Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. - Boletín Oficial del Estado de 29-12-2018
- Ámbito: Estatal
- Estado: VIGENTE
- Fecha de entrada en vigor: 29/12/2018
- Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
- Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 314
- Fecha de Publicación: 29/12/2018
- PDF de la disposición
El pasado 6 de septiembre de 2018, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el informe de la Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista, documento previamente aprobado el 7 de junio por dicha Subcomisión, que había sido creada en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, con la participación de profesionales de las Administraciones Públicas, agentes privados, asociaciones y organizaciones del sector.
El informe aprobado por el Congreso de los Diputados demanda que el Gobierno apruebe medidas de urgencia sobre la creación artística, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los creadores españoles. Las medidas se centran en los tres principales problemas que los representantes de la cultura trasladaron a la Subcomisión: la fiscalidad del sector; la protección laboral y de Seguridad Social; y la compatibilidad entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor.
Así, el informe aprobado contiene una serie de propuestas de carácter principalmente fiscal, laboral y de Seguridad Social, cuya finalidad última es intentar adecuar el régimen regulatorio aplicable a las especialidades del trabajo artístico, que se caracteriza por una intermitencia, heterogeneidad e inestabilidad mucho más acusada que en otros sectores. Todo ello, en un contexto en el que el mundo del trabajo está cambiando aceleradamente, y especialmente el trabajo cultural, en el que a veces la vocación cultural parece entenderse incorrectamente, como contraria a la profesionalización. Es necesario reivindicar la profesionalización de los sectores culturales, y para ello hay que asegurar que no resultan discriminados por la normativa fiscal, laboral y de seguridad social. Se trata de mejorar las condiciones materiales, por tanto, pero también de llamar la atención sobre la importancia de la cultura y de manifestar claramente que los autores y los profesionales de la cultura merecen una remuneración justa y estar protegidos en la misma medida en que lo están otros trabajadores.
En consecuencia, las medidas propuestas en esta norma que recogen recomendaciones del informe, pretenden incluir a todas las personas, actividades y procesos intermedios que participan en la creación cultural, de forma que estas medidas sirvan para mejorar las condiciones de todos los profesionales de la cultura, independientemente de su localización territorial, sector o convenio colectivo que les sea aplicable. Como señala el informe de la Subcomisión, «se apuesta por que las diferentes personas, actividades y momentos del proceso cultural entren en esta propuesta normativa: quien crea la obra y para hacerlo debe formarse e investigar, quien diseña el escenario, quien lo ilumina, quien escribe la música y quien la ejecuta, quien la promueve, quien ilustra un poema y quien lo recita, quien comisaría el conjunto, quien lo hace llegar al público y, en general, quien sostiene o gestiona todo el proceso con su trabajo visible, invisible o ambos a la vez. Todas estas personas son indispensables para disfrutar de una obra de teatro, una exposición, un libro, una pintura, una fotografía, una película, una ópera o un concierto. Sin ellas nadie pagaría el precio de la entrada, la suscripción, el libro o la obra de que se trate.»
En conclusión, con las propuestas del informe que se recogen en esta norma, se pretende mejorar las condiciones de todos los trabajadores de la cultura, adecuando la normativa que le es de aplicación a las especialidades del sector cultural, y en especial, a su carácter intermitente. A estos efectos, las medidas adoptadas buscan en definitiva la mejora de las condiciones que garanticen un adecuado desempeño de su actividad artística por los colectivos afectados (actores, escritores, cineastas, compositores, bailarines, etc.), desde un enfoque que contempla su tratamiento específico, tanto en materia laboral y de seguridad social, como en materia del régimen fiscal. Así, surge la necesidad de llevar a efecto diversas modificaciones en las disposiciones normativas que regulan este sector, y con ello el Gobierno viene a dar respuesta al Congreso de los Diputados, en consideración a la urgencia que ya presenta la exigencia de su cumplimiento.
Su aprobación está en consonancia con los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se encuentra justificada por una razón de interés general, habiéndose identificado los fines perseguidos y se considera que es el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. En virtud de los principios de proporcionalidad y de eficiencia, las modificaciones que se proponen se consideran las imprescindibles para atender las demandas existentes, habiéndose constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Por último, como garantía de los principios de seguridad jurídica y de transparencia, esta iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo de certidumbre, que facilita su conocimiento y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas afectadas.
El artículo 86.1 de la Constitución Española establece que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.»
El real decreto-ley que se somete a consideración está justificado por una doble necesidad, necesidad que emerge con carácter extraordinario y urgente. Aprobado el informe sobre el Estatuto del Artista por la Subcomisión del Congreso de los Diputados con fecha 7 de junio de 2018 y ratificada la propuesta por el Pleno del Congreso con fecha 6 de septiembre de 2018, era necesario responder con la máxima diligencia a una petición de toda la Cámara. En la práctica parlamentaria actual es poco usual que el Congreso de los Diputados se pronuncie por unanimidad sobre un asunto, por lo que no parece políticamente oportuno retrasar más una propuesta que va a dirigida a satisfacer las peticiones parlamentarias. Además, los principales contenidos normativos del real decreto-ley tienen marcado carácter temporal, en el sentido de que han de entrar en vigor el primer día del año pues inciden en el ejercicio tributario (las medidas fiscales contenidas en los artículos primero y segundo). Lo mismo ocurre con las medidas en materia de Seguridad Social pues las previsiones sobre el régimen de inactividad de los artistas (artículo cuarto), se despliegan sobre el cálculo de los años naturales en tanto que, la regulación de la solicitud de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social (disposición transitoria única), se articula a partir del primer día del año.
Por ende, el presupuesto habilitante del decreto-ley reside en la situación descrita por la STC 6/1983, de 4 de febrero que en su F. J. 5 afirmó: «una necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (en el mismo sentido SSTC 111/1983, de 2 de diciembre; 29/1986, de 20 de febrero, 23/1993, de 21 de enero, etc.). En este caso estamos ante un objetivo gubernamental doble que es atender en el plazo más breve posible una petición parlamentaria unánime cuya eficacia jurídica y sus consecuencias sociales se aplazarían hasta el primer día de enero de 2020 si no entra en vigor dentro del año de 2018. Luego, «la acción normativa inmediata» tiene un límite temporal que es el 31 de diciembre de 2018.
Ha de tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional atribuye al Gobierno la capacidad de apreciar la extraordinaria y urgente necesidad mediante el «juicio meramente político de los órganos a los que incumbe la dirección política del Estado» (STC 29/1982, de 31 de mayo, F. J. 3, reiterado en la STC 182/1997, de 28 de octubre, F. J. 3). Si el Gobierno considera, a través del correspondiente juicio político, que es necesario satisfacer las peticiones del Congreso de los Diputados, como expresión a su vez de una demanda social de cierta entidad, y se constata que por razón de la temporalidad de los tributos las medidas políticas han de entrar en vigor el primero de enero de un año, la extraordinaria y urgente necesidad emerge con gran intensidad como presupuesto habilitante pues, sin acudir al decreto-ley tales medidas políticas, como hemos apuntado más arriba, se retrasarían un año completo.
Podrá aducirse, incluso, que los Ministerios proponentes podrían haber actuado con más rapidez para hacer normativamente posible el mandato del Congreso pero a ello hay que señalar que el mandato, aunque conocido desde la primavera de 2018, no culminó hasta que el Pleno del Congreso del pasado 6 de septiembre puso en marcha la función coordinadora del Ministerio de Cultura y Deporte, para obtener de los restantes Ministerios coproponentes, las aportaciones de sus respectivos artículos.
Además, el Tribunal Constitucional ha exigido «una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el decreto-ley se adoptan (STC 29/1982, de 31 de mayo, F. J. 3; y STC 189/2005, de 7 de julio, F. J. 3). Ese requisito se cumple en el presente caso pues, las medidas previstas, forman parte del catálogo de peticiones que elaboró el Congreso de los Diputados y por ello mismo emerge la temporalidad, la necesidad de que las medidas entren en vigor el primero de año.
Una vez examinado el presupuesto habilitante que genera la extraordinaria y urgente necesidad y la conexión de sentido entre ese presupuesto y las medidas que contiene el decreto-ley, procede examinar de manera singular los preceptos de la norma, por si alguno incurriera en las materias excluidas por la Constitución.
En el ámbito tributario, se modifica en primer lugar, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para reducir el porcentaje de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos de capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, del 19 al 15 por ciento.
Por lo que respecta a la regulación proyectada en relación con el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas, se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a fin de aplicar el tipo reducido a los servicios prestados por personas físicas en calidad de intérpretes, artistas, directores y técnicos a los productores y organizadores de obras y espectáculos culturales, recuperando la aplicación del tipo reducido del Impuesto a estos servicios esenciales de la industria cultural, que habían pasado a tributar al tipo impositivo general del 21 por ciento en el año 2012.
Por último, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, se modifica la deducción por gastos realizados en territorio español para la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada. La cinematografía y las artes audiovisuales constituyen un sector de importancia estratégica en España que goza de incentivos fiscales regulados en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Las obligaciones impuestas a los productores que se acogieran a este incentivo fiscal pueden tener consecuencias indeseadas sobre proyectos de rodaje en curso en España que afectarían a nuestra política cultural del cine y las artes audiovisuales y que suponen un riesgo cierto para la efectiva realización de producciones extranjeras en España, pudiendo provocar un efecto expulsión de los rodajes en España y de la consiguiente contratación de servicios, de los cuales el coste asumido por productores españoles en relación con la producción española es objeto de la deducción regulada en la Ley del Impuesto. Por esta razón resulta imprescindible derogar tales obligaciones con efectos para el período impositivo 2018. No obstante lo anterior, se incorpora un reenvío reglamentario para el establecimiento de las obligaciones que se considere que deben asumir los productores que se acojan a este incentivo fiscal, que resulten proporcionadas y acordes a la finalidad del incentivo.
Finalmente, respecto a las medidas que se proponen en el artículo cuarto y en la disposición final segunda en materia de seguridad social, relativas a la cotización de los artistas en espectáculos públicos durante períodos de inactividad, tales medidas no incurren en ninguna interdicción, de modo que si está justificado el presupuesto habilitante, su constitucionalidad es plena. De ahí que esta habilitación expresa, opere plenamente en este supuesto.
En virtud de cuanto ha sido expuesto, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, de la Ministra de Hacienda y de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2018,
DISPONGO: