Reglamento Delegado (UE) 2018/32 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2017, por el que se complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación de una terminología normalizada de la Unión aplicable a los servicios más representativos asociados a una cuenta de pago, - Diario Oficial de la Unión Europea, de 11-01-2018

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La Directiva 2014/92/UE exige a los Estados miembros que determinen una lista provisional de los servicios más representativos asociados a una cuenta de pago y sujetos a una comisión y que incorporen la terminología normalizada de la Unión en una lista definitiva.

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Debe establecerse una terminología normalizada de la Unión aplicable a los servicios que sean comunes al menos a una mayoría de Estados miembros. Algunos Estados miembros han incluido en su lista provisional de los servicios más representativos diferentes variantes del mismo servicio. Por otra parte, algunos Estados miembros distinguen entre el establecimiento de un servicio y la ejecución de dicho servicio. A fin de identificar el mayor número posible de los servicios más comunes en el seno de la Unión, asegurando al mismo tiempo que la armonización de la terminología aplicable a esos servicios alcanza un nivel suficiente para permitir a los consumidores comprender y comparar las comisiones de las cuentas de pago y las ofertas sobre una base transfronteriza, deben tenerse en cuenta los elementos básicos de los servicios.

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Las definiciones deben formularse, en la medida de lo posible, de un modo que aclare el papel del proveedor de la cuenta como proveedor de los servicios asociados a la cuenta de pago.

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De conformidad con la Directiva 2014/92/UE, los términos y las definiciones deben establecerse para cada uno de los Estados miembros por separado.

(5)

El presente Reglamento se basa en el proyecto de normas técnicas de regulación presentado por la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea, ABE) a la Comisión.

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La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre el proyecto de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario (2).