Recomendación del Consejo, de 13 de e julio de 2021, sobre la política económica de la zona del euro 2021/C 283/01, - Diario Oficial de la Unión Europea, de 15-07-2021

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Como consecuencia de la crisis causada por la pandemia de COVID-19, la economía de la zona del euro sufrió una recesión repentina y profunda en el primer semestre de 2020. A pesar de la fuerte recuperación económica observada en el tercer trimestre de 2020, que acompañó al levantamiento de las medidas de contención, el repunte de la propagación de la COVID-19 y las nuevas medidas de contención en el cuarto trimestre de 2020 han aumentado aún más la incertidumbre y han mostrado que la zona del euro sigue siendo vulnerable a la persistente crisis sanitaria. La crisis de la COVID-19 ha provocado una serie de grandes perturbaciones de la oferta y la demanda, lo que se traduce en una disminución prevista del producto interior bruto (PIB) del 7,8 % en 2020 según las previsiones económicas de otoño de 2020 de los servicios de la Comisión. Por consiguiente, se prevé que la recuperación en 2021 será más lenta de lo que se había esperado y que una gran brecha de producción de aproximadamente el -7,0 % del PIB potencial de la zona del euro en 2020 no se habrá cerrado para finales de 2021. Existe una incertidumbre considerable sobre las perspectivas económicas, en cuanto a la evolución de la pandemia de la COVID-19 y los cambios de comportamiento de los agentes económicos. La rápida actuación a nivel nacional y de la Unión, incluido el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo sobre el instrumento de recuperación Next Generation EU, ha contribuido significativamente a compensar algunas de las consecuencias negativas de las perturbaciones de la oferta y la demanda y a estabilizar los mercados. Tanto el consumo privado como la inversión se han visto gravemente afectados, lo que, a su vez, ha repercutido negativamente en los precios y salarios. Las perspectivas del mercado laboral también han empeorado, interrumpiendo siete años de mejoras. Hasta ahora, el aumento del desempleo se ha visto mitigado por la aplicación con éxito de medidas ambiciosas en todos los Estados miembros -como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras políticas de apoyo destinadas a evitar despidos masivos y grandes pérdidas de ingresos y la consiguiente caída del número total de horas trabajadas-, así como por la disminución de las tasas de actividad.

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La crisis de la COVID-19 está incrementando las divergencias económicas entre los Estados miembros de la zona del euro. Son varios los factores de estas divergencias, entre otros: la intensidad y duración de la perturbación causada por la COVID-19; la dimensión e importancia económica relativas de los sectores en los que se producen muchos contactos entre personas (por ejemplo, el turismo, los viajes de negocios y la hostelería); y las diferencias en el margen de maniobra presupuestario. Dichas diferencias afectan a la confianza, a las inversiones y a las perspectivas de crecimiento, así como a las disparidades regionales, que ya existían antes de la crisis de la COVID-19, pero que ahora pueden agravarse. A más largo plazo, la actual crisis podría tener efectos negativos permanentes en el crecimiento potencial y las brechas de ingresos, debido a la reducción del capital humano y físico (tanto tangible como intangible). Esto podría traducirse en un crecimiento aún menor de la productividad laboral y de los ingresos y en una mayor desigualdad.

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La reacción rápida y contundente de la Unión, también con Next Generation EU que comprende el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) creado en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), ha impulsado la confianza del mercado y mostrado la solidaridad y la unidad de propósito entre los Estados miembros al coordinar sus esfuerzos para reactivar el crecimiento económico y reforzar la resiliencia económica y social. Se han aprobado en muy poco tiempo una serie de nuevos instrumentos para la Unión y la zona del euro. Dichos instrumentos ya ofrecen una red de seguridad a los trabajadores, a través del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), creado en virtud del Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo (4), a las empresas, a través del régimen de garantía paneuropeo del Banco Europeo de Inversiones, y a los Estados miembros con el fin de apoyar la financiación a escala nacional de los costes directos e indirectos relacionados con la atención sanitaria, los tratamientos y la prevención y debidos a la crisis de la COVID-19, a través del instrumento de apoyo ante la crisis pandémica del Mecanismo Europeo de Estabilidad, adoptado por Consejo de Gobernadores del Mecanismo Europeo de Estabilidad el 15 de mayo de 2020. La respuesta de la Unión también ha incluido la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y un marco temporal para hacer uso de la flexibilidad que permite la normativa de la Unión sobre ayudas estatales. Los fondos de la política de cohesión se han reorientado hacia donde más falta hacen a través de la Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus, con arreglo al Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), y a través de la Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus plus, con arreglo al Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

