá por orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda.

La presente orden ministerial dicta las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027. En la misma se regulan los criterios generales de presupuestación, el ámbito institucional de los presupuestos, el proceso de elaboración y tramitación del anteproyecto de presupuestos, estableciendo la composición de los órganos participantes en su proceso de elaboración, los plazos y documentación para la elaboración, se detalla el contenido de las estructuras presupuestaria, recogiéndose, por último, información acerca de los informes transversales entre los que se encuentra el análisis desde la perspectiva de género.

En virtud de lo expuesto, dispongo: