RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acuerda la reanudación de determinados procedimientos administrativos de su competencia, conforme a lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 21-04-2020

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  • Ámbito: Madrid
  • Estado: VIGENTE
  • Fecha de entrada en vigor: 21/04/2020
  • Boletín: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Número 95
  • Fecha de Publicación: 21/04/2020
  • PDF de la disposición
  • Esta norma NO ha sido modificada legislativamente

Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno de la Nación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Dicho estado de alarma fue prorrogado posteriormente mediante los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, y 487/2020, de 10 de abril.

La disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ordena la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público hasta que pierda vigencia dicha disposición o, en su caso, las prórrogas del mismo; concretando que las mencionadas medidas son de aplicación a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuyo artículo único, modifica el apartado 4 de la Disposición adicional tercera y habilita a la Administración para acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos no sólo a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma sino también a situaciones que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, tiene atribuidas, entre otras, las siguientes competencias:

- El ejercicio de las competencias administrativas en materia de proyectos relacionados con el ámbito industrial, energético y minero.

- El ejercicio de las competencias administrativas en materia de instalación, ampliación, modificación y traslado de industrias e instalaciones industriales.

- El ejercicio de las competencias administrativas en relación con el registro industrial y los registros específicos de empresas habilitadas y cualificaciones profesionales en el ámbito de seguridad industrial y minera, incluidos los relativos a gases fluorados.

- La inspección, el control y la vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y normas de seguridad sobre productos, equipos, instalaciones y actividades industriales.

- El ejercicio de las competencias administrativas en relación con la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

- El ejercicio de las competencias administrativas en relación con las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría y de rayos X con fines de diagnóstico médico, así como con las empresas de venta y asistencia técnica de dichos equipos.

- El control de las declaraciones de los traslados intracomunitarios de sustancias radiactivas.

- El ejercicio de las competencias administrativas en relación con las actividades destinadas al suministro de energía o productos energéticos, incluida su comercialización, el almacenamiento de dichos productos y la generación de energía eléctrica cuando esta sea competencia de la Comunidad de Madrid.

- La autorización, inspección y vigilancia de las instalaciones en las que se desarrollen las actividades indicadas en el apartado anterior, así como de las instalaciones receptoras y consumidoras de energía o productos energéticos.

- El ejercicio de las competencias correspondientes a las instalaciones de producción de energía eléctrica.

- El ejercicio de las competencias administrativas en materia de certificación de eficiencia energética de edificios.

- La resolución de las reclamaciones administrativas formuladas contra las actuaciones del gestor de la red de distribución de energía eléctrica.

- La aplicación del régimen jurídico de aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos previstos en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, incluidas las aguas minerales naturales y los aprovechamientos geotérmicos.

- La autorización, inspección y vigilancia de los trabajos de exploración, investigación, explotación y beneficio de minerales y facultades técnicas correspondientes.

- El ejercicio de las competencias administrativas sobre trabajos especiales en explotaciones por disolución o lixiviación, prospecciones y sondeos en aprovechamientos de recursos geotécnicos y seguridad en prospecciones y explotación de aguas subterráneas, así como los proyectos de voladuras, incluidas las especiales.

- El ejercicio de las funciones en materia de prevención de riesgos laborales en lo referente a los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera.

- El ejercicio de las competencias administrativas derivadas del Reglamento de policía minera y metalúrgica, del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera y disposiciones concordantes que no se hallen comprendidas en los apartados anteriores.

Del análisis de las competencias anteriores, cabe concluir que los procedimientos administrativos concernientes a las materias citadas quedan englobados en alguna de las categorías recogidas en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Así, todos aquellos procedimientos administrativos relacionados con la denominada «seguridad industrial» están destinados a la protección del interés general, al tener esta por objeto, de acuerdo a lo previsto en el apartado 1, del artículo 9, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria «[&] la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales». Además, muchos de ellos resultan también indispensables para el funcionamiento de las instalaciones y equipos de las infraestructuras que son imprescindibles en la lucha contra el COVID-19, como por ejemplo las instalaciones eléctricas, los depósitos criogénicos de oxígeno o los ascensores de un hospital, o para las actividades que se han considerado como esenciales durante el estado de alarma, tales como las fábricas de producción alimentaria o de equipos de protección individual.

Por otra parte, los procedimientos administrativos relacionados con el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, incluido los gases licuados de petróleo, así como de gas natural también tienen esa doble vertiente al tener consideración de servicios de interés económico general, por estar destinados tanto a garantizar dicho suministro a la población en general como a permitir el funcionamiento de las infraestructuras que son imprescindibles en la lucha contra el COVID-19 o de las actividades que se han considerado como esenciales durante el estado de alarma.

En este mismo caso se encuentran los procedimientos administrativos necesarios para la venta, instalación, modificación, funcionamiento o baja de instalaciones radiactivas o instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico o para el traslado intracomunitario de sustancias radiactivas, todos ellos indispensables para el correcto funcionamiento de la infraestructura sanitaria empleada tanto para combatir el COVID19 como el resto de afecciones relacionadas con la salud de las personas y los animales.

En lo que se refiere a los procedimientos relacionados con la actividad minera, esta se encuentra íntimamente vinculada con las actividades esenciales, bien sea por formar parte de su cadena de suministro (aditivos en fabricación de piensos animales, fabricación de detergentes, etc.) o bien como proveedora de numerosos materiales y productos empleados en construcción (áridos, yeso, hormigón, cemento, etc.) que son necesarios para la realización y terminación de obras que sean consideradas como esenciales, complemento de una actividad esencial o una actividad de emergencia.

Asimismo, los procedimientos relativos al ejercicio de las competencias administrativas en materia de certificación de eficiencia energética de edificios están estrechamente vinculados con el interés general, dado que su desarrollo es condición necesaria para el alquiler o venta de inmuebles que, en caso de no poder realizarse, podrían crear un problema habitacional a algunas personas, poniendo así en riesgo el bienestar de los ciudadanos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y para una mayor seguridad jurídica, se aprueba la presente resolución por la que se acuerda la continuación de determinados procedimientos administrativos cuya tramitación es competencia de la Dirección General de Industria, Energía y Minas conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE


Primero. Continuación e iniciación de procedimientos

Acordar la continuación de los procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio de las competencias que la Dirección General de Industria, Energía y Minas tiene atribuidas en las siguientes materias, que estuvieran en tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o que se hayan iniciado o vayan a iniciarse con posterioridad a dicha fecha:

a) El ejercicio de las competencias administrativas en materia de proyectos relacionados con el ámbito industrial, energético y minero.

b) El ejercicio de las competencias administrativas en materia de instalación, ampliación, modificación y traslado de industrias e instalaciones industriales.

c) El ejercicio de las competencias administrativas en relación con el registro industrial y los registros específicos de empresas habilitadas y cualificaciones profesionales en el ámbito de seguridad industrial y minera, incluidos los relativos a gases fluorados.

d) La inspección, el control y la vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y normas de seguridad sobre productos, equipos, instalaciones y actividades industriales.

e) La emisión de certificados de conformidad de unidades trasladadas de otro país contratante del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas (ATP).

f) El ejercicio de las competencias administrativas en relación con la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

g) El ejercicio de las competencias administrativas en relación con las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría y de rayos X con fines de diagnóstico médico, así como con las empresas de venta y asistencia técnica de dichos equipos.

h) El control de las declaraciones de los traslados intracomunitarios de sustancias radiactivas.

i) El ejercicio de las competencias administrativas en relación con las actividades destinadas al suministro de energía o productos energéticos, incluida su comercialización, el almacenamiento de dichos productos y la generación de energía eléctrica cuando esta sea competencia de la Comunidad de Madrid, así como con las condiciones de calidad y regularidad.

j) La autorización, inspección y vigilancia de las instalaciones en las que se desarrollen las actividades indicadas en el apartado anterior, así como de las instalaciones receptoras y consumidoras de energía o productos energéticos.

k) El ejercicio de las competencias correspondientes a las instalaciones de producción de energía eléctrica.

l) El ejercicio de las competencias administrativas en materia de certificación de eficiencia energética de edificios.

m) La aplicación del régimen jurídico de aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos previstos en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, incluidas las aguas minerales naturales y los aprovechamientos geotérmicos.

n) La autorización, inspección y vigilancia de los trabajos de exploración, investigación, explotación y beneficio de minerales y facultades técnicas correspondientes.

o) El ejercicio de las competencias administrativas sobre trabajos especiales en explotaciones por disolución o lixiviación, prospecciones y sondeos en aprovechamientos de recursos geotécnicos y seguridad en prospecciones y explotación de aguas subterráneas, así como los proyectos de voladuras, incluidas las especiales.

p) El ejercicio de las funciones en materia de prevención de riesgos laborales en lo referente a los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera.


Segundo. Plazos de recursos

Esta resolución no afectará al régimen de recursos que puedan interponerse frente a la resolución o actos de trámite cualificados que se dicten, en tanto que el estado de alarma puede dificultar la movilidad de las personas, así como el normal funcionamiento de los servicios postales incidiendo en los plazos establecidos para su interposición.


Tercero. Publicidad y efectos

Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo se procederá a su publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid/transparencia).

La presente resolución producirá efectos desde el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, y será de aplicación mientras esté vigente el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas posteriores.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Madrid, a 16 de abril de 2020.

El Director General de Industria, Energía y Minas, Gregorio David Valle Rodríguez.

(03/9.606/20)


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