Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2023, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: prioridades sociales y en materia de empleo para 2023 (2022/2151(INI)), - Diario Oficial de la Unión Europea, de 23-11-2023

P9_TA(2023)0079

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: prioridades sociales y en materia de empleo para 2023

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2023, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: prioridades sociales y en materia de empleo para 2023 (2022/2151(INI))

(C/2023/402)

El Parlamento Europeo,

—Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

—Vistos los artículos 9 y 149 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2022, sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2023 (COM(2022)0780),

—Vista la propuesta de la Comisión, de 22 de noviembre de 2022, de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo (COM(2022)0783),

—Vista la Recomendación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2022, de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro (COM(2022)0782),

—Visto el informe de la Comisión, de 22 de noviembre de 2022, titulado «Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2023» (COM(2022)0781),

—Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2022, relativa a los proyectos de planes presupuestarios para 2023: evaluación general (COM(2022)0900),

—Visto el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Consejo, el Parlamento y la Comisión en noviembre de 2017,

—Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2022, sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE (COM(2022)0583),

—Visto el informe de la Autoridad Laboral Europea de noviembre de 2021 sobre la escasez y el excedente de mano de obra,

—Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—Visto el Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0051/2023),

A.Considerando que el informe conjunto sobre el empleo para 2023 refuerza la atención prestada a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los objetivos del Pacto Verde Europeo y el pilar europeo de derechos sociales, en consonancia con los compromisos del Plan de acción del pilar europeo de derechos sociales de marzo de 2021 y la Declaración de Oporto de los líderes de la Unión, del 8 de mayo de 2021; que su ejecución debe reforzar el impulso de la Unión hacia una transición ecológica, digital y justa y contribuir a la consecución de una convergencia social y económica al alza; que muchas evaluaciones de la Comisión del Semestre Europeo sugieren que el cumplimiento de sus recomendaciones ha sido escaso, en parte debido a su aplicabilidad limitada, también en materia de política social;

B.Considerando que una encuesta (1) de Eurofound pone de relieve que siguen refiriéndose dificultades relacionadas con el coste de la vida en todos los Estados miembros, y que un 48 % de los consultados tienen dificultades para llegar a fin de mes; que la guerra rusa de agresión contra Ucrania ha causado una crisis humanitaria, energética y económica en la Unión y ha agravado las desigualdades existentes; que las acciones emprendidas en el marco del pilar europeo de derechos sociales contribuirán a crear oportunidades de empleo de calidad y sistemas de protección social justos, lo que resulta fundamental para mejorar la resiliencia en el futuro;

C.Considerando que, al tiempo que la tasa de desempleo de la UE se mantenía estable en torno al 6 % en agosto de 2022, las empresas de la Unión experimentan dificultades para encontrar trabajadores con las competencias requeridas; que la disponibilidad de personal cualificado y de directivos experimentados es el problema más importante para una cuarta parte de las pequeñas y medianas empresas de la Unión, que a su vez representan el 99 % de todas las empresas de la Unión (2);

D.Considerando que una encuesta del Eurobarómetro ha puesto de manifiesto que las desigualdades sociales son la preocupación más grave de la población de la Unión y que estas desigualdades se han visto agravadas por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19, así como por otros problemas estructurales; que las grandes desigualdades de renta pueden tener efectos perjudiciales para el crecimiento económico y minar la cohesión social; que la notable escalada del coste de la vida y la inflación desorbitada, alimentadas por los enormes incrementos del precio de la energía, los combustibles, los alimentos y los bienes esenciales en toda Europa, generan una crisis económica y social; que, incluso antes de la pandemia, el 78 % de la población de la Unión quería que sus gobiernos nacionales hicieran algo más para reducir las desigualdades de renta (3); que la próxima revisión del marco de gobernanza económica representa una oportunidad única para apoyar la inversión social;

E.Considerando que la pobreza, incluida la pobreza de los ocupados, sigue siendo un reto para muchos Estados miembros; que los trabajadores con contratos temporales se enfrentan a un riesgo mucho mayor de sufrir la pobreza de los ocupados que los que tienen contratos indefinidos; que la pobreza de los ocupados se elevó del 8,5 % en 2010 al 9 % en 2019 en la Unión, pero se mantuvo estable entre 2020 y 2021 debido a la rápida intervención política durante la pandemia; que la pobreza de los ocupados debe ser objeto de un estrecho seguimiento, especialmente a la luz del reciente impacto negativo de la inflación en los salarios reales; que los niveles de los salarios reales siguen estando en muchos Estados miembros por debajo del nivel del año de la crisis, 2009; que los trabajadores de bajos ingresos y los grupos vulnerables son los que se ven más afectados por esta evolución, si bien el nivel de vida de la clase media se deteriora asimismo con celeridad;

F.Considerando que, en el caso de las personas con empleo, el riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión fue del 11,1 % en 2021; que más del 8 % de la población sigue destinando más del 40 % de su renta disponible a la vivienda, y que se ha avanzado poco en la reducción del número de personas sin hogar en todos los Estados miembros de la Unión; que los sistemas de protección social están sometidos a una dura prueba para mitigar los efectos sociales de la crisis y garantizar a todos unas condiciones de vida dignas y el acceso a los servicios esenciales, como la salud, la educación y la vivienda; que los servicios sociales en algunos Estados miembros siguen desarrollándose de manera desigual y de forma no equitativa en toda la Unión y se enfrentan a una financiación insuficiente y a una falta de normas de calidad;

