SENTENCIA 123/1988, DE 23 DE JUNIO, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMERO 955/1986 CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 3/1986, DE 29 DE ABRIL, DE NORMALIZACION LINGUISTICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES. - Boletín Oficial del Estado, de 12-07-1988

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE, DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 955/86, PROMOVIDO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REPRESENTADO POR EL LETRADO DEL ESTADO, CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 3/1986, DE 29 DE ABRIL, DE NORMALIZACION LINGUISTICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES. HAN COMPARECIDO EL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE, EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DON PEDRO A. AGUILO MONJO, Y HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON LUIS LOPEZ GUERRA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. EL LETRADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTS. 5.2; 7.1, ULTIMO PARRAFO; 10.1, PARRAFO SEGUNDO; 13 Y 20.2 DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES 3/1986, DE 29 DE ABRIL, DE NORMALIZACION LINGUISTICA, CON INVOCACION DEL ART. 161.2 DE LA CONSTITUCION, PIDIENDO QUE, TRAS LOS TRAMITES PROCEDENTES, ESTE TRIBUNAL .

LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO, PARTIENDO DE LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL DERIVADA DE LAS SENTENCIAS YA RECAIDAS RESPECTO DE LAS LEYES DE NORMALIZACION LINGUISTICA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEL PAIS VASCO, CATALUÑA Y GALICIA, REALIZA SEPARADAMENTE LA FUNDAMENTACION DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

A) POR LO QUE RESPECTA AL ART.

5.2 DE LA LEY IMPUGNADA, AFIRMA QUE DICHO PRECEPTO INCORPORA EL MISMO CONTENIDO NORMATIVO QUE EN SU DIA FUE DECLARADO INCONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL ART. 4.2 DE LA LEY CATALANA DE NORMALIZACION LINGUISTICA. ELLO SUPONE QUE LA LEGITIMACION QUE EL PRECEPTO DA AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA PARA ACTUAR EJERCIENDO ACCIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS INTRODUCE UN NUEVO SUPUESTO DE LEGITIMACION EN FAVOR DE DICHO GOBIERNO, EN DEFENSA DEL DERECHO E INTERESES DE TERCEROS, QUE INNOVA EL ORDENAMIENTO PROCESAL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ESTA LEGITIMACION VULNERA EL ART. 149.1 6 Y 18, DE LA C. E. SIN QUE NINGUNA ESPECIALIDAD DERIVADA DEL DERECHO SUSTANTIVO NI DE LA ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA JUSTIFIQUE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTA INNOVACION PROCESAL.

B) EN RELACION CON EL ULTIMO PARRAFO DEL ART. 7.1 DE LA LEY IMPUGNADA, SU COINCIDENCIA LITERAL CON EL DECLARADO INCONSTITUCIONAL EN SU DIA DE LA LEY CATALANA, PERMITE REMITIRSE AL FUNDAMENTO JURIDICO 3. DE LA STC 83/1986, PARA JUSTIFICAR LA INFRACCION POR PARTE DE ESTE PRECEPTO DE LA SEGURIDAD JURIDICA, DEL ART.

24.1 DE LA C. E. EN RELACION CON LOS ARTS. 3.2 DE LA C. E. Y 3.2 DEL ESTATUTO, Y LA INVASION DE LA COMPETENCIA RESERVADA AL ESTADO EN EL ART. 149.1.8 DE LA C. E.

C) EL ART. 10.1, PARRAFO SEGUNDO, COINCIDE CON EL ART. 6 NUM.

2 DE LA LEY BASICA DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA, CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE MOTIVO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 9. DE LA STC 82/1986. LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA INTRODUCIDA POR LA NORMA BALEAR NO ES SUFICIENTE, A JUICIO DEL LETRADO DEL ESTADO, PARA JUSTIFICAR LA RUPTURA DE LA SITUACION DE IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO, NI LA VULNERACION DEL ART.

3 DE LA C. E. EN CUANTO QUE SE EXCLUYE EL USO OFICIAL DEL CASTELLANO, PESE A SER LA LENGUA ELEGIDA POR UNA DE LAS PARTES.

D) EL ART. 13 DE LA LEY IMPUGNADA REGULA LA COOFICIALIDAD LINGUISTICA EN EL AMBITO DE LA ORGANIZACION MILITAR. DICHO PRECEPTO ROMPE EL REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA Y, SUBSIDIRIAMENTE, INCURRE EN UNA INCONSTITUCIONALIDAD MATERIAL.

LA PARTICULAR CONFIGURACION JURIDICA DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS, QUE, ARRANCANDO DE LA CONSTITUCION (ARTS. 8, 9, 149.1 4), SE PROLONGA EN LAS LEYES ORGANICAS 6/1980 Y 1/1984, IMPIDE APLICARLES LA CONSIDERACION DE PODER PUBLICO ESTATAL EN EL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. AUNQUE, EVIDENTEMENTE, LAS FUERZAS ARMADAS SE DESPLIEGAN TERRITORIALMENTE, NO EXISTE NINGUNA CORRELACION ENTRE LA ORGANIZACION DE ESTE PODER PUBLICO Y LA DIVISION TERRITORIAL DEL ESTADO EN COMUNIDADES AUTONOMAS, COMO SUCEDE CON OTROS PODERES (ADMINISTRACION PERIFERICA DEL ESTADO, ADMINISTRACION DE JUSTICIA). EN EL AMBITO DE LA ORGANIZACION MILITAR NO SE PREVE NINGUNA INCIDENCIA DE COMPETENCIAS AUTONOMICAS, PUDIENDOSE DUDAR, INCLUSO, A LA VISTA DEL TITULO IV DE LA LEY ORGANICA PREVISTA POR EL ART. 8 DE LA CONSTITUCION, DE SI LA FUNCION DE REPRESENTACION ORDINARIA DEL ESTADO RESERVADA PARA EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ALCANZA EL AMBITO DE LA ORGANIZACION MILITAR.

LA CONCLUSION DE LO ANTERIOR ES QUE AL NO SER PROPIAMENTE LAS FUERZAS ARMADAS PODER PUBLICO LA COMUNIDAD NO DEBE ADAPTARSE A LA SITUACION DEL BILENGUISMO.

POR OTRA PARTE, EL LETRADO DEL ESTADO SEÑALA QUE LA DOCTRINA DE LA STC 82/1986 ESTABLECIO QUE LA LEGISLACION AUTONOMICA NO PUEDE IR MAS ALLA DE DECLARACIONES GENERALES SOBRE COOFICIALIDAD RESPECTO DE LOS PODERES CENTRALES, SIN EXTENDERSE A LA ORDENACION CONCRETA, NI IMPONIENDO AL ESTADO OBLIGACION ALGUNA INMEDIATAMENTE EXIGIBLE. POR ELLO, AUNQUE SE ENTENDIERA QUE LA DECLARACION GENERAL PUDIERA AFECTAR AL AMBITO DE LAS FUERZAS ARMADAS, EL PRECEPTO IMPUGNADO EFECTUA UNA REGULACION CONCRETA E INMEDIATAMENTE EXIGIBLE, SIN QUE LE SEAN APLICABLES, SIN FORZAR SU LITERALIDAD, LAS REFERENCIAS DE LOS ARTS. 33 Y 34 DE LA MISMA LEY, NI LAS PREVISIONES DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE LAS DISPOSICIONES ADICIONAL PRIMERA Y TRANSITORIA PRIMERA.

SUBSIDIARIAMENTE, EL ART. 13 DE LA LEY BALEAR INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD SUSTANTIVA. LA REGULACION QUE HACE SUPONE UNA MODIFICACION DEL ART. 187.1 DE LAS REALES ORDENANZAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, APROBADAS POR LEY 85/1987, DE 28 DE DICIEMBRE. ESTE ULTIMO PRECEPTO DA UNA SOLUCION AL PROBLEMA DEL USO DEL IDIOMA EN EL SENO DE LAS FUERZAS ARMADAS.

SI FUERAN DIRECTAMENTE LA NORMA CONSTITUCIONAL Y LA DECLARACION ESTATUTARIA LAS QUE FUNDARAN LA MODIFICACION DE LA LEY ESTATAL, LIMITANDOSE LA LEY AUTONOMICA A EXPLICITAR SUS CONSECUENCIAS, LA LEY ESTATAL SERIA INCONSTITUCIONAL. SI, EN CAMBIO, LA NORMA ESTATAL ES ACORDE CON LA CONSTITUCION, LA LEY BALEAR INVADIRIA EL AMBITO COMPETENCIAL AJENO. TRAS JUSTIFICAR LA REGULARIDAD DE LA LEY ESTATAL DEDUCE LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA AUTONOMICA.

E) EL ART. 20.2 DE LA LEY IMPUGNADA ESTABLECE COMO REQUISITO, SALVO CIERTAS EXCEPCIONES, PARA OBTENER EL TITULO DE GRADUADO ESCOLAR EL CONOCER LOS IDIOMAS OFICIALES.

LA ABUNDANTE JURISPRUDENCIA SOBRE EL ART. 149.1.30 FUNDAMENTA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTE PRECEPTO POR INVASION DE COMPETENCIAS ESTATALES, CITANDO AL RESPECTO LAS SENTENCIAS DE ESTE TRIBUNAL 5 Y 42/1981, 87 Y 88/1983, 77 Y 93/1985, Y 82/1986.

SEÑALA ADEMAS, LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO, QUE EL HECHO DE NO HABER IMPUGNADO EN SU DIA EL EQUIVALENTE ART. 15 DE LA LEY CATALANA 7/1983, NO LO IMPIDE AHORA, YA QUE NO OBSTA LA DECISION DE EXTENDER LA IMPUGNACION CORRESPONDIENTE A QUIEN ESTA LEGITIMADO PARA ELLO. POR OTRA PARTE, LAS TITULARIDADES COMPETENCIALES SON IRRENUNCIABLES.

F) POR TODO ELLO, EL LETRADO DEL ESTADO CONCLUYE SOLICITANDO LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 5.2, 7.1, ULTIMO PARRAFO, 10.1, PARRAFO SEGUNDO, 13 Y 20.2 DE LA LEY 3/1986, DE 29 DE ABRIL, DE NORMALIZACION LINGUISTICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES.

2. LA SECCION DE VACACIONES DEL TRIBUNAL, POR PROVIDENCIA DE 29 DE AGOSTO DE 1986, ACORDO ADMITIR A TRAMITE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR OTRA PARTE, SE DIO TRASLADO DE LA DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES Y AL GOBIERNO DE ESTA COMUNIDAD AUTONOMA, COMUNICANDOSE A LOS PRESIDENTES DE ESTOS ULTIMOS LA SUSPENSION DE LA VIGENCIA Y APLICACION DE LA LEY IMPUGNADA POR HABERSE INVOCADO EL ART. 161.2 DE LA C. E.

EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES SE PERSONO Y PRESENTO ALEGACIONES EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1986. EL ABOGADO REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES, MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EL DIA 24 DEL MISMO MES, SE PERSONO Y FORMULO ALEGACIONES.

3. EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, EN SU ESCRITO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1986, FORMULO LAS ALEGACIONES QUE ESTIMO CONVENIENTE Y QUE PUEDEN SINTETIZARSE ASI:

A) EN RELACION CON LA IMPUGNACION DEL ART. 5.2 DE LA LEY BALEAR DE NORMALIZACION LINGUISTICA, PARTE EL ESCRITO DE CONSIDERAR QUE, AUNQUE LA STC 83/1986 RESOLVIO UN TEMA SIMILAR, LA JURISPRUDENCIA PUEDE SER CAMBIANTE ADECUANDOSE A LA REALIDAD SOCIAL (ART. 3.1 DEL CODIGO CIVIL), SIENDO EL TERRENO DEL HECHO LINGUISTICO UNO DE LOS QUE MAS RAPIDAMENTE SE TRANSFORMA EN ESPAÑA. ENTRANDO EN LA VALORACION DEL PRECEPTO, EL ESCRITO DEFIENDE, NO SOLO SU CONSTITUCIONALIDAD PARCIAL, COMO PODRIA DERIVARSE DEL VOTO PARTICULAR FORMULADO A AQUELLA SENTENCIA, SINO, TAMBIEN, SU TOTAL ADECUACION A LA NORMA FUNDAMENTAL. UN CORRECTO ENTENDIMIENTO DEL CARACTER ESENCIAL DEL HECHO LINGUISTICO RESPECTO DE LAS AUTONOMIAS, LLEVA A LA CONCLUSION DE QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA SIEMPRE ESTARA INTERESADA EN LO QUE A EL RESPECTE, CONDUCIENDO, EN CONSECUENCIA, A RECONOCER LEGITIMACION EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PARA QUE PUEDA PRESERVAR LA IDENTIDAD DE LA LENGUA. DE ESTA FORMA, EL ART. 5.2 NO ES MAS QUE MERA TRANSPOSICION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE, TECNICA LEGISLATIVA ESTA ACEPTADA REITERADAMENTE POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

B) POR LO QUE RESPECTA A LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 7.1, SE REMITE EL RECURRENTE TAMBIEN AL VOTO PARTICULAR ANTES CITADO. SEÑALA EL ESCRITO QUE NO PUEDE DERIVARSE INSEGURIDAD JURIDICA AL DEL SIMPLE HECHO DE QUE EL TEXTO CATALAN JUEGUE UN PAPEL RELEVANTE PARA LA INTERPRETACION, COMO LO JUEGAN LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. EL QUE LOS MAXIMOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE ESPAÑA ESTEN FUERA DEL TERRITORIO DE HABLA CATALANA NADA EMPECE PARA QUE EN SUS DECISIONES, QUE CREAN JURISPRUDENCIA, LOS TEXTOS REDACTADOS EN CATALAN TENGAN SU DEBIDO PESO. ELLO SOLO ES UNA CONSECUENCIA DE LA COOFICIALIDAD.

C) EN RELACION CON EL ART. 10.1, PARRAFO SEGUNDO, LA IMPUGNACION AMPARADA SOLAMENTE EN LA STC 82/1986, NO ES DE RECIBO, YA QUE EL SUPUESTO EN ELLA CONTEMPLADO ERA DISTINTO. EN AQUEL CASO, LEY VASCA, SE HACIA UNA REFERENCIA AL <...DERECHO DE LAS PARTES A SER INFORMADOS EN LA LENGUA QUE DESEEN>. POR EL CONTRARIO, EN EL PRECEPTO IMPUGNADO, SE SALVA . SER INFORMADO ES MUCHO MAS VAGO QUE GARANTIZAR LA TRADUCCION, QUE MANTIENE LA ABSOLUTA IGUALDAD DE LAS PARTES.

D) POR LO QUE SE REFIERE A LA IMPUGNACION DEL ART. 13 DE LA LEY, LA REPRESENTACION DEL PARLAMENTO BALEAR INVOCA LA STC 82/1986, EN CUANTO QUE ESTABLECIA QUE LA DECLARACION DE UNA LENGUA ESPAÑOLA DISTINTA DEL CASTELLANO COMO OFICIAL DEBIA AFECTAR TAMBIEN A LOS PODERES PUBLICOS DEL ESTADO RADICADOS EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDIENTE, ENTRE LOS QUE HAY QUE INCLUIR LAS FUERZAS ARMADAS, INVOCANDO COMO INTERPRETACION AUTENTICA A CONTRARIO EL VOTO PARTICULAR FORMULADO POR EL MAGISTRADO DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE. EN CONTRA DE LO MANTENIDO POR EL LETRADO DEL ESTADO, ENTIENDE EL PARLAMENTO BALEAR EN SUS ALEGACIONES QUE EL HECHO DE QUE LA FUNCION DE LAS FUERZAS ARMADAS EXCEDA DEL AMBITO DE INTERESES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA NO EXCLUYE LA APLICACION DE LA NORMATIVA DE ESTA. LAS EXCEPCIONES PROVIENEN DE LAS CARACTERISTICAS DE SU FUNCION, SIENDO LA REGLA GENERAL SU SOMETIMIENTO. EN CONSECUENCIA, EN LO QUE NO SE VEA AFECTADO POR LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO, HAN DE RESPETARSE LAS NORMAS DE LA COOFICIALIDAD.

TRAS ENTENDER QUE EL ART. 187.1 DE LAS REALES ORDENANZAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, SIN PRONUNCIARSE SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD, ESTABLECE UNA INTERPRETACION MENOS ACORDE CON EL ESPIRITU CONSTITUCIONAL QUE LA REALIZADA POR LA LEY IMPUGNADA, CONCLUYE ESTABLECIENDO QUE LOS EFECTOS INMEDIATOS DEL ART. 13 SON LOS QUE LE PERMITEN LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, SIN QUE IMPLIQUEN UNA INTROMISION EN LAS COMPETENCIAS ORGANIZATIVAS ESTATALES.

E) EN RELACION CON EL ART. 20.2 DE LA LEY, ESTIMA LA REPRESENTACION DEL PARLAMENTO AUTONOMICO QUE DICHO PRECEPTO NO REGULA LA EXPEDICION DEL TITULO DE GRADUADO ESCOLAR, SINO QUE ESTABLECE EL ALCANCE DE LA COOFICIALIDAD RESPECTO DEL MISMO. LA COOFICIALIDAD SUPONE UN DEBER DE ASEGURAR EL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS OFICIALES, LO QUE OBLIGA A SU APRENDIZAJE EN EL NIVEL BASICO DE ENSEÑANZA SI NO SE QUIERE CONVERTIR A AQUELLA EN UNA .

ENTIENDE, ASIMISMO, Y A FORTIORI , QUE LA INTERPRETACION HECHA POR EL LETRADO DEL ESTADO DEL ART. 149.1.30 DE LA CONSTITUCION ES EXCESIVAMENTE EXTENSIVA Y LLEVARIA A LA INCONSTITUCIONALIDAD, POR EJEMPLO, DEL ART. 14 DEL ESTATUTO BALEAR Y DE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, 2 C), DE LA LEY ORGANICA DEL DERECHO A LA EDUCACION, DE 3 DE JULIO DE 1985, POR DEJAR UN MARGEN DE ACCION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. RECUERDA, ADEMAS, QUE UNA SOLUCION SEMEJANTE FUE ADOPTADA POR LA LEY ORGANICA DEL ESTATUTO DE CENTROS ESCOLARES DE 1980, SIN QUE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAIDAS SOBRE AMBAS NORMAS HICIERAN OBJECION ALGUNA A LA SOLUCION ADOPTADA. NADA IMPIDE, PUES, QUE LOS PODERES CENTRALES DIFIERAN LA REGULACION DE ALGUNOS EXTREMOS SOBRE CONDICIONES DE EXPEDICION DE TITULOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN CUALQUIER CASO, POR LO DEMAS, EL ESTADO ESTA OBLIGADO A RESPETAR LAS EXIGENCIAS DE LA COOFICIALIDAD Y ESO ES LO QUE DETERMINA EL ART. 20.2.

F) POR TODO LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES CONCLUYE SU ESCRITO SOLICITANDO QUE SE DECLARE LA VALIDEZ DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS POR SER AJUSTADOS A LA CONSTITUCION.

4. POR ESCRITO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1986, DON PEDRO A. AQUILO MONJO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES, REALIZA LAS ALEGACIONES QUE ESTIMA PERTINENTES Y QUE PUEDEN RESUMIRSE ASI:

PARTE EL LETRADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REALIZACION DE UNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CONCEPTO DE COOFICIALIDAD DE LAS LENGUAS Y EL ALCANCE DE LA NORMALIZACION LINGUISTICA EN BALEARES, PARA ENTRAR POSTERIORMENTE EN EL ANALISIS PARTICULAR DE CADA UNO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

A) COMENZANDO POR EL ART. 5.2, SE MANTIENE QUE DICHO PRECEPTO NO REGULA LA LEGITIMACION PROCESAL, LO QUE INVADIRIA EL ART. 149.1.6 DE LA CONSTITUCION, SINO QUE ENCUENTRA FUNDAMENTO EN LOS ARTS. 10.21 Y 14 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, CONSTITUYENDO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NORMALIZADOR DE LA LENGUA CATALANA IMPUESTO POR ULTIMO PRECEPTO. LA LEGITIMACION PREVISTA POR EL ART.

5.2 NO SUPONE UNA ACTUACION EN DEFENSA DE DERECHOS A INTERESES DE TERCEROS, SINO UNA DEFENSA DEL FOMENTO Y NORMALIZACION DE LA LENGUA CATALANA PROPIA DE LAS ISLAS BALEARES, LO QUE CONSTITUYE UN INTERES Y OBJETIVO QUE EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD ATRIBUYE A LA COMUNIDAD AUTONOMA.

POR ELLO SE TRATA DE UNA MERA NORMA AUTOORGANIZATIVA AMPARADA EN EL ART.

10.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

SUBSIDIRIAMENTE, LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEBERIA LIMITARSE A LA LEGITIMACION PARA EJERCER ACCIONES JUDICIALES, PERO NO A LA CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO ACCIONES POLITICAS O ADMINISTRATIVAS QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS PARA EL FIN PERSEGUIDO: LA NORMALIZACION LINGUISTICA.

B) EN RELACION CON EL ART. 7.1, INCISO 2. , DE LA LEY IMPUGNADA, ENTIENDE LA REPRESENTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO BALEAR QUE DICHO PRECEPTO NO PRETENDE INTRODUCIR UNA REGLA DE INTERPRETACION DE NORMAS, SINO MANIFESTAR CUAL ES EL TEXTO QUE CONTIENE LA VOLUNTAS LEGISL

ATORIS. NO PUEDE SER, PUES, INCONSTITUCIONAL LA DETERMINACION DE CUAL ES EL TEXTO AUTENTICO, QUE ES EL SEGUIDO EN LA TRAMITACION PARLAMENTARIA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE PREFERENCIAS EN FAVOR DE UNA LENGUA OFICIAL O DEMERITO DE OTRA.

C) POR LO QUE AL ART. 10.1, INCISO 2. , RESPECTA, COMIENZA EL ESCRITO SEÑALANDO QUE EL MISMO NO ES EQUIVALENTE AL ART. 6.2 DE LA CORRESPONDIENTE LEY VASCA. RECORDANDO QUE TANTO LA CONSTITUCION, LOS TRATADOS INTERNACIONALES, COMO LA NORMATIVA AUTONOMICA PROSCRIBEN CUALQUIER DISCRIMINACION POR RAZON DE LENGUA, SEÑALA QUE EL ARTICULO IMPUGNADO CONFIGURA UN DERECHO AL USO DEL CATALAN QUE INCORPORA EL DERECHO A SER CONTESTADO POR LA ADMINISTRACION EN EL IDIOMA OFICIAL UTILIZADO, SIN PERJUICIO DEL RITMO PROGRESIVO DE IMPLANTACION ESTABLECIDO.

LA POSTERIOR PERSONACION DE OTRO INTERESADO EN UN PROCEDIMIENTO NO PUEDE HACER DECAER EL ANTERIOR DERECHO SIN QUIEBRA DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION. EL DERECHO DEL SEGUNDO QUEDA ASEGURADO POR EL CORRESPONDIENTE LIBRAMIENTO DE LA TRADUCCION DE TODAS LAS ACTUACIONES. ELLO RESULTA COHERENTE CON EL DEBER QUE TODOS TIENEN DE CONOCER EL CASTELLANO, DEBER QUE EN SI MISMO NO EXIGE COMO UNICA SOLUCION CONSTITUCIONALMENTE POSIBLE QUE LA SOLA PRESENCIA DE UN INTERESADO QUE UTILICE EL CASTELLANO OBLIGUE A QUE TODO EL PROCEDIMIENTO DEBA SEGUIRSE EN ESTA LENGUA.

D) EN RELACION CON EL ART. 13, REFERENTE AL USO DEL CATALAN POR QUIEN REALIZA EL SERVICIO MILITAR Y EN LAS ACTUACIONES MILITARES, SEÑALA EL ESCRITO QUE DICHO PRECEPTO NO SUPONE INNOVACION NORMATIVA, SINO MERA CONCRECION DEL PRINCIPIO GENERAL DE COOFICIALIDAD. LA OFICIALIDAD DE LA LENGUA CATALANA SE BASA EN UN ESTATUTO DE TERRITORIALIDAD Y, POR TANTO, ES PREDICABLE RESPECTO DE TODOS LOS PODERES PUBLICOS RADICADOS EN EL TERRITORIO.

EL PARRAFO SEGUNDO DEL PRECEPTO ES MERA CONCRECION DE LOS PARRAFOS 2. Y 3. DEL ART. 2 DE LA LEY, QUE CONFIGURAN EL DERECHO A DIRIGIRSE EN CATALAN, ORALMENTE O POR ESCRITO, A LA ADMINISTRACION, CONCEPTO ESTE ULTIMO EN EL QUE DEBE INCLUIRSE TAMBIEN LA MILITAR RADICADA EN LAS ISLAS BALEARES.

EL PRECEPTO, POR OTRO LADO, NI SIQUIERA ESTABLECE EL DERECHO DEL CIUDADANO A SER RESPONDIDO EN EL IDIOMA QUE ELIJA.

RESPECTO A LAS CONSIDERACIONES HECHAS POR EL LETRADO DEL ESTADO SOBRE LA IDEA DE QUE LAS FUERZAS ARMADAS NO SON PODER PUBLICO RADICADO EN EL TERRITORIO BALEAR, SE AFIRMA QUE ES UNA REALIDAD LA EXISTENCIA DE UNA ADMINISTRACION MILITAR RADICADA.

EL PRECEPTO, RECUERDA EL ESCRITO, SE LIMITA A DECLARAR EL DERECHO DE TODOS A UTILIZAR LA LENGUA CATALANA Y QUE LAS ACTUACIONES MILITARES QUE SE HAGAN EN DICHA LENGUA SON VALIDAS, SIN CONFIGURAR UN DEBER DE LA ADMINISTRACION MILITAR DE ADAPTACION A LA COOFICIALIDAD, NI DE RESPUESTA EN CATALAN.

SE CONCLUYE ESTE APARTADO MANTENIENDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART.

187.1 DE LAS REALES ORDENANZAS DE LAS FUERZAS ARMADAS POR DESCONOCER EL DERECHO SUBJETIVO A CONOCER Y UTILIZAR LENGUAS OFICIALES DISTINTAS DEL CASTELLANO, DERIVADO DEL ART. 3.2 DE LA C.E. Y DEL ART. 3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA. DICHA NORMA SUPONE UNA DISCRIMINACION POR IMPONER LA OBLIGACION DE USAR EL CASTELLANO.

E) POR LO QUE ATAÑE AL ULTIMO PRECEPTO IMPUGNADO, EL ART.

20.2, AFIRMA LA REPRESENTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO QUE EN EL MISMO NO SE PRETENDE REGULAR CONDICIONES PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE GRADUADO ESCOLAR, SINO EXTRAER UNA CONSECUENCIA DIRECTA DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA ENSEÑANZA DEL CATALAN (ART. 19). ELLO SIGNIFICA QUE EL ESTADO LA TENGA EN CUENTA EN LA FIJACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO.

EN TANTO EN CUANTO EL TITULO DE GRADUADO ESCOLAR ES SOLAMENTE UN DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS OBLIGATORIOS, QUE ENGLOBAN LAS DOS LENGUAS OFICIALES, EL PRECEPTO RESULTA SUPERFLUO. NO OBSTANTE, SU REGULACION ES CONVENIENTE, NO TANTO POR EL REGIMEN GENERAL, SINO POR LAS EXCEPCIONES DERIVADAS DEL DERECHO TRANSITORIO Y DE LAS ESPECIALIDADES EN LA MATERIA.

F) EN RAZON A LAS ANTERIORES ALEGACIONES, EL ESCRITO CONCLUYE SOLICITANDO DEL TRIBUNAL QUE DESESTIME EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DECLARE LA CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION Y EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LAS ISLAS BALEARES DE TODOS LOS ARTICULOS IMPUGNADOS DE LA LEY 3/1986.

5. PROXIMO A VENCER EL PLAZO DE SUSPENSION DE CINCO MESES, POR PROVIDENCIA DE LA SECCION CUARTA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL, DE 17 DE DICIEMBRE DE 1986, SE ACORDO OIR A LAS PARTES PARA QUE HICIERAN ALEGACIONES EN RELACION CON EL MANTENIMIENTO O LEVANTAMIENTO DE DICHA SUSPENSION. EL LETRADO DEL ESTADO PIDIO EL MANTENIMIENTO. EL PARLAMENTO Y EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES SOLICITARON EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION. EL PLENO DEL TRIBUNAL, POR AUTO DE 22 DE ENERO DE 1987, ACORDO MANTENER LA SUSPENSION DE TODOS LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

6.

POR PROVIDENCIA DEL PLENO DE 21 DE JUNIO DE 1988, SE SEÑALO EL DIA 23 DE JUNIO SIGUIENTE, PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE SENTENCIA.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. ESTE TRIBUNAL HA TENIDO YA OPORTUNIDAD, EN SUS SENTENCIAS 82, 83 Y 84 DE 1986, DE PRONUNCIARSE SOBRE LAS LINEAS GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION RESPECTO AL ALCANCE DE LA COOFICIALIDAD ENTRE EL CASTELLANO Y OTRAS LENGUAS ESPAÑOLAS, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART. 3 DE LA CONSTITUCION Y EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA. NO ES NECESARIO, POR ELLO, EN ESTE CASO, REPRODUCIR LAS CONSIDERACIONES ALLI HECHAS, SIN PERJUICIO DE LAS REFERENCIAS QUE SE HAGAN RESPECTO A CUESTIONES CONCRETAS PLANTEADAS EN EL PRESENTE RECURSO, EN GRAN PARTE SIMILARES A LAS YA RESUELTAS EN LAS SENTENCIAS MENCIONADAS. PROCEDEREMOS PUES A ENTRAR DIRECTAMENTE REMITIENDONOS A LA DOCTRINA GENERAL ESTABLECIDA EN AQUELLAS SENTENCIAS EN EL EXAMEN DE LOS ASPECTOS PARTICULARES DEL RECURSO.

2.

EL PRIMERO DE ELLOS LO CONSTITUYE LA IMPUGNACION DEL ART. 5.2 DE LA LEY 3/1986, DE NORMALIZACION LINGUISTICA BALEAR, QUE DISPONE QUE . LO DISPUESTO EN ESTE PRECEPTO ES SIMILAR A LO PREVISTO EN EL ART. 4.2 DE LA LEY DE NORMALIZACION LINGUISTICA CATALANA, SOBRE EL QUE SE PRONUNCIO NUESTRA STC 83/1986; POR LO QUE BASTARA CON REITERAR LA DOCTRINA SENTADA EN AQUELLA OCASION PARA FUNDAMENTAR LA DECISION EN ESTE RESPECTO.

EL ART. 3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LAS ISLAS BALEARES, RECONOCE EL DERECHO AL CONOCIMIENTO Y UTILIZACION DE LA LENGUA CATALANA QUE TENDRA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA, JUNTO CON LA CASTELLANA, . NO PUEDE NEGARSE, CIERTAMENTE, AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA LA CAPACIDAD PARA EJERCER Y TODA LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA QUE CREA NECESARIA Y CONVENIENTE PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO RECONOCIDO EN EL ARTICULO ESTATUTARIO CITADO.

PERO LA ATRIBUCION GENERICA QUE EL IMPUGNADO ART. 5.2 DE LA LEY DE NORMALIZACION LINGUISTICA BALEAR LLEVA A CABO, EN FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMICO, DE LA FACULTAD PARA INTERPONER RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EJERCER ACCIONES JUDICIALES EN DEFENSA DE INTERESES O DERECHOS DE TERCEROS SUPONE LA INTRODUCCION DE UN NUEVO SUPUESTO DE LEGITIMACION PROCESAL, QUE EN FORMA SIMILAR A LO QUE OCURRIA RESPECTO DEL PRECEPTO EQUIVALENTE DE LA LEY CATALANA ARRIBA MENCIONADA REPRESENTA UNA INNOVACION DEL ORDENAMIENTO PROCESAL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN, NO DERIVADA DE FORMA NECESARIA DE LAS PECULIARIDADES DEL DERECHO SUSTANTIVO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA; Y, EN CONSECUENCIA, HA DE ESTIMARSE COMO UNA INVASION DEL AMBITO COMPETENCIAL RESERVADO AL ESTADO POR LOS ARTS. 149.1.6 Y 18 C.E., Y POR TANTO, CONTRARIA A ESOS ARTICULOS.

3. POR LO QUE RESPECTA AL SEGUNDO PRECEPTO IMPUGNADO, ESTO ES, EL ART. 7.1, SEGUNDO INCISO, DE LA LEY BALEAR, QUE DISPONE, RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR ORGANOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE , VIENE A REPRODUCIR TAMBIEN UN MANDATO DE LA LEY CATALANA DE NORMALIZACION LINGUISTICA (CONTENIDO EN EL ART.

6.1) QUE FUE IGUALMENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR ESTE TRIBUNAL EN SU STC 83/1986. SE DIJO ENTONCES Y DEBE REPETIRSE AHORA QUE UN PRECEPTO DE ESTE TIPO PUEDE INFRINGIR EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.1 C.E.) Y LOS DERECHOS A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS CIUDADANOS (ART. 24.1 C.E.) QUE DESCONOZCAN UNA LENGUA (LA CONSIDERADA AQUI COMO PRIORITARIA A EFECTOS DE FIJAR EL TEXTO AUTENTICO) QUE NO TIENEN EL DEBER DE CONOCER; MAXIME CUANDO LAS LEYES DEL PARLAMENTO BALEAR PUEDEN TENER EFECTO FUERA DEL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. AFIRMABAMOS ADEMAS QUE CORRESPONDE AL ESTADO EN EXCLUSIVA ESTABLECER LAS REGLAS SOBRE LA APLICACION DE LAS NORMAS JURIDICAS (ART. 149.1.8 C.E.). Y AL CONSTITUIR LA DETERMINACION DEL , EN CASO DE INTERPRETACION DUDOSA UNA REGLA DE ESA NATURALEZA (STC 83/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 3. ) LA LEY IMPUGNADA HA VENIDO, EN ESTE PUNTO, A INVADIR COMPETENCIAS ESTATALES Y A CONTRAVENIR TAMBIEN LO DISPUESTO EN EL ART.

149.1.8 C.E.

4. LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE LA NACION TACHA, EN TERCER LUGAR, DE INCONSTITUCIONALIDAD, EL INCISO SEGUNDO DEL ART. 10.1 DE LA LEY DE NORMALIZACION LINGUISTICA QUE EXAMINAMOS, RELATIVO A LA NORMA PARA RESOLVER EL HIPOTETICO CONFLICTO ENTRE LOS INTERESADOS SOBRE LA LENGUA QUE DEBE UTILIZARSE EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A INSTANCIA DE PARTE. LA SOLUCION ADOPTADA POR LA LEY BALEAR ES LA DE QUE . ESTE TRIBUNAL DEBIO PRONUNCIARSE SOBRE UNA CUESTION SIMILAR (AUNQUE COMO SE VERA, NO IDENTICA) CON OCASION DE LA IMPUGNACION DE LA LEY BASICA DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA (STC 82/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 9. ).

EN AQUELLA OCASION, EL TRIBUNAL ESTIMO INCONSTITUCIONAL LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ART. 6.2 DE LA LEY VASCA, QUE TAMBIEN PREVEIA EL USO DE LA LENGUA EN QUE SE HUBIERA INICIADO EL EXPEDIENTE, POR ROMPER LA IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO Y POR VULNERACION DE LO DISPUESTO EN EL ART.

3 DE LA CONSTITUCION AL EXCLUIRSE PESE A SER LA LENGUA ELEGIDA POR UNA DE LAS PARTES EL USO DEL CASTELLANO. AHORA BIEN, EXISTE EN EL CASO PRESENTE UNA DIFERENCIA, CONSISTENTE EN LA DISTINTA SALVAGUARDIA DEL DERECHO DE LAS PARTES AFECTADAS RECOGIDO EN LA LEY BALEAR. EN ESTA, EN EFECTO, LO DISPUESTO SERA . FRENTE A LO QUE OCURRIA EN RELACION CON LA LEY VASCA CITADA (CUYA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA CONSISTIA EN LA FORMULA CABE APRECIAR EN EL PRESENTE SUPUESTO QUE LA TRADUCCION ES UNA ACTIVIDAD CUALITATIVAMENTE DISTINTA DE LA SIMPLE Y, EN CUANTO REPRODUCCION TOTAL Y FIDEDIGNA DE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO, NO SUPONE, POR SI MISMA, UN RIESGO PARA SU DESTINATARIO, QUE SE VE PERFECTAMENTE PROTEGIDO AL TENER CONOCIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EXTREMOS DEL PROCEDIMIENTO: CONOCIMIENTO QUE DEBERA ENTENDERSE PRODUCIDO, PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LA PARTE, A PARTIR DE LA EFECTIVA RECEPCION DE LA TRADUCCION Y A TRAVES DE ELLA. SE ELIMINA ASI LA EVENTUALIDAD (EN ESTE RESPECTO) DE UNA DESIGUALDAD ENTRE LAS PARTES, SIN QUE SE EXCLUYA, EN SU CASO, EL USO DEL CASTELLANO, AL TRADUCIRSE INTEGRAMENTE LAS ACTUACIONES. POR LO QUE NO PROCEDE APRECIAR LA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO.

5. EL ART. 13 DE LA LEY IMPUGNADA SE REFIERE, EN SU PRIMER APARTADO, AL USO DEL CATALAN POR LAS PERSONAS QUE REALICEN EL SERVICIO MILITAR EN LAS ISLAS BALEARES, Y, EN EL SEGUNDO, AFIRMA LA VALIDEZ DE TODAS LAS ACTUACIONES MILITARES HECHAS EN CATALAN EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. EL LETRADO DEL ESTADO DEFIENDE QUE SE TRATA DE UNA REGULACION DE UNA MATERIA DE COMPETENCIA ESTATAL; LA REPRESENTACION DEL PARLAMENTO Y LA DEL GOBIERNO BALEAR, EN CAMBIO, AFIRMAN QUE SE TRATA SENCILLAMENTE DE EXTRAER CONSECUENCIAS EL PRINCIPIO DE COOFICIALIDAD.

NADA IMPIDE, EN PRINCIPIO, SEGUN LA DOCTRINA GENERAL SENTADA POR ANTERIORES DECISIONES SOBRE LA COOFICIALIDAD, QUE SE EXTRAIGAN LAS CONSECUENCIAS DE DICHO PRINCIPIO EN RELACION CON TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, SIN QUE A ELLO SEA UNA EXCEPCION LAS FUERZAS ARMADAS, COMO PRETENDE DEMOSTRAR EL LETRADO DEL ESTADO. LAS PARTICULARIDADES QUE POSEEN LAS FUERZAS ARMADAS NO EXCLUYEN, COMO SEÑALAN LOS ESCRITOS DEL GOBIERNO Y PARLAMENTO BALEARES, SU CARACTER DE ADMINISTRACION PUBLICA.

EN ESTE SENTIDO, NADA SE OPONE A QUE PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA COOFICIALIDAD, LA C. A. ESPECIFIQUE LA VALIDEZ DE LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES ANTE LOS PODERES PUBLICOS EN UNA DE LAS LENGUAS OFICIALES: COMO SEÑALABAMOS EN LA STC 82/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 3. , .

AHORA BIEN, DICHO ESTO, HA DE TENERSE EN CUENTA QUE LA ATRIBUCION DE LA REGULACION DE LA COOFICIALIDAD Y SUS EFECTOS NO PUEDE SUPONER UNA ATRIBUCION DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS MAS ALLA DEL MARCO ESTABLECIDO EN EL REPARTO QUE LLEVAN A CABO LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA. A ESTE RESPECTO HA DE RECORDARSE QUE EL ART. 149.1.4 C.E. DISPONE QUE EL ESTADO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA EN LO QUE SE REFIERE A LAS MATERIAS DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS, LO QUE EXCLUYE CUALQUIER INTERVENCION DE LOS PODERES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA REGULACION DE LA ORGANIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. Y, SIN DUDA, EL USO DE LA LENGUA EN EL SENO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LOS FINES DE SU SERVICIO INTERNO, Y POR LOS MIEMBROS DE LAS MISMAS (INTEGRADOS EN UNA RELACION ESPECIAL DE SUJECION) ES ALGO QUE AFECTA A LAS MISMAS BASES DE SU ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO, DADAS SUS CARACTERISTICAS INTERNAS.

EN CONSECUENCIA, Y EN EJERCICIO DE UNA ATRIBUCION COMPETENCIAL EXPRESA, CORRESPONDE EN EXCLUSIVA AL ESTADO LA REGULACION MATERIAL DEL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN LAS FUERZAS ARMADAS, Y LE CORRESPONDE ASIMISMO, EN EXCLUSIVA, LA FIJACION DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA DETERMINACION DE LA VALIDEZ DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION MILITAR. POR LO QUE PROCEDE APRECIAR QUE LA NORMA IMPUGNADA INVADE UNA COMPETENCIA RESERVADA AL ESTADO, Y, EN CONSECUENCIA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 13 DE LA LEY BALEAR.

6. EL ULTIMO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS ES EL ART.

20, APARTADO 2, QUE SE REFIERE AL REQUISITO, Y EXCEPCIONES, DEL SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LAS DOS LENGUAS OFICIALES PARA LA EXPEDICION DEL TITULO DE GRADUADO ESCOLAR.

EL LETRADO DEL ESTADO FUNDAMENTA LA IMPUGNACION DEL PRECEPTO EN UNA INVASION POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL ART.

149.1.30 DE LA CONSTITUCION, QUE RESERVA AL ESTADO LA COMPETENCIA PARA REGULAR . LAS OTRAS REPRESENTACIONES PERSONADAS EN EL RECURSO ENTIENDEN, EN CAMBIO, QUE EL PRECEPTO ES UNA SIMPLE CONSECUENCIA DE LA COOFICIALIDAD.

EL ARTICULO IMPUGNADO VIENE EFECTIVAMENTE A FIJAR UNA CONDICION SINGULARIZADA Y CON ENTIDAD PROPIA PARA LA EXPEDICION DE UN TITULO ACADEMICO: EL DE GRADUADO ESCOLAR, CONDICION CONSISTENTE EN ACREDITAR (POR PARTE DE LOS ALUMNOS QUE EMPIECEN LA EDUCACION GENERAL BASICA DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY) UN CONOCIMIENTO SUFICIENTE, ORAL Y ESCRITO, DE LOS DOS IDIOMAS OFICIALES. PARA DECIDIR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTE PRECEPTO, HA DE RECORDARSE QUE EL ART. 149.1.30 C.E., RESERVA AL ESTADO, EN EXCLUSIVA, . A ESTE RESPECTO, HA DE TENERSE EN CUENTA QUE EN LA ACTUAL REGULACION ESTATAL SE PRECISA QUE CORRESPONDEN AL ESTADO (DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.2.C) DE LA LEY ORGANICA 8/1985, DE 3 DE JULIO REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACION). PUES BIEN, EN EL ART. 20 DE LA LEY BALEAR, LO QUE SE HACE ES ESTABLECER UNA CONDICION AÑADIDA Y DISTINTA A LAS PREVISTAS PARA LA EXPEDICION DEL TITULO, Y QUE INCLUYEN LA SUPERACION DE LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES: LA DE ACREDITAR ADEMAS UN CONOCIMIENTO SUFICIENTE, ORAL Y ESCRITO, DE LOS DOS IDIOMAS OFICIALES. RESULTA PUES QUE INCIDE EN UN AMBITO RESERVADO A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO, CREANDO UNA NUEVA CONDICION, NO PREVISTA NI GENERICA NI ESPECIFICAMENTE EN LA NORMATIVA ESTATAL, Y QUE NO PUEDE CONSIDERARSE MERA CONSECUENCIA LOGICA DE LA

COOFICIALIDAD DE LOS IDIOMAS CATALAN Y CASTELLANO, Y DEL CORRESPONDIENTE DEBER DE ATENDER A SU CONOCIMIENTO Y ENSEÑANZA, YA QUE ESTAS FINALIDADES PUEDEN CONSEGUIRSE POR OTROS MEDIOS.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO:

ESTIMAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 3/1986, DE 29 DE ABRIL, DE NORMALIZACION LINGUISTICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES, Y, EN CONSECUENCIA:

1. DECLARAR INCONSTITUCIONALES, Y POR TANTO NULOS, EL APARTADO 2 DEL ART. 5; EL INCISO SEGUNDO DEL ART. 7.1; EL ART. 13; Y EL APARTADO 2 DEL ART. 20 DE LA LEY MENCIONADA.

2. DESESTIMAR EL RECURSO EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL .

DADA EN MADRID, A VEINTITRES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.

FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. GLORIA BEGUE CANTON. ANGEL LATORRE SEGURA. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. RUBRICADOS.