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La aplicación de políticas bien diseñadas en el contexto de Next Generation EU y su principal instrumento, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dará un nuevo impulso a los Estados miembros para acometer reformas que propicien el crecimiento y aumentará el nivel y la calidad de las inversiones, en consonancia con los objetivos de resiliencia y las transiciones ecológica y digital. Dicha aplicación debe contribuir a la creación de capital humano y al éxito de la transición laboral de los trabajadores, factores que, junto con los fondos de la política de cohesión, serán esenciales para garantizar la cohesión, fomentar el empleo y la productividad y mejorar la resiliencia económica y social. Son fundamentales los objetivos de crecimiento de la Unión y los retos estructurales nacionales, incluidos los señalados en las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020. La Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021 recogida en la comunicación de la Comisión de 17 de septiembre de 2020, que promueve esos objetivos de crecimiento, presenta siete iniciativas emblemáticas: 1) activación, 2) renovación, 3) recarga y repostaje, 4) conexión, 5) modernización, 6) expansión, y 7) reciclaje y perfeccionamiento profesional. Estas iniciativas emblemáticas representan desafíos comunes que necesitan inversiones y reformas coordinadas. Se anima a los Estados miembros a que canalicen las inversiones, lleven a cabo reformas e integren en mayor medida sus cadenas de valor en estos ámbitos emblemáticos. El Reglamento (UE) 2021/241 establece que los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros de la zona del euro deben ser coherentes con los retos y prioridades señalados en la Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro. Dicha coherencia debe tenerse en cuenta en la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia.

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La zona del euro requiere una combinación de políticas económicas que presten apoyo y sean coordinadas, integrales y coherentes, para amortiguar el impacto de la pandemia de COVID-19, respetando plenamente las salvaguardias del Tratado relativas a las respectivas instituciones. El objetivo es limitar cualquier impacto negativo a largo plazo en el mercado laboral, reducir las divergencias económicas y sociales significativas, hacer frente a los desequilibrios y otros riesgos de importancia macroeconómica y, más en general, evitar consecuencias negativas en el crecimiento potencial y en la estabilidad de los precios, así como garantizar unas finanzas públicas sostenibles a medio plazo. La coherencia mutua de las tres dimensiones principales de la política económica de la zona del euro (monetaria, presupuestaria y estructural) junto con la estabilidad financiera es esencial para garantizar una política económica global favorable para la zona del euro.

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Las oportunas intervenciones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) buscan mantener intactos los canales de transmisión monetaria y salvaguardar la estabilidad de precios a medio plazo. El BCE ha anunciado importantes compras de activos de los sectores público y privado, en el marco de su programa de compras de emergencia en caso de pandemia, creado en virtud de la Decisión (UE) 2020/440 del Banco Central Europeo (7), por un importe de 1 850 000 millones EUR hasta finales de marzo de 2022 como mínimo, así como en el marco del programa de compras de bonos corporativos, creado en virtud de la Decisión (UE) 2016/948 del Banco Central Europeo (8), con compras netas por un importe de 20 000 millones EUR al mes, junto con una dotación adicional de 120 000 millones EUR hasta finales de 2020. Además, el BCE ofrece operaciones de financiación a plazo más largo con objetivos específicos en condiciones muy favorables, respaldando los préstamos bancarios a empresas y hogares.

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La orientación presupuestaria ha sido altamente expansionista en 2020 y se prevé que siga siendo favorable en 2021, tanto a escala nacional como de la zona del euro, excluyendo las medidas de emergencia y teniendo en cuenta algunas medidas de recuperación ya anunciadas. La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales, respetando plenamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es crucial para dar una respuesta eficaz a la crisis de la COVID-19, una recuperación sostenible y el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria (UEM). El 20 de marzo de 2020, la Comisión llegó a la conclusión de que la economía de la Unión estaba experimentando una grave recesión económica y que se cumplían las condiciones para activar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta conclusión fue respaldada por los ministros de Hacienda de los Estados miembros el 23 de marzo de 2020. Los Estados miembros introdujeron importantes medidas presupuestarias para contener la crisis de la COVID-19 y prestar apoyo a particulares y empresas especialmente afectados, así como un apoyo excepcional a la liquidez, principalmente a través de garantías aportadas a empresas y entidades bancarias para garantizar el flujo de crédito. Se prestará más apoyo presupuestario coordinado a escala de la Unión, en particular a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y la cláusula general de salvaguardia seguirá aplicándose en 2021. En la primavera de 2021, teniendo en cuenta las previsiones macroeconómicas actualizadas, la Comisión volverá a evaluar la situación y hará balance de la aplicación de la cláusula general de salvaguardia.

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Las repercusiones económicas de la crisis de la COVID-19 están teniendo un gran impacto negativo en las finanzas públicas. Cuando las condiciones económicas y sanitarias lo permitan, una reorientación de las políticas presupuestarias hacia la consecución de situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo, incluida la eliminación gradual de las medidas de emergencia, contribuirá a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Dicha reorientación debe hacerse de manera que se mitigue el impacto social y laboral de la crisis y se contribuya a la sostenibilidad social. Resultan especialmente pertinentes las reformas destinadas a mejorar la composición de los presupuestos nacionales y a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo, también en vista del cambio climático y los retos sanitarios. Mejorar la composición de los presupuestos nacionales, especialmente mediante revisiones del gasto y unos marcos eficaces de contratación pública, puede crear un margen presupuestario que es muy necesario. Las prácticas de elaboración de presupuestos que integren los aspectos ecológicos también pueden ayudar a abordar los retos de la mitigación del cambio climático y de la adaptación al mismo y la protección del medio ambiente. Unos sistemas de salud y de protección social adecuados, eficaces e integradores ofrecen una protección indispensable a las personas necesitadas, desempeñan un papel clave como estabilizadores automáticos y deben preservar la sostenibilidad presupuestaria. Del mismo modo, las reformas que refuerzan el funcionamiento de los mercados de trabajo, de capitales, de productos y de servicios, mediante una aplicación y una secuenciación adecuadas, aumentan la producción potencial, evitando al mismo tiempo un impacto negativo a corto plazo sobre la demanda agregada.

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La crisis de la COVID-19 está aumentando la importancia de las reformas para lograr unos sistemas de ingresos públicos más eficientes y justos. Dado que la cuña fiscal sobre el trabajo sigue siendo elevada en la mayoría de los Estados miembros de la zona del euro, estas reformas deben desplazar la presión fiscal hacia bases impositivas menos perjudiciales para la oferta y demanda de trabajo, la productividad, la inversión y el crecimiento, teniendo en cuenta al mismo tiempo el correspondiente impacto distributivo. Un mayor uso de la fiscalidad medioambiental u otras formas de determinación de precios de las externalidades puede contribuir al crecimiento sostenible incentivando comportamientos «más ecológicos». Las medidas destinadas a luchar contra la planificación fiscal agresiva y la elusión fiscal, tanto a escala internacional como de la Unión, pueden hacer que los sistemas tributarios sean más eficientes y justos. Además, la globalización ha hecho necesario ajustar el marco fiscal para adaptarlo a una economía moderna y cada vez más digitalizada, tanto a escala de la Unión como mundial. Se está trabajando en el marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para alcanzar una solución de consenso global con la que hacer frente a los retos fiscales que plantea la digitalización de la economía.

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La anticipación de las reformas para abordar los obstáculos a la inversión y las limitaciones de la oferta reviste especial importancia teniendo en cuenta el alto nivel de incertidumbre generado por la crisis de la COVID-19 y su efecto perjudicial en la inversión. Son esenciales medidas que permitan acelerar la absorción de los fondos de la Unión y una utilización eficaz y eficiente de los recursos, en particular en los Estados miembros rezagados en estos ámbitos y donde los fondos de la Unión financian una parte significativa de las inversiones. Las reformas que permitan reducir la carga administrativa para las empresas (por ejemplo, la digitalización de las administraciones públicas, especialmente la identificación electrónica, o las reformas judiciales) y evitar el uso indebido de fondos (por ejemplo, la corrupción, el fraude y el blanqueo de capitales) pueden mejorar el entorno empresarial y contribuir a impulsar la inversión privada y la creación de empleos y empresas.

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La crisis de la COVID-19 ha provocado importantes pérdidas de ingresos para muchas empresas y plantea riesgos para la solvencia de las empresas en toda la zona del euro. Unos marcos de insolvencia eficaces desempeñan un papel crucial a la hora de apoyar a las empresas viables que atraviesan problemas temporales y de facilitar la salida ordenada de las empresas inviables. La mejora de los marcos de insolvencia también puede ayudar a hacer frente al probable aumento de préstamos dudosos y a mantener el crédito a la economía, facilitando el saneamiento de los balances bancarios, y estimular la inversión transfronteriza a largo plazo. En este contexto, se adoptó la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) para introducir normas mínimas en materia de solvencia en la legislación nacional de todos los Estados miembros, a fin de garantizar que los deudores con dificultades financieras dispongan de marcos de reestructuración preventiva, establecer procedimientos de exoneración de deudas contraídas por empresarios sobreendeudados y aumentar la eficiencia de todos los tipos de procedimientos de insolvencia. Es importante proceder a la transposición y aplicación de la Directiva (UE) 2019/1023. La Comisión también anunció, en el plan de acción para la unión de los mercados de capitales, establecido en su comunicación de 24 de septiembre de 2020, titulada «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción», la realización de trabajos en pos de una armonización mínima o una mayor convergencia en ámbitos específicos de insolvencia básica no bancaria. Además, existe margen para que los Estados miembros sigan evaluando la eficiencia y la eficacia de sus marcos de insolvencia en consonancia con las mejores prácticas internacionales y aborden las deficiencias restantes.

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Profundizar en el mercado único de bienes y servicios y adaptar la zona del euro a la era digital puede ser un importante motor de crecimiento, convergencia y resiliencia. La moneda común y el mercado único han contribuido conjuntamente a la creación de mejores condiciones para la estabilización económica y el crecimiento a largo plazo. La crisis de la COVID-19 ha impulsado el uso de herramientas digitales, ha puesto de relieve la importancia del mercado único digital y ha acelerado la utilización de métodos de pago digitales y sin efectivo. Sin embargo, el mercado único sigue estando incompleto, especialmente en el ámbito de los servicios y, más concretamente, en el comercio minorista y los servicios profesionales. El mercado único puede limitar las rigideces de precios y favorecer de esta manera la transmisión de la política monetaria y la resiliencia económica. Asimismo, el mercado único contribuye a la movilidad de los factores de producción, lo que permite a los sectores, regiones y Estados miembros minimizar los costes económicos (por ejemplo, el desempleo) en respuesta a las perturbaciones. Para lograr una mayor integración del mercado único de bienes y servicios, es necesario eliminar todas las restricciones innecesarias restantes, mejorar los mecanismos de vigilancia del mercado y adoptar medidas que garanticen la capacidad administrativa necesaria con el fin de alcanzar dichos objetivos.

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Unas reformas e inversiones que permitan mejorar la integración y las transiciones en el mercado laboral, con especial atención a los empleos digitales y ecológicos, son esenciales para aumentar la resiliencia económica y social y apoyar la recuperación. Las medidas de crisis adoptadas inmediatamente a nivel nacional y de la Unión han limitado el impacto económico y social negativo para los trabajadores. Al mismo tiempo, una serie de reformas pendientes desde hace tiempo son ahora aún más urgentes: políticas del mercado de trabajo activas y eficaces, incluido el apoyo individualizado; mejora de la calidad y la inclusión de los sistemas de educación y formación para reforzar los resultados educativos desde una edad temprana; medidas eficaces de reciclaje y mejora de las capacidades e inversión en la educación y formación para adultos y en las plataformas de aprendizaje en línea; lucha contra la escasez de competencias; y mejora de las perspectivas de empleo de los segmentos más vulnerables de la población activa, incluidos los jóvenes y los desempleados de larga duración, y eliminación de las brechas de género. Para apoyar una recuperación sostenible e integradora, es fundamental fomentar la creación de empleo de calidad y mejorar las condiciones de trabajo, en particular garantizando unos salarios mínimos adecuados y abordando la segmentación del mercado laboral y los obstáculos a la movilidad laboral. El diálogo social y la negociación colectiva desempeñan un papel importante en el éxito de la elaboración y la aplicación de las políticas.

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El acceso a sistemas de salud y de protección social adecuados, integradores y sostenibles, que funcionen como estabilizadores automáticos durante la crisis de la COVID-19, es importante para la resiliencia económica y social. El acceso a dichos sistemas contribuye a mantener la cohesión social, un nivel de vida digno y la buena salud de la población, lo cual es fundamental para una economía laboral productiva, a lo largo de todo el ciclo económico, y para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Las inversiones para apoyar las reformas sanitarias y unos sistemas de salud resilientes deben seguir siendo una prioridad para los Estados miembros. La aplicación del pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en 2017, es fundamental para orientar las políticas. Ante la crisis de la COVID-19, es aún más importante garantizar una cobertura adecuada de protección social para todos, tanto en términos de calidad de la asistencia sanitaria y de larga duración como en términos de ingresos de sustitución para todos los trabajadores, incluidos aquellos con contratos atípicos y los trabajadores por cuenta propia. Muchos Estados miembros han adoptado medidas temporales de apoyo a la renta y de asistencia social en favor de los colectivos vulnerables con rentas muy bajas y de los trabajadores que no tienen derecho a prestaciones por desempleo. Se han tomado medidas en relación con las prestaciones, las condiciones de admisibilidad y los servicios adicionales en especie. Debe reforzarse la adecuación y la cobertura de los sistemas de protección social de modo que se garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y la equidad intergeneracional.

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En los últimos años, se han logrado avances significativos, pero las repercusiones económicas de la crisis de la COVID-19 han añadido presión sobre el sector financiero. Los bancos de la zona del euro entraron en la crisis actual con mayores capacidades de absorción de pérdidas que antes del inicio de la crisis financiera mundial. Junto con medidas de política monetaria y presupuestaria, esto ha evitado el endurecimiento de las condiciones de financiación de los mercados, más allá de la fase inicial de la crisis, y ha garantizado la continuidad de la concesión de crédito al sector privado. Es probable que la crisis ejerza una presión adicional sobre los ya bajos niveles de rentabilidad y las ratios de préstamos dudosos de los bancos. Esta evolución podría obstaculizar la concesión de créditos a la economía, que es esencial para la recuperación. El desarrollo de mercados secundarios para los préstamos dudosos, un despliegue eficiente de las sociedades de gestión de activos nacionales, cuando proceda, y la reforma de los marcos de insolvencia son especialmente importantes para avanzar en este ámbito, así como abordar los problemas estructurales de la baja rentabilidad. Las medidas significativas que han adoptado sin tardar las autoridades han inspirado confianza y contribuido a preservar la estabilidad macrofinanciera. Los sistemas de garantía de préstamos públicos contribuyen a mantener el crédito a la economía, proteger a las empresas y atenuar los efectos perjudiciales de la interdependencia con el sector bancario, pero también constituyen pasivos contingentes para los presupuestos de los Estados miembros. La prórroga de las moratorias de insolvencia y la reestructuración de los préstamos dudosos supone encontrar un difícil equilibrio entre garantizar un apoyo continuado a las empresas viables y arriesgarse a la asignación errónea de fondos, mayores pérdidas en caso de quiebra y menor claridad en cuanto a la calidad crediticia subyacente.

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Sigue siendo esencial completar la arquitectura de la UEM. Colmar las lagunas restantes podría aumentar aún más la estabilidad y la resiliencia de la zona del euro y, por lo tanto, reforzaría el papel internacional del euro, que se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años. Otras medidas deben tener en cuenta las lecciones extraídas de la respuesta global de Europa en materia de política económica a la crisis de la COVID-19. Además de su efecto estabilizador a corto plazo y de su papel de apoyo a la recuperación, Next Generation EU tiene potencial para influir en la UEM a largo plazo mediante el estímulo de inversiones y reformas estructurales que propicien el crecimiento y el aumento de la capacidad de resiliencia de la zona del euro frente a futuras perturbaciones. La importante emisión de deuda denominada en euros, incluidos los bonos verdes y sociales, añadirá profundidad y liquidez al mercado de instrumentos de renta fija de alta calidad denominados en euros y podrá contribuir a reforzar el papel internacional del euro. No obstante, faltan todavía elementos importantes en la UEM, como la culminación de la unión bancaria y la profundización de la unión de los mercados de capitales. Fortalecer la unión bancaria sigue siendo crucial. Para ello es preciso seguir trabajando sin demora, con el mismo nivel de ambición y de forma consensuada, en relación con todos los elementos, también los debatidos en el grupo de alto nivel sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. Seguir adelante con el paquete de reformas del Mecanismo de Supervisión Europeo y, considerando los avances realizados en la reducción del riesgo y las nuevas medidas esbozadas en la declaración del Eurogrupo de 30 de noviembre de 2020, adelantar la entrada en vigor del mecanismo común de protección para el Fondo Único de Resolución, creado en virtud del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), a principios de 2022, constituye otro paso importante hacia la culminación de la unión bancaria y el fortalecimiento de la UEM. Se debe seguir trabajando en torno a soluciones que permitan superar las limitaciones del mecanismo actual de inyección de liquidez en los procedimientos de resolución. Profundizar la unión de mercados de capitales es una prioridad clave, como demuestra el nuevo plan de acción de septiembre de 2020. Una UEM fuerte y resiliente también será importante para reforzar el papel internacional del euro y garantizar la autonomía económica y financiera de la Unión, como se manifiesta en la comunicación de la Comisión de 19 de enero de 2021 titulada «Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia», respetando plenamente el mercado interior de la Unión y llevándose a cabo de manera abierta y transparente con respecto a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro.

1.

Garantizar que las políticas estén orientadas a apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19. Al persistir la situación de emergencia sanitaria, adoptar políticas presupuestarias que sigan prestando apoyo en todos los Estados miembros de la zona del euro a lo largo de 2021. Adoptar medidas que se adapten a las circunstancias específicas de cada país y que sean oportunas, temporales y específicas. Seguir coordinando sus actuaciones para luchar eficazmente contra la pandemia de COVID-19, sostener la economía y apoyar una recuperación sostenible. Cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, eliminar gradualmente las medidas de emergencia y, al mismo tiempo, luchar contra el impacto social y laboral de la crisis. Aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, mientras se fomenta la inversión. Proseguir reformas que refuercen la cobertura, la adecuación y la sostenibilidad de los sistemas de salud y de protección social para todos. Prestar especial atención a la calidad de las medidas presupuestarias. Mejorar los marcos de contratación pública y la gestión de las finanzas públicas, incluidos, en particular, los marcos de inversión y el empleo de instrumentos de presupuestación ecológica. Utilizar el análisis de gastos para orientar mejor el gasto público hacia las necesidades en materia de recuperación y resiliencia.

2.

Seguir mejorando la convergencia, la resiliencia y el crecimiento sostenible e integrador. Mitigar el riesgo de nuevas divergencias y reforzar la resiliencia económica y social en la zona del euro mediante acciones para continuar abordando los retos estructurales, mediante la aplicación de reformas que permitan reforzar la productividad y el empleo, llevar a cabo una reasignación fluida de los recursos y mejorar el funcionamiento de los mercados y la administración pública, a través de un mayor nivel de inversión pública, y fomentando la inversión privada para apoyar una recuperación justa e integradora compatible con las transiciones ecológica y digital. Proseguir la integración del mercado único de bienes y servicios, incluido el mercado único digital, eliminando las restricciones innecesarias, mejorando la vigilancia del mercado y garantizando una capacidad administrativa suficiente. Garantizar unas políticas activas eficaces en el mercado laboral y apoyar las transiciones laborales, en particular hacia la economía ecológica y digital. Fomentar unas condiciones de trabajo justas, abordar la segmentación del mercado laboral y reforzar la inclusión. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas y reforzar el diálogo social y la negociación colectiva. Reforzar unos sistemas de educación y formación integradores y la inversión en la adquisición de cualificaciones, abordando la escasez de estas. Seguir trabajando, en el marco del Consejo, en una solución de consenso global para hacer frente a los retos fiscales que plantea la digitalización de la economía en el marco inclusivo de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para mediados de 2021 en dicho foro. Emprender los trabajos de preparación pertinentes sobre el camino a seguir para hacer frente a los desafíos fiscales de la economía digital, incluso si no se logra un consenso internacional de aquí a mediados de 2021. Seguir avanzando en la lucha contra la planificación fiscal agresiva, reducir la cuña fiscal y apoyar la transición hacia la tarificación del carbono y la fiscalidad medioambiental.

3.

Reforzar los marcos institucionales nacionales. Proseguir y anticipar las reformas para abordar los obstáculos a las inversiones y garantizar el uso eficiente y oportuno de los fondos de la Unión, también a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Reforzar la eficacia y la digitalización de la administración pública, incluidos los sistemas de justicia y salud, así como los servicios públicos de empleo. Reducir la carga administrativa para las empresas y mejorar el entorno empresarial. Seguir mejorando los marcos para combatir el fraude y la corrupción, y para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Promover acciones concretas para aumentar la eficiencia, la eficacia y la proporcionalidad de los marcos de insolvencia, sanear las exposiciones dudosas y garantizar una asignación eficiente del capital.

4.

Garantizar la estabilidad macrofinanciera. Mantener los canales de crédito a la economía y las medidas de apoyo a las empresas viables mientras sea necesario durante la crisis de la COVID-19 sin precedentes. Mantener la solidez de los balances del sector bancario, también mediante la lucha contra los préstamos dudosos, por ejemplo a través del desarrollo de mercados secundarios para dichos préstamos.

5.

Completar la UEM y reforzar el papel internacional del euro. Avanzar en la profundización de la UEM con el fin de aumentar la resiliencia de la zona del euro completando la unión bancaria, continuando los trabajos sin demora y con el mismo nivel de ambición en relación con todos los elementos, en particular los que se han debatido en el grupo de alto nivel sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, y profundizando en la unión de los mercados de capitales, así como apoyando iniciativas que apliquen políticas de financiación digital, financiación minorista y finanzas sostenibles. Avanzar en la adopción de soluciones para superar las limitaciones de la configuración actual de la inyección de liquidez para la resolución y en el fortalecimiento del marco de regulación y supervisión de la Unión, también garantizando que la supervisión y el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales sean constantes y efectivas.