G.Considerando que el cambio climático y la destrucción del medio ambiente han exacerbado las desigualdades, ya que afectan de manera desproporcionada a los grupos pobres y más vulnerables; que un Pacto Verde centrado en las inversiones encaminadas a realizar la transición hacia una economía descarbonizada y climáticamente neutra debe ir acompañado de inversiones a favor de las personas que no pueden permitirse el cambio; que es necesario garantizar un futuro sostenible para todos;

H.Considerando que, según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el cambio climático, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad se están acelerando exponencialmente, como demuestran los recientes fenómenos meteorológicos dramáticos y extremos ocurridos en todo el planeta; que los ciudadanos europeos sienten cada vez con mayor intensidad los efectos de la degradación del clima y de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático; que los objetivos de descarbonización de 2030 se han aumentado para alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050; que la intensificación de los esfuerzos de mitigación y adaptación está provocando una profunda transformación de las economías y los mercados laborales europeos y nacionales;

I.Considerando que la elevada inflación en toda la Unión, acompañada de rápidas subidas de los precios de la energía y de los alimentos, supone una carga para los hogares y las pymes, que afecta con mayor dureza a las personas más vulnerables de ingresos más bajos; que las condiciones del mercado de la energía y estos rápidos incrementos de los precios agravan la pobreza energética a la que ya estaban expuestas en 2019 más de cincuenta millones de personas en la Unión, antes del estallido de la pandemia; que el Banco Central Europeo (BCE) prevé que la inflación siga siendo elevada en 2023 (por encima de su objetivo del 2 %) y se plantea nuevas subidas de los tipos de interés en los próximos meses; que la crisis del coste de la vida y las distorsiones en el mercado de la vivienda, como el aumento de la financiarización, tienen consecuencias negativas para la asequibilidad de la vivienda y conllevan el riesgo de que aumente aún más el problema de las personas sin hogar;

J.Considerando que la Unión necesita una estrategia industrial para lograr que su base industrial sea más resiliente, socialmente eficaz y sostenible desde el punto de vista medioambiental; que una transición justa desde el punto de vista social y el futuro de la industria requieren una inversión pública masiva; que tal estrategia es crucial para garantizar la consecución de los objetivos climáticos, en particular el Acuerdo de París; que la estrategia industrial de la Unión debe ir acompañada de una estrategia laboral; que cualquier modelo de producción justo y sostenible debe situar a los trabajadores y los sindicatos, así como los intereses de los trabajadores y los conocimientos tradicionales, en el centro de su desarrollo para garantizar un funcionamiento democrático;

K.Considerando que, si está bien regulada, la nueva economía digital, incluida la inteligencia artificial (IA), tiene el potencial de beneficiar a la sociedad en su conjunto mejorando la calidad de vida y las condiciones de trabajo, preservando el empleo y creando nuevas oportunidades de empleo de calidad, y fomentar al mismo tiempo la prosperidad y una transición más fácil hacia una economía más sostenible, sólida y resistente;

L.Considerando que, según Eurofound, en 2017 el 20 % de los empleos en Europa eran de «mala calidad», lo que ponía en mayor riesgo la salud física o mental de los trabajadores; que, según la OCDE, la incertidumbre financiera y la inseguridad laboral son factores de riesgo asociados a una mala salud mental; que la inversión en empleo de calidad y de larga duración es fundamental para combatir la salud mental precaria entre los trabajadores;

M.Considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia e inversión en todos los Estados miembros con vistas a garantizar que estén adecuadamente preparados para hacer frente a futuras crisis sanitarias y que sean capaces de preservar la calidad de los cuidados para todas las demás enfermedades y afecciones; que debe dedicarse especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables;

N.Considerando que la igualdad de género y la integración de la perspectiva de género deben situarse en el centro de la estrategia anual de crecimiento sostenible de 2023;

O.Considerando que los trabajadores cualificados, la educación, la formación y el aprendizaje permanente revisten una enorme importancia para garantizar la transición sostenible y justa de la economía europea; que los programas de perfeccionamiento, reciclaje y formación profesionales deben estar a disposición de todos los trabajadores, incluidos los que tienen alguna discapacidad, y también deben estar adaptados a sus necesidades y capacidades;

P.Considerando que a los trabajadores les asiste el derecho a un elevado nivel de protección de su salud y su seguridad, con un lugar de trabajo accesible y un entorno que sea conforme con el pilar europeo de derechos sociales y las normas de salud y seguridad en el trabajo, y que contribuya a su ejecución;

1.Subraya que la acción política rápida y coordinada de la Unión durante la pandemia de COVID-19 atenuó las perturbaciones económicas y protegió a la población frente a las consecuencias más adversas de la crisis; considera que, aunque las repercusiones de la guerra de agresión rusa contra Ucrania plantean múltiples y nuevos desafíos económicos, sociales y geopolíticos para la economía y la sociedad de la Unión, otros retos sociales de larga duración, como la pobreza, la exclusión social, las emergencias relacionadas con el clima y la biodiversidad y las desigualdades siguen aumentando y deben abordarse;

2.Respalda la ambición de la Comisión y de los Estados miembros de coordinar las respuestas políticas de la Unión para mitigar a corto plazo la carga que suponen para los hogares y las empresas —especialmente las pymes y los emprendedores— europeos los elevados precios de la energía y los alimentos, la inflación, las perturbaciones de la cadena de suministro, incluida la escasez de medicamentos, el aumento de los niveles de deuda y el aumento del coste del endeudamiento; insiste en que la Unión Europea necesita un modelo energético que garantice el acceso universal a fuentes de energía descarbonizadas y que ponga fin a la pobreza energética; subraya que la inversión social es esencial para permitir un desarrollo sostenible a medio y largo plazo y que los sistemas nacionales de protección social desempeñan una función esencial de estabilización; destaca la necesidad de un Fondo de Soberanía de la UE para garantizar, entre otras cosas, que todos los Estados miembros cuenten con flexibilidad para abordar los retos sociales, climáticos y medioambientales;

3.Subraya que algunos de los objetivos del crecimiento económico sostenible deben ser garantizar una transformación socioecológica inclusiva de nuestras economías, evitando los desequilibrios sociales, económicos y medioambientales mediante la lucha contra la pobreza, la reducción de las desigualdades y la creación de empleos dignos con salarios y condiciones de trabajo adecuados, velando al mismo tiempo por su adecuación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al pilar europeo de derechos sociales;

4.Considera con preocupación que el 21,7 % de la población de la Unión corre el riesgo de caer en la pobreza o la exclusión social, y que ese riesgo es más probable en el caso de las mujeres y los adultos jóvenes; señala que el objetivo principal de la reducción de la pobreza en quince millones de personas no se alcanzará si no se atiende a los más vulnerables; pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que desarrollen formas específicas de prestar apoyo a los desempleados de larga duración y a las personas sin hogar, así como a las personas que se enfrentan a múltiples obstáculos y formas de discriminación; destaca que para sacar a las personas de la pobreza se precisan unos ingresos mínimos adecuados; subraya que la carencia de hogar constituye una de las formas más extremas de exclusión social, y que la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo es una herramienta esencial con el objetivo último de acabar con las situaciones de carencia de hogar de aquí a 2030; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten estrategias nacionales ambiciosas, dotadas de fondos nacionales y de la Unión suficientes, basadas en el principio de «la vivienda en primer lugar», y que promuevan la prevención del sinhogarismo y proporcionen acceso a una vivienda adecuada, segura y asequible para todos; subraya que la crisis del coste de la vida agudiza la importancia de que se implementen a escala nacional la garantía infantil, la garantía juvenil reforzada y la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; pide a la Comisión que sea más activa en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil y la de los trabajadores; pide a la Comisión que se esfuerce por realizar un seguimiento pormenorizado de la aplicación de la garantía infantil en todos los Estados miembros;

5.Hace hincapié en que los servicios públicos de calidad y adecuadamente financiados, incluidos los servicios sociales, refuerzan los valores democráticos esenciales, como el respeto de los derechos humanos y los derechos fundamentales, y desempeñan un papel crucial en la superación de las crisis; advierte de que las personas vulnerables que carecen o tienen un acceso muy limitado a los servicios sociales específicos también sufren un impacto negativo en su acceso a otros servicios públicos importantes, como la asistencia sanitaria o la formación; pide a la Comisión que considere la posibilidad de revisar el Marco de Calidad de la UE para los servicios de interés económico general a fin de respaldar los esfuerzos de los Estados miembros para proporcionar acceso a servicios esenciales de buena calidad, en particular la vivienda, la energía, el transporte, el agua, el saneamiento, los servicios financieros y las comunicaciones digitales; pide a la Comisión Europea que incluya las consideraciones sociales de forma más eficaz en el ámbito de la ayuda estatal y que amplíe el alcance del Reglamento general de exención por categorías en su próxima revisión, con el fin de contribuir a un mejor acceso a los bienes y servicios esenciales y a la calidad de estos;

6.Subraya la necesidad de las recomendaciones específicas por país en el Semestre Europeo para invertir en un subsidio por invalidez adecuado que sea compatible con otras formas de ingresos, a fin de reducir el riesgo de pobreza al que se enfrentan las personas con discapacidad;

7.Cree que las políticas de igualdad de género deben ser parte inseparable de todas las fases de la gobernanza económica y estar integradas en estas; subraya la necesidad de garantizar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad social en las relaciones laborales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la feminización de la pobreza en todas sus formas, en particular mejorando las condiciones de trabajo en los sectores feminizados; aboga por el refuerzo de las políticas con perspectiva de género a escala de la Unión, que resulta esencial para garantizar que el impacto de la crisis del coste de la vida no amplíe la desigualdad de género;

8.Pide un proceso del Semestre Europeo más democrático, y que el Parlamento participe estrechamente en el establecimiento de las prioridades de política macroeconómica y social, en particular; considera que un proceso del Semestre Europeo revisado debe seguir el procedimiento legislativo ordinario y ser acordado entre el Consejo y el Parlamento; insta a la Comisión a que desarrolle una estructura de gobernanza económica en la Unión basada en la solidaridad, la integración, la justicia y la convergencia sociales, la igualdad de género, los servicios públicos de alta calidad, incluido un sistema educativo público de calidad para todos, el empleo de calidad y el desarrollo sostenible;

9.Manifiesta su preocupación ante los graves efectos sociales y en el empleo de la actual crisis, en especial para los jóvenes; pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que todos los jóvenes en Europa puedan acceder a la educación, la formación y a prácticas remuneradas, así como al mercado laboral; pide a los Estados miembros y a la Comisión que den prioridad a la lucha contra el desempleo; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) para apoyar los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y los ingresos de los trabajadores, así como a los trabajadores que serían despedidos temporalmente por el aumento de los precios de la energía, entre otras razones, así como para mitigar los efectos de perturbaciones asimétricas;

10.Apoya la transición hacia un modelo de crecimiento sostenible, integrador y resiliente que impulse la convergencia social al alza y refuerce el desarrollo sostenible y la resiliencia de la economía y las sociedades de la Unión; acoge con satisfacción los avances realizados este año hacia la plena aplicación del pilar europeo de derechos sociales, pero sigue a la espera de que se aplique plenamente, en particular sus objetivos principales pertinentes para 2030, un protocolo de progreso social y la promoción de inversiones orientadas al futuro centradas en las transiciones ecológica y digital justas, con una fuerte dimensión social, incluida la igualdad de género;

11.Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que las futuras iniciativas de financiación de la Unión encaminadas a promover la industria y la soberanía garanticen un crecimiento sostenible a largo plazo, así como una prosperidad social; considera esencial que los aspectos relevantes siguientes se integren en todo instrumento de financiación futuro:

—la justicia social como principio rector para dotar a la Unión de mayor resiliencia frente a las amenazas crecientes para la salud y el bienestar,

—una atención especial hacia los trabajadores, de modo que toda inversión cree puestos de trabajo de calidad para procurar el progreso de las clases bajas y medias, y reporte beneficios tangibles a los trabajadores y a las comunidades que a menudo se pasan por alto y se dejan atrás,

—la justicia medioambiental a fin de garantizar una distribución justa de los proyectos, de modo que se beneficie a las comunidades desfavorecidas que se ven afectadas de manera desproporcionada por la falta de inversión en infraestructuras esenciales, por la contaminación y por el cambio climático;

12.Toma nota de la revisión del proceso del Semestre Europeo, y de la ampliación de su ámbito de aplicación y el refuerzo de la supervisión multilateral a fin de garantizar la sostenibilidad y las inversiones esenciales, garantizando al mismo tiempo la estabilidad fiscal y teniendo en cuenta las reformas y las inversiones mediante los planes nacionales de recuperación y resiliencia, la transición europea hacia una energía limpia a través de REPowerEU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; considera que las normas presupuestarias europeas deben permitir la inversión pública y la financiación necesarias de la transición justa hacia una economía sin emisiones de carbono, así como la correcta aplicación de los principios del pilar europeo de derechos sociales; destaca que, aunque es necesario reducir la deuda pública dentro de un plazo razonable, los Estados miembros más pequeños o más endeudados necesitan sendas de ajuste individuales más flexibles que les permitan un margen presupuestario suficiente para llevar a cabo las inversiones y reformas necesarias para unas transiciones ecológica y digital socialmente justas de un modo que no deje a nadie atrás; recuerda a los Estados miembros el compromiso que han asumido de emprender reformas y realizar inversiones que contribuyan a la cohesión económica, social y territorial de la Unión y al crecimiento sostenible e integrador, de mitigar el impacto social y económico de la crisis, en particular en los grupos vulnerables, y de contribuir a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales a través de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia; destaca el compromiso de todos ellos de proseguir esta aplicación a escala nacional y de la Unión con vistas a reducir las desigualdades, defender unos salarios dignos, luchar contra la exclusión social y la pobreza, asumiendo al mismo tiempo el objetivo de combatir la pobreza infantil y abordar los riesgos de exclusión social, a fin de fomentar la convergencia económica y social al alza y la creación de empleo de calidad;

13.Recuerda que el Semestre Europeo debe promover la integración de los principios del pilar europeo de derechos sociales, incluido el principio n.º 11 sobre asistencia y apoyo a los niños; hace hincapié en que la disponibilidad de servicios gratuitos y de calidad, como los de atención y educación de la primera infancia, educación, salud, así como el acceso a una vivienda adecuada y a una nutrición saludable, constituye una condición necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la pobreza y la exclusión social; señala que atajar la pobreza infantil requiere medidas exhaustivas, integradas y financiadas adecuadamente, junto con la ejecución de la Garantía Infantil Europea a escala nacional; reitera su llamamiento en favor de un aumento de la financiación de la Garantía Infantil Europea con un presupuesto específico de al menos 20 000 000 000 EUR y de que los Estados miembros asignen al menos el 5 % de los fondos asignados del FSE+ a la lucha contra la pobreza infantil y la promoción del bienestar de los niños;

14.Subraya la necesidad de consolidar la dimensión social del Semestre Europeo y la ejecución del pilar europeo de derechos sociales, especialmente a la luz de la revisión de la gobernanza económica y la próxima desactivación de la cláusula de salvaguardia; pide a la Comisión que considere la posibilidad de presentar un instrumento para un marco de convergencia social, a fin de hacer un seguimiento de los riesgos en materia de convergencia social, evitar que otras medidas políticas o perturbaciones económicas tengan efectos indirectos sociales negativos en la convergencia social ascendente, detectar posibles retrocesos para la correcta aplicación del pilar europeo de derechos sociales y establecer objetivos sociales; considera que los riesgos de divergencia social deben incluirse en las recomendaciones específicas por país y tenerse en cuenta a la hora de definir las trayectorias de ajuste presupuestario;

15.Destaca la necesidad de inversión pública y privada para mejorar la creación de empleo de calidad y apoyar a las pymes; subraya la importancia de desarrollar las capacidades y cualificaciones adecuadas de la mano de obra con vistas a adaptarse a la demanda de trabajadores cualificados durante las transiciones ecológica y digital; sigue apoyando los esfuerzos de la Comisión por mejorar las condiciones de trabajo y la protección de los empleadores y trabajadores europeos mediante el fomento y la promoción de los procesos de diálogo social y la cobertura de la negociación colectiva; acoge favorablemente que la Comisión incluyera disposiciones sobre el diálogo social y la negociación colectiva en las recomendaciones específicas por país de 2020-2021; lamenta que, si bien el diálogo social se incluyó en quince recomendaciones específicas por país en 2020, solo aparezca en dos de tales recomendaciones en 2022; insta a la Comisión a promover la negociación colectiva, la democracia en el trabajo y el diálogo social a través del Semestre Europeo, y concretamente en las recomendaciones específicas por país, con el fin de garantizar unos salarios dignos y sostenibles mediante la negociación colectiva;

16.Destaca la importancia de evaluar mejor el impacto distributivo de las políticas y reformas —tanto de las existentes como de las nuevas— que son objeto de seguimiento mediante el proceso del Semestre Europeo; pide a la Comisión que establezca requisitos de evaluación del impacto distributivo respecto a los programas nacionales de reformas (PNR); señala que la consolidación presupuestaria solo puede ser justa y sostenible si el impacto distributivo de los gastos reasignados o los cambios en los ingresos está bien calibrado y contribuye a reducir las desigualdades sociales, económicas y regionales; pide a la Comisión que proponga una metodología y unos objetivos claros en lo que respecta a la creación de puestos de trabajo de calidad; recuerda a los Estados miembros los requisitos de incluir en los PNR una explicación sobre el modo en que se prevé que las medidas contribuyan a la igualdad de género y a la igualdad de oportunidades para todos, y la integración de dichos objetivos;

17.Considera que el cuadro de indicadores sociales revisado puede no cubrir adecuadamente los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales; pide, por lo tanto, a la Comisión que considere una nueva revisión y mejora del cuadro de indicadores sociales, con la inclusión de indicadores pertinentes, como, por ejemplo, los relativos al bienestar social, y la desagregación de los datos con arreglo a diversos factores, como el género, la edad y los ingresos, para detectar las divergencias sociales y el impacto de las políticas en diversos grupos, en particular en los que se encuentran en situaciones vulnerables, mediante una evaluación dinámica; llama la atención sobre la importancia de incluir indicadores que reflejen plenamente las tendencias y las causas de la desigualdad, como indicadores sobre igualdad de oportunidades, empleo de buena calidad, distribución de la riqueza, acceso universal a servicios públicos de buena calidad, incluidos los relacionados con la energía, el agua y el saneamiento, pensiones adecuadas, tasa de sinhogarismo, regímenes de renta mínima, enfermedades profesionales (incluidas las enfermedades mentales) y prestaciones por desempleo, así como indicadores que midan el impacto social de la degradación ambiental y el cambio climático; recuerda a la Comisión que el indicador «en riesgo de pobreza o exclusión social» (ERPE) no refleja las causas más amplias y complejas de las desigualdades;

18.Toma nota de la Comunicación de la Comisión en la que se establecen orientaciones para la revisión del marco de gobernanza económica a fin de reforzar la sostenibilidad de la deuda y mejorar el crecimiento sostenible e integrador mediante la inversión y las reformas; pide a la Comisión que evalúe qué gastos e inversiones son necesarios para alcanzar los objetivos socioeconómicos a largo plazo y se requieren para cumplir con los hitos de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; considera que los sistemas fiscales deben diseñarse de manera que se reduzcan las desigualdades, se promueva la equidad y se proteja a los hogares, y que deben equilibrarse para que resulten más justos y eficientes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas eficaces contra la elusión y el fraude fiscal, como un medio importante para reducir las desigualdades económicas y mejorar la recaudación de impuestos en los Estados miembros; recuerda que un tipo impositivo mínimo efectivo para las grandes multinacionales dentro de la Unión Europea puede contribuir a atajar la cuestión de la competencia fiscal desleal y garantizar que todas las empresas paguen la parte de impuestos que les corresponde sobre los beneficios generados por sus actividades en la Unión;

19.Manifiesta su preocupación por el panorama económico actual, las previsiones a corto plazo y el impacto que podría tener en el nivel de vida de la Unión una subida salarial por debajo de la inflación; considera que el aumento del poder adquisitivo es una de las maneras de garantizar una mayor recuperación económica, pero que, en general, el crecimiento de los salarios no seguirá el ritmo de la inflación el próximo año, de modo que los trabajadores perderán poder adquisitivo; recuerda que los salarios dignos constituyen una herramienta esencial para ayudar a los hogares a afrontar el aumento de los precios de la energía; pide a los Estados miembros que luchen contra las prácticas competitivas basadas en los salarios bajos y en unas condiciones laborales precarias y que apliquen rápidamente las disposiciones establecidas en la Directiva sobre salarios mínimos (4), de modo que, conforme a lo recomendado, los salarios mínimos se incrementen hasta al menos el 60 % del salario bruto medio de un país o el 50 % del promedio bruto; pide a la Comisión que trabaje para mejorar las condiciones de vida y que haga un seguimiento de la situación en lo que se refiere a los salarios mínimos y garantice que los salarios bajos, y en particular los salarios mínimos, reflejen el aumento exorbitante del coste de la vida; pide a los Estados miembros que garanticen salarios mínimos adecuados, con el objetivo de alcanzar un nivel de vida digno, reducir la pobreza de los ocupados, promover la cohesión social y la convergencia social al alza, reduciendo al mismo tiempo la brecha salarial de género; subraya que, con el fin de ampliar la proporción de hogares que se encuentran en el tramo de renta media, estos esfuerzos deben combinarse con políticas que amplíen la cobertura de la negociación colectiva e impulsen las tasas de afiliación sindical;

20.Pide a la Comisión que evalúe la posible revisión de la Directiva europea sobre contratación pública con el fin de reforzar la cobertura de la negociación colectiva exigiendo a las empresas que cumplan los convenios de negociación colectiva, también mediante el refuerzo de la cláusula social, y que favorezca a las empresas que respeten los derechos laborales y sociales, excluyendo de las licitaciones a las empresas que hayan sido sancionadas por haber participado en prácticas antisindicalistas;

21.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen unas salarios dignos y unos puestos de trabajo de calidad, además de unas condiciones de trabajo igualmente dignas, y que promuevan la buena salud física y mental, en particular mediante la seguridad en el trabajo; recuerda, en este contexto, la importancia de la conciliación entre la vida laboral y la personal, y el derecho a desconectar, especialmente ahora que las fronteras entre los entornos profesional y privado se encuentran cada vez más difuminadas con el desarrollo del teletrabajo; acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento sobre la Directiva sobre la transparencia retributiva (5), y aboga por su rápida ejecución; pide a los Estados miembros que evalúen el trabajo de igual valor de conformidad con criterios objetivos y neutrales en cuanto al género;

22.Acoge con satisfacción el acuerdo sobre la adopción del Fondo Social para el Clima como un comienzo ambicioso para abordar el impacto que tendrá en los hogares vulnerables y las microempresas la extensión del comercio de derechos de emisión a los sectores de la construcción y del transporte por carretera; subraya que el objetivo general es contribuir a una transición justa hacia la neutralidad climática que no deje a nadie atrás; pide más herramientas para abordar el impacto desigual del cambio climático y la degradación del medio ambiente en los diferentes tramos de renta, así como las consecuencias sociales de la transformación de nuestras sociedades hacia la neutralidad climática; subraya la urgencia de adoptar instrumentos que permitan a todos los sectores de la sociedad disfrutar de los beneficios de una economía climáticamente neutra y que protejan a los hogares, a los usuarios del transporte vulnerables y a las microempresas frente al impacto tanto del cambio climático como de la contaminación; insiste en que las políticas y los objetivos sociales y ambientales deben integrarse en pie de igualdad con los económicos; está convencido, a este respecto, de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está obsoleto y no ofrece ni la flexibilidad ni la arquitectura necesarias para poner en marcha un nuevo marco para la gobernanza del desarrollo sostenible y el progreso social en la Unión; pide a la Comisión que salvaguarde el derecho a la salud y a un medio ambiente sano a nivel de la Unión, ya que este derecho es esencial para garantizar el cumplimiento de la mayoría de los demás derechos fundamentales, así como para lograr una transición integradora;

23.Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se sirvan del Fondo Social para el Clima y sienten las bases para el desarrollo de regímenes de protección social ecológicos a escala nacional con el apoyo de la Unión, con el fin de reforzar la resiliencia social frente a los efectos del cambio climático y la degradación del medio ambiente abordando los efectos adversos de las políticas ecológicas en el empleo y las condiciones de vida, y de velar por que las comunidades afectadas se encuentren plenamente preparadas para un nuevo mercado laboral; señala que podrían tenerse en cuenta los siguientes aspectos para dichos regímenes:

a)protección social de la salud de las personas afectadas por eventos relacionados con el cambio climático,

b)protección contra el desempleo complementada con políticas laborales activas para los trabajadores que pierdan horas de trabajo o sus puestos de trabajo debido a condiciones climáticas extremas o eventos conexos, o que sean despedidos como consecuencia del cierre de industrias con elevadas emisiones de carbono,

c)programas de obras públicas que proporcionen apoyo en efectivo o en especie y contribuyan a la rehabilitación de activos e infraestructuras a la vez que mejoran las competencias y la empleabilidad de los trabajadores, y que velen por que estos dispongan de las herramientas para integrarse en el mercado laboral local o en nuevos mercados laborales,

d)prestaciones de asistencia social para las personas afectadas por perturbaciones climáticas, con ayudas a la renta y a la seguridad alimentaria,

e)regímenes de garantía de empleo y actividades de formación u orientación profesional que creen nuevas oportunidades para los trabajadores y las comunidades que ya no puedan ganarse su sustento con sus actividades anteriores debido a medidas de protección del medio ambiente, y que garanticen que puedan seguir integrados en el mercado laboral,

f)estrategias de desarrollo y previsión de capacidades con los objetivos de mejorar las capacidades genéricas, sectoriales y específicas de cada ocupación para la economía verde,

g)regímenes de financiación para asistir a los hogares en las renovaciones asociadas a la eficiencia energética, con el fin de abordar la pobreza energética;

24.Destaca que el apoyo a las pymes, incluida la reducción de las cargas administrativas innecesarias, es esencial para garantizar que puedan adaptar plenamente sus actividades a la transición ecológica y mantener su mano de obra, especialmente en el caso de las empresas emergentes, salvaguardando al mismo tiempo los niveles más elevados de protección de los trabajadores y el medio ambiente, y ayudando a los empleadores europeos a invertir en crecimiento sostenible y creación de empleo de calidad;

25.Destaca la carga normativa para los empleadores de la Unión y su posible efectivo negativo en la competitividad, el crecimiento y la creación de empleos de calidad; sigue apoyando el principio de compensación de cargas administrativas y pide a la Comisión que elabore un programa de mejora de la legislación más ambicioso, que debe conducir a la reducción de la carga normativa para los empleadores de la Unión;

26.Pide a la Comisión que proponga una directiva para regular las condiciones del teletrabajo en toda la Unión y garantizar condiciones de trabajo y de empleo dignas en la economía digital; considera que el derecho a la desconexión es esencial para garantizar el bienestar mental de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, en particular para las trabajadoras y los trabajadores en formas de trabajo atípicas, y debe complementarse con una directiva sobre los riesgos psicosociales y el bienestar en el trabajo; pide a la Comisión que proponga, en consulta con los interlocutores sociales, una directiva sobre normas y condiciones mínimas para garantizar que todos los trabajadores puedan ejercer efectivamente su derecho a la desconexión; destaca que la próxima iniciativa de la Comisión sobre «un enfoque global respecto a la salud mental», que debe publicarse en junio, constituye una buena oportunidad para poner en marcha dichas directivas;

27.Subraya que, en un contexto de reducción de la población en edad de trabajar, son esenciales las políticas que incorporan a más personas al mercado de trabajo; opina que la integración de los migrantes en el mercado laboral tendrá un impacto positivo en la oferta de trabajo, reducirá la escasez de mano de obra y contribuirá al aumento de las tasas de empleo (6); constata, sin embargo, que los trabajadores migrantes siguen siendo objeto de un trato desigual y de explotación laboral; subraya que todos los trabajadores migrantes deben estar protegidos contra la explotación, en particular garantizando su acceso efectivo a la justicia y a las vías de recurso; considera que esto debe combinarse con otras políticas que permitan una vida laboral más saludable, mejoren las condiciones de trabajo y adapten mejor los mercados laborales a las necesidades cambiantes de los trabajadores a lo largo de su vida;

28.Aboga por una mejor inclusión de los grupos vulnerables en el Semestre Europeo, por la ejecución de medidas que fomenten el empleo de los jóvenes y las personas de edad avanzada, y por la mejora de las oportunidades para las personas con discapacidad, así como por herramientas eficaces para prevenir la discriminación; subraya la importancia de las medidas para integrar a los nacionales de terceros países, incluido el aprendizaje de idiomas, ya que es la base de la comunicación en todos los ámbitos de funcionamiento de las empresas, lo que permite la participación en la formación profesional y el reciclaje para desarrollar las competencias pertinentes;

29.Subraya que los empleadores deben promover los vínculos intergeneracionales en las empresas, así como el aprendizaje intergeneracional entre los jóvenes y las personas de edad avanzada, y viceversa; incide en que una plantilla de edad avanzada puede ayudar a una empresa a desarrollar de una manera más creativa y productiva nuevos productos y servicios que se adapten a las necesidades de una sociedad que envejece; pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen incentivos para fomentar la transmisión de conocimientos entre generaciones y que adopten medidas específicas que faciliten el empleo juvenil y la transición previa a la jubilación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta las posibles repercusiones para los jóvenes en las evaluaciones de las políticas, en consulta con las organizaciones juveniles;

30.Considera con preocupación el elevado número de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación, pues corren el riesgo de estar más adelante en situación de desempleo y alimentar el ciclo de pobreza generacional, ya que, en 2021, el 11,4 % de los jóvenes y el 7,9 % de las jóvenes en la Unión habían abandonado prematuramente la educación o la formación; pide a la Comisión que coordine, junto con los Estados miembros, la sociedad civil y las partes interesadas pertinentes, la ejecución de las soluciones apropiadas para mantener a la infancia y la juventud en los centros docentes; pide a los Estados miembros que garanticen el acceso de los jóvenes a períodos de prácticas y de aprendizaje profesional remunerados, de calidad e inclusivos; insiste en que los jóvenes disfruten de primeras experiencias laborales adecuadas y de calidad, y de oportunidades para mejorar sus capacidades y obtener nuevas cualificaciones o titulaciones; condena la ausencia de remuneración de los períodos de prácticas como una forma de explotación de trabajadores jóvenes y una violación de sus derechos, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con el Parlamento y con arreglo al principio de subsidiariedad, prohíban los períodos de prácticas no remunerados y propongan un marco jurídico común para garantizar una remuneración justa para los períodos de prácticas y de aprendizaje profesional, a fin de evitar prácticas de explotación; condena la práctica de los contratos de cero horas y pide a los Estados miembros que presten apoyo a los empleadores que ofrecen períodos de prácticas y de aprendizaje profesional a jóvenes con discapacidad; pide a la Comisión que revise los instrumentos europeos existentes, como el marco de calidad para los períodos de prácticas y el Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, y que introduzca criterios de calidad para las ofertas hechas a los jóvenes, incluido el principio de remuneración justa de los aprendices y becarios, el acceso a la protección social, el empleo sostenible y los derechos sociales;

31.Manifiesta su preocupación por las discrepancias existentes entre el análisis y las recomendaciones del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) sobre la política de capacidades y las políticas aplicadas a escala nacional y de la Unión, que podrían estar causando ineficiencias; llama la atención sobre las pruebas recogidas en los informes del Cedefop sobre la infrautilización de capacidades, la sobrecualificación, la baja demanda de capacidades y la limitada complejidad en muchos puestos de trabajo europeos, así como el nivel relativamente modesto de demanda de capacidades digitales en Europa, lo que podría obstaculizar la transición digital y repercutir en la competitividad del continente; pide a la Comisión que presente propuestas y coordine acciones políticas que contribuyan a aumentar el número de empleos más complejos desde el punto de vista digital y faciliten el diseño de incentivos que impulsen la mejora de las capacidades digitales de los trabajadores, incluida la formación y la educación a lo largo de toda la vida; destaca que estas iniciativas también deben dirigirse a los grupos vulnerables y a las minorías a fin de facilitar el acceso al mercado laboral para todos, dado que el 45 % de los trabajadores de la Unión cree que necesita nuevos conocimientos y capacidades debido a las nuevas tecnologías digitales en su lugar de trabajo;

