SENTENCIA 99/1987, DE 11 DE JUNIO, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMERO 763/1984, POR LA QUE SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD Y CONSIGUIENTE NULIDAD DE DETERMINADOS ARTICULOS DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA. - Boletín Oficial del Estado, de 26-06-1987

C) DE OTRA PARTE, LA OBJECION DEL RECURSO DE QUE LA LEY IMPUGNADA DEJA VACIA LA POSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EJERZAN SUS COMPETENCIAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO PARTE COMO YA SE HA INDICADO ANTES DE UN SUPUESTO PREVIO, NO REAL, CUAL ES EL DE CALIFICAR A LA LEY COMO UNA LEY DE BASES DE LAS PREVISTAS EN EL ART. 82, COMO SI LA INSTRUMENTACION DE LO DISPUESTO EN EL ART. 149.1.18 HUBIERA DE HACERSE MEDIANTE LEGISLACION DELEGADA. SE OLVIDA CON ELLO QUE LA FUNCION PROPIA DE LA LEGISLACION BASICA A LA QUE CON ESTE TERMINO O CON EL DE BASES SE REFIERE EL ART. 149 C.E. EN DISTINTOS APARTADOS, ES LA DE DELIMITAR EL CAMPO LEGISLATIVO AUTONOMICO, LO QUE NO SUPONE EXCLUSION O VACIAMIENTO DE SUS COMPETENCIAS, SINO OBLIGACIONDE ATERNERSE EN EL EJERCICIO DE ESTAS AL SENTIDO, AMPLITUD Y FINES DE LA MATERIA BASICA, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE PRIVAR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE SUS COMPETENCIAS ESTATUTARIAMENTE ASUMIDAS Y SI SOLO QUE SU DESARROLLO HAYA DE TENER SU REFERENCIA Y LIMITES EN LA MATERIA BASICA, QUE CADA COMUNIDAD AUTONOMA HA DE RESPETAR (COMO SE DIJO EN STA76/1983, DE 5 DE AGOSTO, FUNDAMENTO JURIDICO 38).

D) POR ULTIMO, SEGUN LOS RECURRENTES, LA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD ALCANZA A , SEGUN SE DESPRENDE DE LAS DECLARACIONES AL RESPECTO DE LA MISMA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY. PERO EL ARGUMENTO NO ES ADMISIBLE. INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TAL CALIFICACION NO PREDETERMINA SU INTRINSECA NATURALEZA NI SUS AVATARES TEMPORALES, ES CLARO QUE LA NOTA DE ESTABILIDAD Y GENERALIDAD DE LAS NORMAS BASICAS NO ES TAMPOCO UNA EXIGENCIA ABSOLUTA, SINO DEPENDIENTE DE LA MATERIA O DEL SECTOR SOCIAL AL QUE AFECTE, DE LAS CIRCUNSTANCIAS OPERANTES EN EL CASO Y DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS, CUYOS CRITERIOS DE ELECCION Y OPORTUNIDAD NO PUEDEN DISCUTIRSE AL LEGISLADOR. EN ESTE SENTIDO, MUTATIS MUTANDIS , SE PRONUNCIO LA SSTA 86/1982, DE 26 DE ENERO, Y TAMBIEN LA 91/1984, DE 9 DE OCTUBRE, QUE ADMITEN LA POSIBILIDAD DE . EN TODO CASO, COMO DICE EL LETRADO DEL ESTADO, LA PROVISIONALIDAD QUE SE DENUNCIA RESPECTO A ESTE PUNTO (ESTATUTO DE LA FUNCION PUBLICA) NO AFECTA AL CONTENIDO, SINO A LA INCLUSION ANTICIPADA DE ESAS NORMAS EN LA LEY, EN LUGAR DE ESPERAR AL ESTATUTO REFERIDO.

3. EN EL TERCERO DE LOS MOTIVOS SE IMPUGNAN LOS ARTS. 3.2, D) Y H); 15; 21.1 F); 21.2 D); 22.2; 22.3; 27 Y LA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOQUINTA. SE ALEGA LA SUPUESTA INFRACCION DE LOS ARTS. 9.3; 53.1; 103.3 Y 149.1.18 DE LA C.E.

SIN EMBARGO, LA REFERENCIA INDISCRIMINADA A ESTOS ARTICULOS DE LA C.E. DEBE SER PRECISADA Y LIMITADA A LO QUE, EN REALIDAD Y EN LA PRACTICA, SE DICE EN EL RECURSO COMO ARGUMENTO DECISIVO. SE LIMITA, EN EFECTO, A ENTENDER VIOLADA LA RESERVA DE LEY EN MATERIA DE FUNCION PUBLICA Y, EN CONSECUENCIA, SOLO PODRA TENERSE EN CONSIDERACION, DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INVOCADOS, EL ART. 103.3, SEGUN EL CUAL . LIMITACION A ESTE RESPECTO QUE SE FUNDA EN QUE EN EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION DONDE SE ENUNCIAN, ENTRE OTROS, LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE JERARQUIA NORMATIVA NO SE CONSAGRA NINGUNA CONCRETA RESERVA DE LEY Y TAMBIEN, DE OTRA PARTE, EN QUE LOS ARTS. 53.1 Y 149.1.18 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL NO CONSTITUYEN, DIRECTAMENTE, CRITERIOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD QUE AQUI SE SUSCITA, PUES EL PRIMERO SE REFIERE A UN TIPO DE RESERVA DISTINTO AL QUE AHORA HA DE CONSIDERARSE Y EL SEGUNDO TIENE COMO OBJETO LA ORDENACION DE AMBITOS COMPETENCIALES, SIN DISPONER NADA, CON CARACTER INMEDIATO, SOBRE EL MODO DE RELACION ENTRE L

EY Y REGLAMENTO Y SIN ESTABLECER, TAMPOCO, RESERVA ALGUNA EN FAVOR DE LA PRIMERA DE ESTAS FUENTES (STA85/1983):

A) EL PRIMER ARGUMENTO O ALEGATO DE LOS RECURRENTES SE REFIERE A LA INOBSERVANCIA DE LA RESERVA DE LEY Y POR LA DISPOSICION IMPUGNADA. AL RESPECTO, SE DEBE COMENZAR POR OBSERVAR QUE EN EL ART. 103.3 DE LA CONSTITUCION SE ESTABLECE, EFECTIVAMENTE, UNA RESERVA PARA LA REGULACION POR LEY DE DIVERSOS AMBITOS DE LA FUNCION PUBLICA, ENTRE LOS QUE SE CUENTA EL . ESTA MATERIA QUEDA, ASI, SUSTRAIDA A LA NORMACION REGLAMENTARIA, MAS NO EN EL SENTIDO DE QUE LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO NO PUEDAN, CUANDO ASI LO REQUIERA LA LEY, COLABORAR CON ESTA PARA COMPLEMENTAR O PARTICULARIZAR, EN ASPECTOS INSTRUMENTALES Y CON LA DEBIDA SUJECION, LA ORDENACION LEGAL DE LA MATERIA RESERVADA, PUES ESTA COLABORACION QUE, EN TERMINOS DE POLITICA LEGISLATIVA, HABRA DE RESULTAR PERTINENTE EN MUCHOS CASOS, NO SERA CONTRADICTORIA CON EL DICTADO DE LA CONSTITUCION CUANDO LA REMISION AL REGLAMENTO LO SEA, ESTRICTAMENTE, PARA DESARROLLAR Y COMPLEMENTAR UNA PREVIA DETERMINACION LEGISLATIVA.

EN ESTE AMBITO, POR LO TANTO, HABRA DE SER SOLO LA LEY LA FUENTE INTRODUCTORA DE LAS NORMAS RECLAMADAS POR LA CONSTITUCION, CON LA CONSECUENCIA DE QUE LA POTESTAD REGLAMENTARIA NO PODRA DESPLEGARSE AQUI INNOVANDO O SUSTITUYENDO A LA DISCIPLINA LEGISLATIVA, NO SIENDOLE TAMPOCO POSIBLE AL LEGISLADOR DISPONER DE LA RESERVA MISMA A TRAVES DE REMISIONES INCONDICIONADAS O CARENTES DE LIMITES CIERTOS Y ESTRICTOS, PUES ELLO ENTRAÑARIA UN DESAPODERAMIENTO DEL PARLAMENTO EN FAVOR DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA QUE SERIA CONTRARIO A LA NORMA CONSTITUCIONAL CREADORA DE LA RESERVA. INCLUSO CON RELACION A LOS AMBITOS RESERVADOS POR LA CONSTITUCION A LA REGULACION POR LEY NO ES, PUES, IMPOSIBLE UNA INTERVENCION AUXILIAR O COMPLEMENTARIA DEL REGLAMENTO, PERO SIEMPRE COMO SE DIJO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 4. DE LA STA83/1984, DE 24 DE JULIO QUE ESTAS REMISIONES , DE TAL MODO QUE NO SE LLEGUE A .

B) DESDE ESTA PERSPECTIVA EN CUYAS MATIZACIONES NO ENTRAN LOS RECURRENTES , NO PUEDE AFIRMARSE, SIN MAS, QUE EL LIMITE DE LA RESERVA DE LEY PRESENTE EN EL ART. 103.3 DE LA CONSTITUCION IMPIDA, EN TERMINOS ABSOLUTOS, TODO TIPO DE REMISION LEGISLATIVA AL REGLAMENTO. PARA DETERMINAR, EN PRINCIPIO, LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE TALES REMISIONES HAN DE TENERSE PRESENTES LAS CONSIDERACIONES QUE ACABAN DE RESEÑARSE Y, EN LO QUE AHORA IMPORTA, EL AMBITO MISMO RESERVADO A LA LEY POR EL ART. 103.3 DE LA CONSTITUCION, ESTO ES, . EL CONCEPTO DE ES, DE ENTRE ESTOS ENUNCIADOS CONSTITUCIONALES, EL QUE REQUIERE AHORA DE UNA ATENCION MAS ESPECIFICA, PUES SOLO DETERMINANDO EL ALCANCE DE LA RESERVA DE ESTE MODO INTRODUCIDA SERA POSIBLE EXAMINAR LA CONSISTENCIA DE BUENA PARTE DE LOS REPROCHES DE INCONSTITUCIONALIDAD DIRIGIDOS POR LOS RECURRENTES A LAS DISPOSICIONES QUE IMPUGNAN. CON TODO, TAMBIEN EN LO QUE SIGUE HABRAN DE CONSIDERARSE OTRAS DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.

C) EN EL PRIMER INCISO DE SU ART. 103.3 LA CONSTITUCION HA RESERVADO A LA LEY LA REGULACION DE LA SITUACION PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y DE SU RELACION DE SERVICIO O , POR EMPLEAR LA EXPRESION QUE FIGURA EN EL ART. 149.1.18 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL. ES ESTE, DESDE LUEGO, UN AMBITO CUYOS CONTORNOS NO PUEDEN DEFINIRSE EN ABSTRACTO Y A PRIORI , PERO EN EL QUE HA DE ENTENDERSE COMPRENDIDA, EN PRINCIPIO, LA NORMACION RELATIVA A LA ADQUISICION Y PERDIDA DE LA CONDICION DE FUNCIONARIO, A LAS CONDICIONES DE PROMOCION EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y A LAS SITUACIONES QUE EN ESTA PUEDAN DARSE, A LOS DERECHOS Y DEBERES Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y A SU REGIMEN DISCIPLINARIO, ASI COMO A LA CREACION E INTEGRACION, EN SU CASO, DE CUERPOS Y ESCALAS FUNCIONARIALES Y AL MODO DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, PUES HABIENDO OPTADO LA CONSTITUCION POR UN REGIMEN ESTATUTARIO, CON CARACTER GENERAL, PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS (ARTS. 103.3 Y 149.1.18), HABRA DE SER TAMBIEN LA LEY LA QUE DETERMINE EN QUE CASOS Y CON QUE CONDICIONES PUEDAN RECONOCERSE OTRAS POSIBLES VIAS PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. LAS NORMAS QUE DISCIPLINEN ESTOS AMBITOS SERAN, EN EL CONCEPTO CONSTITUCIONAL, ORDENADORAS DEL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, PUES TODAS ELLAS INTERESARAN DIRECTAMENTE A LAS RELACIONES ENTRE ESTOS Y LAS ADMINISTRACIONES A LAS QUE SIRVEN, CONFIGURANDO ASI EL REGIMEN JURIDICO EN EL QUE PUEDA NACER Y DESENVOLVERSE LA CONDICION DE FUNCIONARIO Y ORDENANDO SU POSICION PROPIA EN EL SENO DE LA ADMINISTRACION.

ESTA NORMACION, EN VIRTUD DE LA RESERVA CONSTITUCIONAL A LA QUE SE VIENE HACIENDO REFERENCIA, HABRA DE SER DISPUESTA POR EL LEGISLADOR EN TERMINOS TALES QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ANTES OBSERVADO, SEA RECONOCIBLE EN LA LEY MISMA UNA DETERMINACION MATERIAL SUFICIENTE DE LOS AMBITOS ASI INCLUIDOS EN EL ESTATUTO FUNCIONARIAL, DESCARTANDOSE, DE ESTE MODO, TODO APODERAMIENTO EXPLICITO O IMPLICITO A LA POTESTAD REGLAMENTARIA PARA SUSTITUIR A LA NORMA DE LEY EN LA LABOR QUE LA CONSTITUCION LE ENCOMIENDA. SI ESTOS LIMITES SE RESPETAN NO PODRA DECIRSE INCONSTITUCIONAL LA REMISION LEGAL AL REGLAMENTO, SEGUN YA SE APUNTO POR ESTE TRIBUNAL EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 6. DE SU SENTENCIA 57/1982. SE TRATA, PUES, DE APRECIAR SI EN LOS CONCRETOS

PRECEPTOS DE LEY QUE SE IMPUGNAN SE HA INCURRIDO O NO, POR REFERENCIA A ESTA RESERVA CONSTITUCIONAL, EN LA QUE DENUNCIAN LOS RECURRENTES.

CONSECUENTEMENTE ES OPORTUNO ENTRAR EN LAS CONSIDERACIONES CONCRETAS RESPECTO DE CADA PRECEPTO TACHADO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

D) PUEDEN TRATARSE CONJUNTAMENTE UN PRIMER GRUPO DE ARTICULOS IMPUGNADOS: 3.2 H), 15, 21.1 F), 22.2, 27 Y LOS APARTADOS 2, 3, 4, 6, 7 Y 8 DE LA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOQUINTA.

NO TODAS ESTAS DISPOSICIONES AFECTAN ESENCIALMENTE A LA RESERVA DE LEY PREVISTA EN EL ART. 103.3 C.E., NI ESPECIFICAMENTE AL EN EL SENTIDO EXPUESTO.

EN EL ART. 3.2 H) SE CONFIEREN AL GOBIERNO ATRIBUCIONES SOBRE TRES MATERIAS DISTINTAS, ATRIBUCIONES QUE, EN NINGUN CASO, PODRAN SER EJERCITADAS, COMO ES OBVIO, SINO DENTRO DEL MARCO QUE ESTABLECE ESTA PROPIA LEY, ESPECIALMENTE EN SU CAPITULO CUARTO. NINGUNA DUDA RAZONABLE DE CONSTITUCIONALIDAD CABE ALBERGAR SOBRE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LO QUE TOCA A LA APROBACION DE LOS INTERVALOS DE NIVELES DE PUESTOS DE TRABAJO ASIGNADOS A CADA CUERPO O ESCALA, ATRIBUCION QUE ESTA LIMITADA POR LA PERTENENCIA DE CADA UNO DE ESTOS CUERPOS O ESCALAS A UN GRUPO DETERMINADO, ESTABLECIDO POR LA PROPIA LEY. AUNQUE LA ASIGNACION DE INTERVALOS A CADA CUERPO O ESCALA NO ES MATERIA QUE QUEPA ESPERAR SUJETA A RAPIDAS MUDANZAS, ESTA MUY DIRECTAMENTE CONECTADA CON LA FACULTAD DE AUTOORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION. MAS DUDAS SUSCITA LA ATRIBUCION MENCIONADA EN PRIMER LUGAR, ESTO ES, LA DE APROBAR LA ESTRUCTURA EN GRADOS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, PUES LA EXPRESION RESULTA AMBIGUA. ENTENDIDA, SIN EMBARGO, COMO HASTA AHORA LO HA SIDO EN LA PRACTICA, ES DECIR, COMO LA FACULTAD DE APROBAR LA ESTRUCTURA EN NIVELES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, QUE MEDIATAMENTE CONDICIONA LA ESTRUCTURA EN GRADOS DEL PERSO

NAL QUE LA SIRVE, ESAS DUDAS PUEDEN DESECHARSE POR LA MISMA RAZON QUE ANTES SE DIJO.

EN CUANTO AL ULTIMO INCISO, QUE SE REFIERE A LOS CRITERIOS GENERALES DE LA PROMOCION PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS, ES CLARO QUE, SEGUN EL CONTENIDO DADO ANTERIORMENTE AL ESTATUTO FUNCIONARIAL, NO PUEDE ENTENDERSE COMO UNA REMISION INCONDICIONADA AL GOBIERNO PARA ESTABLECER ESOS CRITERIOS, AL MARGEN DEL MARCO LEGAL ESTABLECIDO, SINO COMO LA FACULTAD DE FIJAR CRITERIOS QUE SEAN DE MERO DESARROLLO Y SE AJUSTEN A LOS PREVISTOS EN LA PRESENTE LEY. ASI ENTENDIDO, EL PRECEPTO NO PUEDE CONSIDERARSE INCONSTITUCIONAL.

EL ART. 15 SE REFIERE A LAS , DEBIENDO CIRCUNSCRIBIRSE SU IMPUGNACION AL ULTIMO INCISO DEL APARTADO 1. DE ESTE PRECEPTO, DONDE SE ENCOMIENDA AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DETERMINAR LOS REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DE CADA PUESTO DE TRABAJO, . PARA LOS RECURRENTES LA REDACCION Y SENTIDO DE ESTA NORMA DEBIERA SER CONTRARIA, SI SE TIENE EN CUENTA QUE, EN PRINCIPIO, TODOS LOS PUESTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEBEN SER DESEMPEÑADOS POR FUNCIONARIOS, CONSTITUYENDO UNA EXCEPCION SU PROVISION POR QUIENES NO TENGAN TAL CONDICION. POR LO MISMO, LA NORMA IMPUGNADA HABRIA CONTRARIADO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE MERITO Y CAPACIDAD EN EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA (ART. 103.3).

TENIENDO AHORA EN CUENTA LO ANTES OBSERVADO SOBRE EL AMBITO OBJETIVO DE LA RESERVA DE LEY INTRODUCIDA POR EL ART. 103.3 DE LA CONSTITUCION, ESTA IMPUGNACION HA DE SER ESTIMADA. SE DECIA QUE, EN MERITO DE TAL RESERVA, CORRESPONDE SOLO A LA LEY LA REGULACION DEL MODO DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, PUES NO OTRA COSA SE DESPRENDE DE LA OPCION GENERICA DE LA CONSTITUCION (ARTS. 103.3 Y 149.1.18) EN FAVOR DE UN REGIMEN ESTATUTARIO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DE LA CONSIGUIENTE EXIGENCIA DE QUE LAS NORMAS QUE PERMITAN EXCEPCIONAR TAL PREVISION CONSTITUCIONAL SEAN DISPUESTAS POR EL LEGISLADOR, GARANTIZANDOSE, DE ESTE MODO, UNA EFECTIVA SUJECION DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS, A LA HORA DE DECIDIR QUE PUESTOS CONCRETOS DE TRABAJO PUEDAN SER CUBIERTOS POR QUIENES NO POSEAN LA CONDICION DE FUNCIONARIO.

NO SE HIZO ASI, COMO SE VE, EN EL ULTIMO INCISO DEL ART. 15.1 QUE AHORA SE EXAMINA. ESTE APODERAMIENTO INDETERMINADO QUE LA LEY CONFERIA AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, A EFECTOS DE ESPECIFICAR CUALES SEAN LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE DEBAN QUEDAR RESERVADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS, ENTRAÑA UNA PATENTE CONCULCACION DE LA RESERVA DE LEY ESTABLECIDA EN EL ART. 103.3 DE LA CONSTITUCION Y, DE ESTE MODO, UNA PLENA RENUNCIA DEL LEGISLADOR A SU TAREA DE ESTABLECER EN ESTE PUNTO, CIERTAMENTE CRUCIAL PARA LA ESTRUCTURA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DE LA PROPIA FUNCION PUBLICA, CONDICIONES Y LIMITES MATERIALES SOBRE LAS DETERMINACIONES CONCRETAS QUE PUEDAN SER ADOPTADAS POR LOS

ORGANOS DE LA ADMINISTRACION. TAL NECESARIO ENCUADRAMIENTO LEGISLATIVO DE LAS DECISIONES DE QUIENES HAYAN DE APLICAR O DESARROLLAR LAS PROPIAS NORMAS DE LA LEY NO VIENE DADO EN ESTE PRECEPTO, DESDE LUEGO, POR SU MENCION, COMO PRETENDIDO CRITERIO PARA LAS DECISIONES SOBRE ESTA RESERVA DE PUESTOS DE TRABAJO, A PROPIO, IMPRECISA REFERENCIA QUE NO VINCULA EFECTIVAMENTE A LA DECISION ADMINISTRATIVA. ESTE ULTIMO INCISO DEL ART. 15.1 () ES INCONSTITUCIONAL Y HA DE SER DECLARADO NULO.

EL ART. 21.1 F) PERMITE QUE LA ADQUISICION DE LOS GRADOS SUPERIORES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS Y ESCALAS DE CADA GRUPO PUEDE REALIZARSE TAMBIEN, APARTE DE POR EL SISTEMA NORMAL DEL DESEMPEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO DE CADA NIVEL, DURANTE DOS AÑOS CONTINUADOS O TRES SIN INTERRUPCION ART. 21.1 D), MEDIANTE LA SUPERACION DE CURSOS DE FORMACION U OTROS REQUISITOS OBJETIVOS A DETERMINAR POR EL GOBIERNO, POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS O POR EL PLENO DE LAS CORPORACIONES LOCALES, SEGUN LOS CASOS. ESTOS ORGANOS EJECUTIVOS QUEDAN ASI HABILITADOS PARA REGULAR, EN DESARROLLO O

COMPLEMENTO DE LA LEY, ESTA SEGUNDA FORMA DE PROMOCION PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS. CIERTAMENTE LA LEY NO SEÑALA QUE CURSOS DE FORMACION Y, MENOS AUN, QUE TIPO DE REQUISITOS OBJETIVOS PUEDEN EXIGIRSE PARA LA ADQUISICION DE LOS GRADOS SUPERIORES DE ACUERDO CON ESTE ART. 21.1 F), POR LO QUE LA REMISION A LA POTESTAD REGLAMENTARIA QUE CONTIENE ES MUY AMPLIA. AHORA BIEN, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE, REFERIDO EL PRECEPTO A LOS FUNCIONARIOS DE CUALESQUIERA CUERPOS Y ESCALAS, SERIA ILOGICO EXIGIR DEL LEGISLADOR UNA PREVISION CASUISTICA DEL CONTENIDO DE LOS CURSOS O DE LOS TIPOS DE REQUISITOS OBJETIVOS QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA ESTA PROMOCION, DADO QUE AQUEL CONTENIDO Y ESTOS REQUISITOS HABRAN DE VARIAR SUSTANCIALMENTE EN CADA CASO. POR ELLO NO PUEDE ESTIMARSE QUE ESTE PRECEPTO VULNERE LA RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEY RELATIVA AL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. BIEN ENTENDIDO QUE LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLEZCAN DEBEN SER OBJETIVOS, COMO LA PROPIA LEY ORDENA Y EN ESTE SENTIDO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 23.2 Y 103.3 DE LA C.E., FUNDARSE EXCLUSIVAMENTE EN CRITERIOS DE MERITO Y CAPACIDAD, EVITANDO TODA DISCRIMINACION.

EL ART. 22.2 AUTORIZA AL GOBIERNO PARA FIJAR LOS CRITERIOS, REQUISITOS Y CONDICIONES CON ARREGLO A LOS CUALES LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PODRAN INTEGRARSE EN OTROS CUERPOS Y ESCALAS DE SU MISMO GRUPO. DE NUEVO SE REMITE LA LEY INCONDICIONADAMENTE A LA POTESTAD REGLAMENTARIA, EN UN ASPECTO TAN INHERENTE AL ESTATUTO FUNCIONARIAL COMO ES EL ACCESO A OTRO CUERPO O ESCALA, AUN DENTRO DEL MISMO GRUPO, EN ARAS DE LA PROMOCION INTERNA. NI SIQUIERA SE PRESCRIBEN EN ESTE CASO AQUELLOS CRITERIOS MINIMOS (REUNIR LA TITULACION CORRESPONDIENTE, SUPERAR CIERTAS PRUEBAS...) QUE EN EL ART. 22.2 SE SEÑALAN PARA LA PROMOCION A UN CUERPO O ESCALA DE GRUPO SUPERIOR, CUANDO LO CIERTO ES QUE INCLUSO DENTRO DE UN MISMO GRUPO LAS TITULACIONES EXIGIDAS PARA EL ACCESO A CADA CUERPO O ESCALA PUEDEN SER MUY DISTINTAS, ASI COMO LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD PROFESIONAL O ESPECIALIZACION NECESARIAS EN CADA CASO. ES EVIDENTE QUE LA AUSENCIA DE TODO CRITERIO O INDICACION LEGAL AL RESPECTO DEBE ESTIMARSE INCONSTITUCIONAL POR INFRACCION DE LA RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEY.

EL ART. 27 DE LA LEY SE REFIERE A LA Y HABILITA AL GOBIERNO TANTO PARA CONVOCAR PRUEBAS DE SELECCION Y CONCURSOS UNITARIOS A EFECTOS, RESPECTIVAMENTE, DEL INGRESO EN LOS DISTINTOS CUERPOS Y ESCALAS Y DEL TRASLADO ENTRE LOS MISMOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS (APARTADOS 1 Y 2), COMO PARA UNIFICAR Y DECLARAR A EXTINGUIR CUERPOS Y ESCALAS (APARTADOS 3 Y 4). LAS PRIMERAS AUTORIZACIONES ASI CONFERIDAS POR LA LEY (APARTADOS 1 Y 2) NO CONTRARIAN EL DICTADO DE LA CONSTITUCION EN SU ART. 103.3, PUES LA DECISION SOBRE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS Y CONCURSOS PARA EL INGRESO EN CUERPOS O ESCALAS ADMINISTRATIVAS O PARA EL TRASLADO DE QUIENES SEAN YA FUNCIONARIOS ENTRA, SIN DUDA, EN LA FUNCION EJECUTIVA Y DE DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO QUE AL GOBIERNO LE CUMPLE (ART. 97 DE LA CONSTITUCION), EN EL BIEN ENTENDIDO DE QUE ESTAS AUTORIZACIONES LEGISLATIVAS PARA LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS Y CONCURSOS UNITARIOS NO PODRAN AFECTAR, SO PENA DE CONTRARIAR LA RATIO MISMA DE LAS PREVISIONES QUE SE CONSIDERAN, SINO A CUERPOS HOMOGENEOS, QUE MUESTREN AFINIDADES BASTANTES COMO PARA JUSTIFICAR LA ADOPCION POR EL GOBIERNO DE LAS MEDIDAS AQUI CONTEMPLADAS. NO EXISTE, CON ESTA ADVERTENCIA, REPROCHE DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PUEDA CONSISTENTEMENTE OPONERSE A LOS DOS PRIMEROS APARTADOS DEL ARTICULO QUE SE EXAMINA.

NO PUEDE DECIRSE LO MISMO, SIN EMBARGO, A PROPOSITO DE LOS APARTADOS 3 Y 4 DE ESTE PRECEPTO LEGAL. SE CONTIENE EN ELLOS UNA AMPLISIMA E INDETERMINADA HABILITACION AL GOBIERNO PARA UNIFICAR, Y PARA DECLARAR A EXTINGUIR, CUERPOS Y ESCALAS QUE NO SE COMPADECE CON LA RESERVA DE LEY, AQUI REPETIDAMENTE TENIDA EN CUENTA (ART. 103.3 DE LA CONSTITUCION), NI, INCLUSO, CON LAS MISMAS DETERMINACIONES DE LA PROPIA LEY 30/1984, CUYA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOQUINTA CONTIENE YA UNA REFUNDICION O INTEGRACION DE CUERPOS

FUNCIONARIALES DE ALCANCE NO DIVERSO A LA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO 3 DE ESTE ART. 27, PODRIA ADOPTAR POR SI EL GOBIERNO. MEDIDAS DE ESTA INTENSIDAD, UNIFICACION Y EXTINCION, SOBRE CUERPOS Y ESCALAS REQUIEREN, PARA SU POSIBLE ADOPCION POR EL GOBIERNO, DE UNA PREDETERMINACION LEGISLATIVA SUFICIENTE POR MEDIO DE LA CUAL SE EVITE QUE RESIDA EN EL GOBIERNO MISMO, SIN LIMITES O CON LIMITES IMPRECISOS, UNA POTESTAD INCONDICIONADA PARA ALTERAR LA ESTRUCTURA EN CUERPOS Y ESCALAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. ESTO ES ASI PORQUE, REITERANDO LO YA CONSIDERADO A PROPOSITO DEL ART. 22.2 DE ESTA MISMA LEY, LAS MEDIDAS DE UNIFICACION Y DE EXTINCION AQUI CONTEMPLADAS AFECTAN, SIN DUDA, AL REGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS INTEGRADOS EN LOS CUERPOS Y ESCALAS QUE SE UNIFICAN O QUE SE DECLARAN A EXTINGUIR, CON LA CONSECUENCIA DE QUE LA LEY NO PODRA REMITIR INTEGRAMENTE AL GOBIERNO, O SIN LIMITES MATERIALES BASTANTES, LA DEFINICION DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y CONDICIONES QUE PUEDAN JUSTIFICAR LA ADOPCION DE ESTAS DECISIONES.

ESA PREVIA DELIMITACION LEGISLATIVA ESTA AUSENTE EN EL PRESENTE CASO PUES, AUNQUE EN EL APARTADO 3 SE INDIQUEN, PARA LA UNIFICACION DE CUERPOS Y ESCALAS, UNOS CIERTOS CRITERIOS (LA ASIGNACION DE FUNCIONES Y LAS QUE DE LA UNIFICACION SE DERIVEN), LOS MISMOS RESULTAN INSUFICIENTES, CON CLARIDAD, PARA CONDICIONAR EFECTIVAMENTE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA, IMPIDIENDO, EN LA MISMA MEDIDA, EL NECESARIO CONTROL JURISDICCIONAL.

LA MISMA QUIEBRA DE LA RESERVA DE LEY SE HA VERIFICADO EN EL APARTADO 4 DEL PRECEPTO, EN EL QUE LA AUTORIZACION AL GOBIERNO PARA DECLARAR A EXTINGUIR DETERMINADOS CUERPOS O ESCALAS SE ACOMPAÑA DEL ENUNCIADO DE UNA CIRCUNSTANCIA HABILITANTE () QUE, COMO ES EVIDENTE, NINGUN LIMITE JURIDICAMENTE CIERTO IMPONE A LA POTESTAD REGLAMENTARIA. OTRO TANTO HA DE DECIRSE, APRECIANDO LA MISMA DESLEGALIZACION CONTRARIA A LA RESERVA CONSTITUCIONAL, RESPECTO DE LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ART. 27, PUES EN ELLOS SE CONTIENEN PURAS Y SIMPLES REMISIONES AL REGLAMENTO, VACIAS DE TODO VINCULO SUSTANTIVO, PARA QUE, POR EL GOBIERNO, SE DETERMINEN, RESPECTIVAMENTE, LOS CRITERIOS, REQUISITOS Y CONDICIONES PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS O ESCALAS DECLARADOS A EXTINGUIR SE INTEGREN EN OTROS CUERPOS O ESCALAS Y PARA LA DESIGNACION, TAMBIEN POR EL GOBIERNO, DE LOS PUESTO DE TRABAJO QUE HAYAN DE DESEMPEÑAR TALES FUNCIONARIOS. COMO LAS ANTERIORES, ESTAS MEDIDAS INCIDEN, SIN SOMBRA DE DUDA, EN EL REGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, NO PUDIENDO SER ADOPTADAS POR EL GOBIERNO SINO SOBRE LA BASE DE UNA REGULACION LEGAL SUSTANTIVA QUE EL LEGISLADOR, CONTRARIANDO A LA CONSTITUCION, RENUNCIO AQUI A DISPONER. POR ELLO HAY QUE DECLARAR LA DISCONFORMIDAD CON EL ART. 103.3 DE LA CONSTITUCION DE LOS APARTADOS 3 Y 4 DEL ART. 27 DE LA LEY, PRECEPTOS QUE DEBEN SER ANULADOS.

HAN SIDO TAMBIEN IMPUGNADOS LOS APARTADOS 2, 3, 4, 6, 7 Y 8 DE LA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOQUINTA, OBSERVANDOSE POR LOS RECURRENTES, SIN ULTERIOR PRECISION, QUE EN TALES PRECEPTOS SE CONTIENEN . ALEGATO TAN PARCAMENTE EXPUESTO, NI ES EXACTAMENTE FIEL AL CONTENIDO DE TODOS Y CADA UNO DE AQUELLOS APARTADOS DE LA DISPOSICION ADICIONAL (PUES AL MENOS EN LOS NUMS. 7 Y 8 NO SE CONTIENEN LO QUE LLAMAN LOS RECURRENTES AL GOBIERNO Y SI, ESTRICTAMENTE, NORMACIONES LEGALES DIRECTAS), NI, EN TODO CASO, PUEDE SER ACOGIDO COMO TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR INFRACCION DE LA RESERVA DE LEY QUE AQUI SE CONSIDERA (ART. 103.3 DE LA CONSTITUCION). OPERADA, EN EFECTO, LA REFUNDICION DE CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS DOCENTES POR LA PROPIA LEY 30/1984 (APARTADO 1 DE ESTA DISPOSICION ADICIONAL, NO IMPUGNADO), ES CLARO QUE LAS REMISIONES A LA POTESTAD REGLAMENTARIA QUE SE CONTIENEN EN LOS APARTADOS 2, 3 Y 4 DE LA MISMA DISPOSICION ADICIONAL SE HAN LLEVADO A CABO, O BIEN CON EL DEBIDO ENCUADRAMIENTO NORMATIVO DE LAS FUNCIONES QUE AL GOBIERNO CORRESPONDEN (NUMS. 2 Y 3), O BIEN EN AMBITOS QUE PUEDEN, SIN QUIEBRA DE LA RESERVA QUE CONSIDERAMOS, SER ATRIBUIDOS A LA DEFINICION POR REGLAMENTO, COMO OCURRE CON LA PREVISION CONTENIDA EN EL APARTADO 4, A EFECTOS DE LA DENOMINACION COMO (DE LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA) A PARTIR DEL GRADO DE CARRERA QUE REGLAMENTARIAMENTE SE DETERMINE. RESPECTO DE TODAS Y CADA UNA DE ESTAS INTERVENCIONES REGLAMENTARIAS LA LEY FIJA LOS LIMITES Y CONDICIONES A QUE HABRAN DE ATENERSE LAS DETERMINACIONES DEL GOBIERNO.

NO SON, PUES, CONTRARIAS A LA CONSTITUCION LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTOS APARTADOS DE LA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOQUINTA, COMO TAMPOCO LO ES, EN FIN, LA RECOGIDA EN SU NUM. 6, PUES, EN SI MISMA, ESTA GENERICA REMISION AL REGLAMENTO () NO SUPONE SINO DAR ENTRADA A LA POTESTAD NORMATIVA GUBERNAMENTAL (ART. 97 DE LA CONSTITUCION) PARA COLABORAR CON LA LEY EN LA ORDENACION DEL AMBITO EN CUESTION. EN TANTO NO SE DEFIERA AL REGLAMENTO, Y EN LOS APARTADOS IMPUGNADOS NO SE HA HECHO, LO QUE SOLO A LA LEY CORRESPONDE NORMAR, NADA HAY EN ESTA PREVISION LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPUESTAS, QUE CONTRADIGA A LA CONSTITUCION.

E) UNA CONSIDERACION SEPARADA, RESPECTO DEL GRUPO DE PRECEPTOS IMPUGNADOS, MERECEN LOS ARTS. 3.2 D), 21.2 D) Y 22.3.

LOS DOS PRIMEROS PRECEPTOS PRESENTAN, EN EFECTO, UNA RELACION MAS CERCANA CON EL NUCLEO DE LA MATERIA FUNCIONARIAL RESERVADA A LA REGULACION POR LEY Y, EN CONCRETO CON EL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EN SU ASPECTO O REGIMEN RETRIBUTIVO, PUES EL ART. 3.2 D) ATRIBUYE AL GOBIERNO Y EL 21.2 D) ESTABLECE .

EN CUANTO A LO PREVENIDO EN LA PRIMERA DE ESTAS DISPOSICIONES ART. 3.2 D) NADA HAY QUE OBJETAR DESDE LA DEFENSA DE LA RESERVA LEGAL QUE LA CONSTITUCION ESTABLECE, PUES SI BIEN ES INNEGABLE QUE EL INTERESA DE MODO DIRECTO A SU ESTATUTO PROPIO DE NECESARIO ESTABLECIMIENTO POR LEY , NO LO ES MENOS QUE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE SE CONSIDERA NO SE DEFIERE AL GOBIERNO SINO LA , A TRAVES DE , DE DICHO REGIMEN RETRIBUTIVO, OBJETO YA, POR LO DEMAS, DE PARCIAL REGULACION EN EL TEXTO DE LA MISMA LEY 30/1984 (ARTS. 23 Y 24). COMO POTESTAD DE APLICACION DE NORMAS LEGALES HA DE ENTENDERSE, PUES, LA ASI MENCIONADA EN ESTE PRECEPTO Y EN ESTOS TERMINOS, QUE NO DESBORDAN LO QUE CORRESPONDE A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE CONFORMIDAD CON LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL (ART. 97), EL ART. 3.1 D) NO PUEDE CONSIDERARSE QUE LA CONTRAVIENE.

EL ART. 21.2 D) FACULTA AL GOBIERNO Y A LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA ESTABLECER, PREVIO INFORME DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNCION PUBLICA, LOS CRITERIOS PARA EL COMPUTO DEL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS FUNCIONARIOS EN SITUACION DE SERVICIOS ESPECIALES, A EFECTOS DE CONSOLIDACION DEL GRADO PERSONAL. NINGUN LIMITE SUSTANTIVO SEÑALA EL LEGISLADOR A ESTA FACULTAD DEL GOBIERNO Y DE LOS ORGANOS EJECUTIVOS AUTONOMICOS, EN CONTRASTE CON LA REGULACION LEGAL DEL SISTEMA DE PROMOCION PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS EN SITUACION DE SERVICIO ACTIVO. LAS CONDICIONES Y EFECTOS DE LA PERMANENCIA EN SITUACION DE SERVICIOS ESPECIALES FORMAN TAMBIEN PARTE, SIN EMBARGO, DEL ESTATUTO DE LA FUNCION PUBLICA, POR LO QUE LA ABSOLUTA OMISION LEGAL DE TODA GARANTIA DE PROMOCION PROFESIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SE HALLEN EN DICHA SITUACION DESCONOCE LA RESERVA DE LEY PREVISTA EN EL ART. 103.3 DE LA C.E. POR ESTA RAZON, EL ART. 21.2 D) EXAMINADO DEBE REPUTARSE INCONSTITUCIONAL.

F) FINALMENTE, EL ART. 22.3 AUTORIZA AL GOBIERNO A ESTABLECER . SE DICE EN EL RECURSO QUE ESTO ES MATERIA PROPIA DE LA LEY (ART 103 C.E.), A QUIEN CORRESPONDE REGULAR EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA, POR LO QUE CON ESE PRECEPTO SE HA OPERADO UNA DESLEGALIZACION EXCESIVA.

EFECTIVAMENTE, EL CONTENIDO MATERIAL DEL ARTICULO EN CUESTION ENTRAÑA UNA POTESTAD GUBERNATIVA O REGLAMENTARIA PARA REGULAR EL ACCESO DE FUNCIONARIOS A LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. NO DESVIRTUA ESA REALIDAD EL ARGUMENTO DEL LETRADO DEL ESTADO DE QUE SE TRATA DE PERSONAS YA FUNCIONARIOS, AUNQUE SIN PERTENENCIA A LA BUROCRACIA ESTATAL, PORQUE ES CLARO QUE SOLO TIENEN LA CONDICION DE FUNCIONARIOS LOS QUE A ESTA PERTENEZCAN, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS LEGALES PREESTABLECIDOS.

EN ESE SENTIDO LA VIA DE ACCESO GUBERNATIVA PREVISTA EN EL ARTICULO IMPUGNADO ES UN PROCEDIMIENTO EXTRAÑO EXTRAVAGANTE , PERSONAL Y PARTICULARIZADO (SUPUESTO EL RESPETO A ESOS FUNCIONARIOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO), FUERA DE LOS CRITERIOS GENERALES ESTABLECIDOS EN EL ART. 19 DE LA LEY, PRECEPTO AL QUE NO HACE REFERENCIA ALGUNA EL ART. 22.3, Y QUE, CONSIGUIENTEMENTE, HA DE PROVOCAR SU DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD POR DESCONOCER LA RESERVA CONSTITUCIONAL DEL ART. 103.3 DE LA C.E. QUE, COMO SE HA REPETIDO, LIMITA A LA LEY LA COMPETENCIA PARA REGULAR EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA.

EN SUMA, Y POR LO EXPUESTO, PROCEDE ESTIMAR EL MOTIVO DE INCONSTITUCIONALID AD EXAMINADO EN ESTE FUNDAMENTO JURIDICO, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ARTS.

15.1 (EN EL INCISO YA ACOTADO), 21.2 D), 22.2 3 Y 27.3 Y 4, QUE SE DECLARARAN INCONSTITUCIONALES, DESESTIMANDOSE EL MOTIVO EN CUANTO AL RESTO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

4. DICEN LOS RECURRENTES, EN SU MOTIVO CUARTO, QUE EL ART. 27 Y LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA DE LA LEY 30/1984 INCURREN EN ARBITRARIEDAD, POSTULANDO SU ELIMINACION DE LA LEY POR ATENTAR CONTRA LA CONSTITUCION, YA QUE VIENE A ESTABLECER UNA REORGANIZACION AUSENTE DE CRITERIO INFORMADOR, UTILIZANDO CRITERIOS CONTRAPUESTOS E INCLUSO INCOHERENTES EN LA UNIFICACION DE CUERPOS Y ESCALAS. CITAN AL EFECTO LA DOCTRINA DE LA STA27/1981, DE 20 DE JULIO, QUE APLICA LA NOCION DE ARBITRARIEDAD EN LA ACTUACION DE TODOS LOS PODERES PUBLICOS, INCLUIDO EL LEGISLATIVO, EL CUAL SE REVELA ARBITRARIO CUANDO ENGENDRA DESIGUALDAD REAL.

EL ART. 27.3, QUE ES EL QUE SE IMPUGNA Y LA COMPLEMENTARIA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA , FACULTA AL GOBIERNO PARA . POR SU PARTE, LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA REALIZA EN CONCRETO DICHA REFUNDICION EN UNA LARGA LISTA.

NADA HA DE DECIRSE YA SOBRE EL APARTADO 3 DEL ART. 27 (DECLARADO INCONSTITUCIONAL, JUNTO CON EL APARTADO 4 DEL MISMO PRECEPTO, EN FUNDAMENTO ANTERIOR), DEBIENDO CEÑIRSE NUESTRO EXAMEN A LA CONSIDERACION DE LA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD OPUESTA FRENTE A LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, POR LA QUE SE CREAN EN LA ADMINISTRACION DEL ESTADO LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS ALLI RELACIONADOS.

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY SE DICE QUE LA YA VIEJA LEGISLACION SOBRE LA FUNCION PUBLICA EXIGE SU REFORMA, CON LA VISTA PUESTA, TAMBIEN, EN EL DESARROLLO DEL ESTADO AUTONOMICO, INTENTANDOSE CON LA UNIFICACION, MODIFICACION O SUPRESION DE CUERPOS Y ESCALAS ARTICULAR UNA , CUYAS RETRIBUCIONES SE VERAN CLARIFICADAS POR EL NUEVO ENFOQUE, DIRIGIDO . AÑADE QUE SU FINALIDAD ES ACERCAR LA ADMINISTRACION A LOS CIUDADANOS, CON UN MEJOR DESPLIEGUE DEL TRABAJO FUNCIONARIAL MEDIANTE LA UNIFICACION INDICADA, ETC.

A) SIN PERJUICIO DE REAFIRMAR LA DOCTRINA DE LA CITADA STA27/1981, DE 20 DE JULIO, ELLO, SIN EMBARGO, HA DE HACERSE CON EL COMPLEMENTO DE LA STA 66/1985, DE 23 DE MAYO, FUNDAMENTO JUIDICO 1., LA CUAL MOTIZO QUE .

CONSIGUIENTEMENTE, SI EL PODER LEGISLATIVO OPTA POR UNA CONFIGURACION LEGAL DE UNA DETERMINADA MATERIA O SECTOR DEL ORDENAMIENTO EN ESTE CASO, PUBLICO NO ES SUFICIENTE LA MERA DISCREPANCIA POLITICA INSITA EN OTRA OPCION PARA TACHAR A LA PRIMERA DE ARBITRARIA, CONFUNDIENDO LO QUE ES ARBITRIO LEGITIMO CON CAPRICHO, INCONSECUENCIA O INCOHERENCIA CREADORES DE DESIGUALDAD O DE DISTORSION EN LOS EFECTOS LEGALES, YA EN LO TECNICO LEGISLATIVO, ORA EN SITUACIONES PERSONALES QUE SE CREAN O ESTIMEN PERMANENTES. ELLO HABRIA QUE RAZONARLO EN DETALLE Y OFRECER, AL MENOS, UNA DEMOSTRACION EN PRINCIPIO CONVINCENTE.

B) IMPUTAN LOS RECURRENTES AL TEXTO LEGAL FALTA DE COHERENCIA INTERNA DETERMINANTE DE ARBITRARIEDAD, EN EL SENTIDO PARECE DEDUCIRSE DE QUE LOS FINES DE LA LEY NO SE COMPADECEN CON LOS MEDIOS O TECNICA LEGAL EMPLEADOS.

PERO ESTA OBJECION CARECE DE BASE. BASTE RECORDAR QUE LA ANTES CITADA STA 66/1985 YA INDICO QUE LA Y SOLO PODRA HACERLO (FUNDAMENTO JURIDICO 1.). Y YA SE HA DICHO QUE, APARTE DE LA EN PRINCIPIO IRRELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA OPCION POLITICA, NO SE OFRECE POR LOS RECURRENTES ARGUMENTOS CONVINCENTES SOBRE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE PODRIAN SER CONCULCADOS POR LAS REFUNDICIONES DE LOS CUERPOS DE LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, MEDIDA CONTRA LA CUAL NO PUEDE CITARSE PRECEPTO ALGUNO CONSTITUCINAL QUE LA IMPIDA, NI TAMPOCO DECIRSE QUE ELLA CONSTITUYA UN IMPEDIMIENTO PARA LA CONSECUENCIA DE LA IGUALDAD REAL O MATERIAL C) EL FIN DE LA LEY, PUES, QUE ES AQUI LA RACIONALIZACION, QUE NO CONTRADICE, REPETIMOS, PRECEPTO CONSTITUCIONAL ALGUNO, NO PUEDE SER PUESTO EN ENTREDICHO. ESA FINALIDAD ES CONSEGUIR UNA ARTICULACION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONARIAL, TENIENDO MAS A LA VISTA EL PUESTO DE TRABAJO, QUE SE NUTRIRA CON FUNCIONARIOS CON LA CUALIFICACION REQUERIDA, CUALQUIERA QUE SEA SU CUERPO (SALVO EXCEPCION).

EN CONCLUSION, PUES, DEBE SER RECHAZADO, POR CARENCIA DE FUNDAMENTO, EL PRESENTE MOTIVO, EN CUANTO A LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, SIN PERJUICIO DE LO QUE SOBRE EL NUM. 1.4 DE LA MISMA SE DECIDA MAS ADELANTE, POR OTRA MOTIVACION.

5. EL QUINTO MOTIVO LO DEDICAN LOS RECURRENTES A LA PRETENDIDA VULNERACION DE LA RESERVA DE LEY ORGANICA ESTABLECIDA POR EL ART. 81 DE LA C.E. SE CONSIDERA QUE ESTA RESERVA APARECE CONCULCADA POR LA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOSEGUNDA, ARTS. 19.1 Y 2, 22.3, 12 Y 33 Y DISPOSICION ADICIONAL SEPTIMA, Y ART. 25 Y DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, 1.4, DE LA LEY 30/1984.

A) EL PRIMERO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS ES LA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOSEGUNDA, QUE SE REFIERE AL DESCUENTO DE LAS PERCEPCIONES A LOS FUNCIONARIOS QUE EJERCEN EL DERECHO DE HUELGA, POR EL TIEMPO DE ESTA, SIN CARACTER DE SANCION DISCIPLINARIA NI PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES.

PARA LOS RECURRENTES SE INCIDE AQUI EN EL DESARROLLO DE UNO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (ART. 28.2 C.E.), RESERVADO A LA LEY ORGANICA, Y DADA LA CONDICION DEL FUNCIONARIO PUBLICO, AFECTA DIRECTAMENTE AL DERECHO EN SUS CONSECUENCIAS ECONOMICAS Y EN SU EJERCICIO, APARTE DE SU PARTICIPACION EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESENCIALES DE LA COMUNIDAD.

LA ARGUMENTACION DE LOS RECURRENTES SE BASA EN DOS PRESUPUESTOS NECESARIOS:

UNO, QUE EL CONTENIDO DE LA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOSEGUNDA OBLIGA A CONSIDERARLA COMO NORMA DE DESARROLLO DEL DERECHO DE HUELGA, Y OTRO, QUE EL DERECHO DE HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTA RECONOCIDO COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN EL ART. 28.2 DE LA C.E. SOLO SI SE ACEPTAN CONJUNTAMENTE ESTOS DOS PRESUPUESTOS PODRIA SEGUIRSE LOGICAMENTE LA CONSECUENCIA QUE LOS RECURRENTES EXTRAEN, ES DECIR, LA DE QUE SE TRATARIA DE UNA MATERIA RESERVADA A LA LEY ORGANICA. SUCEDE, SIN EMBARGO, QUE YA DE POR SI ES INACEPTABLE EL PRIMERO DE LOS PRESUPUESTOS, PUESTO QUE LA CITADA DISPOSICION ADICIONAL DECIMOSEGUNDA NO VIENE A REGULAR O DESARROLLAR AQUEL DERECHO, SINO A RECONOCER EXPRESAMENTE LA LEGITIMIDAD DEL DESCUENTO DE HABERES POR LA CESACION COLECTIVA EN EL TRABAJO, DEDUCIENDO LAS CONSECUENCIAS SOBRE LA RETRIBUCION QUE, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS GENERALES DEDUCIBLES DEL ORDENAMIENTO, SE DERIVAN DE LA SITUACION DE SUSPENSION EN LA RELACION DE EMPLEO EN QUE SE SITUA EL FUNCIONARIO EN HUELGA. LA CONSECUENCIA DE QUE, COMO NORMA RELATIVA A LA RETRIBUCION DEL FUNCIONARIO, SE REQUIERA UNA DISPOSICION LEGAL QUE LEGITIME ESTE NUEVO SUPUESTO DE DEDUCCION DE HABERES, EXPLICA TAMBIEN QUE EN RIGOR NO SE TRATE DE UNA NORMA DE DESARROLLO DEL DERECHO DE HUELGA, COMO LOS RECURRENTES PRETENDEN, YA QUE NO SUPONE UN IMPEDIMENTO PARA SU EJERCICIO, QUE PERMANECE SIEMPRE GARANTIZADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PUEDA DEDUCIRSE O NO LOS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DURACION DE LA HUELGA. DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE ELIMINADO ASI EL PRIMER SUPUESTO QUE CONSTITUYE LA BASE DEL RAZONAMIENTO, DECAE TAMBIEN LA CONCLUSION DE ESTE, LO QUE NOS DISPENSA DE LA NECESIDAD DE ENTRAR A ANALIZAR EL SEGUNDO DE LOS SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS. ES CLARO, EN CONSECUENCIA, QUE LA MATERIA REGULADA POR LA DISPOSICION ADICINAL DECIMOSEGUNDA NO ESTA INCLUIDA EN LA RESERVA DE LEY ORGANICA DEL ART. 81 DE LA CONSTITUCION. YA SE DECIA EN LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL 90/1984, DE 5 DE OCTUBRE, QUE , Y QUE ESTE QUEDA SIEMPRE ASEGURADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE DEDUZCAN O NO LOS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DURACION DE LA HUELGA.

B) SE CUESTIONAN SEGUIDAMENTE LOS ARTS. 19.1 Y 2 Y EL 22.3 DE LA LEY.

NO SE CONSIDERA AHORA EL ART. 22.3 PORQUE YA HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 3., AL TRATAR DEL MOTIVO CON EL MISMO ORDINAL.

SE AFIRMA POR LOS RECURRENTES QUE AQUEL ARTICULO, EL 19.1 Y 2, INFRINGE EL ART.23.2 DE LA C.E., QUE PROCLAMA EL DERECHO DE ACCESO EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LAS FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS.

DICHO PRECEPTO SE REFIERE A LA SELECCION DEL PERSONAL, FUNCIONARIO O LABORAL, DE ACUERDO CON LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO, MEDIANTE CONVOCATORIA Y A TRAVES DE CONCURSO, OPOSICION O CONCURSO-OPOSICION LIBRE EN LOS QUE SE GARANTICEN EN TODO CASO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD, MERITO, CAPACIDAD Y PUBLICIDAD, ASI COMO OTROS EXTREMOS, Y EN EL APARTADO 2 SE REGULA LA COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DE SELECCION.

EL MOTIVO ES ESCUETO Y NO SE RAZONA SUFICIENTEMENTE, PUES LOS RECURRENTES SE LIMITAN A DECIR QUE DICHOS ARTICULOS DEBEN SER CONTENIDO PROPIO DE UNA LEY ORGANICA. LA CITA DEL ART. 23.2 DE LA C.E. PARECE INDICAR QUE ES EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EL QUE ESTA EN JUEGO, PERO DE LA LECTURA DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS NO PUEDE INFERIRSE QUE ELLO OCURRA ASI.

EL ART. 19.1 NO IMPLICA DESARROLLO DEL ART. 23.2 DE LA C.E., SINO QUE SE LIMITA, EN APLICACION DEL ART. 103.3 C.E., A REITERAR Y REPETIR LOS PRESUPUESTOS ENTRE ELLOS LA IGUALDAD PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA, ESTABLECIENDO AL TIEMPO REQUISITOS COMUNES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DEL PERSONAL. LA REFERENCIA QUE EN EL SE HACE AL PRINCIPIO DE IGUALDAD SE QUEDA EN ESO, SIN QUE LA FINALIDAD DE LA NORMA SEA SU DESARROLLO.

NO HAY JUSTIFICACION, PUES PARA QUE PUEDA ARGUMENTARSE QUE DEBIERA ESTAR INTEGRADO EN LEY ORGNANICA Y QUE, AL NO HABERLO HECHO ASI EL LEGISLADOR, DEBA SER DECLARADO INCONSTITUCIONAL, COMO NO LA HAY TAMPOCO RESPECTO DEL NUM. 2 DEL MISMO ART. 19, RELATIVO A LOS ORGANOS DE SELECCION DEL PERSONAL, MATERIA MAS CLARAMENTE TODAVIA NO AMPARADA POR EL ART. 23.2 DE LA CONSTITUCION, SINO PROPIA DE OTRO TIPO DE NORMAS, QUE PUEDEN ESTABLECER LAS GARANTIAS COMO LA AQUI CUESTIONADA, SUFICIENTES PARA ASEGURAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD POR DERIVACION GENERICA DEL MANDATO CONSTITUCIONAL.

C) SE IMPUGNA TAMBIEN EL ART. 12 DE LA LEY POR INVADIR EL AMBITO PROPIO DE LAS LEYES ORGANICAS. EL ARTICULO ALUDE A LA SITUACION DE LOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y POR LOS RECURRENTES SE DENUNCIA QUE LIMITA EL ALCANCE DE LA CLAUSULA DE RESPETO A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS QUE SE CONTIENE EN TODOS LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA (TODOS, COMO ES SABIDO, CON RANGO DE LEY ORGANICA).

PERO ESTA OBJECION, EN PRINCIPIO Y COMO OBSERVA EL LETRADO DEL ESTADO, ES INANE, PUES NINGUNA LEY ORDINARIA NI ORGANICA PODRIA PRODUCIR ESE EFECTO FRENTE A UN ESTATUTO DE AUTONOMIA FUERA DE LOS CAUCES CONSTITUCIONALES PARA SU REFORMA.

LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA ( AD EXEMPLUM, EL VASCO, DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA) ESTABLECEN QUE .

POR SU PARTE, EL ART. 12 DE LA LEY IMPUGNADA ORDENA QUE LOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS SE INTEGRAN PLENAMENTE EN LA FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, Y QUE ESTA RESPETARA EL GRUPO O ESCALA DE PROCEDENCIA, ASI COMO LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL FUNCIONARIO TRANSFERIDO, GARANTIZANDOSE LA IGUALDAD ENTRE TODOS LOS FUNCIONARIOS PROPIOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, CON INDEPENDENCIA DE SU ORIGEN.

SIN PERJUICIO DE RECORDAR QUE ESTE ART. 12 ES DECLARADO BASICO, NO HAY TAL CONTRADICCION O DISCORDANCIA DE LA LEY CON LOS ESTATUTOS, PUES LA GARANTIA QUE ESTOS ESTABLECEN HAY QUE REFERIRLA SOLO EN CUANTO A ELLOS MISMOS Y AL DERECHO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES EN RELACION CON LA SITUACION JURIDICA Y DERECHOS QUE LA LEGISLACION ESTATAL RECONOZCA A LOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS, LO QUE NO IMPLICA, EVIDENTEMENTE, QUE LA MISMA NO PUEDA SER ALTERADA EN LOS LIMITES CONSTITUCIONALES, CONFORME A LA COMPETENCIA SEÑALADA POR EL ART. 149.1.18 C.E. Y SEGUN SE HA EXAMINADO EN FUNDAMENTO ANTER IOR. ESTA COMPETENCIA, PARA ESTABLECER EL REGIMEN BASICO DE LOS FUNCIONARIOS, NOENTRAÑA UNA REFORMA DE LOS ESTATUTOS COMO PARECEN INSINUAR LOS RECURRENTES.

D) TAMPOCO PROCEDE ACCEDER A LA PETICION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 33 Y DISPOSICION ADICIONAL SEPTIMA, QUE EN ESTE MOTIVO SE IMPUGNA EN RELACION CON EL PROFESORADO UNIVERSITARIO Y LA AUTONOMIA DE LA UNIVERSIDAD, GARANTIZADA POR EL ART. 27.10 C.E. EL ART. 33 FIJA EN SESENTA Y CINCO AÑOS LA EDAD DE LA JUBILACION FORZOSA Y LA DISPOSICION SEPTIMA ENCOMIENDA AL GOBIERNO LA REGULACION DE LA FIGURA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO EMERITO.

ENTIENDEN LOS RECURRENTES QUE LA EDAD DE JUBILACION DEL PROFESORADO, POR AFECTAR A LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA, DEBE ESTAR GARANTIZADA POR LEY ORGANICA, ASI COMO LA FIGURA DEL PROFESOR EMERITO, RESPECTO DE LO CUAL NO DA PAUTA LEGAL ALGUNA. HAY QUE TENER EN CUENTA, POR LO DEMAS, QUE LA FACULTAD DE REGULAR ESTA FIGURA ESTA EN RELACION CON LA CONDICION DE FUNCIONARIO DEL INTERESADO, Y SU COMPATIBILIDAD CON LA SITUACION DE JUBILADO.

DE OTRO LADO, CONCEBIDA LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL (STA26/1987, DE 27 DE FEBRERO, FUNDAMENTO JURIDICO 4.), ES CIERTO QUE EXISTEN ASPECTOS RELACIONADOS CON DICHA AUTONOMIA QUE EXIGEN TAL TIPO DE LEY POR AFECTAR AL DESARROLLO DE ESE DERECHO, PERO DE ELLO NO SE SIGUE QUE TODA MATERIA RELACIONADA CON LA UNIVERSIDAD ASI LA FUNCIONARIAL EXIJA LA RESERVA DE LEY ORGANICA, SI NO AFECTA AL DESARROLLO DEL DERECHO FUNDAMENTAL. MAS ESTA NO ES LA CUESTION PLANTEADA EN ESTE MOTIVO.

E) EL ART. 25 DE LA LEY 30/1984, QUE TAMBIEN SE IMPUGNA, FIJA LOS GRUPOS DE CLASIFICACION DE ACUERDO CON LOS TITULOS EXIGIDOS PARA EL INGRESO EN LA FUNCION PUBLICA. SE ARGUMENTA QUE ELLO CONTRAR A EL TITULO IV DE LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA, DE CARACTER ORGANICA, QUE REGULA LA TITULACION ACADEMICA, CON DISTINCION CLARA DE LOS TITULOS DE DOCTOR, LICENCIADO, DIPLOMADO Y EQUIVALENTES (ART. 30 LRU), DIFERENCIACION QUE LA LEY 30/1984 DESCONOCE AL INCLUIR EN EL GRUPO A DEL ART. 25, EQUIPARANDOLOS, LOS TITULOS DE DOCTOR, LICENCIADO, INGENIERO, ARQUITECTO O EQUIVALENTE, SIN PARAR MIENTES EN QUE LOS DOS ULTIMOS SON NECESARIOS PARA OBTENER EL PRIMERO O DE DOCTOR. RAZON, SE AÑADE, DE QUE EN LUGAR DE CINCO, DEBIERAN SER SEIS LOS GRUPOS DEL ART. 25 Y RESPETARSE ASI LA NORMATIVA ORGANICA, ASI COMO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

TAMBIEN SE IMPONE LA DESESTIMACION DE ESTE APARTADO DEL MOTIVO. NI LA LEY 30/1984, EN SU ART. 25, MODIFICA LA LRU, NI ALTERA EL SISTEMA Y CATEGORIA DE GRADOS ACADEMICOS NI TAMPOCO ESTABLECE ESTA ULTIMA UNA VINCULACION CON RESPECTO A LA PRIMERA. SE TRATA, EN EFECTO, DE DISTINTOS CAMPOS DE APLICACION Y NADA IMPIDE AL LEGISLADOR VALORAR EL TITULO DE DOCTOR PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA NO DOCENTE DE MODO DISTINTO A SU VALORACION INTRAACADEMICA, PUES LOS CRITERIOS TAMBIEN SON DIFERENTES, SIEMPRE, CLARO ESTA, QUE NO SE PRODUZCA UNA DISCRIMINACION INJUSTIFICADA O NO RAZONABLE.

F) FINALMENTE, TAMBIEN SE ESTIMA EN EL RECURSO QUE LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, 1, APARTADO 4, QUE CREA EL CUERPO SUPERIOR DE LETRADOS DEL ESTADO E INCLUYE EN EL AL CUERPO DE LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO, VULNERA EL ART. 81 DE LA C.E., EN CUANTO ESTE CUERPO VIENE REGULADO POR LEY ORGANICA (LO 3/1980, DE 22 DE ABRIL), EN DETERMINADAS CUESTIONES.

EL APARTADO 4 ALUDIDO INCLUYE EFECTIVAMENTE EN EL NUEVO CUERPO AL DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO, AL TECNICO DE LETRADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, AL DE LETRADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y NOTARIADO Y AL DE LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO.

SE ARGUMENTA QUE UNA LEY ORDINARIA COMO LA IMPUGNADA NO PUEDE MODIFICAR ASPECTOS SUSTANCIALES DE UNA LEY ORGANICA, TAL LA CITADA DEL CONSEJO DE ESTADO Y EN CONCRETO DE SUS ARTS. 7.4, 10.1, 14 Y 15. ESTOS PRECEPTOS SE REFIEREN AL INGRESO EN EL CUERPO DE LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO MEDIANTE OPOSICION, AL ASCENSO DE LETRADO MAYOR ENTRE LETRADOS POR ORDEN RIGUROSO DE ANTIGUEDAD, A LA PROVISION DE SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO ENTRE LETRADOS MAYORES Y AL ACCESO DE LETRADOS MAYORES AL PUESTO DE CONSEJEROS PERMANENTES DEL CONSEJO. SE DICE, EN SUMA, QUE NO PUEDE EXTINGUIRSE POR LEY ORDINARIA UN CUERPO A TRAVES DEL CUAL EJERCE SU FUNCION CONSULTIVA EL CONSEJO DE ESTADO, REGULADO POR LEY ORGANICA (ART. 107 C.E.), LA CUAL DETERMINA SU COMPOSICION Y COMPETENCIA, INDICANDOSE ASI QUE LOS LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO COMPONEN EN CIERTOS CASOS Y MODOS EL CUERPO CONSULTIVO, COMO SECRETARIO GENERAL Y POR SU POSIBILIDAD DE ACCESO A CONSEJEROS PERMANENTES.

EN EFECTO. DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD FORMAL QUE SE DENUNCIA (FALTA DE RANGO DE LEY ORGANICA) Y A LA VISTA DE LA LITERALIDAD DEL TEXTO LEGAL, ES DECIR, DE LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE ESTADO DE 22 DE ABRIL DE 1980, ES OBLIGADO ACEPTAR LA IMPUGNACION DE LA LEY AQUI CUESTIONADA EN SU DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, 1.4, Y DECLARAR QUE ESTA INCIDE INDEBIDAMENTE EN LA PRIMERA. ELLO ES ASI PORQUE LA REGULACION QUE LA LEY ORGANICA HACE DEL CUERPO DE LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO SUPONE SU INCARDINACION EN LA COMPOSICION (ART. 107 C.E.) DE ESTE ORGANO CONSULTIVO, INCLUSION QUE NO PUEDE CALIFICARSE DE IRRELEVANTE, COMO SE DESPRENDE DE LA LECTURA DE LOS ARTS. 3, 4, 5, 7.4, 10.1, 14 Y 15 DE DICHA LEY ORGANICA 3/1980. DE ESTOS PRECETOS RESULTA LA INTEGRACION DE LETRADOS EN DIVERSAS INSTANCIAS DEL CONSEJO CONSTITUIDAS POR EL PLENO, COMISION PERMANENTE Y SECCIONES. SIENDO ELLO AS , ES OBVIO QUE SOLO POR LEY ORGANICA PUEDE DISPONERSE SU MODIFICACION ESTATUTARIA Y SU INTEGRACION EN OTROS CUERPOS, POR LO QUE HECHO AHORA ASI POR LA DISPOSICION A

DICIONAL DE LA LEY ORDINARIA QUE SE IMPUGNA, DEBE ESTA DECLARARSE INCONSTITUCIONAL POR INSUFICIENCIA DE RANGO Y EN LO QUE SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA INTEGRACION DE DICHO CUERPO EN LOS QUE LA DISPOSICION ENUMERA.

6. LOS RESTANTES MOTIVOS (SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO) DEL RECURSO PERMITEN UN ESTUDIO CONJUNTO DE LOS MISMOS, YA QUE, EN DEFINITIVA, A LOS PRECEPTOS QUE SE IMPUGNAN SE LES REPROCHA LA VULNERACION DE LOS ARTS. 9.3, 33.3 Y 35 DE LA C.E., CON LAS MATIZACIONES QUE SE DIRAN Y SIN PERJUICIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA IMPUGNACION DEL ART. 29.2, 1), REFERIDA A LOS ARTS. 7, 14 Y 28 DE LA C.E.

A) DE LOS ARTS. IMPUGNADOS (33; 29.1, 29.3, C), Y 32.4 DE LA LEY 30/1984), SE DICE QUE VIOLAN Y DESCONOCEN LA PROTECCION CONSTITUCIONAL A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, ENTENDIENDO POR TALES EL DERECHO A LA JUBILACION A LOS SETENTA AÑOS, LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS PREEXISTENTES (SUPERNUMERARIOS, EXCEDENCIA ESPECIAL Y VOLUNTARIA) Y LA PERCEPCION DE PENSION DE ORFANDAD COMPATIBLE CON UN TRABAJO ACTIVO. CONSIDERAN LOS RECURRENTES QUE AQUELLOS PRECEPTOS, EN UN MODO U OTRO, NO RESPETAN SITUACIONES CONSOLIDADAS QUE HAB AN GENERADO DERECHOS PUBLICOS SUBJETIVOS, DERIVADOS DE UNA RELACION JURIDICA CONFIRMADA, ES DECIR, DERECHOS INDIVIDUALES COMPRENDIDOS EN EL ART. 9.3, DEL QUE LOS FUNCIONARIOS SON PRIVADOS SIN INDEMNIZACION (ART. 33.3) Y, EN EL CASO DE LOS HUERFANOS CON PENSION DE ORFANDAD, IMPIDIENDOLES SU DERECHO AL TRABAJO (ART. 35.1).

LAS SITUACIONES QUE AQUI SE DICEN AFECTADAS NO CONSTITUYEN DERECHOS EN EL SENTIDO QUE SE PRETENDE NI, CONSIGUIENTEMENTE, SE HA OPERADO SU PRIVACION.

ES INDUDABLE QUE EN EL CAMPO DE LA RELACION FUNCIONARIAL, EL FUNCIONARIO ADQUIERE Y TIENE DERECHOS SUBJETIVOS QUE LA LEY HA DE RESPETAR, Y EN ESE SENTIDO ES CLARO QUE OSTENTA, DESDE QUE INGRESA EN LA FUNCION PUBLICA, EL DERECHO A LA JUBILACION O AL PASE A DETERMINADAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, TAMBIEN EN LA LEY ESTATUTARIA PREVISTA. PERO UNA COSA ES O SON ESOS DERECHOS Y OTRA LA PRETENSION DE QUE APAREZCAN COMO INMODIFICABLES EN SU CONTENIDO CONCRETO.

EL FUNCIONARIO QUE INGRESA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SE COLOCA EN UNA SITUACION JURIDICA OBJETIVA, DEFINIDA LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE Y, POR ELLO, MODIFICABLE POR UNO U OTRO INSTRUMENTO NORMATIVO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE LEGALIDAD, SIN QUE, CONSECUENTEMENTE, PUEDA EXIGIR QUE LA SITUACION ESTATUTARIA QUEDE CONGELADA EN LOS TERMINOS EN QUE SE HALLABA REGULADA AL TIEMPO DE SU INGRESO, O QUE SE MANTENGA LA SITUACION ADMINISTRATIVA QUE SE ESTA DISFRUTANDO O BIEN, EN FIN, QUE EL DERECHO A PENSION, CAUSADO POR EL FUNCIONARIO, NO PUEDA SER INCOMPATIBILIZADO POR LEY, EN ORDEN A SU DISFRUTE POR SUS BENEFICIARIOS, EN ATENCION A RAZONABLES Y JUSTIFICADAS CIRCUNSTANCIAS, PORQUE ELLO SE INTEGRA EN LAS DETERMINACIONES UNILATERALES L CITAS DEL LEGISLADOR, AL MARGEN DE LA

VOLUNTAD DE QUIEN ENTRA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION, QUIEN, AL HACERLO, ACEPTA EL REGIMEN QUE CONFIGURA LA RELACION ESTATUTARIA FUNCIONARIAL (ART.

103.3 C.E.). POR OTRO LADO, NO HAY QUE OLVIDAR QUE, POR PARTE DE CADA FUNCIONARIO, SE OSTENTA EL DERECHO A LA JUBILACION Y AL DISFRUTE (O A SOLICITARLO, EN SU CASO), DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LEGALMENTE RECONOCIDAS, PERO NO EL DERECHO, SINO LA EXPECTATIVA FRENTE AL LEGISLADOR A QUE LA EDAD DE JUBILACION O EL CATALOGO DE SITUACIONES CONTINUEN INMODIFICADAS POR EL LEGISLADOR, EN MODO QUE PERMANECIERAN TAL Y COMO EL LAS

ENCONTRO AL TIEMPO DE SU ACCESO A LA FUNCION PUBLICA.

CONSECUENTEMENTE CON LO EXPUESTO, SI NO EXISTEN TALES DERECHOS NO PUEDE REPROCHARSE A LAS NORMAS QUE SE IMPUGNAN EL EFECTO DE SU PRIVACION Y POR TANTO HABRA QUE CONCLUIR POR RECHAZAR LA PRETENDIDA VULNERACION DEL ART. 33.3 DE LA CONSTITUCION. NO HAY PRIVACION DE DERECHOS; SOLO ALTERACION DE SU REGIMEN EN EL AMBITO DE LA POTESTAD DEL LEGISLADOR CONSTITUCIONALMENTE PERMISIBLE. ESTO NO IMPIDE AÑADIR COMO SE DIJO EN LA STA108/1986, DE 29 DE JUNIO, REFERIDA AL ANTICIPO DE LA EDAD DE JUBILACION DE JUECES Y MAGISTRADOS QUE ESA MODIFICACION LEGAL ORIGINA UNA FRUSTRACION DE LAS EXPECTATIVAS EXISTENTES Y EN DETERMINADOS CASOS PERJUICIOS ECONOMICOS QUE PUEDEN MERECER ALGUN GENERO DE COMPENSACION.

B) SENTADA LA CONCLUSION ANTERIOR, UNA LOGICA ESTRICTA CONDUCIR A A SU COMPLEMENTARIA, ES DECIR, A LA DE LA SUPERFLUIDAD DE EXAMINAR SI LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE AFECTAN A ESOS PRETENDIDOS DERECHOS (EN EL SENTIDO EXPUESTO) SON O NO RETROACTIVAS, COMO SE ALEGA POR LOS RECURRENTES CON LA CITA DEL ART. 9.3 DE LA C.E. PERO LA TRANSCENDENCIA Y GENERALIDAD DE LA CUESTION PLANTEADA ACONSEJAN, AD ABUNDAMTIAM, UNA, SIQUIERA BREVE CONSIDERACION, POR OTRA PARTE YA TRATADA EN LA STA108/1986, ANTES CITADA.

SE DICE POR LOS RECURRENTES QUE LOS ARTS. 33 Y 29 DE LA LEY 30/1984 DESCONOCEN LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A PERMANECER EN ACTIVO HASTA LOS SETENTA AÑOS Y A SUS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. CABE INDICAR QUE LA EFICACIA Y PROTECCION DEL DERECHO INDIVIDUAL NAZCA DE UNA RELACION PUBLICA O DE UNA PRIVADA DEPENDERA DE SU NATURALEZA Y DE SU ASUNCION MAS O MENOS PLENA POR EL SUJETO, DE SU INGRESO EN EL PATRIMONIO DEL INDIVIDUO. POR ESO SE HA DICHO QUE LA DOCTRINA Y LA PRACTICA DE LA IRRETROACTIVIDAD SOLO ES APLICABLE A LOS DERECHOS CONSOLIDADOS, ASUMIDOS, INTEGRADOS EN EL PATRIMONIO DEL SUJETO, Y NO LOS PENDIENTES, FUTUROS, CONDICIONADOS Y EXPECTATIVAS, SEGUN REITERADA DOCTRINA DEL T.S. DESDE ESA PERSPECTIVA SE SOSTIENE EN EL RECURSO QUE LOS DERECHOS EN CUESTION PERTENECEN A LA CATEGORIA DE DERECHOS ADQUIRIDOS, INMUNES A LA RETROACTIVIDAD. YA SE HA DICHO ANTES QUE NO ES ESTA LA CALIFICACION QUE MERECEN Y QUE, POR ELLO, HAY QUE REITERAR LA SOLUCION MANTENIDA POR LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL ANTES CITADA (108/1986, DE 29 DE JULIO), AL DECIR QUE LA INVOCACION DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD NO PUEDE PRESENTARSE COMO UNA DEFENSA DE UNA INADMISIBLE PETRIFICACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO (SSTA27/1981, DE 20 DE JULIO; 6/1983, DE 4 DE FEBRERO, ENTRE OTRAS), Y DE AHI LA PRUDENCIA QUE LA DOCTRINA DEL T.C. HA MOSTRADO EN LA APLICACION DEL REFERIDO PRINCIPIO, SEÑALANDO QUE SOLO PUEDE AFIRMARSE QUE UNA NORMA ES RETROACTIVA, A LOS EFECTOS DEL ART. 9.3 DE LA C.E., CUANDO INCIDE SOBRE Y , Y QUE (STA42/1986, DE 10 DE ABRIL). Y AÑADE LA STA108/1986, QUE SE REFIERE A JUECES Y MAGISTRADOS EN TANTO QUE FUNCIONARIOS, QUE, (FUNDAMENTO JURIDICO 17).

Y ES ESA MISMA SENTENCIA (108/1986) LA QUE, REFIRIENDOSE A LA SUPUESTA PRIVACION DE DERECHOS Y VULNERACION DEL ART. 33.3 DE LA C.E., AÑADE, A PROPOSITO DE LA JUBILACION ANTICIPADA DE JUECES Y MAGISTRADOS, QUE EL LEGISLADOR TUVO EN CUENTA EL CONCEPTO DE EXPROPIACION FORZOSA DE LA LEY VIGENTE ART. 1, LEY 16 DE DICIEMBRE DE 1954 QUE LO DEFINIA O DEFINE COMO , QUE NO SE COMPADECE CON LA DISPOSICION IMPUGNADA, CARENTE DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DE UNA MEDIDA EXPROPIATORIA, UNO DE ELLOS QUE SE TRATE DE DERECHOS, NO DE EXPECTATIVAS JURIDICAS, Y OTRO QUE, AUN EN EL SUPUESTO DE EXISTENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO A MANTENERSE EL FUNCIONARIO EN SERVICIO ACTIVO (CON UN CONTENIDO PATRIMONIAL DEL QUE SE LE PRIVA), QUE SE DIERA EL DATO DE LA PRIVACION SINGULAR PROPIA DE TODA EXPROPIACION, QUE IMPLICA UNA SUSTRACCION O ABLACION DE UN DERECHO, COMO IMPUESTO A UNO O VARIOS SUJETOS POR RAZONES DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL, PERO NO COMO EN LA JUBILACION ANTICIPADA UNA LIMITACION, DELIMITACION O REGULACION GENERAL DEL CONTENIDO DE UN DERECHO, QUE NO LES PRIVA DEL MISMO, SINO QUE LO CONFIGURA EX NOVO O MODIFICANDO UNA SITUACION NORMATIVA GENERAL ANTERIOR.

C) LOS PRECEPTOS AL PRINCIPIO CITADOS VULNERAN TAMBIEN, AL DECIR DE LOS RECURRENTES, EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA CONSAGRADO EN EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION. CIERTO ES QUE, COMO SE DIJO EN LA STA27/1981, LOS

PRINCIPIOS CONSIGNADOS EN TAL ARTICULO NO SON COMPARTIMIENTOS ESTANCOS, SINO INTERCOMUNICABLES, COBRANDO CADA UNO DE ELLOS VALOR EN FUNCION DE LOS DE MAS Y DE AHI QUE PUEDA PREDICARSE QUE LA SEGURIDAD JURIDICA ES . PERO ESO NO QUIERE DECIR QUE NO TENGA VALOR POR SI MISMO Y QUE SU ALEGACION Y CONSIDERACION SEA SUPERFLUA.

POR ELLO, Y A SU RESPECTO, CABE DECIR QUE NINGUNA DE ESAS NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS DE ESE PRINCIPIO INCURREN EN EL VICIO ALEGADO. EN EFECTO, APARTE DE INDICAR QUE LAS MISMAS SON NORMAS CLARAMENTE FORMULADAS Y FORMALMENTE PUBLICADAS, NO MERECEDORAS DEL ATRIBUTO DE INCIERTAS O SER CAUSA DE INCERTIDUMBRE (COMO SE ALEGA), NO PUEDE OLVIDARSE QUE LAS MODIFICACIONES OPERADAS POR LOS PRECEPTOS EN CUESTION ESTAN EN EL AMBITO DE LA POTESTAD LEGISLATIVA, QUE NO PUEDE PERMANECER INERME NI INACTIVA ANTE LA REALIDAD SOCIAL Y LAS TRANSFORMACIONES QUE LA MISMA IMPONE, SO PENA DE CONSAGRAR LA CONGELACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO O LA PROHIBICION DE MODIFICARLO. OBVIO ES QUE AL HACERLO HA DE INCIDIR, POR FUERZA, EN LAS RELACIONES O SITUACIONES JURIDICAS PREEXISTENTES, MAS SOLO SE INCIDIRIA EN INCONSTITUCIONALIDAD SI AQUELLAS MODIFICACIONES DEL ORDENAMIENTO JURIDICO INCURRIERAN EN ARBITRARIEDAD O EN CUALQUIERA OTRA VULNERACION DE LA NORMA SUPREMA.

NO OCURRE ASI EN EL CASO, PUES NO SE VE EN MODO ALGUNO COMO ESAS NORMAS PUEDAN AFECTAR AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA. LOS RECURRENTES, AL FORMULAR ESTA ACUSACION, HACEN MAS BIEN REFERENCIA A OTROS PRINCIPIOS O NORMAS, CIRCUNSTANCIA QUE TIENE SU LOGICA POR REFERIRSE A NORMAS INTEGRADAS EN ORDENACIONES GENERALES, OBJETIVAS O ESTATUTARIAS. EN CONCRETO ES INADMISIBLE LA CONSIDERACION DE QUE EL ART. 32.4 (PENSION DE ORFANDAD INCOMPATIBLE CON TRABAJO ACTIVO) PUEDA CAUSAR INSEGURIDAD POR INCLUIRSE LA NORMA EN ESTA LEY 30/1984 Y NO EN UNA RELATIVA A CLASES PASIVAS O DE SEGURIDAD SOCIAL. LO MAS QUE ELLO PODRIA CONSTITUIR SERIA UNA INCORRECCION TECNICA, AJENA A LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL, PUES LA REGULADA POR UNA LEY, DESDE ESA PERSPECTIVA, NO HA DE AJUSTARSE A UNA PRETENDIDA HOMOGENEIDAD.

D) REPROCHAN TAMBIEN LOS RECURRENTES A LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS INCURRIR EN ARBITRARIEDAD. REITERAMOS LO DICHO AL RESPECTO DE ESTE PRINCIPIO EN LOS APARTADOS A) Y B) DEL FUNDAMENTO JURIDICO DE ESTA SENTENCIA.

SE DICE QUE EL ART. 33 DE LA LEY INTRODUCE UNA DISCRIMINACION NO JUSTIFICADA ENTRE FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PERSONAL SOMETIDO AL DERECHO LABORAL. SE PUEDE DECIR, EN EFECTO, QUE SE DA UNA DIFERENCIA DE TRATO LEGISLATIVO, QUE NO RESULTA ARBITRARIA. SE TRATA DE REGIMENES JURIDICOS DISTINTOS, APLICABLES A SITUACIONES DIFERENTES, ES DECIR, UNO ESTATUTARIO Y OTRO LABORAL, PUESTO QUE NO SON LOS MISMOS LOS DERECHOS Y DEBERES DE UNO Y OTRO PERSONAL Y ES RAZONABLE ESA DISTINCION, YA QUE, COMO SE DIJO EN LA STA57/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 9., LA IGUALDAD DE TRATO DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES NO SE INFIERE DE LA CONSTITUCION, Y DE ELLO ES PRUEBA LA TAMBIEN DISTINTA REGULACION Y PREVISION CONSTITUCIONAL, CUYO ART. 35.2 REMITE AL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y EL 103.3 AL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS, LO QUE JUSTIFICA .

SI LA DISTINCION ENTRE AMBOS REGIMENES ES UNA OPCION CONSTITUCIONALMENTE LICITA DEL LEGISLADOR, TAMBIEN LO SERA LA DIFERENCIA EN LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LOS MISMOS, NO JUSTIFICANDOSE POR ELLO LA SOSPECHA DE ARBITRARIEDAD.

POR LO QUE SE REFIERE AL ART. 29.1 Y 3, C), LOS RECURRENTES ADUCEN QUE NO APARECE JUSTIFICADO NI RAZONABLE EL PASO DE LA SITUACION ADMINISTRATIVA DE SUPERNUMERARIO QUE SE SUPRIME A LA DE SERVICIOS ESPECIALES UNOS Y A LA DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA OTROS, AMEN DE CONCULCAR DERECHOS ADQUIRIDOS, AUNQUE MAS BIEN LA IMPUTACION DEBERIA REFERIRSE A LA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA, QUE REGULA ESE PASO.

PERO NI EL ART. 29, SALVO EN LO QUE SE DIRA DESPUES DE SU APARTADO 2.1, NI ESA DISPOSICION, INCURREN EN VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD. UNO Y OTRA SE LIMITAN A UN CAMBIO EN LA SITUACION ADMINISTRATIVA. NI VULNERAN EL DERECHO AL TRABAJO, COMO TAMBIEN SE ALEGA, NI INCIDEN EN DERECHOS QUE EL LEGISLADOR NO PUEDA MODIFICAR Y REGLAMENTAR, COMO NACIDOS DE UNA REGULACION ESTATUTARIA, NI SE VE TAMPOCO EN QUE MODO DICHA ALTERACION PUEDE SER ARBITRARIA. EN SU CASO PODRIA SERLO LA REGLAMENTACION QUE LA LEY AUTORIZA, DE CONCULCARSE LAS REGLAS QUE SE PORMENORIZAN EN EL ART. 29 DE LA LEY. A SU SOLA VISTA, LA IMPUGNACION NO ES VIABLE. Y POR LAS MISMAS RAZONES, LA DEL APARTADO 29.3, C).

TAMPOCO INCURRE EN ARBITRARIEDAD EL ART. 32.4 DE LA LEY. DICHO ARTICULO ESTABLECE QUE LAS PENSIONES EN FAVOR DE LOS HUERFANOS MAYORES DE VEINTIUN AÑOS SERAN INCOMPATIBLES CON LA PERCEPCION DE HABERES POR TRABAJO ACTIVO QUE PERMITAN LA INCLUSION DEL TITULAR EN CUALQUIER REGIMEN PUBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL. EN MODO ALGUNO CABE HACER ESA TACHA DE ARBITRARIEDAD. EL PRECEPTO SE LIMITA, COMO INDICA EL LETRADO DEL ESTADO, A PREVER UN SUPUESTO DE INCOMPATIBILIDAD RAZONABLE. LA LEY NO SUPRIME PENSIONES, SINO QUE ESTABLECE UNOS LIMITES QUE NO PRIVAN AL BENEFICIARIO DE UN DERECHO INDIVIDUAL EN CUANTO ESTE NO RESULTA SINO DE UNA REGULACION O SISTEMA LEGAL.

E) TAMBIEN SE AFIRMA EN EL RECURSO QUE LOS PRECEPTOS ESTUDIADOS VULNERAN EL DERECHO AL TRABAJO RECONOCIDO EN EL ART. 35 DE LA C.E.

ES CIERTO ASI SE DIJO EN SSTA10/1983 Y 32/1985 QUE EL DERECHO DE ACCESO A LOS CARGOS Y FUNCIONES PUBLICAS IMPLICA EL DE MANTENERSE EN ELLOS, PERO TAMBIEN LO ES QUE, EN CUANTO SE DESEMPEÑAN POR FUNCIONARIOS PUBLICOS, HA DE HACERSE DE ACUERDO CON LA LEY QUE, ENTRE OTROS ELEMENTOS DE LA RELACION FUNCIONARIAL, PUEDE VARIAR, COMO ANTES SE HA DICHO, LA EDAD DE TERMINO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, SIN QUE ELLO LESIONE EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO AL TRABAJO (31.1), NI DEL DERECHO AL ACCESO Y MANTENIMIENTO EN LA FUNCION PUBLICA DEL ART. 23.2 C.E.

DE OTRO LADO, LA SENTENCIA REITERADAMENTE CITADA 108/1986, DE 29 DE JULIO, HA CONFIRMADO ESTA DOCTRINA, AÑADIENDO QUE EL CAMPO DE APLICACION DEL DERECHO AL TRABAJO EN LA FUNCION PUBLICA ESTA REGULADO EN EL ART. 103.3 DE LA NORMA FUNDAMENTAL Y NO EN EL 35.

POR LO QUE SE REFIERE AL ART. 29.3, C), VALE LO DICHO A PROPOSITO DEL ART.

33, Y AÑADIR UNICAMENTE QUE LA ALTERACION DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, Y EL CAMBIO QUE EN ELLAS PUEDEN EXPERIMENTAR EX LEGE LOS FUNCIONARIOS, TAMPOCO ENTRAÑA VULNERACION DEL DERECHO AL TRABAJO, PUESTO QUE NO OSTENTAN, COMO SE HA DICHO YA, DERECHO A LA PERMANENCIA DEL REGIMEN DE ESAS

SITUACIONES, REGULADAS ESTATUTARIAMENTE.

TAMPOCO INCIDE EN ESA VULNERACION EL ART. 32.4. LO QUE HACE EL PRECEPTO ES ESTABLECER UNA INCOMPATIBILIDAD, QUE EN MODO ALGUNO IMPIDE AL HUERFANO MAYOR DE VEINTIUN AÑOS OPTAR POR EL TRABAJO REMUNERADO RENUNCIANDO A LA PENSION DE ORFANDAD. NO HAY VIOLACION, PUES, DEL DERECHO AL TRABAJO, GARANTIZADO CONSTITUCIONALMENTE, GARANTIA QUE NO SE DA EN RELACION CON EL PRETENDIDO DERECHO DE DOBLE PERCEPCION O SIMULTANEIDAD DE PENSION Y TRABAJO ACTIVO. SE PODRA HABLAR DE LA PRIVACION DE UN BENEFICIO O VENTAJA PARA QUIEN OPTE POR EL TRABAJO ACTIVO, PERO NO DE UN DERECHO CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDO. EN REALIDAD EL PRECEPTO VIENE A CONSTITUIR UN SUBGENERO DEL REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES, PERO NO UN OBSTACULO PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA O AL EJERCICIO DEL DERECHO AL TRABAJO, COMO SOSTIENEN LOS RECURRENTES.

EN DEFINITIVA, PROCEDE RECHAZAR LA PRENTENSION DE ESTOS DE DECLARAR INCONSTITUCIONALES LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS.

7. QUEDA POR RESOLVER LA PRETENSION DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ART.

29.2, LETRA L), DE LA LEY 30/1984, AL QUE LOS RECURRENTES IMPUTAN LA VULNERACION DE LOS ARTS. 7, 14 Y 28 DE LA CONSTITUCION, AUNQUE EN PRINCIPIO CITEN LOS ARTS. 9.3 Y 33.3 DE LA MISMA, PERO SIN REFERIRSE MAS A ELLOS.

EL PRECEPTO IMPUGNADO DETERMINA UNO DE LOS SUPUESTOS DEL PASE A LA SITUACION DE SERVICIOS ESPECIALES, REFERIDA A AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE . SE ALEGA QUE CON ELLO SE COMETE UNA DISCRIMINACION RELATIVAMENTE A LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES O PATRONALES E INCLUSO A COLEGIOS PROFESIONALES, AMEN DE CON LOS SINDICATOS QUE CAREZCAN DE LA CALIFICACION DE MAS REPRESENTATIVOS, LIMITANDO O RESTRINGIENDO LA POSIBLE PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE SIRVAN EN ESOS GRUPOS, FRENTE A LA CONFIGURACION CONSTITUCIONAL DE UNA CONCEPCION IGUALATORIA DE SINDICATOS Y PATRONALES.

CIERTAMENTE NOS ENCONTRAMOS ANTE NORMAS DE CARACTER ESPECIAL, SI NO EXCEPCIONAL. LA NORMA EN CUESTION, QUE PREVE UN SUPUESTO DE , NO GUARDA RELACION U HOMOGENEIDAD CON EL RESTO DE LOS ENUMERADOS EN EL ART. 29.2, DE LA A) A LA K), DE LA LEY 30/1984, Y OFRECE UNAS CLARAS CARACTERISTICAS DE NORMA EXCEPCIONAL, EN CUANTO PRIVILEGIA A UN DETERMINADO GENERO DE ORGANIZACIONES NO ESTATALES RESPECTO DE OTRAS DE GENERO DISTINTO.

NOTA QUE SE AGUDIZA PORQUE DENTRO DEL GENERO PRIVILEGIADO EL PRECEPTO INTRODUCE A SU VEZ UNA DISTINCION ENTRE DIVERSAS ESPECIES, EXCLUYENDO DEL PRIVILEGIO A LOS SINDICATOS QUE NO SON .

ES ESTA DISTINCION ENTRE LOS SINDICATOS MAS REPRESENTATIVOS Y LOS QUE NO LO SON LA QUE RESULTA CONTRARIA A LA CONSTITUCION, DADA SU INCOMPATIBILIDAD CON SUS ARTS. 14 Y 28. NO SE JUSTIFICA, EN EFECTO, ESA DISTINCION ENTRE SINDICATOS A LOS EFECTOS DE EXONERACION DEL FUNCIONARIO QUE EN ELLOS OSTENTE CARGOS, LO QUE SUPONE UNA DISCRIMINACION TANTO A FAVOR DEL FUNCIONARIO, EN SU CASO, COMO DEL SINDICATO . SENTADA, PUES, SU INCONSTITUCIONALIDAD BASTARIA CON DECLARARLO ASI CON LA CONCRETA ANULACION DEL INCISO FINAL DEL PRECEPTO, ELIMINANDOSE DE LA NORMA ESA DISTINCION, PERO ELLO TENDRIA LA CONSECUENCIA DE EXTENDER EL PRIVILEGIO A ORGANIZACIONES A LAS QUE EL LEGISLADOR NO QUISO OTORGARSELO. DADO QUE, COMO ANTES SE HA INDICADO, LOS PRIVILEGIOS HAN DE MERECER SIEMPRE UNA INTERPRETACION RESTRICTIVA, FORZOSO ES CONCLUIR QUE, EN EL CASO, LA SIMPLE Y SOLA ANULACION DEL INCISO FINAL () EQUIVALDRIA A UNA AMPLIACION DEL AMBITO DE LA NORMA EXCEPCIONAL CARENTE DE SENTIDO. CUMPLE, PUES, DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD Y CONSIGUIENTE NULIDAD DE TODO EL APARTADO L) DEL NUM. 2 DEL ART. 29.

FALLO EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, HA DECIDIDO:

1. DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD Y CONSIGUIENTE NULIDAD DE LOS ARTS.

15.1 ULTIMO INCISO; 21,2 D), 22.2 Y 3, 27.3 Y 4, 29.2 L) Y DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, 1.4, EN LO QUE SE REFIERE, ESTA ULTIMA, AL CUERPO DE LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO, TODOS ELLOS DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, SOBRE REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA.

2. QUE LOS ARTS. 3.2 H) Y 21.1 F) DE LA MISMA LEY NO SON INCONSTITUCIONALES, INTERPRETADOS EN EL SENTIDO DEL FUNDAMENTO JURIDICO 3., APARTADO D), DE ESTA SENTENCIA.

3. DESESTIMAR EL RECURSO EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL .

DADA EN MADRID, A ONCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. FIRMADO:

FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. GLORIA BEGUE CANTON. ANGEL LATORRE SEGURA.

FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO PONCE DE LEON. FERNANDO GARCIA-MON GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA.

RUBRICADO.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER A LA SENTENCIA DE 11 DE JUNIO DE 1987 EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 763/84, AL QUE SE ADHIERE EL MAGISTRADO DON JESUS LEGUINA VILLA.

DISIENTO DE LA MAYORIA DEL TRIBUNAL RESPECTO A LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 29.2, LETRA L), DE LA LEY 30/1984. EL TEXTO APROBADO POR LA MAYORIA PARTE DE LA PREMISA DE QUE LA LETRA L) DEL CITADO ARTICULO NO GUARDA RELACION CON EL RESTO DE LOS APARTADOS DE ESE MISMO PRECEPTO LEGAL Y TIENE LOS CARACTERES DE UNA NORMA EXCEPCIONAL, EN CUANTO PRIVILEGIA A DETERMINADAS ORGANIZACIONES NO ESTATALES FRENTE A OTRAS Y EN CUANTO, DENTRO DE ESE PRIVILEGIO, DISTINGUE ENTRE LOS SINDICATOS MAS REPRESENTATIVOS Y LOS QUE NO LO SON; DISTINCION QUE, SIN MAS MATIZACIONES, SE CONSIDERA . A MI JUICIO EN DICHA REGLA LEGAL NO SE PRODUCE LESION DE ESOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

DEBE RECORDARSE QUE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA ADMITIDO LA EXISTENCIA DE LA FIGURA DE LOS SINDICATOS MAS REPRESENTATIVOS CON SU CONSECUENCIA DE ATRIBUCION A LOS MISMOS DE DETERMINADAS PRERROGATIVAS EN RELACION CON LA MAS EFICAZ DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES QUE SE VERIA PERJUDICADA POR UNA ATOMIZACION SINDICAL (SSTA53/1982, DE 22 DE JULIO, Y 65/1982, DE 10 DE NOVIEMBRE). EL TRIBUNAL HA ESTIMADO ASI QUE NO VULNERAN LOS

ARTS. 14 Y 28.1 DE LA CONSTITUCION LAS FUNCIONES Y PRERROGATIVAS ATRIBUIDAS CON EXCLUSIVIDAD A LOS SINDICATOS MAS REPRESENTATIVOS EN MATERIA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL (SSTA53/1982 Y 65/1982 YA CITADAS), NEGOCIACION COLECTIVA DE EFICACIA GENERAL (SSTA4/1983, DE 28 DE ENERO; 12/1983, DE 22 DE FEBRERO, Y 73/1984, DE 27 DE JUNIO), DOCTRINA CONFIRMADA CON CARACTER MAS GENERAL EN LA STA98/1985, DE 29 DE JULIO, QUE EXPRESAMENTE HA RECONOCIDO COMO JUSTIFICADA LA DIFERENCIA DE TRATO EN RELACION, ENTRE OTRAS, CON LA FUNCION DE PARTICIPAR COMO INTERLOCUTORES EN LA DETERMINACION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS A TRAVES DE LOS OPORTUNOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA O NEGOCIACION. ESTE TRIBUNAL HA ADMITIDO ASI LA ESPECIAL RELEVANCIA DE LA MAYOR REPRESENTATIVIDAD Y LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE DIFERENCIA DE TRATO, RESPECTO A LA ATRIBUCION DE FUNCIONES SINDICALES EN EL SENO DE LA FUNCION PUBLICA. EL PROBLEMA QUE PLANTEA EL ART. 29.2, LETRA L), DE LA LEY 30/1984, ES SI ESA DIFERENCIA DE TRATO ESTA TAMBIEN JUSTIFICADA RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE OBTENER LA SITUACION DE SERVICIOS ESPECIALES EL FUNCIONARIO PUBLICO QUE EJERZA CARGOS REPRESENTATIVOS EN EL SINDICATO.

PARA RESOLVER LA CUESTION A LA LUZ DE UNA MUY CONSOLIDADA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEBE VALORARSE EL ADECUADO EQUILIBRIO ENTRE DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, CUYA COMPATIBILIDAD ES PRECISO GARANTIZAR, EL DE LIBERTAD SINDICAL E IGUALDAD DE TRATO DE LOS SINDICATOS (ART. 28.1, EN RELACION CON EL 14 DE LA CONSTITUCION) Y EL DE LA PROMOCION SELECTIVA DE SINDICATOS QUE ENLAZA CON EL ART. 7 DE LA CONSTITUCION (STA98/1985, DE 29 DE JULIO). A MI JUICIO LAS MISMAS RAZONES QUE HAN PERMITIDO ACEPTAR ESA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE SINDICATOS EN UN TEMA TAN IMPORTANTE COMO EL REFERENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y NEGOCIACION, DEBEN LLEVAR TAMBIEN A ADMITIR LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DELA RESERVA RESPECTO A LOS SINDICATOS MAS REPRESENTATIVOS DE LA FACULTAD QUE CONCEDE EL ART. 29.2, LETRA L). PERO, ADEMAS, EXISTEN OTRAS RAZONES ADICIONALES QUE ABUNDAN EN FAVOR DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA LEGAL.

POR UNA PARTE LA REGLA DEL ART. 29.2, LETRA L), DE LA LEY 30/1984, SE OCUPA DE UNA MATERIA QUE NO FORMA PARTE ESTRICTAMENTE DEL CONTENIDO DE LA LIBERTAD SINDICAL. ESTE TRIBUNAL HA DECLARADO YA QUE NO CABE DEDUCIR

NO ES UN TEMA, POR TANTO, QUE AFECTE AL NUCLEO DE LA LIBERTAD SINDICAL; EN TODO CASO, PODRIA AFECTARLO EN LA MEDIDA QUE SUPUSIERA UNA DISTINCION INJUSTIFICADA QUE FAVORECIERA UNA ESPECIAL OPCION SINDICAL. ELLO QUIERE DECIR QUE SE TRATA DE UNA CONCESION DISCRECIONAL DEL LEGISLADOR, Y QUE LA CONSTITUCIONALIDAD DEBE SER ANALIZADA A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA LEY CONSAGRADO EN EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION. PARA ELLO ES PRECISO INDAGAR SI LA DISTINCION DE TRATO ESTA DOTADA O NO DE UNA JUSTIFICACION OBJETIVA Y RAZONABLE, JUSTIFICACION QUE, AL MISMO TIEMPO, GUARDE LA DEBIDA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA DIFERENCIA DE TRATO QUE SE EFECTUA Y LOS OBJETIVOS QUE CON ELLA SE PERSIGUEN.

AL RESPECTO HA DE SEÑALARSE QUE NO ES IGUAL LA POSICION JURIDICA QUE EN NUESTRO ORDENAMIENTO OSTENTAN LOS SINDICATOS MAS REPRESENTATIVOS QUE LOS DEMAS Y QUE, EN FUNCION DE ELLO, LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS TIENEN ATRIBUIDAS FUNCIONES DE RELEVANCIA PUBLICA, CUYOS EFECTOS ALCANZAN A TODA LA POBLACION ASALARIADA, YA SEA EN REGIMEN DE EMPLEO PRIVADO O EN REGIMEN DE EMPLEO PUBLICO, DE LAS QUE SON EJEMPLO LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL Y LA NEGOCIACION COLECTIVA DE EFICACIA GENERAL. EN VIRTUD DE ELLO EXISTE ALGUNA RELACION ENTRE EL SUPUESTO DE LA LETRA L), Y LOS DEMAS SUPUESTOS INCLUIDOS EN EL ART. 29.2 DE LA LEY 30/1984. EN TODOS ESTOS CASOS EL LEGISLADOR HA VALORADO COMO PRIORITARIA LA FUNCION O TAREA QUE VA A REALIZAR EL FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRE EN SITUACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES, RESPECTO A LAS QUE, DESEMPEÑARIA NORMALMENTE SI ESTUVIERA EN ACTIVO. EN CONSIDERACION DE UN INTERES PUBLICO ESTIMADO COMO PREVALENTE SE HA POSIBILITADO LA RELACION DE AQUELLAS FUNCIONES PUBLICAS, Y SE HAN EQUIPARADO ADEMAS A LAS MISMAS LAS FUNCIONES REPRESENTATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LOS SINDICATOS CUYA MAYOR REPRESENTATIVIDAD LES HACE SER TITULARES DE FUNCIONES SINDICALES DE MAYOR RELEVANCIA PUBLICA. IMPLICITAMENTE LA MAYORIA DEL TRIBUNAL PARECE TAMBIEN AFIRMAR QUE LA DIFERENCIA INJUSTIFICADA DE TRATO SE DARIA NO SOLO ENTRE LOS SINDICATOS, SINO TAMBIEN ENTRE LOS FUNCIONARIOS EN RAZON DE SU FILIACION SINDICAL. SIN EMBARGO, AL RECONOCER EL CARACTER EXCEPCIONAL DE LA MEDIDA, LA MAYORIA DEL TRIBUNAL ES CONSCIENTE DE QUE POR LA PROPIA NATURALEZA DE LA SITUACION, SOLO PUEDE ADMITIRSE MUY RESTRICTIVAMENTE, Y POR ELLO SOLO CUANDO EL INTERES DE LA FUNCION SINDICAL MAS REPRESENTATIVA SE ENTIENDA DEBA PREVALECER SOBRE EL INTERES DE LA TAREA PROFESIONAL DEL FUNCIONARIO EN ACTIVO. POR SU PROPIA NATURALEZA NO SE TRATA DE UNA SITUACION GENERALIZABLE, NI, POR ELLO PUEDE ENTENDER COMO UN DERECHO QUE ESTATUTARIAMENTE CORRESPONDA A TODO FUNCIONARIO. LA LEY HA TRATADO DE EVITAR QUE CUALQUIER FUNCIONARIO PUEDA PRETENDER, DE FORMA INDISCRIMINADA, IMPONER A LA ADMINISTRACION LA CARGA DE QUE LE SEA CONCEDIDA LA SITUACION DE SERVICIOS ESPECIALES, Y AL MARGEN DE LA EFECTIVA REPRESENTATIVIDAD Y DE LA ENTIDAD REAL DEL SINDICATO AL QUE FORMALMENTE PRETENDA AQUEL DEDICARSE. TAMBIEN PARA EVITAR UNA GENERALIZACION DE LA SITUACION LA LEY HA RECONOCIDO ESA POSIBILIDAD SOLO A LOS FUNCIONARIOS QUE OCUPEN PUESTOS ELECTIVOS EN LOS SINDICATOS MAS REPRESENTATIVOS, Y EN RAZON DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE CONSULTA Y NEGOCIACION QUE LEGALMENTE LE SON RECONOCIDAS. SE HA ESTABLECIDO ASI TAMBIEN CON ELLO UN LIMITE OBJETIVO QUE REDUCE SENSIBLEMENTE LOS EFECTOS COLATERALES PERJUDICIALES QUE RESULTARIAN DE LA GENERALIZACION DE UNA SITUACION ESPECIALMENTE ONEROSA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA AFECTADA.

PARTIENDO DE ESTAS CONSIDERACIONES EL ART. 29.2, LETRA L), DE LA LEY 30/1984, NO CONCULCA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION. PODRIA CUESTIONARSE, EN TODO CASO, LA TOTAL EXCLUSION DE AQUELLAS ORGANIZACIONES QUE PUDIERAN SER MAYORITARIAS O REALMENTE REPRESENTATIVAS EN EL AMBITO DE LA FUNCION PUBLICA Y QUE LIMITARAN SU RADIO DE ACCION A ESTE SECTOR, PUESTO QUE SE TRATA DE FACILIDADES CONCEDIDAS A PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA. PERO NO HAY QUE OLVIDAR QUE LA RATIO DEL PRECEPTO AHORA IMPUGNADO NO PARECE SER CABALMENTE CONTRIBUIR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD SINDICAL EN EL AMBITO DE LA FUNCION PUBLICA, SINO DE PERMITIR A LAS ORGANIZACIONES MAS REPRESENTATIVAS, QUE HAN DE ACREDITAR UNA AUDIENCIA MINIMA EN EL CONJUNTO DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD Y AMBITOS GEOGRAFICOS, EL ADECUADO EJERCICIO DE AQUELLAS FUNCIONES QUE SE DERIVAN DE SU SINGULAR POSICION JURIDICA, RELATADAS EN SU MAYOR PARTE EN EL ART. 6.3 DE LA LEY 11/1985, DE LIBERTAD SINDICAL.

POR TODO ELLO EL PRECEPTO NO ES, A MI JUICIO, CONTRARIO A LA CONSTITUCION NI INCOMPATIBLE CON SUS ARTS. 14 Y 28.

MADRID, ONCE DE JUNIO DE 1987. FIRMADO: MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO. JESUS LEGUINA VILLA. RUBRICADO.