SENTENCIA 116/1987, DE 7 DE JULIO, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMERO 107/1986, EN RELACION CON LA LEY 37/1984, DE 22 DE OCTUBRE, DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y SERVICIOS PRESTADOS A QUIENES DURANTE LA GUERRA CIVIL FORMARON PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE ORDEN PUBLICO Y CUERPO DE CARABINEROS DE LA REPUBLICA. - Boletín Oficial del Estado, de 29-07-1987
Ambito: BOE
Órgano emisor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 180
F. Publicación: 29/07/1987
EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE, Y DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDDO GARCIA-MON GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO
EN NOMBRE DEL REY
LA SIGUIENTE SENTENCIA EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD REGISTRADA CON EL NUM. 107/1986, PLANTEADA POR LA SALA CUARTA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADRID, POR SUPUESTA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1, 2, 4 Y 5 DE LA LEY 37/1984, DE 22 DE OCTUBRE, AL DEFINIR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN AL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REPUBLICA, POR OPOSICION A LOS ARTS. 1.1, 9 Y 14 DE LA CONSTITUCION. HAN SIDO PARTE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL LETRADO DEL ESTADO Y PONENTE EL MAGISTRADO DON JESUS LEGUINA VILLA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.
I. ANTECEDENTES
1. EL 31 DE MAYO DE 1985 TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL COMUNICACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CUARTA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADRID, POR LA QUE SE PLANTEO LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD ACORDADA POR EL AUTO DE DICHO TRIBUNAL DE 3 DE MAYO DE 1985, ADOPTADO EN EL RECURSO NUMERO 45/85. ESTE RECURSO FUE PROMOVIDO POR DON JOSE MARIA BRAVO FERNANDEZ-HERMOSA Y 18 MAS CONTRA LA DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL DIRECTOR GENERAL DE GASTOS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA RECLAMACION FORMULADA POR AQUELLOS EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 1984, EN LA QUE SE SOLICITABAN QUE SE LES RECONOCIERA QUE, AUNQUE INGRESARON EN EL ARMA DE AVIACION DE LA REPUBLICA CON POSTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936, LO HICIERON COMO MILITARES PROFESIONALES, PUES A TODOS ELLOS LES FUERON CONCEDIDOS SUS EMPLEOS MILITARES CON CARACTER EFECTIVO Y A TITULO DEFINITIVO Y NO DE FORMA PROVISIONAL, HABIENDO SIDO ESCALAFONADOS, TAMBIEN EN FORMA DEFINITIVA, CONJUNTAMENTE CON LOS MILITARES PROFESIONALES QUE INGRESARON EN EL ARMA ANTES DE LA CITADA FECHA Y QUE, POR CONSIGUIENTE LES FUERAN CONCEDIDOS LOS BENEFICIOS QUE DETERMINA EL ART. 2 DE LA LEY 37/1984, DE 22 DE OCTUBRE, DE FORMA QUE TODOS ELLOS FUERAN PASADOS A LA SITUACION LEGAL MILITAR DE RETIRADOS, CON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA MISMA. FUNDAMENTABAN SU SOLICITUD LOS RECURRENTES EN EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION Y EN LA INCOMPATIBILIDAD CON ESTA NORMA FUNDAMENTAL DE LA CITADA LEY 37/1984, QUE NO RECONOCE AQUELLOS DERECHOS, SINO TAN SOLO OTROS INFERIORES, AL PERSONAL QUE HUBIERE INGRESADO AL SERVICIO DE LA REPUBLICA EN LAS FUERZAS ARMADAS Y HUBIERA OBTENIDO UN EMPLEO O GRADO DE, AL MENOS, SUBOFICIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JULIO DE 1936 Y EL 1 DE ABRIL DE 1939, POR LO QUE CONSIDERAN QUE DICHA LEY ESTABLECE UN TRATO DISCRIMINATORIO EN PERJUICIO DE AQUELLOS Y EN COMPARACION CON LOS MILITARES PROFESIONALES INGRESADOS ANTES DEL 18 DE JULIO DE 1936. LOS RECURRENTES SOLICITABAN ASIMISMO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL QUE PLANTEASE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA REFERIDA LEY 37/1984.
CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO, Y TRAS OIR A LAS PARTES Y AL MINISTERIO FISCAL, LA SALA CUARTA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADRID, POR MEDIO DE AUTO DE FECHA 3 DE MAYO DE 1985, ACORDO PLANTEAR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN RELACION CON LOS ARTS. 1, 2, 4 Y 5 DE LA LEY 37/1984, DE 22 DE OCTUBRE, POR PRESUNTA VULNERACION DE LOS ARTS. 1.1, 9 Y 14 DE LA CONSTITUCION. EN SUS CONSIDERANDOS LA SALA SOSTUVO QUE LA CITADA LEY ESTABLECE UN REGIMEN JURIDICO CLARAMENTE DIFERENCIADO PARA LAS DOS HIPOTESIS QUE CONTEMPLA, DE TAL MODO QUE, MIENTRAS EN SUS ARTS. 1 Y 2 RECONOCE A LOS OFICIALES, SUBOFICIALES Y CLASES DEL EJERCITO DE LA REPUBLICA QUE HUBIERAN CONSOLIDADO SU EMPLEO CON ANTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936 LA POSIBILIDAD DE PASAR A LA SITUACION DE RETIRADO, CON LOS DERECHOS U OBLIGACIONES INHERENTES A LA MISMA, CON EL EMPLEO QUE, POR ANTIGUEDAD, HABRIAN ALCANZADO DE HABER CONTINUADO EN SERVICIO ACTIVO HASTA LA FECHA EN QUE, POR EDAD, LE HUBIERA CORRESPONDIDO EL PASE A LA PRECITADA SITUACION MILITAR, A LOS RESTANTES, ESTO ES, A QUIENES INGRESARON EN EL EJERCITO DE LA REPUBLICA CON POSTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936, SOLAMENTE SE LES RECONOCE EN LOS ARTS. 4 Y 5 EL TIEMPO DE SERVICIOS QUE EN SU DIA PRESTARON A LA REPUBLICA, ADEMAS DE UNA PENSION SUJETA EN TODO CASO AL REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES QUE HABRIA DE ESTABLECERSE REGLAMENTARIAMENTE; DICHA PENSION SERIA EQUIVALENTE AL IMPORTE DE LA PENSION MINIMA DE JUBILACION PARA MAYORES DE SESENTA Y CINCO AÑOS. LA PROFESIONALIDAD, QUE SE REVELA COMO ELEMENTO DETERMINANTE DEL SUPUESTO DE HECHO GENERADOR DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES DERECHOS DE LOS MILITARES REPUBLICANOS, HA DE DERIVARSE DE LA LEGALIDAD OBJETIVA VIGENTE EN CADA MOMENTO Y NO, DE FORMA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE, DE UN DATO CRONOLOGICO, CUANDO ESTE, SIN MAS, NO RECOGE O TRADUCE LOS ELEMENTOS ESENCIALES GENERADORES DEL SUPUESTO, COMO PUEDEN SER LOS CURSOS DE CAPACITACION, PUBLICACION DE ESCALAFONES, ASCENSOS, ETC. DE OTRO LADO, EL HECHO DE QUE EL CONJUNTO DE NORMAS DICTADAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JULIO DE 1936 Y EL 1 DE ABRIL DE 1939 NO SE HAYA INTEGRADO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE NO QUIERE DECIR QUE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DERIVADAS DEL MISMO PUEDAN Y DEBAN SER IGNORADAS POR EL LEGISLADOR, TAL COMO SE EXPRESA EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 28/1982. A JUICIO DE LA SALA, LA VINCULACION QUE EL ART. 9.1 DE LA CONSTITUCION IMPONE A TODOS LOS PODERES PUBLICOS, ENTRE LOS QUE CABE INCLUIR AL PODER LEGISLATIVO, NO SE LIMITA A EXIGIR EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA (ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL DERECHO A LA IGUALDAD DEL ART. 14), SINO QUE HAN DE OBSERVARSE CON IGUAL ESCRUPULOSIDAD LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO RECONOCIDOS EN EL ART.
1.1 Y EN CONCRETO, LA LIBERTAD, LA IGUALDAD, LA JUSTICIA Y EL PLURALISMO POLITICO, LOS CUALES RECIBEN SU OPERATIVIDAD DINAMICA CONCRETA EN LOS COMPROMISOS QUE ENCIERRAN LOS NUMS. 2 Y 3 DEL ART. 9 Y QUE PUEDEN RESUMIRSE EN LA OBLIGACION DE PROMOVER LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS GRUPOS, ASI COMO EN REMOVER LOS OBSTACULOS QUE IMPIDAN O DIFICULTEN SU PLENITUD. ESTE COMPROMISO EN EL AMBITO PROPIO DE LA PRODUCCION NORMATIVA QUE CON RANGO DE LEY FORMAL LE CORRESPONDE A LAS CORTES SUPONE QUE, DENTRO DE LA LIBERTAD DE INICIATIVA, EL LEGISLADOR PARA NO VULNERAR LA CONSTITUCION DEBE RESPETAR LA RACIONALIDAD INTRINSECA DE SUS PROPOSICIONES NORMATIVAS, LAS CUALES, AL SENTAR CRITERIOS DE TRATAMIENTO DESIGUAL, PARA NO CAER EN LA ARBITRARIEDAD, DEBE FUNDARSE EN RAZONES OBJETIVAS, ENTENDIENDO POR TALES TODAS AQUELLAS SOLUCIONES QUE, SIENDO MULTIPLES Y VARIADAS EN SU FORMULACION CONCRETA, SEAN A LA VEZ COHERENTES CON LA LOGICA Y EL RAZONAR JURIDICO (QUE TAMBIEN ESTA PROTEGIDO POR LA CONSTITUCION, AUNQUE SOLO SEA COMO VALOR TECNICO-JURIDICO INSTRUMENTAL), ASI COMO CON LOS VALORES PRIMARIOS DE LA CONSTITUCION (ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA IGUALDAD) Y CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA; EXIGENCIAS QUE, DE FORMA DETALLADA, RECONOCE EL FUNDAMENTO JURIDICO 2. EN RESUMEN, LA SALA ENTIENDE QUE LA LEY 37/1984, DE 22 DEOCTUBRE, Y MAS CONCRETAMENTE SUS ARTS. 1, 2, 4 Y 5, AL CONDICIONAR LA PROFESIONALIDAD DE LOS MILITARES AL SERVICIO DE LA REPUBLICA AL PURO DATO CRONOLOGICO DE SU INCORPORACION AL EJERCITO CON ANTERIORIDAD O POSTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936, SIN TENER EN CUENTA OTRAS CIRCUNSTANCIAS, PODRIA VULNERAR LOS ARTS. 1.1, 9 Y 14 DE LA CONSTITUCION POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 35 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PROCEDE PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
2. POR PROVIDENCIA DE 12 DE JUNIO DE 1985, LA SECCION TERCERA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACORDO OIR AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE ALEGARA LO QUE ESTIMASE PERTINENTE RESPECTO A QUE EN LA PRESENTE CUESTION PUDIERA ENTENDERSE QUE NO SE ESPECIFICA NI SE JUSTIFICA EN QUE MEDIDA LA DECISION DEL PROCESO DEPENDE DE LA VALIDEZ DE LAS NORMAS CUESTIONADAS. EVACUANDO EL TRAMITE CONFERIDO, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO CONSIDERA PROCEDENTE LA INADMISION DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA, DE ACUERDO CON EL ART. 37.1 DE LA LOTC, YA QUE LA SALA PROMOVENTE, SI FUNDAMENTA DE MANERA AMPLIA Y SUFICIENTE LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 37/1984, NO CONTIENE REFENCIA ALGUNA SOBRE LA DETERMINACION DE LA MEDIDA EN QUE LA SOLUCION DEL ASUNTO ANTE ELLA PLANTEADO DEPENDA DE LA ADECUACION DE LA CITADA LEY A LA NORMA FUNDAMENTAL, LO QUE CONSTITUYE UN REQUISITO INELUDIBLE PARA LA ADMISION DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 35.2 DE LA LOTC, PUES EN CASO CONTRARIO, AQUELLA DEJARIA DE TENER CARACTER DE CONTROL CONCRETO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES CON QUE HA SIDO CONFIGURADA Y QUE HA RECALCADO REPETIDAMENTE ESTE TRIBUNAL, PARA CONVERTIRSE EN UN RECURSO UNIVERSAL CONTRA LEYES, LO QUE NO ES ACEPTABLE NI AUN INTERPRETANDO DE MANERA FLEXIBLE LOS REFERIDOS PRECEPTOS DE LA LOTC.
3. POR AUTO DE 3 DE OCTUBRE DE 1985, ESTE TRIBUNAL ACORDO LA NO PROCEDENCIA DE LA ADMISION DE LA CUESTION PLANTEADA POR NO REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA CONSTITUCION (ART. 163) Y LA LTC (ART. 35), EN PARTICULAR EL RELATIVO A QUE DE LA VALIDEZ DE LA NORMA CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CUESTIONA DEPENDA LA RESOLUCION QUE SE HAYA DE DICTAR PARA ADMITIR O INADMITIR, ESTIMAR O DESESTIMAR LAS PRETENSIONES CONCRETAS FORMULADAS POR LAS PARTES; DE AHI QUE EL ART. 35.2 DE LA LOTC EXIJA DEL ORGANO QUE PLANTEA LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE, ENTRE OTRAS COSAS, ESPECIFIQUE Y JUSTIFIQUE EN QUE MEDIDA LA DECISION DEL PROCESO DEPENDE DE LA VALIDEZ DE LA NORMA EN CUESTION.
EN EL PRESENTE CASO, TAL JUICIO O JUSTIFICACION LOGICA DE LA CONEXION ENTRE LA VALIDEZ DE LAS NORMAS LEGALES CUESTIONADAS Y LA RESOLUCION DE LAS PRETENSIONES CONCRETAS DE LOS ACTORES EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO A QUO NO HABIA SIDO REALIZADO.
4. UNA VEZ RECIBIDA LA ANTERIOR RESOLUCION, LA SALA CUARTA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADRID, POR PROVIDENCIA DE 25 DE OCTUBRE DE 1985, DIO TRASLADO A LAS PARTES PARA QUE EN EL PLAZO DE CINCO DIAS FORMULASEN LAS ALEGACIONES OPORTUNAS. LA REPRESENTACION DE LOS RECURRENTES FORMULO LAS SIGUIENTES:
1. LA PROFESIONALIDAD Y LA OBTENCION CON CARACTER DEFINITIVO DE LA CONDICION DE FUNCIONARIOS MILITARES DEL ESTADO POR PARTE DE LOS PILOTOS Y DEMAS ESPECIALISTAS INGRESADOS EN EL ARMA DE AVIACION DE LA REPUBLIA A ENTRE EL 18 DE JULIO DE 1936 Y EL 31 DE MARZO DE 1939 NO PUEDEN SER NEGADAS. DICHA PROFESIONALIDAD FUE RECONOCIDA, A JUICIO DE LOS ACTORES, POR EL DICTAMEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1982, Y POR LA COMISION INTERMINISTERIAL CREADA AD HOA POR EL REAL DECRETO 2013/1983, DE 13 DE JULIO.
2. ADMITIDA LA PROFESIONALIDAD Y LA ADQUISICION A TITULO DEFINITIVO DE LA CONDICION DE FUNCIONARIOS MILITARES DEL ESTADO DE LOS PILOTOS Y DEMAS ESPECIALISTAS QUE INGRESARON EN EL ARMA DE AVIACION DE LA REPUBLICA DURANTE LA GUERRA CIVIL, RESULTA FORZOSO ADMITIR TAMBIEN QUE CONSTITUYE UNA DISCRIMINACION CARENTE DE JUSTIFICACION OBJETIVA Y RAZONABLE, CONTRARIA AL ART. 14 DE LA CONSTITUCION, EL ESTABLECER UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE LOS MILITARES PROFESIONALES DE LA REPUBLICA SEGUN QUE HUBIERAN INGRESADO EN LAS FUERZAS ARMADAS ANTES O DESPUES DEL 18 DE JULIO DE 1936. 3. LA LEY 37/1984, DESDE EL MOMENTO EN QUE ESTABLECE DICHA DISCRIMINACION, INFRINGE EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION. 4. EL LEGISLADOR, AL ELABORAR LA LEY 37/1984, DE 22 DE OCTUBRE, NO TUVO EN CUENTA LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA STC 63/1983, DE 20 DE JULIO, DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN LOS QUE CLARAMENTE SE ESPECIFICA QUE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD CONTENIDO EN EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION OBLIGA A CONCEDER LA AMNISTIA A LOS MILITARES DE LA REPUBLICA EN LA MISMA FORMA Y MEDIDA EN QUE FUE OTORGADA A LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, SIN OTRAS ESPECIFICACIONES QUE LAS QUE EL PROPIO TRIBUNAL INDICA, CUAL ES LA NO REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO. 5. EL LEGISLADOR, AL DEFINIR LOS AMBITOS DE APLICACION, RESPECTIVAMENTE, DE LOS TITULOS I Y II DE LA LEY 37/1984, NO SE FUNDAMENTO EN LA LEGALIDAD OBJETIVA VIGENTE EN EL MOMENTO Y LUGAR EN QUE NACIERON LOS DERECHOS A LOS QUE AHORA SE PRETENDE DOTAR DE EFECTOS, NI TAMPOCO EN NINGUN DATO OBJETIVO Y RACIONAL; SE BASO UNICAMENTE, COMO CONSTA CLARAMENTE EN EL DIARIO DE SESIONES DEL SENADO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1984, EN EL CRITERIO POLITICO DEL GRUPO PARLAMENTARIO MAYORITARIO DE AMBAS CAMARAS. LOS RECURRENTES JUSTIFICAN, ADEMAS, LAS RAZONES DE SU PETICION EN EL DICTAMEN DEL MINISTERIO FISCAL EMITIDO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. 580/1985, EN EL QUE SE HACE CONSTAR QUE SOLO LA CUALIDAD DE PROFESIONAL DEL EJERCITO, CUALQUIERA QUE SEA LA FECHA DE INGRESO Y LA CATEGORIA ALCANZADA, PUEDE SER DETERMINANTE PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS QUE OTORGAN LAS LLAMADAS LEYES DE AMNISTIA. POR ULTIMO, EN RELACION CON LA FALTA DEL JUICIO DE RELEVANCIA PUESTA DE MANIFIESTO EN EL AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 3 DE OCTUBRE DE 1985, LOS ACTORES SE LIMITAN A SOSTENER QUE, SI BIEN ES OBVIO QUE LA SALA TACITAMENTE HABIA EXPUESTO TAL CONDICIONANTE, NO LO HIZO DE FORMA EXPRESA, CONCLUYENDO SU ESCRITO INTERESANDO EL PLANTEAMIENTO DE NUEVO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.
EL MINISTERIO FISCAL, POR SU PARTE, CONSIDERA QUE DIFICILMENTE PUEDE ENTENDERSE QUE LA ADMINISTRACION HA ADOPTADO UN ACTO PRESUNTO DE DESESTIMACION POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE UNA PETICION, CUANDO DICHA PETICION NO PODIA SER RESUELTA; EL OBJETO DEL RECURSO NO ES OTRO QUE EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 37/1984, LO QUE SUPONE UNA DESVIACION PROCESAL. INADMITIDA LA CUESTION Y VIGENTE LA LEY 37/1984, ES EVIDENTE QUE LA DEMANDA SOLICITA LA APLICACION A LOS RECURRENTES DE UNOS BENEFICIOS QUE LA CITADA LEY NO LES OTORGA, POR LO QUE LA PETICION ES CONTRARIA A DERECHO.
EL LETRADO DEL ESTADO, FINALMENTE, SOLICITA LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO HASTA DICTAR SENTENCIA.
5. POR MEDIO DE COMUNICACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CUARTA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADRID QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL DIA 27 DE ENERO DE 1986, DICHA SALA PLANTEA DE NUEVO CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LOS INDICADOS PRECEPTOS DE LA LEY 37/1984, SEGUN ACUERDO ADOPTADO MEDIANTE AUTO DE 7 DE ENERO DE 1986. EN LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DE ESTA ULTIMA RESOLUCION, CONSIDERA LA SALA QUE CUANDO LOS ORGANOS LEGITIMADOS POR LA CONSTITUCION PARA INSTAR LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA CON RANGO FORMAL DE LEY NO LO HACEN, LA UNICA ALTERNATIVA DEL CIUDADANO QUE SE ENFRENTA ANTE UNA LEY SUPUESTAMENTE INCONSTITUCIONAL ESTA EN LA TUTELA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES. ENTIENDE LA SALA, EN ESTE SENTIDO, QUE LA INSTRUMENTALIZACION DE UN RECURSO NO HA DE PREDICARSE SIEMPRE Y A PRIORI DE TODA PETICION QUE FORMULEN LOS CIUDADANOS A LOS PODERES PUBLICOS, SIENDO NECESARIO EXAMINAR LAS PETICIONES QUE FORMULEN Y LAS RAZONES QUE LAS FUNDAMENTEN. EN EL PRESENTE CASO, LA LEY 37/1984, AL SENTAR UN REGIMEN DE DERECHOS TOTALMENTE DISTINTO PARA LOS MILITARES AL SERVICIO DE LA REPUBLICA, SEGUN QUE HUBIEREN INGRESADO EN EL MISMO ANTES O DESPUES DEL 18 DE JULIO DE 1936, SIN TENER EN CUENTA OTRAS CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS QUE EVIDENCIEN LA PROFESIONALIDAD, Y AL VALORAR UNICA Y EXCLUSIVAMENTE UN DATO CRONOLOGICO (POR MUCHA QUE SEA SU TRASCENDENCIA HISTORICA), INCURRE EN UNA CLARA DISCRIMINACION, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD RECONOCIDO EN EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION Y DESCONOCE LA JUSTICIA Y LA IGUALDAD COMO VALORES MATERIALES QUE INFORMAN EL ORDENAMIENTO (ARTS. 1.1 Y 9.2 DE LA CONSTITUCION). PARA LA SALA, LAS CONSECUENCIAS DE ESTA APRECIACION SON EVIDENTES: SI EL ART. 1 DE LA LEY 37/1984, EN RELACION CON EL 2 Y 4, ES INCONSTITUCIONAL POR DESCONOCER EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, LOS RECURRENTES, INGRESADOS TODOS ELLOS CON POSTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936, PERO, A SU JUICIO, POSEEDORES DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE ACREDITAN SU PROFESIONALIDAD, SE HAN VISTO DISCRIMINADOS POR LA NORMA, LA CUAL SOLO LES RECONOCE LOS SERVICIOS QUE EN SU DIA PRESTARON A LA REPUBLICA Y UNA PENSION (SUJETA AL REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES) EQUIVALENTE AL IMPORTE DE LA PENSION MINIMA DE JUBILACION PARA MAYORES DE SESENTA Y CINCO AÑOS; EN RESUMEN, SI LA NORMA ES CONTRARIA A LA CONSTITUCION, LOS RECURRENTES QUE ACREDITEN SU PROFESIONALIDAD PODRAN ASPIRAR A LOS MISMOS DERECHOS QUE EL ART. 2 RECONOCE A LOS INGRESADOS EN EL SERVICIO ANTES DEL 18 DE JULIO DE 1936, QUIENES SEGUN LA LEY PASAN A LA SITUACION MILITAR DE RETIRADO CON EL EMPLEO QUE POR ANTIGUEDAD HABRIAN ALCANZADO DE HABER CONTINUADO EN EL SERVICIO ACTIVO. EN SUMA, CONVENCIDA LA SALA DE LA INCOMPATIBILIDAD DE LAS NORMAS CITADAS CON LA CONSTITUCION, DECLARA ELEVAR NUEVAMENTE LA CUESTION PLANTEADA AL TRIBUNAL (EN LA CREENCIA DE QUE YA SE HAN SUBSANADO LAS IMPRECISIONES DENUNCIADAS) PARA QUE, AL MENOS, AUNQUE SEA EN TRAMITE DE INADMISIBILIDAD, PERO SOBRE EL FONDO, SE DECLARE EL ERROR INTERPRETATIVO Y LA CLARA Y EVIDENTE AUSENCIA DE FUNDAMENTO AL PROPONER LA PRESENTE CUESTION.
6. POR PROVIDENCIA DE 12 DE FEBRERO DE 1986, LA SECCION SEGUNDA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACORDO TENER POR RECIBIDAS LAS ACTUACIONES Y OIR AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS, Y A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ART. 37.1 DE LA LOTC, EXPUSIERA LO QUE ESTIMASE PERTINENTE EN ORDEN A LA ADMISIBILIDAD DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUEVAMENTE PLANTEADA. EN SU ESCRITO DE 25 DE FEBRERO DE 1986, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO INTERESA LA INADMISION A TRAMITE DE LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD CON BASE EN LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES. EL AUTO DE LA SALA CUARTA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADRID DE 7 DE ENERO DE 1986 NO ES SINO UNA ACLARACION O COMPLEMENTO DEL ANTERIOR DE 3 DE MAYO DE 1985; DE AHI QUE SEA NECESARIO PARTIR DE LA DOCUMENTACION ENTONCES ACOMPAÑADA, DADO QUE AHORA SOLO SE REMITEN LAS ALEGACIONES POSTERIORES AL AUTO DE INADMISION DE ESTE TRIBUNAL Y, SI BIEN EL ART. 36 DE LA LOTC ESTABLECE QUE EL ORGANO JUDICIAL REMITIRA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TESTIMONIO DE LOS AUTOS PRINCIPALES, AL SER LA PRESENTE UNA REPETICION DE LA ANTERIOR, NO PARECE QUE PUEDA OPONERSELE REPROCHE DE ORDEN FORMAL POR NO ADJUNTAR ESOS TESTIMONIOS QUE SI FUERON ELEVADOS EN LA ANTERIOR OCASION. DE HECHO, Y AUNQUE LA REFERIDA PROVIDENCIA DE 12 DE FEBRERO NO LO ESPECIFIQUE, LA UNICA RAZON QUE PODRA DETERMINAR LA INADMISION DE LA CUESTION VUELVE A SER LA MISMA: QUE NO RESULTA JUSTIFICADO QUE LA DECISION DEL PROCESO DEPENDA DEL AJUSTE DE LA LEY CUESTIONADA CON LA CONSTITUCION. AHORA NO SE TRATA YA DE QUE LA SALA NO LO EXPLIQUE, SINO QUE, PESE A LOS RAZONAMIENTOS QUE OFRECE, LA DECISION DE LO PLANTEADO NO TIENE DEPENDENCIA DE LA CORRECCION CONSTITUCIONAL DE LA LEY 37/1984. ESTA AFIRMACION VIENE APOYADA POR EL ANTERIOR AUTO DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL CUANDO EN SU FUNDAMENTO JURIDICO SEGUNDO AFIRMA:
7. LA SECCION TERCERA DE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR PROVIDENCIA DE 24 DE ABRIL DE 1986, ACORDO ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION PLANTEADA Y DAR TRASLADO DE LA MISMA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO, AL GOBIERNO Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS PUDIERAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE CONSIDERASEN PERTINENTES. ACORDO IGUALMENTE PUBLICAR LA INCOACION DE LA CUESTION EN EL
8. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO INICIA SUS ALEGACIONES PUNTUALIZANDO CUALES SON, A SU JUICIO, LAS NORMAS OBJETO DE CONTROL Y LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN SERVIR DE PARAMETRO DE AQUEL EN LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR LO QUE HACE A LO PRIMERO, SI BIEN LA SALA PLANTEA LA CUESTION EN RELACION CON LOS ARTS. 1, 2, 4 Y 5 DE LA LEY 37/1984, LA SOSPECHADA INCONSTITUCIONALIDAD NO ESTA EN LOS DOS PRIMEROS ARTICULOS, PUES PACIFICAMENTE SE ADMITE POR TODOS LA LICITUD DE LOS BENEFICIOS QUE CONTIENE, SINO EN LOS ARTS. 4 Y 5, QUE NO EXTIENDEN A LOS QUE FUERON DEMANDANTES EN EL PROCESO ANTECEDENTE ESTOS MISMOS BENEFICIOS; LA PRESUNTA INCONSTITUCIONALIDAD SE LIMITA, PUES, A ESTOS DOS ULTIMOS PRECEPTOS. EN CUANTO AL PARAMETRO DE CONTROL, SI BIEN SE INVOCAN LOS ARTS. 1.1, 9 QUE EN ALGUN MOMENTO SE CONCRETA EN EL APARTADO 2 Y 14 DE LA CONSTITUCION, DADO QUE LA ARGUMENTACION DE LA CUESTION SE BASA EN LA DESIGUALDAD INJUSTIFICADA DE TRATAMIENTO QUE SE DA A LOS MILITARES INGRESADOS DESPUES DEL 18 DE JULIO DE 1936, PARECE QUE LA CUESTION DEBE QUEDAR REDUCIDA A LA ALEGACION DE INFRACCION DEL ART. 14. TANTO LAS REFERENCIAS AL ART. 1.1 COMO AL ART. 9 DEBEN QUEDAR ABSORBIDAS EN LA MAS ESPECIFICA DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION.
CONTINUA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO CON LA NARRACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA LEY 37/1984 EN LA LEY DE AMNISTIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 1977 Y EN EL REAL DECRETO-LEY 6/1978, PROCEDIENDO A SINTETIZAR LA DOCTRINA CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL DE 20 DE JULIO DE 1983. PARA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, LA LEY 37/1984
CONSIDERA, A ESTOS EFECTOS, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUE LA PROFESIONALIDAD NO RESPONDE A LOS MISMOS CRITERIOS CUANDO SE HABLA DE FUNCIONARIOS CIVILES Y DE MILITARES. EL FUNCIONARIO CIVIL ES UN PROFESIONAL DESDE QUE SE INCORPORA A LA FUNCION PUBLICA, SIN QUE INFLUYA EN NADA EL QUE SE ESTE EN PERIODO DE PAZ O DE GUERRA; POR EL CONTRARIO, EN EL CASO DE LOS MILITARES, LAS NECESIDADES DE LA GUERRA IMPONEN MOVILIZACIONES GENERALES CON EL CONSIGUIENTE INCREMENTO DE LOS MANDOS MILITARES, CESANDO LA RAZON DE SER DE LOS EMPLEOS OBTENIDOS EN EL CURSO DE LA GUERRA, CUANDO ESTA SE ACABA. DE AHI LA DIFERENCIA, QUE NO SE ENCUENTRA EN LA FUNCION CIVIL, DE MILITARES QUE ERAN PROFESIONALES ANTES DE LA CAMPAÑA Y LOS QUE OBTIENEN GRADO MILITAR EN EL TRANSCURSO DE ESTA. NO DEBE, PUES, RESULTAR EXTRAÑO QUE LA CONSIDERACION MILITAR PROFESIONAL SE REDUZCA, EN PRINCIPIO Y CON CARACTER GENERAL, A QUIENES YA LO ERAN ANTES DE DAR COMIENZO UNA GUERRA. DE OTRO LADO, DE LA DOCTRINA CONTENIDA EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 4. DE LA SENTENCIA 63/1983, SE DESPRENDE QUE CABE DISTINGUIR ENTRE LOS MILITARES QUE LO ERAN ANTES DE LA GUERRA, QUE DEBEN QUEDAR EQUIPARADOS A TODOS LOS EFECTOS EXCEPTO EL DE REINTEGRACION ACTIVA A LOS FUNCIONARIOS CIVILES, Y LOS POSTERIORES A LA GUERRA, CUYOS DERECHOS CORRESPONDERIA DETERMINAR AL LEGISLADOR, ATENDIENDO A LOS DIVERSOS SUPUESTOS QUE CONCURRAN. EN DEFINITIVA, CUANDO LA SALA PROMOVENTE ESTIMA QUE EL MERO DATO CRONOLOGICO NO ES BASTANTE PARA DAR JUSTIFICACION A LAS DIFERENCIAS QUE ESTABLECE, MINIMIZA EL SIGNIFICADO DE ESA FECHA, AISLANDOLO DE SU SIGNIFICADO HISTORICO AL DEJARLO REDUCIDO A UN MERO DATO; POR EL CONTRARIO, ESE DATO ES JUSTAMENTE EL QUE DELIMITA LA INCORPORACION AL EJERCITO CON UN SIGNIFICADO INEQUIVOCAMENTE PROFESIONAL ANTES O CONDICIONADO POR EL FACTOR GUERRA DESPUES . SI SE ADMITE QUE HAY DIVERSIDAD INTRINSECA EN LOS DOS SUPUESTOS CONSIDERADOS, NO PUEDE EXIGIRSE QUE EL TRATAMIENTO SEA EL MISMO.
CONSIDERA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUE OTRA ESTIMATIVA DEL PROBLEMA AQUI SUSCITADO PODRIA SER LA DE LA VALIDEZ LEGAL DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS DE LA REPUBLICA, UNA VEZ QUE COMENZO LA GUERRA, CUESTION TRATADA YA EN LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL 28/1982, DE 26 DE MAYO, EN LA QUE SE LLEGABA A LA CONCLUSION DE QUE
PARA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, EN EFECTO, ES DIFICIL IMAGINAR QUE LA PETICION DE LA EQUIPARACION AHORA DEDUCIDA SE HUBIERA PLANTEADO DE NO HABERSE RECONOCIDO LA CONDICION DE MILITARES PROFESIONALES, CONSOLIDANDO ASI UNA CARRERA MILITAR SURGIDA EN EL CURSO DE UNA GUERRA, A QUIENES ALCANZARON GRADO EN EL EJERCITO REBELDE. AHORA BIEN, ESA ASIMILACION SUPONDRIA UNA OPTICA EQUIVOCADA; ESA CONSOLIDACION SE PRODUJO AL AMPARO DE UNA LEGISLACION QUE, OBVIAMENTE, NUNCA EXISTIO PARA LOS LEALES A LA REPUBLICA, SIN QUE PUEDA TRATARSE AHORA DE GENERALIZAR DISPOSICIONES LEGALES QUE, COMO RECUERDA LA STC 43/1982, DE 6 DE JULIO, FUERON CONSUSTANCIALES A UN REGIMEN POLITICO BASADO EN UNA VICTORIA MILITAR.
9. EL LETRADO DEL ESTADO, POR SU PARTE, INICIA SUS ALEGACIONES INSISTIENDO EN LA INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE PERMITEN EL PLANTEAMIENTO DE UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, DADO QUE NO PUEDE CONSIDERARSE SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADO QUE LA DECISION DEL RECURSO QUE HA DE RESOLVER LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEPENDA DE LA QUE EN LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SE ADOPTE. SI LOS RECURRENTES PRETENDEN QUE LA SALA LES RECONOZCA EL DERECHO A DISFRUTAR DE LOS BENEFICIOS DEL ART. 2 DE LA LEY 37/1984, SE TRATA DE UNA PETICION QUE NO PUEDE OBTENER CUMPLIDA SATISFACCION CUALQUIERA QUE SEA EL SENTIDO DEL FALLO QUE EN LA PRESENTE CUESTION SE ADOPTE, PUES, COMO YA SEÑALO ESTE TRIBUNAL EN AUTO DE 3 DE OCTUBRE DE 1985,
CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, Y A EFECTOS PURAMENTE DIALECTICOS, EL LETRADO DEL ESTADO PASA A ABORDAR LA CUESTIONADA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 37/1984. CONSIDERA EL LETRADO DEL ESTADO QUE, A ESTE RESPECTO, ES CLAVE EN LA NORMA INDICADA LA DIFERENTE CONDICION JURIDICA QUE SE RECONOCE A LOS INTEGRADOS EN EL EJERCITO ANTES DEL 18 DE JULIO DE 1936 Y A QUIENES LO HICIERON DESPUES; LOS PRIMEROS TIENEN RECONOCIDA LA CONDICION DE MILITARES, LOS SEGUNDOS NO. NO CABE CONSIDERAR QUE LOS INTEGRADOS DESPUES DEL 18 DE JULIO HUBIERAN CONSOLIDADO SU EMPLEO Y TUVIERAN LA CONDICION DE PROFESIONALES, PUES LAS DISPOSICIONES DESDE LAS QUE JUSTIFICAN TAL AFIRMACION NO LLEGARON A ADQUIRIR EFICACIA COMO CONSECUENCIA DEL DECRETO DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1936, QUE PRIVO A LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POSTERIORES AL 18 DE JULIO DE 1936 DE EFECTOS JURIDICOS. SOLO EL LEGISLADOR PODRIA HABER CONFERIDO EFECTOS A SUS NOMBRAMIENTOS A LA VISTA DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN CADA CASO, EN CUYA TAREA, SIN DUDA, HA DE AJUSTARSE A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, ENTRE ELLOS EL DE IGUALDAD. PERO EL QUE LOS DERECHOS RECONOCIDOS A QUIENES NO CONSOLIDARON SU EMPLEO ANTES DEL 18 DE JULIO DE 1936 NO SEAN LOS MISMOS QUE LOS DE QUIENES SI LO HICIERON NO PUEDE CONSIDERARSE COMO ARBITRARIO O INJUSTIFICADO, DADA LA MULTIPLICIDAD DE LAS SITUACIONES QUE SE PLANTEARON. RESEÑA A CONTINUACION EL LETRADO DEL ESTADO LAS DIFERENTES VIAS POR LAS QUE LOS OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA REPUBLICA ACCEDIERON A LA CONDICION DE TALES, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE QUE, A LA VISTA DE ESTA MULTIPLICIDAD DE SITUACIONES, PARECE EVIDENTE QUE LA SOLUCION DE EQUIPARACION ABSOLUTA ENTRE TODOS LOS QUE SIRVIERON AL EJERCITO DE LA REPUBLICA, AUNQUE HUBIERA PODIDO ADOPTARSE EN TEORIA Y AL MARGEN DE LA ENORME CARGA PRESUPUESTARIA QUE SUPONDRIA, ES UNA SOLUCION LEGISLATIVA QUE, NO HABIENDOSE ADOPTADO POR EL LEGISLADOR ACTUAL, PODRA CRITICARSE DESDE CRITERIOS DE GENEROSIDAD, PERO NO EN CAMBIO, DESDE LOS QUE RESULTAN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD, PUESTO QUE NO PUEDE CONSIDERARSE ARBITRARIO O IRRACIONAL QUE RECIBAN DISTINTO TRATAMIENTO QUIENES ACCEDIERON AL EJERCITO DE LA REPUBLICA ANTES DEL 18 DE JULIO DE 1936 Y LOS QUE LO HICIERON DESPUES, PUES LAS CIRCUNSTANCIAS DE ACCESO Y CONSOLIDACION DE EMPLEO DE UNOS Y OTROS SON RADICALMENTE DISTINTAS.
LA SOLUCION DE TOTAL Y ABSOLUTA EQUIPARACION, CON LA ATRIBUCION DE DERECHOS A QUIENES EL LEGISLADOR HA EXCLUIDO DE LOS MISMOS, NO RESULTA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL NI VULNERA LOS LIMITES QUE PARA EL LEGISLADOR REPRESENTA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
10. POR PROVIDENCIA DE 7 DE MAYO DE 1986, LA SECCION TERCERA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL, A TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ART. 37.2 DE LA LOTC, ACUERDA NO HABER LUGAR A LA SOLICITUD PRESENTADA, MEDIANTE ESCRITO DE 20 DE ENERO DE 1986, POR EL PROCURADOR DON FRANCISCO DE GUINEA Y GAUNA, EN REPRESENTACION DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE EXCOMBATIENTES, A FIN DE QUE SE LE TUVIERA POR PERSONADO EN LA PRESENTE CUESTION, Y QUE, EN SU MOMENTO, SE LE DIERA VISTA DE DICHAS ACTUACIONES PARA PRESENTAR LAS ALEGACIONES PROCEDENTES. IGUALMENTE, Y MEDIANTE PROVIDENCIA DE 11 DE JUNIO SIGUIENTE, LA SECCION TERCERA ACUERDA NO HABER LUGAR A LA SOLICITUD PRESENTADA, EN FECHA DE 23 DE MAYO DE 1986, POR EL PROCURADOR DON JOSE SANCHEZ JAUREGUI, EN NOMBRE DE DON JOSE MARIA BRAVO FERNANDEZ-HERMOSA Y OTRAS PERSONAS, A FIN DE QUE SE LE TENGA POR PERSONADO Y PARTE EN LA PRESENTE CUESTION, Y SE LE EMPLACE PARA LAS ACTUACIONES QUE DE ACUERDO CON LA LEY PROCEDAN.
11. POR PROVIDENCIA DE 2 DE JULIO DE 1987, SE ACORDO SEÑALAR EL DIA 7 DE JULIO SIGUIENTE PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE SENTENCIA.
ESTA PRIMERA DELIMITACION QUE PROPONE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO NO PUEDE SER ACEPTADA, PUES, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL OBJETO DEL PROCESO CONSTITUCIONAL, UNA VEZ ADMITIDA LA CUESTION, VIENE EN PRINCIPIO DETERMINADO POR EL TRIBUNAL PROPONENTE, SOLO UN ANALISIS DE TODOS LOS PROBLEMAS DE FONDO QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEA PERMITIRA AFIRMAR SI EL HECHO DE QUE SE HAYA ADMITIDO SIN DISPUTA LA LICITUD DE LOS BENEFICIOS QUE CONTIENEN ALGUNOS DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS ES O NO SUFICIENTE PARA DECLARAR LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE TALES PRECEPTOS.
SI CABE, POR EL CONTRARIO, COMPARTIR LA APRECIACION DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, EN RELACION CON EL PARAMETRO CONSTITUCIONAL DEL CONTROL, EN EL SENTIDO DE QUE, SI BIEN LA CUESTION SE PLANTEA FORMALMENTE EN RELACION CON LOS ARTS. 1.1, 9 Y 14 DE LA CONSTITUCION, Y SIN PERJUICIO DE QUE COMO REGLA GENERAL LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PUEDEN BASTAR PARA PROMOVER RECURSOS O PLANTEAR CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, LA PRESENTE CUESTION DEBE QUEDAR REDUCIDA A LA ALEGADA INFRACCION DEL ART. 14. EN EFECTO, TANTO EN EL AUTO DE 3 DE MAYO DE 1985 COMO EN EL DE 7 DE ENERO DE 1986, LA SALA CUARTA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE MADRID HA SUSCITADO LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS REPETIDOS PRECEPTOS DE LA LEY 37/1984 EN RELACION CON LOS ARTS. 1. 1, 9 Y 14 DE LA CONSTITUCION. ELLO NO OBSTANTE, EN UNA Y OTRA RESOLUCION TODA LA ARGUMENTACION DE LA SALA GIRA EN TORNO A LA TESIS DE LA DISCRIMINACION QUE DE LA LEY RESULTA PARA LOS MILITARES DE LA REPUBLICA QUE HAYAN CONSOLIDADO SU EMPLEO CON POSTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936, POR LO QUE DEBE ENTENDERSE QUE LAS REFERENCIAS A LOS ARTS. 1. 1 Y 9 SOLO SE HACEN EN LA MEDIDA EN QUE EL PRIMERO PROMUEVE LA IGUALDAD COMO UN VALOR SUPERIOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, EN TANTO QUE EL SEGUNDO DECLARA, EN SU APARTADO 2, QUE CORRESPONDE A LOS PODERES PUBLICOS LA PROMOCION DE LAS CONDICIONES PARA QUE LA IGUALDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS GRUPOS EN QUE SE INTEGRA SEA REAL Y EFECTIVA, REMOVIENDO LOS OBSTACULOS QUE IMPIDAN O DIFICULTEN SU PLENITUD. LA CUESTION PLANTEADA POR LA SALA PROPONENTE SE AGOTA, POR TANTO, EN LA DETERMINACION DE SI EL CRITERIO TEMPORAL ADOPTADO POR LA LEY 37/1984 SE COMPADECE O NO CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACION QUE ENUNCIA Y GARANTIZA EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION.
7. PLANTEADO EN ESTOS TERMINOS EL DEBATE, Y ENTRANDO YA EN EL FONDO DEL ASUNTO, DEBEMOS COMENZAR POR RECORDAR QUE LA LEGISLACION DE AMNISTIA, AUNQUE RESPONDA EN SU CONJUNTO A UN VALOR SUPERIOR DE JUSTICIA, SE HALLA SOMETIDA AL PRINCIPIO DE IGUALDAD. EN LA STC 28/1982, DE 26 DE MAYO, DECLARABAMOS YA, REFIRIENDONOS A ESTA LEGISLACION, QUE LA MISMA
COMO FUNDAMENTO DEL PLANTEAMIENTO DE LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, EL TRIBUNAL PROPONENTE ADUCE QUE LA LEY 37/1984 ESTABLECE UN REGIMEN DE DERECHOS CLARAMENTE DIFERENCIADO PARA CADA UNA DE LAS DOS SITUACIONES QUE CONTEMPLA Y QUE, AL DISTINGUIR DOS GRUPOS ENTRE LOS MILITARES AL SERVICIO DE LA REPUBLICA SEGUN QUE HUBIERAN INGRESADO EN EL MISMO ANTES O DESPUES DEL 18 DE JULIO DE 1936, VALORANDO EXCLUSIVAMENTE UN DATO CRONOLOGICO, SIN TENER EN CUENTA OTRAS CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS QUE ACREDITEN LA PROFESIONALIDAD DE UNOS Y OTROS, INCURRE EN UNA CLARA DISCRIMINACION, PUESTO QUE LA PROFESIONALIDAD HA DE DERIVARSE DE LA LEGALIDAD OBJETIVA VIGENTE EN CADA MOMENTO Y NO DE UN MERO DATO TEMPORAL.
FRENTE A ESTA ARGUMENTACION, SOSTIENE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUE, A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN EL CASO DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES, EN EL DE LOS MILITARES LA SITUACION DE PAZ O DE GUERRA INFLUYE EN LA PROFESIONALIDAD, POR LO QUE NO DEBE EXTRAÑAR QUE EN LA LEY CUESTIONADA LA CONSIDERACION DE MILITAR PROFESIONAL SE REDUZCA A QUIENES YA LO ERAN ANTES DE LA GUERRA, SIENDO PRECISAMENTE LA FECHA DE COMIENZO DE LA MISMA LA FIJADA POR LA LEY COMO LIMITE AL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION DE MILITAR RETIRADO. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO INVOCA TAMBIEN LA DOCTRINA CONTENIDA EN LA STC 28/1982 PARA RECORDAR COMO LAS DISPOSICIONES EMANADAS DE LA REPUBLICA, UNA VEZ INICIADA LA CONTIENDA, NO LLEGARON A ADQUIRIR EN NINGUN MOMENTO VIGENCIA EN NUESTRO ORDENAMIENTO.
POR SU PARTE, EL LETRADO DEL ESTADO SOSTIENE QUE, EN RELACION CON LA CUESTION SOMETIDA A ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ES CLAVE LA DIFERENTE CONDICION JURIDICA QUE EN LA LEY 37/1984 SE RECONOCE A LOS MILITARES QUE SE INCORPORARON AL EJERCITO ANTES DEL 18 DE JULIO DE 1936 Y A QUIENES LO HICIERON DESPUES. A SU JUICIO, LOS PRIMEROS TIENEN RECONOCIDA LA CONDICION DE PROFESIONALES, EN TANTO QUE LOS SEGUNDOS NO. PARA EL LETRADO DEL ESTADO NO CABE CONSIDERAR QUE LOS INTEGRADOS DESPUES DEL 18 DE JULIO HUBIERAN CONSOLIDADO SU EMPLEO Y TUVIERAN LA CONDICION DE PROFESIONALES, PUESTO QUE LAS DISPOSICIONES EN LAS QUE JUSTIFICAN TAL CONDICION PROFESIONAL, NO LLEGARON A ADQUIRIR EFICACIA EN NUESTRO ORDENAMIENTO EN VIRTUD DEL DECRETO DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1936 (DICTADO POR LAS AUTORIDADES MILITARES SUBLEVADAS CONTRA LA LEGALIDAD REPUBLICANA). EN RESUMEN, PARA EL LETRADO DEL ESTADO EL CRITERIO ADOPTADO POR EL LEGISLADOR NO ES ARBITRARIO O IRRACIONAL, PUES LAS CIRCUNSTANCIAS DE ACCESO Y CONSOLIDACION DE EMPLEO DE UNOS Y OTROS SON RADICALMENTE DISTINTAS.
8. COMO EN TODO SUPUESTO EN EL QUE SE PLANTEA LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA DIFERENCIA DE TRATO POR FALTA DE OBJETIVIDAD Y RACIONALIDAD, PARA RESOLVER LA PRESENTE CUESTION RESULTA IMPRESCINDIBLE PARTIR DE LA IDENTIFICACION DEL TERMINO DE COMPARACION EN RELACION CON EL CUAL SE PRETENDE FUNDAMENTAR EL CARACTER DISCRIMINATORIO DEL TRATAMIENTO DIFERENCIADO. LA SALA PROPONENTE HA IDENTIFICADO ESTE TERMINO DE COMPARACION EN EL TRATO QUE LA LEY 37/1984 HA VENIDO A OTORGAR A LOS MILITARES PROFESIONALES QUE CONSOLIDARON SU EMPLEO CON ANTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936, SIENDO ESTA DISTINCION BASADA EN UN EXCLUSIVO CRITERIO TEMPORAL SOBRE LA QUE SE HAN FORMULADO LAS RESPECTIVAS ALEGACIONES. AUNQUE ES CORRECTA LA DELIMITACION COMPARATIVA QUE EFECTUA LA SALA, SOLO CABE ACEPTARLA PARCIALMENTE, PORQUE ESTE ANALISIS AISLADO DE LA LEY 37/1984 NO PERMITE POR SI SOLO DAR UNA RESPUESTA ADECUADAD A LA CUESTIONADA VALIDEZ DE LA MISMA A LA LUZ DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION. CONTEMPLADA, EN EFECTO, EN EL CONTEXTO DE LA LEGISLACION DE AMNISTIA, Y DESDE LOS POSTULADOS DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, LA LEY OFRECE UNA ESTRUCTURA RELATIVAMENTE COMPLEJA Y DESPLIEGA UNA PLURALIDAD DE EFECTOS O DE CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE ES PRECISO EXAMINAR POR SEPARADO.
ASI, EN LO TOCANTE A SU TITULO I, CABE DESTACAR EN EL MISMO UN DOBLE EFECTO DESDE LA PERSPECTIVA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD. EN PRIMER LUGAR Y EN CONSONANCIA CON LA FINALIDAD ORIGINARIA QUE ANIDABA EN LA PROPOSICION DE LEY, EN ESTE TITULO I DE LA LEY SE HA VENIDO A PONER FIN A UNA DISTINCION DE TRATO ENTRE LOS MILITARES Y LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA REPUBLICA, AL RECONOCER A LOS PRIMEROS LA CONDICION DE RETIRADOS, PROCEDIENDO DE ESTE MODO A LA EQUIPARACION ENTRE AMBAS CATEGORIAS DE FUNCIONARIOS, CON LA SALVEDAD DE LA REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO A LA QUE AQUELLOS SEGUIRAN SIN PODER ACOGERSE. PERO ESTA ULTIMA DISTINCION DEL TRATO NO HA SIDO CUESTIONADA, SIN DUDA PORQUE SU CONSTITUCIONALIDAD FUE YA ADMITIDA EN LA STC 63/1983, EN VIRTUD DE LO QUE EN LA MISMA SE CALIFICABAN COMO
HAY QUE ADVERTIR, SIN EMBARGO, Y ESTE ES EL SEGUNDO EFECTO DEL TITULO I DE LA LEY, QUE LA EQUIPARACION ANTES DICHA NO HA ALCANZADO A TODOS LOS FUNCIONARIOS MILITARES AL SERVICIO DE LA REPUBLICA, SINO SOLO A UNA PARTE DE LOS MISMOS: AQUELLOS QUE HUBIERAN CONSOLIDADO SU EMPLEO CON ANTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936. COMO CONSECUENCIA DE ESTE LIMITE TEMPORAL, CONTENIDO EN EL ART. 1 POR REMISION AL MISMO ARTICULO DEL REAL DECRETO-LEY 6/1978, QUE RESTRINGE EL AMBITO SUBJETIVO DE APLICACION DE LA LEY Y DE LOS EFECTOS DE LA AMNISTIA SOLO A UNA PARTE DE LOS MILITARES PROFESIONALES QUE COMBATIERON EN EL EJERCITO REPUBLICANO, PERSISTE, EN EFECTO, LA DISTINCION DE TRATO ENTRE LOS FUNCIONARIOS CIVILES Y LOS FUNCIONARIOS MILITARES QUE CONSOLIDARON SU EMPLEO CON POSTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936, ENTRE LOS CUALES SE MANTIENEN DIFERENCIAS SOBRE CUYA CONSTITUCIONALIDAD ESTAMOS LLAMADOS A PRONUNCIARNOS.
ES AQUI JUSTAMENTE DONDE HA DE SITUARSE EL TERMINO DE COMPARACION CORRECTO PARA PODER JUZGAR CON ACIERTO ACERCA DE LA EXCLUSION DE LOS EFECTOS PRINCIPALES DE LA AMNISTIA QUE LA LEY CUESTIONADA CONSAGRA POR LO QUE HACE A LOS MILITARES PROFESIONALES DE LA REPUBLICA POSTERIORES A LA FECHA TANTAS VECES CITADA. PUES, EN EFECTO, FRENTE AL PLANTEMIENTO DE LA SALA PROPONENTE, NO DISCUTIDO POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO NI POR EL LETRADO DEL ESTADO, EL TERTIUM COMPARATIONIS NO ES TANTO EN ESTE CASO EL TRATO LEGAL OTORGADO POR LA LEY 37/1984 A LOS MILITARES ANTERIORES AL 18 DE JULIO DE 1936, CUANTO LA SITUACION Y EL TRATO DISPENSADO POR LA LEGISLACION DE AMNISTIA A LOS FUNCIONARIOS CIVILES QUE CONSOLIDARON SU EMPLEO CON POSTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936. ES ESA ULTIMA DISTINCION DE TRATO ENTRE FUNCIONARIOS CIVILES Y FUNCIONARIOS MILITARES, TODOS ELLOS POSTERIORES A LA REBELION MILITAR DISTINCION CIERTAMENTE NO CREADA POR LA LEY 37/1984, PERO SI MANTENIDA POR ELLA EN SU ARTICULO 1. LA QUE REQUIERE UN ENJUICIAMIENTO DESDE LOS POSTULADOS DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION.
EL TITULO II DE LA LEY, POR SU PARTE, HA VENIDO A OTORGAR ALGUNOS DERECHOS, DE ENTIDAD MUY INFERIOR A LOS RECONOCIDOS EN EL TITULO I, A
9. FIJADOS ASI LOS TERMINOS DE COMPARACION QUE DELIMITAN LA PRESUNTA DISCRIMINACION QUE LA SALA PROPONENTE REPROCHA A LA LEY 37/1984, EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONSISTE EN DETERMINAR SI VULNERA O NO EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION LA DISTINCION DE TRATO QUE DICHA LEY MANTIENE ENTRE LOS FUNCIONARIOS CIVILES Y LOS FUNCIONARIOS DEL EJERCITO REPUBLICANO QUE OBTUVIERON CON CARACTER EFECTIVO SU EMPLEO CON POSTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936. DE ACUERDO CON CUANTO LLEVAMOS DICHO Y, DE MODO SINGULAR, CON LA DOCTRINA SENTADA EN NUESTRA STC 63/1983, LA RESPUESTA HA DE SER AFIRMATIVA.
EN AQUELLA OCASION ESTE TRIBUNAL DECLARO INEQUIVOCAMENTE QUE, SIN PERJUICIO DE QUE ENTRE LA FUNCION PUBLICA CIVIL Y LA INTEGRADA EN LAS FUERZAS ARMADAS EXISTAN ELEMENTOS DIFERENCIADORES QUE PODRIAN RECLAMAR MODULOS DISTINTOS S EN ALGUNOS DE LOS EFECTOS REINTEGRADORES QUE SON PROPIOS DE LA LEGISLACION DE AMNISTIA (ENTRE LOS CUALES CABIA DESTACAR LA NO REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS MILITARES), AMBAS SITUACIONES
ARGUMENTAN, CON TODO, A ESTE RESPECTO EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL LETRADO DEL ESTADO QUE LA LEY 37/1984 HA RESPETADO LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL AL DETERMINAR, DEBE SUPONERSE QUE IMPLICITAMENTE, QUE A PARTIR DEL COMIENZO DE LA GUERRA NO HABRIA HABIDO INGRESOS EN LAS FUERZAS ARMADAS REPUBLICANAS QUE, EN LOS TERMINOS DE NUESTRA REPETIDA SENTENCIA, REUNIERAN LAS CONDICIONES DE PROFESIONALIDAD QUE LOS EQUIPARASEN A LOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA GUERRA. PERO ESTA CONSIDERACION NO PUEDE SER ATENDIDA, PORQUE AQUELLA DOCTRINA PARTE YA DE LA EXISTENCIA DE
FINALMENTE, TAMPOCO CABE ACEPTAR LA ALEGACION, EXPRESADA CON DISTINTO ENFASIS POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL LETRADO DEL ESTADO, DE QUE LAS DISPOSICIONES EN LAS QUE LOS RECURRENTES EN EL PROCESO A QUO PRETENDEN FUNDAMENTAR SUS DERECHOS NUNCA GOZARON DE EFICACIA EN NUESTRO ORDENAMIENTO, INVOCANDO AL RESPECTO LA DOCTRINA SOSTENIDA EN LA SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA DE ESTE TRIBUNAL 28/1982, DE 26 DE MAYO. EL ARGUMENTO ES CUANDO MENOS ESPECIOSO, PORQUE, CON INDEPENDENCIA DE QUE TALES DISPOSICIONES GOZARON DE LA MISMA VIGENCIA Y EFICACIA QUE LAS CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA REPUBLICA, EN AQUELLA QUEJA DE AMPARO LO QUE SE PRETENDIA ERA LA APLICACION DE AQUELLAS DISPOSICIONES COMO VALIDAS Y VIGENTES EN LA ACTUALIDAD, MIENTRAS QUE EN LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD RESULTA IRRELEVANTE LA EFICACIA O NO DE LAS MISMAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO, PUES AHORA SE TRATA SOLO DE SABER SI LAS REFERIDAS DISPOSICIONES Y SUS ACTOS DE APLICACION PERMITEN O NO, AUN SIN OTRA CONSIDERACION QUE LA DE PUROS FACTA , DETERMINAR EL CARACTER MERAMENTE PROVISIONAL O, POR EL CONTRARIO, DEFINITIVO Y, POR TANTO, PROFESIONAL DE LOS NOMBRAMIENTOS O EMPLEOS CONFERIDOS POR LA ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA. DETERMINACION ESTA QUE ESCAPA A NUESTRA INCUMBENCIA Y QUE, EN LO QUE CONCIERNE A LOS DEMANDANTES EN EL PROCESO A QUO , HABRA DE SER DILUCIDADA POR LA SALA PROPONENTE.
TODO LO CUAL PERMITE CONCLUIR QUE, UNA VEZ QUE EL LEGISLADOR HA APLICADO EL CRITERIO DE LA PROFESIONALIDAD A LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA REPUBLICA, PARA HACERLES ACREEDORES A LA PLENITUD DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA LEGISLACION DE AMNISTIA, SIN ATENDER AL MOMENTO DE SU INCORPORACION A LA ADMINISTRACION O, LO QUE ES IGUAL, SIN REFERENCIA ALGUNA A SI DICHA INCORPORACION SE PRODUJO ANTES O DESPUES DEL COMIENZO DE LA GUERRA CIVIL, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD OBLIGA A LA APLICACION DE IDENTICO CRITERIO A LOS FUNCIONARIOS MILITARES PROFESIONALES, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA FECHA ANTERIOR O POSTERIOR AL 18 DE JULIO DE 1936 DE SUS NOMBRAMIENTOS O DE LA CONSOLIDACION DE SUS EMPLEOS CON CARACTER DEFINITIVO. PROCEDE, POR TANTO, DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL ART. 1 DE LA LEY 37/1984 EN LO QUE CONCIERNE AL MANTENIMIENTO DE LA DISCRIMINACION EXISTENTE ENTRE LOS FUNCIONARIOS CIVILES Y LOS FUNCIONARIOS MILITARES DE LA REPUBLICA QUE, CON CARACTER PROFESIONAL, INGRESARON EN EL EJERCITO CON POSTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936, DEBIENDO ENTENDERSE QUE ESTOS ULTIMOS TIENEN LOS MISMOS DERECHOS QUE EL ART. 2 DE LA LEY 37/1984 RECONOCE A LOS MILITARES PROFESIONALES DE LA REPUBLICA INGRESADOS EN EL EJERCITO CON ANTERIORIDAD AL COMIENZO DE LA GUERRA CIVIL. DEL MISMO MODO, PROCEDE DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL ART. 4 DE LA LEY CUESTIONADA, DE CUYO AMBITO SUBJETIVO DE APLICACION HAN DE ENTENDERSE EXCLUIDOS LOS MILITARES PROFESIONALES DE LA REPUBLICA QUE HUBIEREN OBTENIDO O CONSOLIDADO SUS EMPLEOS DEFINITIVOS ENTRE EL 18 DE JULIO DE 1936 Y EL 1 DE ABRIL DE 1939.
10. LAS CONCLUSIONES ANTERIORES OBLIGAN A PRECISAR EL ALCANCE DE NUESTRO FALLO. ESTA PRECISION ES TANTO MAS NECESARIA CUANTO QUE LA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN QUE INCURRE EL ART. 1 DE LA LEY CUESTIONADA, AL EXCLUIR DEL AMBITO DE APLICACION DE SU TITULO I A LOS MILITARES PROFESIONALES QUE INGRESARON EN EL EJERCITO DE LA REPUBLICA CON POSTERIORIDAD AL 18 DE JULIO DE 1936, NO ES EL RESULTADO DE UNA MENCION EXPRESA DE LA CITADA FECHA EN ALGUN INCISO O PARRAFO DE AQUEL PRECEPTO, SINO DE UNA REMISION AL CONTENIDO NORMATIVO DE PRECEPTOS LEGALES ANTERIORES. ELLO IMPIDE LA INVALIDACION PARCIAL DEL TEXTO LEGAL CUESTIONADO POR ELIMINACION DE AQUELLA PARTE DEL MISMO CAUSANTE DE LA DISCRIMINACION, NO SIENDO POSIBLE TAMPOCO QUE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD AFECTE A LA TOTALIDAD DEL ART. 1, PUESTO QUE, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA IGUALDAD JURIDICA A QUE LOS MILITARES PROFESIONALES DE LA REPUBLICA TIENEN DERECHO, NINGUN REPROCHE CABE HACER AL RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA AMNISTIA PLENA QUE LA LEY LLEVA A CABO CON RELACION A LOS MILITARES PROFESIONALES REPUBLICANOS ANTERIORES AL COMIENZO DE LA GUERRA CIVIL, QUE RECIBEN ASI EL MISMO TRATO QUE EL DISPENSADO A LOS FUNCIONARIOS CIVILES. POR LO MISMO, TAMPOCO CABE LA ANULACION TOTAL DEL ART. 4 DE LA LEY CUESTIONADA, CUYA VALIDEZ NO PUEDE SER DISCUTIDA EN LO QUE AFECTA A AQUELLAS PERSONAS QUE, CON CARACTER PROVISIONAL O NO PROFESIONAL, HUBIESEN INGRESADO DESPUES DEL 18 DE JULIO DE 1936 EN LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REPUBLICA, HABIENDO OBTENIDO EMPLEO O GRADO MILITAR DE, AL MENOS, SUBOFICIALES ANTES DEL TERMINO DE LA GUERRA CIVIL.
LA COMPLEJA DIVERSIDAD DE SITUACIONES QUE LOS PRECEPTOS DE LA LEY CUESTIONADA CONTEMPLA Y LA PECULIARIDAD DE LA TECNICA LEGISLATIVA EMPLEADA PARA ACOTAR EL AMBITO DE APLICACION DE SU TITULO I OBLIGAN, EN CONSECUENCIA, A QUE EN EL FALLO DE ESTA NUESTRA SENTENCIA DECLAREMOS EXPRESAMENTE CUALES SON LOS ASPECTOS DISCRIMINATORIOS DE LOS QUE AQUELLOS PRECEPTOS DEBEN SER DEPURADOS PORINCONSTITUCIONALES, MANTENIENDO AL TIEMPO LA VALIDEZ DE AQUELLA OTRA PARTE DE SU CONTENIDO NORMATIVO QUE, POR NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, SE AJUSTA PLENAMENTE A LA CONSTITUCION.
FALLO
EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,HA DECIDIDO:
ESTIMAR PARCIALMENTE LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y, EN CONSECUENCIA:
1. DECLARAR QUE EL ART. 1 DE LA LEY 37/1984, DE 22 DE OCTUBRE, ES PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NULO EN CUANTO EXCLUYE DEL AMBITO DE APLICACION DEL TITULO I DE LA MISMA A LOS MILITARES PROFESIONALES QUE INGRESARON EN LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REPUBLICA DESPUES DEL 18 DE JULIO DE 1936.
2. DECLARAR QUE EL ARTICULO 4 DE LA LEY 37/1984, DE 22 DE OCTUBRE, ES PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NULO EN CUANTO INCLUYE EN EL AMBITO DE APLICACION DEL TITULO II DE LA MISMA A LOS MILITARES PROFESIONALES MENCIONADOS EN EL NUMERO ANTERIOR.
3. DESESTIMAR LA CUESTION EN TODO LO DEMAS .
PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL
DADA EN MADRID, A SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. FIRMADO:
FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. GLORIA BEGUE CANTON. ANGEL LATORRE SEGURA.
FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO PONCE DE LEON. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS.
EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. RUBRICADO.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE Y DON LUIS DIEZ-PICAZO, A LA SENTENCIA DICTADA EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 107/86 NO HEMOS COMPARTIDO LA OPINION DE LA MAYORIA EN ESTA SENTENCIA Y HEMOS VOTADO A FAVOR DE LA DESESTIMACION DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ASUNTO PLANTEABA DOS TIPOS DE CUESTIONES, RELATIVAS UNAS A LA TECNICA JURIDICO-CONSTITUCIONAL Y LAS OTRAS AL PROBLEMA SUSTANTIVO DE FONDO. POR LO QUE SE REFIERE AL PRIMER GRUPO DE PROBLEMAS, CREEMOS QUE LA CUESTION SE ENCONTRABA DESDE EL PRINCIPIO MAL PLANTEADA. COMO SE HA RECORDADO EN MULTITUD DE OCASIONES, AL ENJUICIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EL TRIBUNAL ACTUA ADOPTANDO EL PAPEL DE LO QUE SE HA LLAMADO UN
POR LO QUE SE REFIERE AL SEGUNDO TIPO DE CUESTIONES, ENTENDEMOS QUE LAS DIFERENCIACIONES ENTRE CATEGORIAS DE PERSONAS QUE EL TEXTO LEGAL TOMA EN CONSIDERACION NO CARECIAN DE FUNDAMENTO RAZONABLE, DE SUERTE QUE EL LEGISLADOR ERA LIBRE DE ESTABLECER, RESPECTO DE CADA UNA DE ELLAS, REGIMENES JURIDICOS DIFERENCIADOS. NO SE TRATA DE JUZGAR UNA VEZ MAS HAY QUE REPETIRLO LA BONDAD O LA JUSTICIA INTRINSECA DE LA NORMA, COSA QUE LA PROPIA SENTENCIA PUNTUALIZA AL EXCLUIR LA ALEGACION RELATIVA AL ART. 1.1 DE LA CONSTITUCION.
LA LEY TIENE POR OBJETO RECONOCER SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y DERIVA DE ESE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS EL COBRO DE PENSIONES O EL DISFRUTE DE BENEFICIOS. EN ESE SENTIDO CREEMOS QUE NO ERA ILEGITIMO ESTABLECER UNA DISTINCION ENTRE LOS MILITARES PROFESIONALES QUE HABIAN INICIADO SU EJERCICIO PROFESIONAL ANTES DE LA GUERRA CIVIL Y LOS QUE LO HABIAN INICIADO DESPUES, PUES UNA INTELIGENCIA ESTRICTA DE LA IDEA DE PROFESIONALIDAD PUEDE PERMITIR ESA DIFERENCIACION. POR OTRA PARTE, NO PARECE QUE SEA CONSTITUCIONALMENTE OBLIGADO OTORGAR EL MISMO TRATAMIENTO JURIDICO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES MILITARES QUE A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION CIVIL. TODO ELLO HACIA POSIBLE LA DIFERENCIA DE REGIMENES JURIDICOS EN PUNTO A LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS RECONOCIDOS Y, POR CONSIGUIENTE, LA IMPOSIBILIDAD DE ANULARLA COMO INCONSTITUCIONAL.
OBSERVESE, ADEMAS, QUE EN LA LEY 37/1984 NO PODIA HABLARSE YA DE AMNISTIA.
AUN CUANDO SE PUEDE DISCUTIR SI UNA LEGISLACION DE AMNISTIA, COMO DERECHO EXCEPCIONAL, EXIGE O NO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y DANDO POR SUPUESTA LA RESPUESTA AFIRMATIVA ELLO JUEGA EN PUNTO AL HECHO MISMO DE LA AMNISTIA, MIENTRAS QUE AQUI SE TRATABA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS Y DE CONCESION DE DERECHOS Y BENEFICIOS DERIVADOS DE ESE RECONOCIMIENTO. LA MISMA SENTENCIA RECONOCE LA POSIBILIDAD DE DIFERENCIACION, ENTRE FUNCIONARIOS CIVILES Y MILITARES, EN PUNTO A LA REINCORPORACION O NO REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO.
MADRID, A NUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. FIRMADO:
FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO PONCE DE LEON. RUBRICADO.