32.Recuerda que la creación de puestos de trabajo de buena calidad y la ejecución de estrategias de retención constituyen la mejor manera de atraer mano de obra cualificada e incentivar a los empleadores a invertir en sus trabajadores; hace hincapié en que los informes del Cedefop subrayan que las dificultades de contratación (debidas, entre otras cosas, a la inadecuación de las capacidades) también reflejan en gran medida la mala calidad del empleo, la falta de una política de recursos humanos orientada a las personas y las oportunidades sin explotar del diseño de puestos de trabajo; pide a la Comisión que contribuya a abordar las lagunas en materia de competencias que existen en Europa, y que revise sus políticas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional a la luz de las conclusiones del Cedefop; subraya la acuciante necesidad de un mayor apoyo a la formación a lo largo de toda la vida y a la reorientación profesional, en consonancia con el objetivo de aquí a 2030 de que al menos el 60 % del total de los adultos participe en una actividad de formación cada año;

33.Incide en que la previsión del mercado laboral da lugar a unas economías más resilientes, lo cual requiere políticas activas del mercado laboral, entre otras, la mejora y la actualización de las capacidades, así como unos sistemas de protección social sólidos; constata con preocupación la escasez de mano de obra declarada en numerosas ocupaciones, y, en particular, en las relacionadas con las cualificaciones en el ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), la educación y la asistencia sanitaria; destaca la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo, lo que también contribuiría a reducir la escasez del mercado laboral, así como la necesidad de reforzar los programas educativos de la Unión, respaldando los esfuerzos de los empleados y los profesores por asistir o impartir formación relacionada con las competencias adecuadas;

34.Pide que la estrategia industrial ecológica de la Unión garantice que los puestos de trabajo del futuro no solo sean ecológicos, sino sobre todo dignos, bien remunerados y basados en buenas condiciones laborales, lo que incluye la salud y la seguridad en el trabajo, una sólida protección social y la igualdad de género; pide asimismo que se garantice que las personas reciban una remuneración adecuada en consonancia con sus cualificaciones y competencias certificadas; hace hincapié en la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia equitativas para fomentar la convergencia social y económica, así como de evitar unas diferencias cada vez mayores en la inversión y el apoyo públicos debido a las diferentes capacidades presupuestarias de los Estados miembros; pide a los Estados miembros que hagan un buen uso del Fondo de Transición Justa y de otros fondos y plataformas pertinentes de la Unión, con el fin de garantizar que los puestos de trabajo que van desapareciendo gradualmente como resultado de la transición ecológica se sustituyan por otros de calidad en los mismos ámbitos; destaca, en este sentido, el potencial de la economía circular, así como el papel que deben desempeñar los procesos de contratación pública para promover la negociación colectiva y las buenas condiciones de trabajo; subraya que una política industrial ecológica de la Unión puede convertirse en una de las principales fuentes de creación de empleo en Europa en los próximos años, tanto en los sectores emergentes como en los tradicionales, y mostrar que las actividades económicas sostenibles son más intensivas en el uso de mano de obra que las actividades a las que sustituyen; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que el plan industrial de la Unión logre una transición justa y sus objetivos, en particular la creación de puestos de trabajo de calidad con unas condiciones de trabajo justas y una remuneración adecuada, la promoción de la negociación colectiva y el respeto de los convenios colectivos;

35.Recuerda el papel crucial que desempeñan los interlocutores sociales europeos, nacionales y sectoriales en la anticipación del cambio; destaca la necesidad de informar y consultar a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones, a fin de garantizar una transición justa; pide a los Estados miembros que consulten con los interlocutores sociales durante el diseño y la ejecución de los planes nacionales (programas nacionales de reforma, planes de estabilidad y convergencia, y planes nacionales de recuperación y resiliencia); subraya el papel fundamental de la negociación colectiva al objeto de garantizar las normas más estrictas de salud y seguridad en el trabajo, el desarrollo de las competencias pertinentes y la anticipación estratégica del cambio; resalta que los derechos humanos europeos e internacionales garantizan a todos los trabajadores el derecho a organizarse, fundar un sindicato y afiliarse al de su elección, participar en la negociación colectiva, emprender acciones colectivas para defender sus derechos y disfrutar de la protección de los convenios colectivos; pide a los Estados miembros que supriman toda legislación nacional que obstaculice la negociación colectiva, también garantizando a los sindicatos el acceso a los centros de trabajo con fines de organización, intercambio de información y consulta, a fin de reforzar la representación de los trabajadores;

36.Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Eurofound, The cost-of-living crisis and energy poverty in the EU: Social impact and policy responses — Background paper (La crisis del coste de la vida y la pobreza energética en la UE: impacto social y respuestas políticas. Documento de información), 2022.

(2) Eurostat, Key Figures on European Businesses, (Cifras clave sobre las empresas europeas), edición de 2022, p. 10.

(3) Social Europe: Eurobarometer survey shows Europeans support stronger social policies and more social spending (Europa social: la encuesta del Eurobarómetro muestra que los europeos apoyan unas políticas sociales más sólidas y un mayor gasto social).

(4) Directiva (UE) 2022/2041 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea (DO L 275 de 25.10.2022, p. 33).

(5) Propuesta de Directiva por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento (COM(2021)0093).

(6) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics.