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SENTENCIA NUM. 49/1988, DE 22 DE MARZO, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS NUMEROS 990, 991 Y 1007/85 PROMOVIDOS POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y POR LA JUNTA DE GALICIA CONTRA LA LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE REGULACION DE LAS NORMAS BASICAS SOBRE ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS DE AHORRO. - Boletín Oficial del Estado, de 13-04-1988

Tiempo de lectura: 177 min

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Ambito: BOE

Órgano emisor: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 89

F. Publicación: 13/04/1988

Esta normal es una reproducción del texto publicando en el Boletín Oficial del Estado Número 89 de 13/04/1988 y no contiene posibles reformas posteriores

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS NUMS. 990, 991 Y 1.007/85, PROMOVIDOS, RESPECTIVAMENTE, POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DON MANUEL MARIA VICENS MATAS, DON JOSE MARIA RUIZ GALLARDON COMISIONADO POR 54 DIPUTADOS, Y POR LA JUNTA DE GALICIA, REPRESENTADA POR EL ABOGADO DON ANGEL FENOR DE LA MAZA Y CORNIDE-QUIROGA, CONTRA LA LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE REGULACION DE LAS NORMAS BASICAS SOBRE ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS DE AHORRO. HA SIDO PARTE EL GOBIERNO DE LA NACION, REPRESENTADO POR EL LETRADO DEL ESTADO, Y PONENTE EL MAGISTRADO DON ANGEL LATORRE SEGURA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I.

ANTECEDENTES

1. EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1985 SE PRESENTO EN ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, REGISTRADO CON EL NUM. 990/85, DEL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA CONTRA LOS ARTS. 1, 2, APARTADO 3.3, APARTADO 2.4.6, PARRAFOS 1 Y 2, 7, 8, 9, 10, PARRAFO 1.12.2, APARTADO 3.13, APARTADO 3, 14, 16, 20.2, PARRAFO 3. ; 22.5, 27, 31; DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, UNO, APARTADO PRIMERO; DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, UNO, APARTADO SEGUNDO: DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, DOS; DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA; DISPOSICION FINAL CUARTA, APARTADOS UNO Y DOS; DISPOSICION FINAL CUARTA, APARTADO TRES; DISPOSICION FINAL QUINTA; Y, EN GENERAL, CUALESQUIERA OTROS PRECEPTOS QUE POR SU CARACTER DETALLADO Y REGLAMENTISTA NO PUEDAN SER CONSIDERADOS COMO BASICOS, DE LA LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE REGULACION DE LAS NORMAS BASICAS SOBRE ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS DE AHORRO. EN ESTE ESCRITO COMIENZA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA POR FORMULAR ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES. SEÑALA EN PRIMER TERMINO QUE LA LEY AHORA IMPUGNADA SE INSPIRA EN EL MISMO ESPIRITU CENTRALIZADOR Y CONTRARIO AL REGIMEN AUTONOMICO DE LA CONSTITUCION QUE LEY 15/1985, TAMBIEN RECURRIDA ANTE ESTE TRIBUNAL, LEYES AMBAS CON LAS CUALES SE INTENTA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CAPTAR EL VOLUMEN DE DEPOSITOS QUE ADMINISTRAN LAS CAJAS DE AHORRO PARA EL PODER CENTRAL Y EN LAS QUE SE DESCONOCE QUE LAS CAJAS, A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS COMO LAS ENTIDADES BANCARIAS, TIENEN UNA PROFUNDA RAIGAMBRE TERRITORIAL Y CONSTITUYEN UNA MATERIA ESPECIFICA DE LA COMPETENCIA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, DE ACUERDO CON EL ART. 12.1.6 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA (EAC) Y DE OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS. DICE TAMBIEN EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, DENTRO DE LAS MISMAS CONSIDERACIONES GENERALES, QUE LA REGULACION TOTAL Y MINUCIOSA QUE HACE LA LEY IMPUGNADA DE LOS ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS DE AHORRO ES CONTRARIA AL CRITERIO DE PLURALISMO Y VARIEDAD QUE CIMENTA NUESTRO ORDEN CONSTITUCIONAL. ELLO NO SIGNIFICA DESCONOCER QUE, SEGUN LA STC 1/1982, DE 28 DE ENERO, LAS BASES DE ORDENACION DEL CREDITO DEBEN CONTENER LAS NORMAS REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACION INTERNA Y FUNCIONES DE LOS DIFERENTES INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LAS CAJAS DE AHORROS; PERO ESTA AFIRMACION DEBE ENTENDERSE EN SU CONTEXTO, DE FORMA QUE LAS CUESTIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACION INTERNA DE LAS CAJAS QUE NO AFECTAN NI A SU NATURALEZA NI A SU SITUACION ESPECIFICA EN EL SISTEMA FINANCIERO, QUE SON LAS QUE CASI EN SU TOTALIDAD CONTEMPLA LA LEY IMPUGNADA,

NO CORRESPONDEN A UNA ORDENACION BASICA, SINO A LA DIVERSIDAD NORMATIVA RECONOCIDA POR LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA.

EXAMINA A CONTINUACION EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD ALGUNAS CUESTIONES GENERALES RELATIVAS AL ALCANCE TERRITORIAL DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS SOBRE LAS CAJAS DE AHORRO.

CENSURA EL CRITERIO QUE, EN ESTE ASPECTO, ADOPTA LA DISPOSICION FINAL QUINTA DE LA LEY IMPUGNADA, QUE ESTABLECE COMO PUNTO DE CONEXION PARA FIJAR DICHO ALCANCE LA CONCURRENCIA DE UN DOBLE REQUISITO: QUE LAS CAJAS DE AHORRO TENGAN SU DOMICILIO SOCIAL EN LA COMUNIDAD Y QUE SUS ACTIVIDADES SE REALICEN EN SU AMBITO. PARA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD ESTA REGLA PUEDE SER PROCEDENTE EN ALGUN CASO EXCEPCIONAL, PERO NO DEBE TENER CARACTER GENERAL YA QUE LAS CAJAS DE AHORRO DEBEN REGIRSE EN PRINCIPIO POR SU ESTATUTO PERSONAL, ES DECIR, POR EL QUE RESULTE DE SU DOMICILIO SOCIAL Y NO POR EL DERECHO TERRITORIAL APLICABLE EN EL LUGAR EN QUE SE DESARROLLE SU ACTIVIDAD.

RECUERDA A ESTE RESPECTO QUE TANTO EN LA CONSTITUCION COMO EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA APARECE EL CARACTER DE LA TERRITORIALIDAD COMO DELIMITADOR DE LAS COMPETENCIAS, ATRIBUYENDO ESTAS AL ESTADO CUANDO EXISTE UNA AFECTACION SUPRACOMUNITARIA (ART. 149.1.21, 22 Y 24); PERO ELLO NO OBSTA PARA QUE LAS DECISIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NO PUEDAN PRODUCIR CONSECUENCIAS DE HECHO EN OTROS LUGARES DEL TERRITORIO NACIONAL (STC 37/1981, DE 16 DE NOVIEMBRE). INTERPRETA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD QUE LA ATRIBUCION DE COMPETENCIAS AL ESTADO OBEDECE, EN ALGUNOS CASOS, A LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EJERZAN DETERMINADAS POTESTADES FUERA DE SU TERRITORIO, SIN QUE LA MERA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA ACTIVIDAD SOBREPASE SU TERRITORIO SEA SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA ACTUACION DEL PODER CENTRAL, SOBRE TODO CUANDO ESTE CARECE DE TITULO ESPECIFICO PARA ELLO, COMO OCURRE EN MATERIA DE CAJAS DE AHORRO. EN ESTA MATERIA EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD SOLO HABRA DE REGIR CUANDO LAS ACTIVIDADES MATERIALES DE LAS CAJAS QUE SE REALIZAN FUERA DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA SEAN DE TAL NATURALEZA QUE LOS ORGANOS DE ESTA NO PUEDEN EJERCERLAS MAS QUE EN SU PROPIA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL. TAL SERIA EL CASO DE COMPROBACIONES, EXAMENES O INSPECCIONES

(STC 1/1982, DE 28 DE ENERO), PERO NO EN OTRAS ACTIVIDADES, SOBRE TODO SI GUARDAN RELACION CON ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LAS MISMAS CAJAS. ADVIERTE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD QUE EN ESTE CASO NO ES APLICABLE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SSTC 72/1983, DE 29 DE JULIO, Y 44/1984, DE 27 DE MARZO) QUE DISTINGUE, REFIRIENDOSE A LAS COOPERATIVAS DE CREDITO, ENTRE ACTIVIDADES TIPICAS (LAS QUE REALIZAN CON SUS SOCIOS, QUE HABRAN DE AJUSTARSE AL CRITERIO TERRITORIAL) Y LAS QUE NO LO SON (ACTIVIDADES CON TERCERO, PARA LAS QUE SE ADMITE LA DIMENSION EXTRATERRITORIAL), YA QUE EN LAS CAJAS NO HAY SOCIOS Y NO PUEDE DISTINGUIRSE ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON ELLOS Y LAS QUE SE EJERCEN CON TERCEROS. EN OTRO SENTIDO, Y PARA CONCLUIR ESTAS CONSIDERACIONES GENERALES, EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD SE REFIERE A OTRAS CUESTIONES, COMO ES LA QUE SEGUN EL PREAMBULO DE LA LEY IMPUGNADA PERSIGUE LA NUEVA REGULACION. ESTA DEMOCRATIZACION DEBERIA RECONOCER EL PLURALISMO DE FUENTES DE PODER DEL ACTUAL ESTADO ESPAÑOL, PERO, AL CONTRARIO, PROCEDE LA LEY A UNA HOMOGENEIZACION ABSOLUTA DE LA ORGANIZACION INTERNA DE LAS CAJAS, SIN DEJAR EL MENOR RESQUICIO A ESE PLURALISMO. TAMBIEN DEBIO DAR UN PASO DECISIVO A LA REPRESENTACION DE OTROS INTERESES SOCIALES TAMBIEN RELEVANTES EN LA SOCIEDAD CIVIL Y QUE TUVO EN CUENTA LA LEY CATALANA 15/1983, DE 1 DE JULIO, QUE INCLUSO ADMITIA UNA MAYOR REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES QUE LA ESTATAL.

2. EXAMINA A CONTINUACION EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EN MATERIAS DE CAJAS DE AHORRO. INICIA ESTE EXAMEN DISTINGUIENDO, FRENTE AL A SU ENTENDER CONFUSO PLANTEAMIENTO DEL PREAMBULO DE LA LEY IMPUGNADA, LAS COMPETENCIAS RELATIVAS A LA ORDENACION DEL CREDITO (ART. 149.1.11 DE LA CONSTITUCION Y 10.1 DEL E. A. C.) Y LAS COMPETENCIAS SOBRE CAJAS DE AHORRO. RESPECTO A LA PRIMERA MATERIA, LA GENERALIDAD ASUME LAS COMPETENCIAS DE DESARROLLO Y EJECUCION; EN CUANTO A LA SEGUNDA, A LA GENERALIDAD SE LE RECONOCE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA (ART. 12.1.6 E. A. C.).

ESTA DIFERENCIA DE DICCION SUPONE UN DISTINTO ALCANCE PARA LAS CITADAS COMPETENCIAS, PUES LA COMPETENCIA DE DESARROLLO Y EJECUCION ES MAS RESTRICTIVA DEL PODER COMUNITARIO QUE LA ATRIBUIDA CON CARACTER EXCLUSIVO, SIN PERJUICIO DE LA LEGISLACION BASICA ESTATAL.

DE TODO ELLO DEDUCE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD QUE LA MENCION NO ABARCA LA TOTALIDAD DEL FENOMENO ECONOMICO FINANCIERO, SINO SOLO UNA PARTE DE EL Y, CONCRETAMENTE, AQUELLAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DE UN COMUN DENOMINADOR EN LO ECONOMICO, DE TAL MODO QUE LA ORDENACION DEL CREDITO GUARDA UNA RELACION INSTRUMENTAL CON LA Y CON LA ALUDIDOS IGUALMENTE EN LA CONSTITUCION Y EN EL E. A. C. EN CAMBIO, HAN DE QUEDAR FUERA DE ESOS ASPECTOS BASICOS OTROS COMPONENTES DEL CREDITO QUE NO INCIDEN EN LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA ECONOMICA GENERAL. TAL ES EL RELATIVO AL ORDENAMIENTO MERCANTIL DE LAS ENTIDADES DE CREDITO, QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AL ESTADO (ART. 149.1.6 DE LA CONSTITUCION), Y EL QUE SE REFIERE A LA ORGANIZACION INTERNA DE LAS CAJAS DE AHORRO, EN LA MEDIDA EN QUE HAN SIDO ASUMIDAS POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y POR OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS. ESTO EXPLICA QUE EN LOS ESTATUTOS DE ESAS COMUNIDADES LA COMPETENCIA SOBRE CAJAS DE AHORRO SEA MAS AMPLIA QUE LA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON LA ORDENACION DEL CREDITO. EN ESTA ULTIMA MATERIA HAY QUE INCLUIR LAS CONDICIONES GENERALES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, LA FIJACION DE COEFICIENTES PROPIOS, LA OBLIGACION DE INVERTIR EN CIERTOS ACTIVOS, LA PROHIBICION DE ALGUNAS OPERACIONES Y LA OBLIGACION DE CONSTITUIR DETERMINADAS RESERVAS. NO PARECE, POR EL CONTRARIO, QUE AFECTEN A LA POLITICA CREDITICIA O MONETARIA EN GENERAL LAS NORMAS RELATIVAS A LA ORGANIZACION INTERNA DE LAS CAJAS.

3.

DA POR SENTADO EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD QUE EL PODER CENTRAL DISPONE DE COMPETENCIAS PARA DICTAR ALGUNAS REGLAS BASICAS SOBRE LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS, PERO LIMITADAS SOLO A AQUELLOS ASPECTOS DE LOS QUE DEPENDE SU ESENCIA Y SU SITUACION EN EL MUNDO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, Y ENTIENDE QUE HAY QUE FIJAR CUAL SEA EL ALCANCE DE ESAS BASES. DEL EXAMEN DE LA JURISPRUDENCIA DE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXTRAE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD ALGUNAS CONCLUSIONES. ENTRE ELLAS QUE LA FINALIDAD DE LAS BASES NO ES COLOCAR UN INSTRUMENTO EN MANOS DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA COORDINACION ENTRE LA LEGISLACION ESTATAL Y LA AUTONOMICA, YA QUE BASES Y COORDINACION SON DOS COMPETENCIAS DISTINTAS

(SSTC 32/1983 DE 28 DE ABRIL, Y 42/1983, DE 20 DE MAYO). LAS BASES NO TIENEN COMO FIN LOGRAR UNA CIERTA SEMEJANZA EN LAS ACTUACIONES AUTONOMICAS ESTA ES LA FINALIDAD DE LA COMPETENCIA DE COORDINACION , SINO UNICAMENTE ESTABLECER UN MINIMO COMUN DENOMINADOR NORMATIVO A PARTIR DEL CUAL CADA COMUNIDAD PUEDE SATISFACER SU PROPIO INTERES GENERAL ESTABLECIENDO LAS PECULIARIDADES QUE LE CONVENGA (SSTC 1/1982, DE 28 DE ENERO, Y 57/1983, DE 28 DE JUNIO). POR ELLO LA REGULACION BASICA DEBE PERMITIR UNA DIVERSIDAD DE REGULACION O UNA ACCION DE GOBIERNO DE CADA COMUNIDAD EN FUNCION DE UNA POLITICA PROPIA CON DISTINTAS OPCIONES, YA QUE LA POTESTAD NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES NO ES EN ESTOS SUPUESTOS DE CARACTER REGLAMENTARIO, SINO LEGISLATIVO (SSTC 6/1982, DE 14 DE JUNIO; 64/1982, DE 4 DE NOVIEMBRE; 32/1981, DE 28 DE JULIO, Y 32/1983, DE 28 DE ABRIL). RECUERDA TAMBIEN EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD QUE SEGUN LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LO BASICO ES UNA NOCION MATERIAL (STC 32/1981, DE 28 DE JULIO). EN CONSECUENCIA, LA PRIMERA CONDICION PARA QUE UNA NORMA SEA CALIFICADA DE BASICA RADICA EN EL HECHO DE QUE SU CONTENIDO SUPONGA UNA REGULACION MATERIAL EFECTIVA DEL SECTOR CORRESPONDIENTE, Y LA SEGUNDA CONDICION ENTRAÑA QUE DICHO CONTENIDO RESPONDA A LA FINALIDAD PROPIA DE LA COMPETENCIA, QUE NO ES ESTABLECER UNA SEMEJANZA ENTRE LAS ACTUACIONES AUTONOMICAS, SINO EXCLUSIVAMENTE IDENTIFICAR AQUEL NUCLEO DEL ORDENAMIENTO QUE REQUIERE ELEMENTOS COMUNES EN FUNCION DE LOS INTERESES COMUNES DEL ESTADO. NO PARECE ASI ADMISIBLE QUE SE REPUTEN COMO BASICAS NORMAS MERAMENTE PROCEDIMENTALES DESTINADAS A REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE UNAS INSTITUCIONES LAS CAJAS DE AHORRO CUANDO NO SE INCIDE EN LAS GARANTIAS FORMALES DEL ADMINISTRADO FRENTE A LA ADMINISTRACION O EN LA SEGURIDAD O SOLVENCIA NECESARIAS PARA TALES ENTIDADES. TAMPOCO PUEDEN ESTIMARSE COMO BASICAS EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DE MERA EJECUCION, EXCEPTUANDO LOS CASOS MUY CONCRETOS SEÑALADOS EN LA STC 1/1982, DE 28 DE ENERO, TALES COMO EL SEÑALAMIENTO DE COEFICIENTES DE INVERSION OBLIGATORIA PARA LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS O LOS ACTOS DE COMPROBACION NECESARIOS A REALIZAR FUERA DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD PARA CONCEDER O DENEGAR LA APERTURA DE NUEVAS OFICINAS DE LAS CAJAS. POR OTRA PARTE, EL ANALISIS DE ESA FUNCION PROPIA DE LAS BASES REQUIERE UN JUICIO DE VALOR SOBRE LA IDONEIDAD DE LOS MEDIOS EMPLEADOS. NO SE TRATA DE UN JUICIO DE OPORTUNIDAD O DE EFICACIA, AJENO A LA FUNCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SINO DE UN JUICIO DE CAUSALIDAD, YA QUE LA UTILIZACION DE MEDIOS DE LOS QUE NO SE DERIVE UNA ADECUADA CONEXION CON LOS INTERESES GENERALES CONFIADOS AL ESTADO NO PUEDE OCASIONAR UNA MERMA DE COMPETENCIAS PARA LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

DESDE ESTA OPTICA LA LEY IMPUGNADA HA DE SER CENSURADA POR DESCENDER A CUESTIONES TAN NIMIAS Y TAN POCO VINCULADAS CON LAS BASES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL O LA POLITICA MONETARIA DEL ESTADO COMO LAS CAUSAS DE CESE DE LOS CONSEJEROS GENERALES (ART. 10) O LA POSIBILIDAD DE REMOVER DE SU CARGO AL DIRECTOR GENERAL. CONCLUYE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD ESTAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS BASES CON TRES PRECISIONES: LA PRIMERA ES QUE LA DETERMINACION DE SI LA FIJACION DE LAS BASES HA SIDO HECHA CORRECTAMENTE HA DE HACERSE TENIENDO EN CUENTA NO SOLO LA CONSTITUCION SINO TAMBIEN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, DISTINGUIENDO SI LAS BASES TIENEN UN CARACTER INFORMADOR, EN CUYO CASO SU ALCANCE ES MAS PROFUNDO CONDICIONANDO O LIMITANDO LAS OPCIONES PROPIAS , O SI SU PAPEL ES MERAMENTE ACOTADOR, COMO OCURRE CON EL ART. 12.1.6 E. A. C. LA SEGUNDA OBSERVACION ES QUE, DADO EL CARACTER GENERAL Y FUNDAMENTAL DE LAS BASES, ESTAS DEBEN SER ESTABLES, ATENDIENDO MAS A ASPECTOS ESTRUCTURALES QUE COYUNTURALES (STC 1/1982, DE 28 DE ENERO), NO DEBIENDO ENTRAR EN ELLAS ASPECTOS ACCESORIOS SINGULARES, CONSTITUYENTES O VARIABLES, QUE EN LA LEY QUE SE IMPUGNA SON LA MAYORIA.

Y LA TERCERA OBSERVACION ES QUE LAS LEYES AUTONOMICAS NO SON REGLAMENTOS DE EJECUCION DE LAS LEYES DE BASES ESTATALES, SINO QUE LA RELACION ENTRE UNAS Y OTRAS ES MUY SIMILAR A LA QUE SE DA ENTRE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES QUE HAN DE DESARROLLARLA. POR ELLO, EL LEGISLADOR AUTONOMICO NO EJECUTA LA LEGISLACION BASICA DEL ESTADO, SINO QUE LEGISLA DENTRO DE LOS AMPLIOS MARGENES FIJADOS POR LAS BASES, ESCOGIENDO ENTRE TODAS LAS OPCIONES POSIBLES LA QUE MAS CONVENGA A SUS INTERESES. PERO EN LA LEY IMPUGNADA SE REGULA CON TAL DETALLE LA MATERIA QUE LO POCO QUE SE DEJA A LA DETERMINACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SON MEROS ASPECTOS DE DESARROLLO REGLAMENTARIOS, EN LOS ESCASOS CASOS EN QUE EL ESTADO NO SE LO HA ATRIBUIDO A SI MISMO O A LOS ESTATUTOS DE LAS CAJAS.

4.

ANALIZA SEGUIDAMENTE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD LOS PRECEPTOS CONCRETOS IMPUGNADOS DE LA LEY 31/1985. COMIENZA CON EL ART. 1, QUE CONFIERE LA ADMINISTRACION, GESTION Y CONTROL DE LAS CAJAS A UNA ASAMBLEA GENERAL, UN CONSEJO DE ADMINISTRACION Y UNA COMISION DE CONTROL. AISLADAMENTE ESTE PRECEPTO NO PODRIA TACHARSE DE INSCONSTITUCIONAL, PUES CONTIENE UNA FIJACION RAZONABLE DE LOS ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS. PERO ES INCONSTITUCIONAL TAL COMO LO ENTIENDE EL GOBIERNO, SEGUN SE INFIERE DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR EL PROMOVIDO CONTRA LA LEY 15/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (R.I. NUM. 873/85). EN ESTE SE ATACA COMO INCONSTITUCIONAL POR SER CONTRARIO A ESTE ARTICULO EL PRECEPTO DE LA LEY CATALANA ((ART. 14.7, D)), QUE INCLUYE ENTRE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS CAJAS AL DIRECTOR GENERAL DE LAS MISMAS. ELLO SUPONE CONFERIR A LA LEY EL PROPOSITO DE NO ASEGURAR LA EXISTENCIA DE UN , QUE ES LA FINALIDAD DE LAS BASES, SINO DE ESTABLECER UNA REGULACION ABSOLUTAMENTE UNIFORME. LA FINALIDAD DE LA INTERVENCION COMPETENCIAL DEL ESTADO EN MATERIA DE ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS SE JUSTIFICA FUNDAMENTALMENTE EN LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LA SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES. Y NO SE ADVIERTE EN QUE LA INCORPORACION A LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL DIRECTOR GENERAL PUEDE INCIDIR EN LA SOLVENCIA DE LAS CAJAS O, EN DEFINITIVA, SOBRE LAS CONDICIONES ESENCIALES QUE LAS CARACTERIZAN EN EL AMBITO DE LAS FINANZAS.

5. EL ART. 2.3 DE LA LEY IMPUGNADA ES TAMBIEN, SEGUN EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD, INCONSTITUCIONAL, POR NO TENER EL CARACTER DE BASICO. EN DICHO PRECEPTO SE ESTABLECE LA REPRESENTACION DE LOS INTERESES COLECTIVOS EN LA ASAMBLEA GENERAL, FIJANDOLA EN EL 40 POR 100 PARA LAS CORPORACIONES MUNICIPALES EN CUYO TERMINO TENGA ABIERTA OFICINA LA ENTIDAD, EL 44 POR 100 PARA LOS IMPOSITORES, EL 11 POR 100 PARA LAS PERSONAS O ENTIDADES FUNDADORAS Y EL 5 POR 100 PARA LOS EMPLEADOS. INSISTE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD EN QUE EL ALCANCE DE LAS BASES HA DE SER MAS REDUCIDO, PUES EN LO QUE CONCIERNE A LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS LA COMPETENCIA ESTATAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LOS EXTREMOS ESENCIALES, SIN CUYO RESPETO ESTAS ENTIDADES DE CREDITO QUEDARIAN DESFIGURADAS ANTE LA CONCIENCIA SOCIAL Y CUYA INOBSERVANCIA PUDIERA PONER EN PELIGRO SU SOLVENCIA. POR TANTO, LAS BASES ESTATALES HAN DE LIMITARSE A EXIGIR LA PRESENCIA DE CIERTOS SECTORES PUBLICOS, SOCIALES O ECONOMICOS, PERO SIN IMPEDIR LA INSERCION DE OTRAS, CUYO CONCURSO O AUSENCIA DEBE DEJARSE A LA OPCION POLITICA DE CADA COMUNIDAD, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD A LAS QUE HA DE SERVIR. NO PUEDE, PUES, TENER CARACTER BASICO EL SEÑALAMIENTO EXHAUSTIVO DE UN LISTADO UNICO DE SECTORES QUE LLEVEN LA REPRESENTACION DE LOS INTERESES COLECTIVOS EN LA ASAMBLEA GENERAL Y MENOS AUN LA FIJACION DEFINITIVA DE LOS PORCENTAJES DE CADA SECTOR. EL SEÑALAMIENTO DE DICHOS PORCENTAJES DEBE COMPETER A LA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE PUEDE AÑADIR, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, LA REPRESENTACION DE OTROS SECTORES SOCIALES ADEMAS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ESTATAL, REAJUSTANDO, CONSIGUIENTEMENTE, LOS DIFERENTES PORCENTAJES. NADA DE ELLO AFECTA A LA SOLVENCIA DE LAS CAJAS QUE ES, COMO YA SE HA DICHO, LA RAZON ULTIMA DE LA COMPETENCIA BASICA ESTATAL. ESPECIAL MENCION MERECE AL ABOGADO DE LA GENERALIDAD EL EPIGRAFE DEL APARTADO QUE SE RECURRE SEGUN EL CUAL, EN LOS CASOS EN QUE LA ENTIDAD FUNDADORA SEA UNA CORPORACION LOCAL, DICHA ENTIDAD ACUMULARA A SU PARTICIPACION LA ATRIBUIDA A LAS CORPORACIONES MUNICIPALES EN CUYO TERMINO TENGA ABIERTA OFICINA LA CAJA. ESTA NORMA SERIA INCONSTITUCIONAL NO SOLO POR LAS RAZONES YA EXPUESTAS, SINO TAMBIEN PORQUE NO ES BASICA, YA QUE LA ACUMULACION PREVISTA EN NADA AFECTA A LA SOLVENCIA DE LA CAJA; PORQUE INFRINGE EL CRITERIO DE PLENA DEMOCRATIZACION EN QUE SE INSPIRA LA LEY SEGUN SU PREAMBULO, YA QUE DISCRIMINA A TODOS LOS MUNICIPIOS EN DONDE LA CAJA TENGA OFICINAS ABIERTAS QUE NO TENGAN LA CONDICION DE ENTIDAD FUNDADORA, PUESTO QUE A TALES MUNICIPIOS SE LES PRIVA DE TODA REPRESENTACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, PESE A QUE EN ELLOS SE HAYA PODIDO CAPTAR BUENA PARTE DEL PASIVO DE LA ENTIDAD; Y PORQUE ES CONTRARIA A LOS CRITERIOS DE REPRESENTACION LOCAL, EN ESPECIAL A LOS QUE INSPIRAN LA CONSTITUCION (ART. 141) Y LA LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL (ART. 31), TRATANDOSE DE CAJAS FUNDADAS POR LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.

6.

EL ART. 3, APARTADO DOS, ES INSCONSTITUCIONAL PARA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD POR TRATARSE DE UNA REGLA DE DETALLE PROPIA DE UN REGLAMENTO QUE NO SE CORRESPONDE CON EL CONCEPTO MATERIAL DE BASE NI AFECTA A LA SOLVENCIA DE LAS CAJAS NI A LA CONSECUCION DEL ORDEN ECONOMICO UNITARIO. EL APARTADO IMPUGNADO PROHIBE A LAS CORPORACIONES LOCALES FUNDADORAS DE LAS CAJAS DE AHORRO QUE OPEREN TOTAL O PARCIALMENTE EN EL AMBITO DE OTRA CAJA NOMBRAR REPRESENTANTES DE ESTA ULTIMA.

7. IMPUGNA SEGUIDAMENTE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD EL ART. 4 DE LA LEY, QUE ESTABLECE LA FORMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS IMPOSITORES, CONSISTENTE EN QUE DICHOS REPRESENTANTES SEAN ELEGIDOS POR COMPROMISARIOS ELEGIDOS A SU VEZ POR SORTEO ENTRE LOS IMPOSITORES. SEGUN EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD ESTE SISTEMA NO ES EL UNICO POSIBLE Y DEBE DEJARSE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LA POSIBILIDAD DE REGULAR OTROS, SIEMPRE QUE SE ESTABLEZCAN LAS DEBIDAS GARANTIAS DE PUREZA EN LA ELECCION.

8. SE IMPUGNA TAMBIEN EN EL ART. 6, PARRAFOS UNO Y DOS, QUE SE REFIEREN AL SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE LAS CAJAS, QUE SERAN ELEGIDOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE DICHOS EMPLEADOS, Y ESTABLECEN TAMBIEN QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS PODRAN ACCEDER EXCEPCIONALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL POR EL GRUPO DE REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES LOCALES. EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD CONSIDERA QUE NADA ABONA LA CONDICION DE BASICAS DE UNAS NORMAS QUE ESTABLECEN UN SISTEMA DE ELECCION DE SEGUNDO GRADO, PUES EN NADA AFECTA A LA SOLVENCIA DE LAS CAJAS NI A LA ORDENACION ECONOMICA GENERAL QUE LO SEAN, POR EJEMPLO, POR ELECCIONES DIRECTAS. Y EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE QUE LOS EMPLEADOS ACCEDAN A LA ASAMBLEA GENERAL EN REPRESENTACION DE LAS ENTIDADES LOCALES, ESTIMA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD QUE NO SOLO NO ES BASICA, SINO QUE CARECE DE TODA JUSTIFICACION RAZONABLE.

9.

IMPUGNA A CONTINUACION EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD LOS ARTS. 7 Y 8 DE LA LEY. EL PRIMERO DE ESTOS ARTICULOS FIJA LOS REQUISITOS PARA SER CONSEJERO GENERAL. ENTIENDE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD QUE ESTE ARTICULO, EN CONEXION CON LA DISPOSICION FINAL CUARTA, IMPIDE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EXIGIR MAYORES GARANTIAS DE VINCULACION A LAS CAJAS. SEÑALA LA POSIBLE CONTRADICCION ENTRE LO QUE SE DISPONE EN EL ART. 7.1 C), QUE EXIGE A LOS REPRESENTANTES DE LOS IMPOSITORES SER DEPOSITANTE AL TIEMPO DE ACEPTAR EL CARGO, Y LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO SEGUNDO DEL MISMO ARTICULO, QUE REQUIERE PARA SER DESIGNADO COMPROMISARIO O CONSEJERO SER DEPOSITANTE CON ANTIGUEDAD NO INFERIOR A DOS AÑOS EN EL MOMENTO DEL SORTEO. Y SEÑALA ASIMISMO QUE RESULTA CONTRADICTORIO CALIFICAR DE BASICA LA NORMA QUE DISPONE LA NECESIDAD DE HABER MANTENIDO EN EL SEMESTRE ANTERIOR UN SALDO MEDIO O UN MOVIMIENTO DETERMINADO DE LAS CUENTAS Y REMITIR PARA FIJACION DE SU CUANTIA MINIMA A LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD. EN CUANTO AL ART. 8, QUE DETERMINA EL REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS COMPROMISARIOS O CONSEJEROS, SERIA INCONSTITUCIONAL EN SU CONDICION DE BASICO, PORQUE NO PERMITE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SEÑALAR REQUISITOS ADICIONALES QUE REFUERCEN LA SOLVENCIA DE LAS PERSONAS O ENTIDADES REPRESENTADAS POR AQUELLAS.

10. EL ART. 9, QUE CONTIENE REGLAS RELATIVAS A LA DURACION DEL CARGO DE CONSEJERO, A SU REELECCION Y A LA RENOVACION DE LA ASAMBLEA GENERAL, TAMPOCO DEBE TENER LA CONSIDERACION DE BASICO, PUES SE LIMITA A IMPONER UN CRITERIO CONCRETO EN LA MATERIA QUE NO GUARDA RELACION DE CAUSALIDAD Y PROPORCIONALIDAD CON LOS PARAMETROS QUE DEFINEN LA POSICION ESENCIAL DE LAS CAJAS EN EL SISTEMA FINANCIERO.

11. EL ART. 10, PARRAFO PRIMERO, QUE ESTABLECE LAS CAUSAS DE CESE DE LOS CONSEJEROS, NO PERTENECE AL AMBITO DE LAS BASES, PORQUE DICHAS CAUSAS SON OBVIAS. SU IMPOSICION COMO BASICAS RESULTA VEJATORIA PARA LAS COMUNIDADES, PUES SE SUPONE QUE ESTAS OBRARAN DE MODO IRRACIONAL AL DECIDIR, POR EJEMPLO, QUE NI LA CADUCIDAD NI LA RENUNCIA NI LA DEFUNCION SEAN CAUSAS DE CESE. EL PRECEPTO VIOLA ASI LOS ARTS. 2, 137 Y CONCORDANTES DE LA CONSTITUCION.

12. EL ART.

12.2, APARTADO 3, QUE ESTABLECE QUE EL DIRECTOR DE LA ENTIDAD ASISTIRA A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL CON VOZ PERO SIN VOTO ES IMPUGNADO POR RAZONES DE CONEXION CON LOS ARTS.

26 Y 27. EL ART. 13.3, RELATIVO A LA SUPLENCIA DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN CASO DE CESE O REVOCACION, ES IMPUGNADO POR TRATARSE DE CUESTION DE DETALLE, PROPIA DE UNA NORMA REGLAMENTARIA. SE IMPUGNA TAMBIEN EL ART. 14, QUE CONTIENE LAS NORMAS RELATIVAS A LA PROVISION DE VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, PORQUE RESPONDEN A UNA OPCION ESPECIFICA DEL LEGISLADOR ESTATAL Y PORQUE, DADO SU CARACTER DETALLADO, NO DEJA EL MAS MINIMO RESQUICIO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, TAL Y COMO RESULTA DE LA DISPOSICION FINAL CUARTA. EN ESTE PUNTO, EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DA POR REPRODUCIDAS LAS ALEGACIONES QUE SE REFIEREN A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 3.2 DE LA LEY, ESPECIALMENTE LAS QUE AFECTAN AL PARRAFO PRIMERO DEL PRESENTE ARTICULO. EL ART. 16, QUE ESTABLECE LAS CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ES IMPUGNADO ASIMISMO NO POR FIJAR UNAS INCOMPATIBILIDADES A ESTE RESPECTO SINO POR IMPEDIR QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDAN MODULAR HETEROGENEAMENTE ESAS INCOMPATIBILIDADES. LA DISPOSICION FINAL CUARTA, EN CAMBIO, CIERRA A LOS PODERES AUTONOMICOS TODA POSIBILIDAD EN ESE SENTIDO, Y DESDE ESTE PUNTO DE VISTA EL PRECEPTO IMPUGNADO RESULTA INCONSTITUCIONAL.

EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD CONSIDERA TAMBIEN INSCONSTITUCIONAL EL ART. 20, APARTADO DOS, PARRAFO TERCERO, Y ART. 22, APARTADO CINCO, POR CONEXION CON LOS APARTADOS 26 Y 27 DE LA LEY A QUE SEGUIDAMENTE SE REFIERE.

13. IMPUGNA SEGUIDAMENTE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD LOS ARTS. 26 Y 27 DE LA LEY EN CUANTO LA REGULACION EN ELLOS CONTENIDA SE CALIFICA EN SU TOTALIDAD DE BASICA Y EXCEDE DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES, SALVO LO QUE SE INDICA EN EL PRIMER PARRAFO DEL ART. 26 SOBRE LAS CONDICIONES Y PREPARACION SUFICIENTE QUE HA DE REUNIR EL DIRECTOR GENERAL. SE REFIEREN ESOS ARTICULOS AL DIRECTOR GENERAL O ASIMILADO Y CONTIENEN NORMAS REFERENTES A SU NOMBRAMIENTO, CESE, DEDICACION EXIGIDA E INCOMPATIBILIDADES. TODAS ESTAS NORMAS O LAS RELATIVAS A SI HA DE TENER VOZ Y NO VOTO EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO NO GUARDAN RELACION ALGUNA CON LAS BASES GENERALES DE LA ECONOMIA, LA ORDENACION DEL CREDITO O LA SOLVENCIA DE LAS CAJAS Y DEBEN POR TANTO CORRESPONDER A LAS POTESTADES DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

INCLUSO, SEGUN EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD, ES INCOHERENTE QUE SEA BASICA LA RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR POR LA ASAMBLEA GENERAL Y NO LO SEA CUANDO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION ACUERDE SU CESE.

14.

EL ART. 31 ES IMPUGNADO POR EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD EN CUANTO REGULA CON CARACTER BASICO LAS FEDERACIONES DE LAS CAJAS DE AMBITO TERRITORIAL.

SI SE ENTIENDE QUE ESE AMBITO TERRITORIAL ES EL DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA Y TALES FEDERACIONES SE CONSTITUYEN UNICAMENTE PARA UNIFICAR LA REPRESENTACION Y COLABORACION DE LAS CAJAS CON LOS PODERES AUTONOMICOS, COMO PARECE DESPRENDERSE DEL TEXTO DE LA NORMA, NO DEBEN SER REGULADAS IMPERATIVAMENTE POR LA LEY ESTATAL, INCLUSO CON LA MINUCIOSIDAD QUE LO HACE EL ARTICULO CUESTIONADO, AL TENER CARACTER IMPERATIVO Y NO SUPLETORIO. AL NO ESPECIFICAR, COMO PODIA HABERLO HECHO, QUE SE REFIERE A FEDERACIONES PERTENECIENTES A DISTINTAS COMUNIDADES AUTONOMAS EL PRECEPTO ES INCONSTITUCIONAL.

15. SE IMPUGNA SEGUIDAMENTE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, UNO, APARTADO PRIMERO, QUE ATRIBUYE AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Y AL BANCO DE ESPAÑA LAS FUNCIONES DE DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION DE LAS CAJAS . PARA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD ESTE PRECEPTO, AL ATRIBUIR ESA COMPETENCIA SIN LIMITACION O RESERVA ALGUNA AL ESTADO, ESTA ADJUDICANDOLE COMPETENCIAS DE EJECUCION, DESCONOCIENDO DIVERSOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCION (ART. 149.1.11 Y 13) Y DEL E.A.C. (ARTS. 10.1.4. Y 12.1.6), QUE NO CONFIEREN AL ESTADO COMPETENCIAS DE EJECUCION SOBRE LAS CAJAS. NO PUEDE OPONERSE A ESTA AFIRMACION QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (STC 1/1982, DE 28 DE ENERO) HAYA ADMITIDO QUE EN ALGUNAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS LA COMPETENCIA ESTATAL PARA ESTABLECER BASES PODIA COMPRENDER LA DE LLEVAR A CABO ACTOS O RESOLUCIONES DE CARACTER EJECUTIVO, LO QUE EL REPRESENTANTE DE LA GENERALIDAD NO NIEGA.

PERO LA DISPOSICION IMPUGNADA CONVIERTE LA EXCEPCION EN REGLA GENERAL, ESTABLECIENDO QUE EN TODAS LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ESTADO HA DE ENTENDERSE QUE ESTE, ADEMAS DE LAS POTESTADES LEGISLATIVAS, DISPONE TAMBIEN DE LAS EJECUTIVAS. ESTO NO ES ASI. FIJADAS LAS BASES DE LA POLITICA GENERAL Y DE LA POLITICA MONETARIA HABRA DE CORRESPONDER A LA GENERALIDAD, EN EL TERRITORIO DE CATALUÑA, SU REGLAMENTACION Y EJECUCION DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA EXCLUSIVA QUE LE RECONOCE EL ART. 12.1.6 EN RELACION CON EL 25 DEL E.A.C., LO QUE SUPONE QUE, POR PRINCIPIO, CORRESPONDEN A LA GENERALIDAD LAS FUNCIONES DE DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION SOBRE LAS CAJAS, INCLUSO PARA LAS MATERIAS DE TITULARIDAD ESTATAL, SIN PERJUICIO DE QUE LAS INSTANCIAS CENTRALES O EL BANCO DE ESPAÑA PUEDAN CONTROLAR SUS ACTIVIDADES EN ALGUN CASO EXCEPCIONAL, ESPECIALMENTE CUANDO AFECTEN DIRECTAMENTE A LA POLITICA MONETARIA, A LA EJECUCION DE LA POLITICA DE CREDITO O DE SU PROPIA SOLVENCIA.

16. LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, UNO, APARTADO SEGUNDO, ES IMPUGNADA POR SU AMPLITUD E INDETERMINACION. SEGUN ELLA, LAS FUNCIONES DE LA DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION DE LAS CAJAS LAS REALIZARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Y EL BANCO DE ESPAÑA . SI BIEN NO NIEGA EL REPRESENTANTE DE LA GENERALIDAD QUE ALGUNAS ACTUACIONES PUBLICAS DE INDOLE MATERIAL DE LAS CAJAS Y, EN PARTICULAR, LAS COMPROBACIONES E INSPECCIONES, VENGAN DOMINADAS EN ALGUNOS CASOS POR EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EJERZAN DETERMINADAS POTESTADES FUERA DE SU TERRITORIO, ADVIERTE QUE, CON CARACTER GENERAL, EN MATERIA DE DISCIPLINA Y SANCIONES A LAS CAJAS NO SE PUEDE PRODUCIR EXTRATERRITORIALIDAD, DADO QUE EL SUJETO SANCIONADO LA CAJA COMO INSTITUCION RESIDE EN EL MISMO TERRITORIO QUE LA AUTORIDAD SANCIONADORA, POR SER ESTA LA DEL DOMICILIO SOCIAL, PESE A QUE LOS HECHOS SE HAYAN PRODUCIDO FUERA DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD. POR TANTO, EN LA MEDIDA EN QUE EL PRECEPTO RECURRIDO SUBSTRAE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE DISCIPLINA Y SANCION RESPECTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD, HA DE CONSIDERARSE CONTRARIO A LOS ARTS. 2 DE LA CONSTITUCION Y 12.16 DEL E.A.C. Y, EN CONSECUENCIA, INCONSTITUCIONAL. POR IGUALES RAZONES, EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD CONSIDERA INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, DOS, SEGUN LA CUAL LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EJERCERAN LAS FUNCIONES DE DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU TERRITORIO, EN LAS MATERIAS QUE SEAN DE SU COMPETENCIA.

17. RECURRE TAMBIEN EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA. EN SU OPINION, ESTAS DISPOSICIONES, QUE REGULAN LA ADAPTACION A LA LEY DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS VIGENTES EN LAS CAJAS EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACION, CORROBORAN QUE NO SE TRATA DE UNA LEY DE BASES O PRINCIPIOS SINO DE UNA LEY DE DETALLE Y AGOTADORA DE LA TOTALIDAD DE LAS MATERIAS, HASTA EL PUNTO DE QUE LLEGA A CONSIGNAR PLAZOS PARA QUE LAS CAJAS SE ACOMODEN DIRECTAMENTE A SUS REGULACIONES. NO SE TIENE EN CUENTA QUE HAY COMUNIDADES, COMO LA CATALANA, QUE YA HAN DICTADO UNA LEY (LA 15/1985) EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS. INCLUSO LAS NORMAS TRANSITORIAS SON TAN PROLIJAS Y REGLAMENTISTAS QUE REBASAN EVIDENTEMENTE LO QUE PUEDE SER ESTIMADO COMO BASICO.

18. LA DISPOSICION FINAL PRIMERA, QUE AUTORIZA AL GOBIERNO PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS Y DICTAR LAS DISPOSICIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA LEY, ES IMPUGNADA PORQUE CONFIERE AL EJECUTIVO CENTRAL UNA COMPETENCIA DE DESARROLLO LEGISLATIVO REGLAMENTARIO DE LA QUE CARECE, AL MENOS PARA TODO EL TERRITORIO, YA QUE SU COMPETENCIA SE LIMITA A LOS ASPECTOS BASICOS RELATIVOS A LA ORDENACION DEL CREDITO, A LA SOLVENCIA DE LAS CAJAS Y A LA PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN GENERAL.

19. SE IMPUGNA ASIMISMO LA DISPOSICION FINAL CUARTA, APARTADOS UNO Y DOS. EL PRIMER APARTADO ESTABLECE LAS COMPETENCIAS DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES. EN OPINION DEL ABOGADO DE LA GENERALIDAD, ESTA DISPOSICION DESFIGURA Y CONTRADICE LAS RELACIONES ENTRE NORMAS BASICAS Y LEGISLACION COMUNITARIA, QUE AQUI VIENEN REDUCIDAS HASTA EL PUNTO QUE LAS COMUNIDADES SOLO PUEDEN DICTAR NORMAS DE PROCEDIMIENTO A MODO DE PURO COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE LA REGULACION ESTATAL, SIN QUE PUEDAN EJERCER LAS DIVERSAS OPCIONES QUE SON INHERENTES AL CONCEPTO DE BASES Y AL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS. LAS MISMAS CONSIDERACIONES SON APLICABLES AL APARTADO SEGUNDO Y PUEDEN SER REFORZADAS AÑADIENDO QUE TODO LO REFERENTE A LA ORGANIZACION INTERNA DE LAS CAJAS FORMA PARTE DE SU ESTATUTO PERSONAL Y QUE, POR ELLO, EL

ENCARGO DEL LEGISLADOR AL EJECUTIVO QUE CONTIENE ESE APARTADO PARA QUE EXTIENDA O ADOPTE LAS DISPOSICIONES AUTONOMAS QUE HAN DE AFECTAR A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS CAJAS FUERA DE SU TERRITORIO PUGNA CON LA UNIDAD POLITICA, JURIDICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA, QUE IMPIDE SU DIVISION EN COMPARTIMIENTOS ESTANCOS, Y ACARREA LA NECESIDAD DE ACEPTAR LA EXTRATERRITORIALIDAD DE CIERTOS EFECTOS DE LA ACTUACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. CHOCA TAMBIEN CON LOS PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES Y AUTONOMICAS EN RELACION CON LAS PERSONAS JURIDICAS Y, EN PARTICULAR, CON LAS CAJAS DE AHORRO, QUE HAN DE REGIRSE POR SU LEY PERSONAL EN LO REFERENTE A SU CONSTITUCION, FUNCIONAMIENTO, TRANSFORMACION, DISOLUCION Y EXTINCION (ARTS. 9, 11 Y 16.1 DEL CODIGO CIVIL EN RELACION CON LOS ARTS. 149.1.1 Y 13 DE LA CONSTITUCION Y 12.1.6 DEL E.A.C.). Y ES CONTRARIO, POR ULTIMO, A LA POSICION CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, DE LA QUE NO CABE INFERIR QUE SE LE HAYA ATRIBUIDO LA POTESTAD DE LAS DISPOSICIONES DE LAS SEGUNDAS CUANDO ESTAS HAYAN DE PRODUCIR EFECTOS MAS ALLA DE SU TERRITORIO. EN CONSECUENCIA, EL PRECEPTO IMPUGNADO DEBE SER DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR DESCONOCER LOS ARTS. 2 Y 97 DE LA CONSTITUCION Y APLICAR CRITERIOS AJENOS A LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y A NUESTRO ORDENAMIENTO PARA LIMITAR LAS COMPETENCIAS ESTATAL Y AUTONOMICA A PROPOSITO DE LAS PERSONAS JURIDICAS.

20. LA DISPOSICION FINAL CUARTA, APARTADO TRES, QUE ESTABLECE LOS PRECEPTOS DE LA LEY QUE NO TENDRAN CARACTER DE BASICOS, ES ATACADA POR EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD PORQUE, DADO EL ESCASO NUMERO DE ESOS PRECEPTOS, SUPONE QUE CASI TODA LA LEY TIENE LA CONDICION DE BASICA, LO QUE, EN SU OPINION, ES INCONSTITUCIONAL POR LAS RAZONES YA EXPUESTAS.

21. LA DISPOSICION FINAL QUINTA ES ASIMISMO TACHADA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD. RESPECTO AL PARRAFO PRIMERO, QUE CIRCUNSCRIBE LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS CAJAS QUE TENGA SU DOMICILIO SOCIAL EN SU TERRITORIO PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MISMO, REMITE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD A LO DICHO EN LOS EPIGRAFES 2 Y 3 DE SU ESCRITO Y EN SU IMPUGNACION DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINAL SEGUNDA, EN EL SENTIDO DE QUE EL PUNTO DE CONEXION PARA CIFRAR LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS ES EL DOMICILIO SOCIAL, SALVO PARA AQUELLAS POTESTADES QUE MATERIALMENTE NO PUEDAN EJERCERSE FUERA DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD. ELLO ES ESPECIALMENTE CLARO RESPECTO A LA ORGANIZACION INTERNA DE LAS CAJAS, QUE REGULA LA LEY RECURRIDA Y QUE, DESDE LUEGO, HA DE REGIRSE POR SU ESTATUTO PERSONAL DETERMINADO POR LA LOCALIZACION DE SU DOMICILIO SOCIAL. INSISTE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD EN QUE LA EXTRATERRITORIALIDAD, SIN PERJUICIO DE QUE SE ADMITAN ALGUNAS RESTRICCIONES, ES UN PRESUPUESTO INDECLINABLE DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD EN LA MATERIA, SO PENA DE ELIMINAR ESAS COMPETENCIAS EN TODAS AQUELLAS ACTUACIONES Y RELACIONES QUE TENGAN UNA NATURALEZA NO ESCINDIBLE DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE DICHOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS O DE LA ACTIVIDAD DE SUS ORGANOS RECTORES. EN CUANTO AL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION FINAL QUINTA, CONFORME AL CUAL EL ESTADO ASUMIRA TODAS LAS COMPETENCIAS EN LAS CAJAS DE AHORRO SIEMPRE QUE EL VOLUMEN DE DEPOSITOS CAPTADOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN LA QUE TENGAN SU DOMICILIO SOCIAL EXCEDA DEL 50 POR 100, ENTIENDE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD QUE ES INCONSTITUCIONAL NO SOLO POR LAS RAZONES YA EXPUESTAS, SINO TAMBIEN PORQUE NI LA CONSTITUCION NI LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAN AUTORIZADO A UNA LEY ESTATAL PARA QUE MODIFIQUE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS SEGUN TALES DIRECTRICES Y, MUCHO MENOS, PARA QUE ATENTE AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA CONSAGRADO EN EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION, HACIENDO BASCULAR DICHA DISTRIBUCION SOBRE EL DATO CAMBIANTE Y VARIABLE DEL LUGAR DONDE SE CAPTA EL 50 POR 100 DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.

22. CONCLUYE EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD SU ESCRITO PIDIENDO QUE ESTE TRIBUNAL DECLARE INCONSTITUCIONALES Y, POR TANTO, NULOS LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS DE LA LEY 31/1985 Y, EN GENERAL, CUALESQUIERA OTROS DE LA MISMA LEY QUE POR SU CARACTER DETALLADO Y REGLAMENTISTA NO PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO BASICOS.

23. POR PROVIDENCIA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1985, LA SECCION PRIMERA DE ESTE TRIBUNAL ADMITIO A TRAMITE EL RECURSO Y ACORDO DAR TRASLADO DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO, POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, Y AL GOBIERNO, POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE JUSTICIA, PARA QUE PUDIERAN PERSONARSE Y FORMULAR ALEGACIONES EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS. EL PRESIDENTE DEL SENADO, POR ESCRITO PRESENTADO EL 28 DE NOVIEMBRE, COMUNICO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE SE TUVIESE A LA CAMARA POR PERSONADA Y POR OFRECIDA SU COLABORACION. EL LETRADO DEL ESTADO, POR ESCRITO PRESENTADO EL 3 DE DICIEMBRE, SE PERSONO EN EL PROCESO Y SOLICITO LA ACUMULACION DEL PRESENTE RECURSO CON LOS INTERPUESTOS CONTRA LA MISMA LEY POR 54 DIPUTADOS

(REC. NUM. 991/85) Y POR LA JUNTA DE GALICIA (REC. NUM. 1.007/85), CON SUSPENSION DE PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES.

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO, EN ESCRITO RECIBIDO EL 17 DE DICIEMBRE, COMUNICO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE LA CAMARA NO HARIA USO DE LAS FACULTADES DE PERSONACION NI FORMULARIA ALEGACIONES, PERO QUE PONIA A DISPOSICION DEL TRIBUNAL LAS ACTUACIONES DE LA CAMARA QUE PUDIERA PRECISAR.

24. CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 1985, SE PRESENTO EN ESTE TRIBUNAL ESCRITO DE DON JOSE MARIA RUIZ GALLARDON, COMISIONADO POR 54 DIPUTADOS, POR EL QUE SE INTERPONIA RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (REGISTRADO CON EL NUM. 991/85) CONTRA LA TOTALIDAD DE LA LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE REGULACION DE LAS NORMAS BASICAS SOBRE ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS DE AHORRO Y, ALTERNATIVAMENTE, DE VARIOS DE SUS PRECEPTOS QUE MAS ADELANTE SE DETALLAN. EL RECURSO SE ARTICULA EN SEIS MOTIVOS. EL PRIMERO SE FUNDAMENTA EN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA POR VIOLACION DEL ART.

149.1.11 DE LA CONSTITUCION Y DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA LEGISLACION BASICA. SE DESARROLLA EN EL ESCRITO ESTE MOTIVO COMENZANDO CON UNA SINTESIS DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA MATERIA. SE RECUERDA QUE, SEGUN ESTA DOCTRINA, LAS LEYES DE BASES O NORMAS BASICAS DEBEN SER ENTENDIDAS COMO NOCION MATERIAL Y NO FORMAL, POR LO QUE LA CALIFICACION DE UNA NORMA EN ESTE ASPECTO DEPENDE DE SU CONTENIDO Y NO DE QUE ESTE O NO INCLUIDA EN UNA LEY LLAMADA DE BASES O DE LA CALIFICACION QUE LE DE EL LEGISLADOR (ENTRE OTRAS, STC 1/1982, DE 28 DE ENERO). POR ELLO, LA LEY IMPUGNADA, AL CONSIDERAR COMO BASICOS SUS PRECEPTOS O NEGAR ESE CARACTER A ALGUNO DE ELLOS, COMO HACE LA DISPOSICION FINAL CUARTA, APARTADO DOS, ESTA INCURRIENDO EN UN VICIO CONSTITUCIONAL, A SABER, CONSIDERAR O NO BASICO UN PRECEPTO POR SU INCLUSION EN UN TEXTO LEGAL ASI DENOMINADO. SE RECUERDA TAMBIEN QUE EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA ESTATAL DE LEGISLACION BASICA NO REQUIERE LA PROMULGACION DE LAS LEYES DE BASES O LEYES-MARCO (STC 32/1981, DE 28 DE JULIO, Y 1/1982, DE 28 DE ENERO), LO QUE SUPONE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDAN EJERCER SUS COMPETENCIAS SIN ESPERAR A QUE EL ESTADO DICTE LEYES ESPECIFICAS DE BASES, CONSIDERANDO COMO TALES BASES LAS DERIVADAS DE LA LEGISLACION ANTERIOR. SIGUEN DICIENDO LOS RECURRENTES QUE LAS LEYES O NORMAS BASICAS TIENEN RAZON DE GENERALIDAD Y ESTABILIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE CONSTITUYEN UN COMUN DENOMINADOR NORMATIVO A PARTIR DEL CUAL CADA COMUNIDAD AUTONOMA PODRA ESTABLECER LAS PECULIARIDADES QUE LE CONVENGAN DENTRO DEL MARCO DE COMPETENCIAS QUE LA CONSTITUCION Y SU ESTATUTO LE HAYAN ATRIBUIDO (STC 44/1982, DE 8 DE JULIO). ASIMISMO, ES DE SEÑALAR QUE EL CONTENIDO DE LA LEGISLACION BASICA A QUE SE REFIEREN DETERMINADOS APARTADOS DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION ES LIMITADO, YA QUE DEBERA REDUCIRSE A LA FORMALIZACION DE LOS PRINCIPIOS O CRITERIOS BASICOS O GENERALES QUE HAYAN DE SER DESARROLLADOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LO QUE NO SIEMPRE SERA FACIL. LA DETERMINACION DE LO QUE ES O NO BASICO CORRESPONDE, EN ULTIMO TERMINO, AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, REVISANDO, EN SU CASO, LO DECIDIDO POR LAS CORTES GENERALES (STC 32/1981, DE 28 DE JULIO, Y 1/1982, DE 28 DE ENERO). POR OTRA PARTE, EL EJERCICIO POR EL ESTADO DE LA COMPETENCIA DE LEGISLACION BASICA NO PUEDE DEJAR VACIO DE CONTENIDO EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (STC 1/1982, DE 28 DE ENERO). HAY QUE SEÑALAR, ADEMAS, QUE SOLO EN CASOS EXCEPCIONALES LAS BASES PUEDEN SER DESARROLLADAS REGLAMENTARIAMENTE POR EL GOBIERNO EN DETRIMENTO DE LAS FACULTADES DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. PARA ELLO, HAN DE DARSE DOS REQUISITOS: QUE SE TRATE DE UNA REGULACION REGLAMENTARIA ANTERIOR A LA CONSTITUCION Y QUE SEA NECESARIO ADAPTARLA A SITUACIONES DERIVADAS DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL. NINGUNA DE ESTAS CONDICIONES SE DAN EN LA LEY AHORA RECURRIDA. APLICANDO TODA ESTA DOCTRINA RELATIVA AL ALCANCE DE LAS BASES AL SUPUESTO DE LA LEY 31/1985, LOS RECURRENTES ADVIERTEN QUE NO CABE DUDA DEL CARACTER BASICO DE LA COMPETENCIA ESTATAL EN LA MATERIA DE ACUERDO CON EL ART. 149.1.11, QUE ATRIBUYE AL ESTADO COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA DICTAR LAS BASES DE LA ORDENACION DEL CREDITO, BANCA Y SEGUROS. POR SU PARTE, LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAN ASUMIDO GENERALMENTE COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MATERIA DE CAJAS DE AHORRO, AUNQUE SIN PERJUICIO DE LAS BASES QUE SOBRE LA ORDENACION DEL CREDITO Y DE LA BANCA DICTE EL ESTADO. SE TRATA DE UNA COMPETENCIA COMPARTIDA EN QUE A LA COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDE LA QUE SE REFIERE A LOS ASPECTOS SUBJETIVOS U ORGANICOS Y AL ESTADO (EN TERMINO DE BASES) LA QUE AFECTA A LOS ASPECTOS OBJETIVOS O DE ACTIVIDAD CREDITICIA. LA ASUNCION DE LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE LAS CAJAS SE HIZO EN VIRTUD DEL ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION POR TRATARSE DE MATERIA NO ATRIBUIDA EXPRESAMENTE AL ESTADO. CITAN LOS RECURRENTES LA STC 1/1982, DE 28 DE ENERO, QUE PRECISAMENTE EN UN RECURSO RELATIVO A LA ACTIVIDAD CREDITICIA DE LAS CAJAS DE AHORRO, INCLUYO ENTRE LAS BASES DE LA ORDENACION DEL CREDITO LAS NORMAS REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACION INTERNA Y FUNCIONES DE LOS DISTINTOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS; PERO HACEN A ESTA DOCTRINA DOS OBSERVACIONES: UNA ES QUE LA SENTENCIA EN CUESTION NO FUNDAMENTA SU OPINION SOBRE ESTE PUNTO, Y LA OTRA OBSERVACION, ES QUE, EN TODO CASO, SE REFIERE A LAS BASES. SIGUEN DICIENDO LOS RECURRENTES QUE LA LEY IMPUGNADA RESPONDE A UN CONCEPTO FORMAL DE BASES Y NO A UN CONCEPTO MATERIAL, COMO LO DEMUESTRA LA EXTREMA MINUCIOSIDAD DE LA REGLAMENTACION QUE CONTIENE. TAMPOCO LA LEY CONTIENE UN COMUN DENOMINADOR LEGISLATIVO, A PARTIR DEL CUAL CADA COMUNIDAD PUEDE ESTABLECER LAS PECULIARIDADES QUE LE CONVENGAN EN DEFENSA DE SUS PROPIOS INTERESES GENERALES. LA LEY ESTABLECE, EN REALIDAD, UN SISTEMA UNIFORME PARA TODAS LAS COMUNIDADES.

ESE MISMO CARACTER DE LA REGLAMENTACION HACE QUE LA LEY NO RESPETE LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL AL CONTENIDO DE LA LEGISLACION BASICA QUE, SOBRE TODO EN MATERIA ORGANIZATIVA, NO PUEDE EXCEDER DE FIJAR CRITERIOS GENERALES Y NO PUEDE LLEGAR AL DETALLISMO QUE ALCANZA LA LEY RECURRIDA. POR TODO ELLO, LA LEY VACIA ASIMISMO DE CONTENIDO EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, COMO SE CONFIRMA LEYENDO LA DISPOSICION FINAL CUARTA, QUE DEJA A LA COMPETENCIA DE DICHAS COMUNIDADES EL DESARROLLO DE ASPECTOS PURAMENTE PROCEDIMENTALES O FORMALES. FINALMENTE, RESPECTO A ESTE PRIMER MOTIVO, SEÑALAN LOS RECURRENTES QUE LA LEY AUTORIZA AL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY, SIENDO ASI QUE NO CONCURREN EN ESTE CASO LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES YA SEÑALADAS QUE JUSTIFICAN ESA AUTORIZACION.

25. EXPONEN SEGUIDAMENTE LOS RECURRENTES EL SEGUNDO MOTIVO DE IMPUGNACION, CONSISTENTE EN QUE LA LEY RECURRIDA ES INCONSTITUCIONAL POR VIOLACION DEL ART. 34 DE LA CONSTITUCION, EN RELACION CON EL 53.1, AL NO RESPETAR EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE FUNDACION.

COMIENZAN POR SEÑALAR EL VALOR DE LEY FORMAL DE LA LEGISLACION FUNDAMENTAL REGULADORA DE LAS CAJAS DE AHORRO, CONSTITUIDA POR SUS ESTATUTOS PROMULGADOS POR DECRETO-LEY DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1929 Y POR EL DECRETO LEGISLATIVO DE 14 DE MARZO DE 1933. ADVIERTEN QUE LAS CAJAS DE AHORRO TIENEN CARACTER DE ENTIDADES PRIVADAS SEA CUAL SEA SU ORIGEN; CITAN EN APOYO DE ESTA OPINION EL ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO DE 14 DE MARZO DE 1933 Y DIVERSAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL; Y QUE DEBEN SER CONSIDERADAS COMO FUNDACIONES. EN ESTE SENTIDO, LOS RECURRENTES MENCIONAN DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE 10 DE JULIO DE 1849, DE LA INSTRUCCION DE 14 DE MARZO DE 1899, DEL REAL DECRETO DE LA MISMA FECHA Y VARIAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO, ASI COMO REFERENCIAS DOCTRINALES AL PROGRAMA DEL PSOE Y A LAS LEYES CATALANAS 15/1985, DE 1 DE JULIO, Y GALLEGA 7/1985, DE 17 DE JULIO. CIERTAMENTE, LA LEY IMPUGNADA NO CONTIENE ESA CALIFICACION, PERO ESTE SILENCIO NO PUEDE PRIVAR A UNAS INSTITUCIONES DE SU PROPIA NATURALEZA. ADEMAS, AL CALIFICAR LAS CAJAS EN SU PREAMBULO, DE , SE ESTA REFIRIENDO LA MISMA LEY A LOS FINES DE INTERES GENERAL QUE EXIGE EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION PARA LAS FUNDACIONES.

EN LAS FUNDACIONES, COMO EN LAS INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA PRIVADA, LA ADMINISTRACION HA TRATADO DE INVADIR EL TERRENO DE SU AUTONOMIA. PERO DE LA JURISPRUDENCIA SE PUEDE DEDUCIR QUE LA FUNCION ADMINISTRATIVA EN ESTE CAMPO SE HA DE REDUCIR A VELAR PARA QUE SE CUMPLA LA VOLUNTAD FUNDACIONAL Y PARA QUE SE CONSIGAN LOS FINES DE INTERES GENERAL. ESTA ERA LA MISION DEL PROTECTORADO DE LAS CAJAS PREVISTO EN SUS ESTATUTOS. SIN EMBARGO, UNA SERIE DE DISPOSICIONES FUERON VULNERANDO ESA POSICION AUTONOMA EN EL REGIMEN POLITICO ANTERIOR Y EN EL ACTUAL PREVIO A LA CONSTITUCION.

ENTRE ELLAS SE CUENTA EL DECRETO DE 17 DE OCTUBRE DE 1947, EL DE 26 DE MARZO DE 1964, EL DE 3 DE ABRIL DE 1975 Y, SOBRE TODO, EL REAL DECRETO 2.290/1977, DE 27 DE AGOSTO, QUE ROMPIO CON LA AUTONOMIA ESTATUTARIA Y REGULO CON TODO DETALLE LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS. ENTRAN A CONTINUACION LOS RECURRENTES A EXAMINAR LO QUE, A SU JUICIO, SUPONE LA FALTA DE RESPETO AL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE FUNDACION POR LA LEY IMPUGNADA. TRAS RECORDAR LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA DOBLE VERTIENTE DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, EN CUANTO SON DE UNA PARTE DERECHOS SUBJETIVOS DE LOS CIUDADANOS Y DE OTRA ELEMENTOS ESENCIALES DEL ORDENAMIENTO OBJETIVO DE LA COMUNIDAD NACIONAL (SSTC 25/1981, DE 14 DE JULIO, Y 67/1984, DE 7 DE JUNIO), SEÑALAN QUE LAS DISPOSICIONES ANTES CITADAS RELATIVAS A LAS CAJAS DE AHORRO SON ANTERIORES A LA CONSTITUCION Y, POR ELLO, ANTERIORES AL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA GARANTIA DEL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE FUNDACION. LA LEY IMPUGNADA VULNERA ESA GARANTIA EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAJAS DE AHORRO, QUE SON INSTITUCIONES DE CARACTER FUNDACIONAL. CON INDEPENDENCIA DE QUE SE REGULE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LAS CAJAS, LA INTERVENCION DEL ESTADO NO PROCEDE EN SU ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNO MAS QUE PARA VELAR PARA QUE SE CUMPLA LA FIN

ALIDAD DEL FUNDADOR Y LOS FINES DE INTERES GENERAL QUE PERSIGUEN. SE CITA A ESTE RESPECTO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE MARZO DE 1982. AUNQUE EL ART.

34 DE LA CONSTITUCION RECONOCE EL DERECHO DE FUNDACION LA INTERPOSITIO LEGISLATORIS PREVISTA LO ES SOLO AL EFECTO DEL PLENO DESARROLLO Y EFICACIA DEL DERECHO, PERO NO MERMA SU APLICABILIDAD INMEDIATA. TAMPOCO SUPONE LA RESERVA DE CONFIGURACION LEGAL UNA TOTAL LIBERTAD PARA EL LEGISLADOR, COMO LO DEMUESTRA LA REMISION QUE EL MISMO ART. 34 HACE A LOS APARTADOS 2 Y 4 DEL ART. 22 DE LA CONSTITUCION. EN ESTA MISMA PERSPECTIVA HAY QUE CONSIDERAR QUE LAS FUNDACIONES, EN CUANTO CONSTITUYEN FORMACIONES SOCIALES AUTONOMAS, GOZAN DE AUTONOMIA ORGANICA SEGUN (ART. 37 DEL CODIGO CIVIL), QUE CORRESPONDE EJERCER, EN PRIMER LUGAR, AL FUNDADOR, PERO LUEGO A LOS ORGANOS FUNDACIONALES, EN SU CASO CON INTERVENCION DEL PROTECTORADO Y, EN EL MARCO DE LA LEY QUE, EN TODO CASO, DEBERA RESPETAR UN MARGEN SIGNIFICATIVO DE AUTONOMIA ORGANICA (STC 18/1984, DE 7 DE FEBRERO) Y NO INTERVENIR EN ESA ESFERA (LA DE LA ORGANIZACION) DE MANERA QUE AFECTE EN FORMA NEGATIVA A LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO FUNDACIONAL. TODO ELLO ES APLICABLE A LAS CAJAS DE AHORRO.

AHORA BIEN, LA LEY IMPUGNADA, AUNQUE REMITE EN ALGUNOS CASOS A LOS ESTATUTOS DE LAS CAJAS, ESTABLECE UNA REGULACION IMPERATIVA DE CASI TODOS LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS. ESPECIALMENTE LESIVO A LA AUTONOMIA ORGANIZATIVA DE LAS CAJAS ES LA DETERMINACION RIGIDA DE LOS PORCENTAJES DE PUESTOS EN LA ASAMBLEA GENERAL Y EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CADA GRUPO DE INTERESES SOCIALES. NO NIEGAN LOS RECURRENTES QUE EL LEGISLADOR ESTATAL PUEDA IMPONER LA PRESENCIA EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE CIERTOS GRUPOS DE INTERESES, PERO NO PUEDE DETERMINAR LA CIFRA EXACTA DE ESA PRESENCIA.

ESTA DEBEN FIJARLA LOS PROPIOS ORGANOS DE LAS CAJAS DENTRO DE LOS LIMITES LEGALES, QUE PUEDEN SEÑALAR UN MINIMO Y TAMBIEN UN MAXIMO, PERO DEJANDO UN MARGEN EN QUE SE MUEVE LA AUTONOMIA DE LA FUNDACION.

26. LOS RECURRENTES ABORDAN SEGUIDAMENTE EN SU ESCRITO

EL TERCER MOTIVO DE IMPUGNACION CONSISTENTE EN LA VIOLACION DEL ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION EN RELACION CON LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE FUNDACIONES.

DIVERSAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN ASUMIDO LA COMPETENCIA EXCLUSIVA EN ESA MATERIA AL NO ESTAR INCLUIDA ENTRE LAS RESERVADAS AL ESTADO POR EL ART.

149.1 DE LA NORMA SUPREMA. ESAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS NO HAN SIDO TENIDAS EN CUENTA POR LA LEY IMPUGNADA, POR LO QUE ESTA VULNERA EL CITADO ART. 149.3.

27. COMO CUARTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD APARECE EN EL ESCRITO DE LOS RECURRENTES LA VIOLACION DEL ART. 38 DE LA CONSTITUCION, EN RELACION CON EL 53.1, AL NO RESPETAR LA LEY IMPUGNADA EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA. LAS CAJAS, APARTE DE SU NATURALEZA FUNDACIONAL, PARTICIPAN DE LOS CARACTERES, OBJETO Y CONDICIONES DE LA EMPRESA. NO EXISTE CONTRADICCION ENTRE EL CARACTER FUNDACIONAL DE LAS CAJAS Y SU CARACTER EMPRESARIAL, YA QUE LA FIGURA DE LA FUNDACION-EMPRESA ES CONOCIDA Y ESTUDIADA POR LA DOCTRINA JURIDICA NACIONAL Y EXTRANJERA Y ES APLICABLE A LAS CAJAS. ASI, A LA LIBERTAD ORGANIZATIVA QUE LES CORRESPONDE COMO FUNDACION, SE SUMA LA LIBERTAD ORGANIZATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO QUE TIENEN COMO EMPRESA PARA ESTAR EN CONDICIONES DE COMPETIR CON LAS DEMAS EMPRESAS , COMO DICE EL

ART. 38 DE LA CONSTITUCION. ESTA LIBERTAD QUEDA ANULADA, COMO SE HA VISTO, EN LA LEY IMPUGNADA, POR LO CUAL LOS PODERES PUBLICOS NO GARANTIZAN NI PTOTEGEN ESA LIBERTAD, COMO LES ORDENA EL MISMO ART. 38, Y VULNERA EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO EN EL CONOCIDO. A LA LIBERTAD DE EMPRESA PUEDEN PONERSE CIERTOS LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 128 Y 131 DE LA CONSTITUCION (STC 37/1981, DE 16 DE NOVIEMBRE), PERO NINGUNA RAZON DE INTERES SOCIAL PUEDE LEGITIMAR EL CONTENIDO INTERVENCIONISTA DE LA LEY IMPUGNADA.

28. EL QUINTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADO POR LOS RECURRENTES SE REFIERE ESPECIFICAMENTE AL ART. 2, APARTADO 3 A) DE LA LEY, POR VIOLACION DEL ART. 129.2 EN RELACION CON EL 9.3, AMBOS DE LA CONSTITUCION. EN EL PRECEPTO IMPUGNADO SE REGULA LA REPRESENTACION DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS CAJAS, FIJANDOLA EN UN 40 POR 100. SEGUN LOS RECURRENTES, ESTE PRECEPTO NO PUEDE LEGITIMARSE POR EL ART. 149.1.11 DE LA CONSTITUCION, QUE CONFIERE AL ESTADO LA COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA ESTABLECER LAS BASES DE LA ORDENACION DEL CREDITO, Y QUE AUTORIZA AL LEGISLADOR A PROMULGAR LA LEY RECURRIDA, PUES NO PUEDE APOYARSE EN EL EL REPARTO DE CONSEJEROS QUE REGULA EL ART. 2 DE AQUELLA LEY. HAY QUE BUSCAR, POR TANTO, SU FUNDAMENTO EN OTRO PRECEPTO CONSTITUCIONAL, QUE NO PUEDE SER OTRO QUE EL ART.

129.2, EN EL QUE SE PREVE QUE LOS PODERES PUBLICOS PROMOVERAN EFICAZMENTE LAS DIVERSAS FORMAS DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA. DADO QUE, ADEMAS, EL PRINCIPIO PARTICIPATIVO ES AMPLIAMENTE RECONOCIDO EN LA CONSTITUCION NO HAY INCONVENIENTE EN ADMITIR QUE TAMBIEN EN LAS CAJAS ES APLICABLE DICHO PRINCIPIO. PERO LO QUE NO ES ADMISIBLE ES QUE LOS CONCEPTOS DE DEMOCRATIZACION INTERNA Y PARTICIPACION SEAN UTILIZADOS EN FORMA ARBITRARIA POR EL LEGISLADOR, VIOLANDO EL ART. 9.3. LOS CRITERIOS PARA APLICAR A LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS LOS CITADOS PRINCIPIOS DE DEMOCRATIZACION INTERNA Y PARTICIPACION PUEDEN EXTRAERSE DEL MISMO TEXTO CONSTITUCIONAL (ARTS. 27.5, 27.7, 105 A), 129.1). SE TRATA DE REPRESENTACION DE INTERESES, POR ELLO LA PRETENSION DE PARTICIPACION SOLO PUEDE FUNDARSE EN UNA DE INTERES SIGNIFICATIVA CON LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION PARTICIPADA Y NO EN INTERESES AÑOS A ELLA Y AL SOCIAL QUE INSTITUCIONALIZA. EN EL CASO DE LAS CAJAS CONCURRE EN SU SUSTRATO UNA PLURALIDAD DE INTERESES QUE NO PUEDEN VENIR DETERMINADOS POR LA VOLUNTAD OMNIMODA DEL LEGISLADOR SINO EN RAZON DE SU CONEXION OBJETIVA CON LA ACTIVIDAD DE LA CAJA. ES INNEGABLE EL CARACTER DE INTERESADOS CON VOCACION DE PARTICIPACION DEL FUNDADOR O FUNDADORES, DE LOS IMPOSITORES Y DEL PERSONAL DE LAS CAJAS. ESTOS TRES SECTORES ESTAN CONSTITUCIONALMENTE LLAMADOS A PARTICIPAR EN LA GESTION. SIN EMBARGO, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LA POSICION DE LOS FUNDADORES ES PECULIAR, PUES, AL SER QUIENES CONSTITUYEN LA ENTIDAD, DEBEN TENER UN MARGEN DE AUTONOMIA PARA ORGANIZARLA, QUE PUEDE LLEGAR A DESAPODERARSE DE TODO DERECHO A ESTAR PRESENTE EN SU GESTION EN FAVOR DE LOS IMPOSITORES O DEL PERSONAL. SIGUIENDO ESTOS CRITERIOS, LOS RECURRENTES EXAMINAN EL SISTEMA DE REPRESENTACION ESTABLECIDO EN LA LEY IMPUGNADA QUE, SI BIEN DEJA A LOS ESTATUTOS DE LAS CAJAS FIJAR EL NUMERO DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL, ESTABLECE UN PORCENTAJE RIGIDO EN LA REPRESENTACION DE LOS INTERESES QUE CONSIDERA IMPLICADOS, ATRIBUYENDO UNA ALTA CUOTA DE PARTICIPACION A LAS CORPORACIONES MUNICIPALES EN CUYO TERMINO TENGA ABIERTA OFICINA LA CAJA. ESTA REPRESENTACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES SE INTENTA JUSTIFICAR EN EL PREAMBULO DE LA LEY POR SU CALIDAD DE REPRESENTANTES ELECTOS DE LAS COLECTIVIDADES LOCALES. LA REPRESENTACION MUNICIPAL SE ACRECIENTA HASTA LLEGAR AL 51 POR 100 DE LOS CONSEJEROS GENERALES CUANDO LA CAJA HA SIDO FUNDADA POR UN AYUNTAMIENTO. EL REPARTO DE PUESTOS SE REPITE EN LOS OTROS ORGANOS RECTORES, COMO SON EL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LA COMISION DE CONTROL. TODA ESTA REGULACION ES INCONSTITUCIONAL, SEGUN LOS RECURRENTES, POR TRES MOTIVOS: EL PRIMERO, PORQUE ELIMINA TODO MARGEN DE AUTONOMIA ORGANICA Y ESTATUTARIA DE LOS FUNDADORES, EL SEGUNDO, PORQUE IMPONE LA PRESENCIA DE CONSEJEROS GENERALES Y DE ADMINISTRACION DESIGNADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS, Y EL TERCERO, PORQUE ESTABLECE UNA SITUACION DE PRIVILEGIO PARA LAS CORPORACIONES MUNICIPALES FUNDADORAS. PRESCINDIENDO DEL PRIMERO DE LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, YA QUE HA SIDO ANALIZADO CON ANTERIORIDAD, LOS RECURRENTES EXAMINAN EL SEGUNDO Y EL TERCERO. RESPECTO AL SEGUNDO COMIENZAN POR DENUNCIAR LA SUPUESTA INCONGRUENCIA QUE COMETE LA LEY AL DECIR EN SU PREAMBULO QUE UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA MISMA ES ESTABLECER UNA NORMATIVA DE ACUERDO CON LOS PR

INCIPIOS QUE INSPIRA LA NUEVA ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO, Y NO RECONOCER, EN CAMBIO, UNA REPRESENTACION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NI TAMPOCO A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, ALGUNAS DE LAS CUALES SON FUNDADORAS DE CAJAS. A CONTINUACION SEÑALAN QUE LAS CORPORACIONES LOCALES NO SON PORTADORAS DE UN INTERES QUE JUSTIFIQUE SU PARTICIPACION, Y EN PROPORCION MUY ELEVADA, EN LOS ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS. LAS CORPORACIONES LOCALES ESTAN EN REPRESENTACION DE LOS VECINOS, PERO ESTOS COMO TALES NO OSTENTAN NINGUN INTERES. LO PODRAN TENER COMO IMPOSITORES, EN CUYO CASO ESTARAN REPRESENTADOS POR EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE. LOS RECURRENTES ENTIENDEN QUE DE ELLO NO PUEDE DEDUCIRSE QUE ESTE CONSTITUCIONALMENTE PROHIBIDO QUE SE RECONOZCA UNA CIERTA PARTICIPACION EN LA GESTION DE LAS CAJAS A LOS AYUNTAMIENTOS COMO PODRIA RECONOCERSE A LAS PROVINCIAS, CABILDOS, COMUNIDADES AUTONOMAS U OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES O POLITICAS, PERO SI SERIA CONSTITUCIONALMENTE ILEGITIMO OTORGAR A CUALQUIERA DE ESAS ENTIDADES UNA PARTICIPACION DETERMINANTE Y SUPERIOR A LA QUE OSTENTE GRUPOS DE INTERESES REALES INTEGRADOS EN EL SUSTRATO DE LAS CAJAS, CON EXCLUSION DE LOS DEMAS. EN ESE SENTIDO, ES CONSTITUCIONALMENTE ILICITO CONCEDER A LOS AYUNTAMIENTOS UN PORCENTAJE DEL 40 POR 100, DESMESURADAMENTE SUPERIOR AL RECONOCIDO A LOS FUNDADORES (EL 11 POR 100) O AL PERSONAL (5 POR 100). AL HACERLO ASI LA LEY IMPUGNADA VIOLA LOS ARTS. 9.3 Y 14 (DESIGUALDAD ARBITRARIA DE TRATO) EN RELACION CON LOS ARTS. 34, 53.1 Y 129.2, TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCION. LA FALTA DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA LEY SE AGRAVA PORQUE LA PARTICIPACION DADA A LOS AYUNTAMIENTOS ES DECISIVA PARA LA ORIENTACION DEL GOBIERNO DE LAS CAJAS, DADO QUE CUALQUIER MODIFICACION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS Y LA DISOLUCION O FUSION DE LA ENTIDAD EXIGE UNA MAYORIA DE DOS TERCIOS (ART. 12.2 DE LA LEY). ADEMAS, EN UN ORGANO DEL TIPO DE LA ASAMBLEA GENERAL, UN 40 POR 100 DE SUS MIEMBROS PUEDE, EN MUCHAS OCASIONES, CONVERTIRSE EN UNA MINORIA DE BLOQUEO PARA LA ADOPCION DE MUCHOS ACUERDOS. ANALIZAN SEGUIDAMENTE EL CASO EN QUE UNA CORPORACION LOCAL SEA LA FUNDADORA, ES DECIR, EL TERCER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PORCENTAJES FIJADO POR LA LEY. SEGUN LOS RECURRENTES EN EL SUPUESTO INDICADO . SE TRATA DE UN CASO DE ARBITRARIEDAD LEGISLATIVA PUES SE ESTABLECE UNA ABISMAL DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LAS CORPORACIONES LOCALES FUNDADORAS Y LOS DEMAS FUNDADORES. LA DIFERENTE CONDICION DE ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA DEL FUNDADOR NO PUEDE JUSTIFICAR NINGUNA DIFERENCIA DE TRATO JURIDICO Y MENOS AUN DE SEMEJANTE ALCANCE. LA LEY CONCEDE AQUI UN PRIVILEGIO QUE VIOLA LOS ARTS. 9.3 Y 14 DE LA CONSTITUCION. ESTOS DOS PRECEPTOS RESULTAN TAMBIEN VULNERADOS CUANDO LA LEY (ART. 2.3, PARRAFO ULTIMO) RECONOCE UNA DISPONIBILIDAD PARCIAL DEL FUNDADOR A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES DE INTERES SOCIAL Y DE LAS CORPORACIONES LOCALES, Y NO A FAVOR DE OTROS GRUPOS DE INTERES, COMO PUEDEN SER LOS MISMOS IMPOSITORES O LOS EMPLEADOS. ESA LIMITACION RESULTA AUN MAS ARBITRARIA SI SE APLICA A CASOS ANTERIORES A LA LEY, EN QUE LOS FUNDADORES HAN RENUNCIADO A SU PARTICIPACION A FAVOR DE LOS IMPOSITRES, CASOS QUE REALMENTE SE HAN DADO. LA APLICACION DE LA NUEVA NORMATIVA A ESTOS SUPUESTOS VULNERA LA SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION).

29. IMPUGNAN A CONTINUACION LOS RECURRENTES LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY POR VIOLACION DE LO DISPUESTO EN EL ART. 96.1 DE LA CONSTITUCION. ESE PRECEPTO SE REFIERE A LAS CAJAS DE AHORRO CUYOS ESTATUTOS A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY RECOJAN COMO FUNDADORA A LA IGLESIA CATOLICA, Y DISPONE QUE EL NOMBRAMIENTO Y DURACION DEL MANDATO DE LOS REPRESENTANTES DE ESTA ENTIDAD EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO SE REGIRA POR LO QUE ESTUVIERE ESTABLECIDO EN DICHO ESTATUTO EL 17 DE ENERO DE 1985, DEBIENDO EXISTIR, EN TODO CASO, AL MENOS, UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS OTROS GRUPOS QUE COMPONEN ESOS ORGANOS. EL TEXTO LEGAL SUPONE UNA MODIFICACION DEL QUE CONTENIA EL PROYECTO DE LA LEY, SEGUN EL CUAL EN LAS CAJAS FUNDADAS POR PERSONA MORAL CANONICA CUYO ORDENAMIENTO ESTE RECONOCIDO POR EL ESTADO EN VIRTUD DE NORMAS CONCORDADAS EL NOMBRAMIENTO Y DURACION DEL MANDATO DE LA ENTIDAD FUNDADORA PODRA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL MANDATO FUNDACIONAL.

DICEN LOS RECURRENTES QUE LA IGLESIA CATOLICA SE COMPONE DE SU CONJUNTO DE ENTES TERRITORIALES E INSTITUCIONES, A TRAVES DE LOS CUALES SE INDIVIDUALIZA. LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECONOCE EL DERECHO CANONICO HAN SIDO TAMBIEN RECONOCIDAS POR EL ACUERDO CONCLUIDO EL 3 DE ENERO DE 1979 ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE, ACUERDO QUE ES DIRECTAMENTE APLICABLE EN ESPAÑA EN VIRTUD DEL ART.

96.1 DE LA CONSTITUCION, CON EL REQUISITO DE LA INSCRIPCION EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRO ESTATAL. DE ESAS PERSONAS JURIDICAS DESTACAN LOS RECURRENTES LAS INSTITUCIONES O ENTIDADES DE CARACTER BENEFICO O ASISTENCIAL QUE SE REGIRAN POR SUS NORMAS ESTATUTARIAS (ART. V-1 DEL ACUERDO). DADO QUE ENTRE ESAS INSTITUCIONES SE ENCUENTRAN LAS CAJAS DE AHORRO, LAS NORMAS QUE ALTEREN SU REGIMEN ESTATUTARIO INFRINGEN EL ART. 96.1 DE LA CONSTITUCION, QUE ES LO QUE OCURRE CON LA DISPOSICION IMPUGNADA. REFUERZAN LOS RECURRENTES ESTE ARGUMENTO CON REFERENCIAS AL ART.

16 DE LA CONSTITUCION Y AL ART. 6.2 DE LA LEY ORGANICA DE LIBERTAD RELIGIOSA DE 5 DE JULIO DE 1980, QUE VIENE A CONFIRMAR LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO. ALUDEN AL REAL DECRETO 142/1981, DE 9 DE ENERO, Y RESOLUCION DE 11 DE MARZO DE 1982, QUE PREVE LA INSCRIPCION DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS RELIGIOSAS (ENTRE LAS CUALES HABRIA QUE INCLUIR LAS FUNDACIONES) Y EL REAL DECRETO 589/1984 SOBRE FUNDACIONES RELIGIOSAS DE LA IGLESIA CATOLICA, LEGISLACION TODA ELLA QUE CONFIRMA Y APLICA LO PREVISTO EN EL ACUERDO.

30. TERMINA EL ESCRITO DE LOS RECURRENTES SOLICITANDO DE ESTE TRIBUNAL QUE DECLARE INCONSTITUCIONAL LA TOTALIDAD DE LA LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO, REGULADORA DE LAS NORMAS BASICAS DE LOS ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS DE AHORRO POR VIOLACION DE LOS ARTS. 34, 38, 53 Y 96.1, 19.1.11, 149.3 Y 129.2 DE LA CONSTITUCION O, ALTERNATIVAMENTE, SE DECLAREN INCONSTITUCIONALES Y POR TANTO NULOS LOS ARTS. 2.3 A), DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA Y LOS DEMAS QUE TENGAN CONEXION CON EL MISMO.

31. POR PROVIDENCIA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1985 LA SECCION TERCERA DE ESTE TRIBUNAL ACORDO ADMITIR A TRAMITE EL RECURSO Y DAR TRASLADO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO, POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, Y AL GOBIERNO, POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE JUSTICIA, PARA QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS PUDIERAN PERSONARSE Y FORMULAR ALEGACIONES. LOS PRESIDENTES DEL SENADO Y DEL CONGRESO DE LOS DIPUATADOS ENVIARON SENDAS COMUNICACIONES AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EN EL MISMO SENTIDO QUE LAS REMITIDAS CON OCASION DEL RECURSO NUM. 990/85, Y EL LETRADO DEL ESTADO, POR ESCRITO PRESENTADO EL 3 DE DICIEMBRE DE 1985, SE PERSONO EN EL PROCEDIMIENTO Y SOLICITO LA ACUMULACION DE LOS TRES RECURSOS NUMS. 990/85, 991/85 Y 1007/85, ESTE ULTIMO INTERPUESTO POR LA JUNTA DE GALICIA Y AL QUE SE HARA REFERENCIA SEGUIDAMENTE, CON SUSPENSION DEL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES.

32. EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1985 SE PRESENTO EN ESTE TRIBUNAL ESCRITO DEL JEFE DE GABINETE DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DEFENSA JURISDICCIONAL DE LA ASESORIA JURIDICA GENERAL DE LA XUNTA DE GALICIA (CONSELLERIA DE LA PRESIDENCIA) POR EL CUAL, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE DICHA XUNTA, FORMULABA RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES PRECEPTOS DE LA LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE REGULACION DE NORMAS BASICAS SOBRE LOS ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS DE AHORRO: 2.3, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16.2, 17.1, 17.3, 20.2, 24.1, EN CUANTO A LAS FUNCIONES 4. , 5. Y 6. , 24.2, 26, 30, DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, 1, PRIMERA, 2, DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA Y DISPOSICION FINAL CUARTA Y, POR CONEXION, LA QUINTA, ASI COMO LOS RESTANTES PRECEPTOS DE LA LEY QUE PROCEDAN POR CONEXION.

33. SEGUN EL REPRESENTANTE DE LA XUNTA DE GALICIA LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS EMANAN DE UNA INTERPRETACION GENERALIZADA E INCORRECTA DEL ART. 149.1.1, QUE ATRIBUYE AL ESTADO LA COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA LA REGULACION DE LAS CONDICIONES BASICAS QUE GARANTIZAN LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS. SIN NEGAR QUE ESTE PRECEPTO, EN RELACION CON OTROS TAMBIEN DE LA NORMA SUPREMA, AUTORICE AL ESTADO A REGULAR DETERMINADOS ASPECTOS DEL ORDEN ECONOMICO Y DE SU UNIDAD, SE NIEGA EN EL ESCRITO QUE SE PUEDA DAR A ESA POSIBILIDAD UN CARACTER TAN GENERAL QUE LLEGUE A ESTABLECER UNA UNIFORMIDAD EN TODO EL ESTADO.

POR OTRA PARTE, CON ARREGLO A LOS CRITERIOS HERMENEUTICOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 3.1 DEL CODIGO CIVIL Y 9.1 DE LA CONSTITUCION, LAS NORMAS JURIDICAS SE INTERPRETARAN DE ACUERDO CON LA REALIDAD SOCIAL DEL TIEMPO EN QUE HAN DE SER APLICADAS, ATENDIENDO FUNDAMENTALMENTE A SU ESPIRITU Y FINALIDAD.

POR ELLO, EL ANALISIS DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS REQUIERE ATENDER A LOS PRESUPUESTOS DE LA NORMA Y AL ESTUDIO DE UNA REALIDAD HISTORICA Y SOCIO-CULTURAL EN QUE AQUELLA SE INSERTA, CUAL ES (ART. 1.2 DEL EAG).

34. EXAMINA A CONTINUACION EL REPRESENTANTE DE LA XUNTA DE GALICIA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCLAMADO EN EL ART.

139 DE LA CONSTITUCION DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL DE LOS PODERES PUBLICOS. SEÑALA QUE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD HA DE SER ARMONIZADO CON EL DE LIBERTAD QUE, A ESTOS EFECTOS, ESTA REPRESENTADO POR EL DE AUTONOMIA, DE FORMA QUE NO PUEDE SER ENTENDIDO COMO UNA RIGUROSA UNIFORMIDAD DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, SINO QUE DEBE RESPETARSE LA POTESTAD LEGISLATIVA DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA, POR OBRA DE LA CUAL PUEDE SER DISTINTA LA POSICION JURIDICA DE LOS CIUDADANOS EN LAS DISTINTAS PARTES DEL TERRITORIO, SIN QUE ESTO PUEDA AFECTAR A LAS CONDICIONES BASICAS DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS O POSICIONES JURIDICAS FUNDAMENTALES QUE QUEDAN RESERVADOS A LA LEGISLACION DEL ESTADO.ELLO SUPONE QUE ATENTAN AL

PRINCIPIO DE IGUALDAD LAS DECISIONES QUE IMPLICAN UNA DIFERENCIA NO JUSTIFICADA, DE FORMA QUE, EN ULTIMO TERMINO, EL ART. 139 DE LA CONSTITUCION TIENE SU PRECEDENTE EN EL 138 POR EL QUE LAS DIFERENCIAS ENTRE CIUDADANOS DE DIFERENTES COMUNIDADES NO PODRAN SUPONER, EN NINGUN CASO, PRIVILEGIOS ECONOMICOS Y SOCIALES. ANALIZA SEGUIDAMENTE EL REPRESENTANTE DE LA XUNTA DE GALICIA EL PRINCIPIO DE LIBERTAD EN CUANTO A AUTONOMIA, QUE PROVOCA INEVITABLEMENTE UNA TENSION CON EL DE IGUALDAD Y QUE DEJA UN AMPLIO MARGEN INTERPRETATIVO EN LA APLICACION DE ESTE ULTIMO, YA QUE LA COMPARACION SE ESTABLECE EN FUNCION DE LA ACTUACION DE DISTINTOS PODERES POLITICOS. LA EXEGESIS DEL ART. 139 DE LA CONSTITUCION CONDUCE A ENTENDER QUE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD TIENE EN ESTE TERRENO UNA INTENSIDAD MENOR QUE EL DERIVADO DE LA PROYECCION DEL MISMO PRINCIPIO PARA ACTUACIONES IMPUTABLES A UN MISMO ENTE Y DEBE CONSIDERARSE REFERIDA A LAS NORMAS REGULADORAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, SIN QUE AFECTE A LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y DE COMPETENCIA.

EN EL MISMO ORDEN DE IDEAS EXPONE EL REPRESENTANTE DE LA XUNTA DE GALICIA LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A LA CONCURRENCIA NORMATIVA ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION CREA UNA PLURALIDAD DE ORDENAMIENTO EN CUANTO CONFIERE AL ESTADO RESPECTO A CIERTAS MATERIAS LA COMPETENCIA PARA REGULAR O ESTABLECER BASES O A LAS COMUNIDADES PARA LLEVAR A CABO UN DESARROLLO NORMATIVO. EN ESA PLURALIDAD DE COMPETENCIAS NO RIGE EL PRINCIPIO DE JERARQUIA, SINO EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA POR VIRTUD DEL CUAL, EN EL AMBITO COMPETENCIAL AUTONOMICO, LA NORMA AUTONOMICA EXCLUYE LA DEL ESTADO. UNA LEY ESTATAL QUE PENETRE EN EL AMBITO AUTONOMICO SERA RADICALMENTE NULA POR VIOLACION DEL PRINCIPIO DE COMPETENCIA. APLICANDO ESTAS IDEAS A LAS COMPETENCIAS ECONOMICAS, AFIRMA EL REPRESENTANTE DE LA XUNTA DE GALICIA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDEN REGULAR LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS SIEMPRE QUE ESA REGULACION NO AFECTE A LAS CONDICIONES BASICAS QUE GARANTIZAN LA IGUALDAD EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS ESPAÑOLES. DE AQUI QUE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS, QUE NO PROYECTAN UNA REGULACION AD EXTRA , CONSTITUYEN EL AMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA. ENTRE ELLOS SE ENCUENTRAN LAS QUE SE REFIEREN A LAS CAJAS DE AHORRO.

35. LAS COMPETENCIAS ECONOMICAS DEL ESTADO, SIEMPRE SEGUN EL REPRESENTANTE DE LA XUNTA DE GALICIA, NO VAN MAS ALLA DEL . ESTE MARCO JURIDICO VIENE ESTABLECIDO POR LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO EN MATERIA DE LA ORDENACION DEL CREDITO (ART. 149.1.11) Y DE LA PLANIFICACON DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA (ART. 149.1.13). SEÑALA DICHO REPRESENTANTE QUE ESAS COMPETENCIAS TIENEN POR OBJETO LAS BASES O LAS BASES Y COORDINACION DE LAS REFERIDAS MATERIAS. RESPECTO A LAS CAJAS DE AHORRO, A LAS QUE NO SE REFIERE EXPRESAMENTE LA DISTRIBUCION COMPETENCIAL ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCION, HAY QUE ENTENDER QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE HAN ASUMIDO COMPETENCIAS SOBRE ELLAS EN VIRTUD DEL ART. 149.3 DE LA NORMA SUPREMA, LA TIENEN RESPECTO A SUS ASPECTOS SUBJETIVOS U ORGANOS, MIENTRAS QUE LA MENCIONADA COMPETENCIA DEL ESTADO COMPRENDE EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE SUS ASPECTOS OBJETIVOS O ACTIVIDAD CREDITICIA. LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA HA ASUMIDO LA COMPETENCIA RESPECTO A LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS EN EL ART. 30.1.5 DE SU ESTATUTO. AL HACERLO ASI, SE HA TENIDO EN CUENTA QUE LAS CAJAS SON INSTRUMENTO PARA LA DEFENSA DE LA IDENTIDAD DE GALICIA Y DE SUS INTERESES (ART. 1.2 DEL EAG) EN CUANTO INTERMEDIARIOS FINANCIEROS QUE ACTUAN PRINCIPALMENTE EN SUS PROPIAS REGIONES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO REGIONAL. PARA ELLO SE REQUIERE QUE SE ESTRUCTUREN Y ORGANICEN DE MODO QUE TODOS LOS GALLEGOS Y LOS GRUPOS PARTICIPEN EN LA VIDA ECONOMICA Y SOCIAL, COMO PREVE EL ART. 4 DE LA EAG. LOS INTERESES SOCIALES ECONOMICOS DE GALICIA HAN DE ESTAR REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA DE LAS CAJAS DE CONFORMIDAD CON LA PROPIA IDENTIDAD DE GALICIA. LA COMPETENCIA PARA ESTABLECER ESAS NORMAS ORGANIZATIVAS CORRESPONDE A GALICIA, SIN QUE PUEDA QUEDAR ABSORBIDA POR LA DEL ESTADO RELATIVA A LAS BASES DE LA ACTIVIDAD DE LAS CAJAS, QUE, ADEMAS, POR TRATARSE PRECISAMENTE DE BASES, NO PUEDE EJERCITARSE AL DETALLE, DE MODO QUE SE VACIE DE CONTENIDO LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

36. TRAS RECORDAR QUE EL PARLAMENTO DE GALICIA HA APROBADO LA LEY 7/1985, DE 17 DE JULIO, DE CAJAS DE AHORRO GALLEGAS, EL REPRESENTANTE DE LA XUNTA FORMULA SUS ALEGACIONES RESPECTO A LOS DISTINTOS PRECEPTOS IMPUGNADOS DE LA LEY ESTATAL. EL ART. 2.3 DE ESTA LEY QUE REGULA LA REPRESENTACION DE LOS INTERESES COLECTIVOS EN LA ASAMBLEA GENERAL, VULNERA LA COMPETENCIA GALLEGA SOBRE LAS CAJAS, PORQUE ESA COMPETENCIA ES TOTAL Y ABSOLUTA EN LO RELATIVO A SU ORGANIZACION, YA QUE, EN ESTE ASPECTO, EL ART.

30.1.5 DEL EAG NO APARECE LIMITADO POR EL 149.1.11 DE LA CONSTITUCION. EL PRECEPTO IMPUGNADO VIOLA EL CITADO ART. DEL EAG EN CUANTO SE REFIERE A LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS, ASI COMO EL 1.2 DEL MISMO EAG EN CUANTO NO PERMITE TENER EN CUENTA LOS INTERESES COLECTIVOS (Y SOCIALES) DE GALICIA. INCLUSO AUN CONSIDERANDO COMO BASICO EL PRECEPTO IMPUGNADO NO RESPETARIA LA COMPETENCIA AUTONOMICA AL REGULAR AL DETALLE LA MATERIA, SIN DEJAR RESQUICIO ALGUNO PARA EL EJERCICIO DE AQUELLA COMPETENCIA. ESTABLECE, ADEMAS, EL ART.

2.3 DE LA LEY ESTATAL UNA POLITICA DISCRIMINATORIA EN FAVOR DE DETERMINADAS CAJAS FUNDADAS POR CORPORACIONES LOCALES QUE PUEDE AFECTAR GRAVEMENTE A LOS INTERESES DE GALICIA, DADO QUE EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD HA DE FUNCIONAR TAMBIEN EN LA PROPIA COMUNIDAD Y PUEDE QUEBRAR AL POTENCIARSE EXCESIVAMENTE LA CORPORACION FUNDADORA.

37. SE IMPUGNAN A CONTINUACION LOS ARTS. 3, 4, 5, 6 Y 9 QUE SE REFIEREN A LOS CONSEJEROS GENERALES Y QUE REGULAN, POR TANTO, CUESTIONES VINCULADAS A LOS ASPECTOS ESTRICTAMENTE ORGANIZATIVOS DE LAS CAJAS Y SIN RELACION, AL MENOS DIRECTA, CON LA ACTIVIDAD CREDITICIA. LOS CONSEJEROS GENERALES SE VINCULAN DIRECTAMENTE AL CONTEXTO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA COMUNIDAD POR SER REPRESENTANTES DE SUS INTERESES. EL TRATAMIENTO SINGULAR Y ESPECIFICO DE TALES CARGOS CONSTITUYE LEGISLACION AL DETALLE, NO BASICA, Y LA SINGULARIDAD QUE CADA COMUNIDAD INTRODUZCA EN FUNCION DE SUS PROPIAS PECULIARIDADES NO ROMPE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD NI AFECTA AL EJERCICIO BASICO DE LOS DERECHOS. LA REGULACION DETALLADA DE LA LEY, QUE INCLUSO SE PRETENDE PRORROGAR A TRAVES DE LA REMISION A SU DESARROLLO REGLAMENTARIO (ART. 3.1 IN FINE ), PROVOCA . EL REPRESENTANTE DE LA XUNTA IMPUGNA SEGUIDAMENTE EL ART. 12 DE LA LEY ESTATAL, AL QUE REPROCHA DESCENDER A DETALLES PROPIOS DE UN REGLAMENTO Y HASTA DE LOS ESTATUTOS DE LAS CAJAS, Y LOS ARTS. 13, 14, 16, 17 Y 20, QUE SE REFIEREN AL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y QUE, EN ESENCIA, ADOLECEN DEL PROPIO DEFECTO DE LEGISLACION DE DETALLE, REFERIDA A ORGANIZACION INTERNA Y SIN LA CATEGORIA DE BASES, QUE SE HA EXPUESTO AL TRATAR DE LA ASAMBLEA GENERAL.

38. EL REPRESENTANTE DE LA XUNTA IMPUGNA SEGUIDAMENTE EL ART. 24, APARTADOS 1, 4, 5 Y 6, QUE ASIGNA DETERMINADAS FACULTADES A LA COMISION DE CONTROL, Y AL QUE REPROCHA QUE VULNERA, EN LOS PRECEPTOS INDICADOS, LA RELACION ESTABLECIDA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL ESTADO PARA TRAMITAR LAS INFORMACIONES NECESARIAS DE LA COMISION DE CONTROL. DE ACUERDO CON LA LEY DE PROCESO AUTONOMICO DE 14 DE OCTUBRE DE 1983 (ART. 2) TALES INFORMACIONES HAN DE SER SUMINISTRADAS A TRAVES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y NO DIRECTAMENTE AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, SIN QUE SE COMPRENDA, ADEMAS, QUE LA NORMA QUE ESTABLECE LO CONTRARIO PUEDE TENER CARACTER DE BASICA. SE IMPUGNA TAMBIEN EL ART.

26 DE LA LEY ESTATAL POR CUANTO LA REGLAMENTACION DEL NOMBRAMIENTO Y CESE DEL DIRECTOR GENERAL NO PUEDE SER BASICA, MAXIME SI LAS BASES SE ENTIENDEN REFERIDAS A LA ORDENACION DEL CREDITO. SE IMPUGNA ASIMISMO EL ART. 30 POR CONEXION DIRECTA QUE TIENE CON EL ART. 24, TAMBIEN IMPUGNADO, ESPECIALMENTE CON SUS APARTADOS 4, 5 Y 6, Y POR SU CARACTER REGLAMENTISTA.

39. SE IMPUGNA LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA EN SUS APARTADOS UNO Y DOS. RESPECTO AL APARTADO UNO PORQUE EN EL EL ESTADO ASUME COMPETENCIAS DE POLITICA FINANCIERA Y DE SOLVENCIA Y SEGURIDAD QUE NO ESTAN RECONOCIDAS EN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE LE ATRIBUYEN COMPETENCIAS EN MATERIA DE ORDENACION DEL CREDITO, PUES ESTAS COMPETENCIAS SE CIRCUNSCRIBEN A LAS BASES Y NO SE EXTIENDEN A FUNCIONES EJECUTIVAS. PLANTEA, ADEMAS, ESTE PRECEPTO UN PROBLEMA DE EXTRATERRITORIALIDAD QUE NO RESISTE EL MENOR ANALISIS DE ORDEN PRAGMATICO, EN ARAS DE EVITAR UNA FRAGMENTACION QUE CONDUCIRIA A VERDADERA CONFUSION Y DESORIENTACION DEL CIUDADANO. INVOCA A ESTE RESPECTO LA STC DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1981, QUE NO ADMITE UN CRITERIO RIGIDO DE EXTRATERRITORIALIDAD. SE IMPUGNA EL NUM. 2 DE LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA (DEBE DECIR PRIMERA) Y, POR CONEXION, EL NUM. 2 DE LA DISPOSICION FINAL CUARTA Y LA DISPOSICION FINAL QUINTA. LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA ES IMPUGNADA PORQUE, A JUICIO DEL REPRESENTANTE DE LA XUNTA, ESTAMOS EN PRESENCIA DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, EN LAS QUE NO LE ES DADO AL ESTADO LEGISLAR Y, MUCHO MENOS, SOMETER A LAS COMUNIDADES A UN PLAZO DE CADUCIDAD MEDIANTE EL FACIL RECURSO DE DENOMINAR BASICA TAL REGULACION. POR ULTIMO, SE IMPUGNA LA DISPOSICION FINAL CUARTA (AL PARECER EN SU NUM. 1) EN CUANTO FIJA LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA MATERIA, FORMULANDO UN ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS MAS GRAVE QUE EL DE LA LOAPA, YA QUE CONVIERTE LO QUE CONSTITUYE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA CON POTESTAD LEGISLATIVA EN MERA POTESTAD REGLAMENTARIA.

40. CONCLUYE SU ESCRITO EL REPRESENTANTE DE LA XUNTA DE GALICIA SOLICITANTO QUE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS SEÑALADOS EN SU ENCABEZAMIENTO Y LOS QUE PROCEDA POR CONEXION O RELACION CAUSAL.

41. POR PROVIDENCIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1985, LA SECCION CUARTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACORDO ADMITIR A TRAMITE EL ANTERIOR RECURSO Y DAR TRASLADO DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO, POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, Y AL GOBIERNO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, AL OBJETO DE QUE, EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS, PUEDAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR ALEGACIONES. EL LETRADO DEL ESTADO, POR ESCRITO PRESENTADO EL 3 DE DICIEMBRE, SE PERSONO Y SOLICITO LA ACUMULACION DE ESTE RECURSO A LOS NUMS. 990/85 Y 991/85, CON SUSPENSION DEL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES. LA CITADA SECCION CUARTA DE ESTE TRIBUNAL ACORDO, POR PROVIDENCIA DE 11 DE DICIEMBRE DE 1985, ABRIR EL INCIDENTE DE ACUMULACION DE LOS TRES RECURSOS. SUSTANCIADO EL INCIDENTE, EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR AUTO DE 16 DE ENERO DE 1986, ACORDO LA ACUMULACION DE LOS TRES RECURSOS NUMS. 990/85, 991/85 Y 1.007/85. ANTERIORMENTE, EL PRESIDENTE DEL CONGRESO Y EL PRESIDENTE DEL SENADO DIRIGIERON COMUNICACIONES AL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL RECURSO 1.007/85, REITERANDO LO DICHO RESPECTO A LOS OTROS DOS CITADOS.

42. POR ESCRITO PRESENTADO EL 13 DE FEBRERO DE 1986, EL LETRADO DEL ESTADO FORMULO ALEGACIONES RESPECTO A LOS TRES RECURSOS ACUMULADOS. EXAMINA EN PRIMER TERMINO LOS MOTIVOS PRIMERO Y TERCERO DEL RECURSO PRESENTADO POR EL COMISIONADO SEÑOR RUIZ GALLARDON EN RELACION AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS. DESDE ESTA PERSPECTIVA SE ADVIERTE EN LOS RECURRENTES UN DOBLE PLANTEAMIENTO: DE UN LADO, SE SOSTIENE LA LIMITACION DE LA COMPETENCIA ESTATAL BASICA A LOS ASPECTOS CONCERNIENTES A LA ACTIVIDAD MATERIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO, EXCLUYENDO DE ESA COMPETENCIA LAS NORMAS RELATIVAS A ORGANIZACION; DE OTRO LADO, SE DENUNCIA EL CARACTER EXHAUSTIVO DE LA REGULACION QUE CONTIENE LA LEY IMPUGNADA, QUE EXCLUIRIA TODA POSIBILIDAD DE OPCIONES POLITICAS PROPIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN CUANTO AL PRIMER EXTREMO, HAY QUE PARTIR DE LA DOCTRINA SEÑALADA EN LA STC 1/1982, DE 28 DE ENERO, SEGUN LA CUAL LAS BASES DE ORDENACION DEL CREDITO DEBEN CONTENER TANTO LAS NORMAS REGULADORAS DE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACION INTERNA Y FUNCIONES DE LOS DISTINTOS INTERMEDIARIOS FINANCEROS COMO LAS RELATIVAS A LA ACTIVIDAD DE TALES INTERMEDIARIOS, ENTRE LOS CUALES SE CUENTAN LAS CAJAS DE AHORRO. ESTA AFIRMACION NO ES UN SIMPLE OBITER DICTUM, SINO QUE RESPONDE A LA ESTRECHA CONEXION ENTRE LOS PLANES ORGANIZATIVOS Y DE ACTIVIDAD DE LAS CAJAS. POR OTRA PARTE, LOS DISTINTOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS SOBRE COMPETENCIAS AUTONOMICAS EXCLUSIVAS SE REFIEREN EXPRESAMENTE A QUE DICHAS COMPETENCIAS SE ENMARCAN EN LAS BASES Y ORDENACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL Y, ESPECIFICAMENTE, EN EL 149.1.11 DE LA CONSTITUCION; ENTRE ELLAS HAY QUE ENTENDER COMPRENDIDAS LAS NORMAS SOBRE ESTRUCTURA Y ORGANIZACION INTERNA DE LAS CAJAS.

ELLO NO SUPONE DESCONOCER QUE LOS ESTATUTOS ATRIBUYEN COMPETENCIAS ESPECIFICAS SOBRE LAS CAJAS, LO QUE NO HACEN CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, PERO NO IMPLICA QUE EL ALCANCE DE LA COMPETENCIA ESTATAL SE REDUZCA A LA ACTIVIDAD MATERIAL O EXTERNA. LA HISTORIA DE LA LEGISLACION MUESTRA LA CONEXION ENTRE AMBOS. ASI, LA DIVISION ENTRE COMPETENCIA CREDITICIA, ATRIBUIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA, Y FUNCIONES DE PROTECTORADO, CONFIADAS AL MINISTERIO DE TRABAJO, DESAPARECE EN EL DECRETO DE 20 DE JUNIO DE 1957, QUE CONCENTRA CASI TODAS LAS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE HACIENDA.

LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SE FORTALECE EN LA LEY DE 14 DE ABRIL DE 1962 (BASE QUINTA), Y ELLO NO SOLO EN EL REGIMEN EXTERIOR DE SUS ACTIVIDADES, SINO TAMBIEN EN SU REGIMEN INTERNO O ESTRUCTURAL. DIVERSAS DISPOSICIONES ROBUSTECEN ESA TENDENCIA HASTA LLEGAR AL REAL DECRETO 2290/1977, DE 27 DE AGOSTO, QUE REGULA LA COMPOSICION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y GESTION DE LAS CAJAS. TODO ELLO INDICA QUE LA PRIMITIVA CONFIGURACION DE LAS CAJAS COMO ENTIDADES DE BENEFICENCIA HA DADO PASO, POR RAZON DE SU PROPIO CRECIMIENTO, A SU CONSIDERACION COMO ENTIDADES ESENCIALES DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO, LLEGANDO A UNA EQUIPARACION FUNCIONAL CON LAS DEMAS ENTIDADES DE DEPOSITO. LA PROYECCION DE LAS CAJAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NO ES UNA CONSECUENCIA ACCESORIA DE SU ACTIVIDAD, SINO QUE SE DEBE A SU NATURALEZA MISMA Y REQUIERE QUE TAMBIEN EN EL PLANO ESTRUCTURAL Y ORGANIZATIVO EXISTA UNA HOMOGENEIDAD SUSTA

NCIAL DE LA ORDENACION DE LAS CAJAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA PRESERVAR LA UNIDAD DEL SISTEMA ECONOMICO. POR OTRO LADO, LA NECESARIA RELACION ENTRE LOS DIFERENTES INTERMEDIARIOS FINANCIEROS SE VERIA OBSTACULIZADA SI SU ESTRUCTURA Y ORGANIZACION INTERNA NO TUVIESEN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EL DENOMINADOR COMUN NORMATIVO PROPIO DE LAS BASES ESTATALES. EXAMINA A CONTINUACION EL LETRADO DEL ESTADO LA SEGUNDA CUESTION ANTES APUNTADA: LA EXTRALIMITACION, POR SU CARACTER SUPUESTAMENTE EXHAUSTIVO, DE LAS BASES CONTENIDAS EN LA LEY 31/1985 RESPECTO AL SIGNIFICADO CONSTITUCIONAL DEL ART. 149.1.11 DE LA CONSTITUCION. RECORDANDO LA STC 18/1984, DE 7 DE FEBRERO, Y 23/1984, DE 20 DE FEBRERO, SEÑALA EL LETRADO DEL ESTADO QUE LA INTERACCION ESTADO-SOCIEDAD Y LA INTERACCION DE LO PUBLICO Y LO PRIVADO ALCANZA EL CAMPO DE LO ORGANIZATIVO Y DE LA CALIFICACION DE LOS ENTES Y NO SOLO DE LAS ACTIVIDADES DE RELEVANCIA PUBLICA O INTERES GENERAL DE TALES ENTIDADES. TANTO SI SE TOMA COMO CRITERIO EL RECONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA FUNDACIONAL DE LAS CAJAS COMO SI SE ATIENDE A SU INDIVIDUALIDAD COMO INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, LA CONFIGURACION ESTRUCTURAL DE LAS MISMAS HA DE ENTENDERSE INCLUIDA EN LAS TITULARIDADES BASICAS DEL ESTADO. NO OBSTA A ELLO QUE, COMO HA DECLARADO ESTE TRIBUNAL EN SU SENTENCIA CITADA 18/1984, LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS, DADA LA NATURALEZA PRIVADA DE ESTAS, NO SE COMPRENDA EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RECONOCIDO EN EL ART. 23 DE LA CONSTITUCION, PORQUE LA IDENTIDAD DE LAS POSICIONES JURIDICAS FUNDAMENTALES NO SE CONTRAE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SUSCEPTIBLES DE AMPARO. DE ESAS POSICIONES JURIDICAS FUNDAMENTALES, CUYA IDENTIDAD HA DE SER ASEGURADA POR EL ESTADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL FORMA PARTE LA DETERMINACION DE LOS CAUCES Y GRADOS DE PARTICIPACION EN LAS CAJAS. DICHO ESTO, NO CABE, SEGUN EL LETRADO DEL ESTADO, AFIRMAR QUE LA LEY IMPUGNADA AGOTA LA REGULACION DE LAS CAJAS. LA DISPOSICION FINAL CUARTA, UNO, BASTA PARA DESMENTIR EL SUPUESTO VACIADO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. SEÑALA, ADEMAS, EL LETRADO DEL ESTADO QUE LA NOCION MATERIAL DE BASES NO IMPIDE QUE EL LEGISLADOR DETERMINE QUE NORMAS SON BASICAS Y CUALES NO. BASES NO ES SIEMPRE IGUAL A PRINCIPIOS GENERALES, SINO QUE PUEDEN ALCANZAR EN ALGUNOS ASPECTOS REGULACIONES TAN EXHAUSTIVAS COMO SEA PRECISO ASEGURAR LA UNIFORMIDAD PLENA Y ABSOLUTA DE LA NORMACION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. TAMPOCO ES CIERTO QUE NO QUEPA LA REMISION A LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN LAS BASES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR POSCONSTITUCIONAL. SEGUN LA STC 77/1985 ESA REMISION ES POSIBLE CUANDO NO SE DEFIERA AL GOBIERNO EL ESTABLECIMIENTO DE BASES NI SE INVADAN COMPETENCIAS AUTONOMICAS. SOLO CUANDO HAYA DICTADO LAS NORMAS REGLAMENTARIAS PODRAN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PRESENTAR, EN SU CASO, CONFLICTO DE COMPETENCIAS. DICE A CONTINUACION EL LETRADO DEL ESTADO QUE LAS IMPUTACIONES A LA LEY ESTATAL DE SUPUESTAS CONTRADICCIONES ENTRE LA REGULACION QUE ESTABLECE Y LOS OBJETIVOS DE PARTICIPACION Y DEMOCRATIZACION DE LAS CAJAS RESULTAN IRRELEVANTES DESDE LA PERSPECTIVA COMPETENCIAL.

ESTABLECIDA LA COMPETENCIA DEL ESTADO PARA DICTAR LAS NORMAS SOBRE ORGANIZACION NO CABE DISCUTIR DESDE ESTE PUNTO DE VISTA LA MAYOR O MENOR OPORTUNIDAD DE LAS OPCIONES ADOPTADAS POR EL LEGISLADOR DEL ESTADO. EL LETRADO DEL ESTADO CONCLUYE ESTAS CONSIDERACIONES ADVIRTIENDO QUE LA EXISTENCIA EN LAS LEYES CATALANAS 15/1985 Y GALLEGA 7/1985 DE PRECEPTOS NO IMPUGNADOS CONFIRMAN QUE HA QUEDADO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS UN CONTENIDO COMPETENCIAL EFECTIVO EN LA MATERIA.

43. EXAMINA A CONTINUACION EL LETRADO DEL ESTADO EL MOTIVO SEGUNDO DEL RECURSO PRESENTADO POR EL COMISIONADO SEÑOR RUIZ GALLARDON POR SUPUESTA VIOLACION DEL ART. 34 DE LA CONSTITUCION EN RELACION CON EL ART. 53.1 DE LA MISMA. DADO LOS TERMINOS EN QUE ESTE MOTIVO SE PERFILA NO ES NECESARIO, SEGUN EL LETRADO DEL ESTADO, ENTRAR EN LOS SIEMPRE COMPLEJOS PROBLEMAS DE CALIFICACION JURIDICA PORQUE EN LA DEMANDA NO SE INTENTA FORMULAR UN JUICIO DEFINITIVO SOBRE LA VALORACION DE LOS INTERESES EN JUEGO BASANDOSE EN EL CARACTER JURIDICO FUNDACIONAL DE LAS CAJAS.

LA PONDERACION DE LOS INTERESES SOCIALES QUE EN ELLAS CONFLUYEN Y SU REPERCUSION EN SU ESTRUCTURA ORGANICA DEPENDEN MAS DE LA VALORACION DE DATOS SOCIALES QUE DE LAS CALIFICACIONES JURIDICAS, SOBRE TODO SI SE TIENE EN CUENTA LA EVOLUCION HISTORICA DE LAS CAJAS, ALGUNAS DE LAS CUALES SE HAN CONVERTIDO DE PEQUEÑAS CASAS DE EMPEÑO DE ORIGEN FUNDACIONAL EN IMPORTANTES INSTITUCIONES FINANCIERAS. CITA DE NUEVO A ESTE RESPECTO LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL 18/1984. RECUERDA QUE NO TODAS LAS CAJAS TIENEN UN ORIGEN FUNDACIONAL, PUES LAS HAY TAMBIEN DE ORIGEN ASOCIATIVO O CORPORATIVO. ANALIZA SEGUIDAMENTE EL LETRADO DEL ESTADO EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION Y SE PREGUNTA SI EL DERECHO DE FUNDACION QUE EN EL SE GARANTIZA SE REFIERE AL ACTO FUNDACIONAL EN SU PURA SIGNIFICACION DISPOSITIVA O NEGOCIAL DE UNA MANERA INTEMPORAL Y ABSTRACTA, CON INDEPENDENCIA DE LAS NORMAS POSITIVAS QUE LO CONDICIONAN O REGULAN, O SI LA CONSTITUCION CONTEMPLA EL DERECHO DE FUNDACION, SEGUN LA IMAGEN DE LAS LEYES POSITIVAS QUE LO REGULABAN EN EL MOMENTO DE ENTRAR EN VIGOR EL TEXTO FUNDAMENTAL. EN LA PRIMERA HIPOTESIS, Y RESPECTO A LAS CAJAS DE ORIGEN FUNDACIONAL, HABRIA QUE RECONOCER LA VIGENCIA INCONDICIONAL DE LAS DISPOSICIONES QUE ORIGINARIAMENTE DEFINIERON LA ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y FINES DE ESAS CAJAS. PERO ESA HIPOTESIS CONDUCIRIA, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ACTUALIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE LAS CAJAS, A LA NECESIDAD DE DISOLVERLAS DE ACUERDO CON EL ART. 39 DEL CODIGO CIVIL. LA SUPERVIVENCIA DE LAS FUNDACIONES SOLO ES POSIBLE SI NO SE ENTENDIESEN PETRIFICADAS EN EL ACTO FUNDACIONAL. EL SENTIDO DEL ART. 34 DE LA CONSTITUCION NO PUEDE SER OTRO QUE EL DE RECONOCER UN DERECHO CUYA CONFORMACION BASICA ES LA REGULADA POR LAS LEYES EN EL MOMENTO DE PROMULGARSE LA NORMA SUPREMA, COMO PARECE DEDUCIRSE DE LA REMISION EXPRESA QUE DICHO ARTICULO HACE A LAS LEYES. CONTRA LO QUE SUPONE LA DEMANDA, LAS FUNDACIONES RECLAMAN UNA INTERVENCION DEL ESTADO TANTO MAS INTENSA CUANTO MAYOR HAYA SIDO LA MUTACION SOCIAL EN RELACION CON LAS PREVISIONES DEL FUNDADOR, MUTACION QUE EN EL CASO DE LAS CAJAS HA SIDO DE TAL MAGNITUD QUE SU CONFIGURACION COMO FUNCIONAL MAS APARECE UNA CALIFICACION HISTORICA Y ERUDITA QUE UNA CARACTERIZACION SOCIAL Y JURIDICA. EL LETRADO DEL ESTADO EXAMINA DESDE ESTE PUNTO DE VISTA LA EVOLUCION LEGISLATIVA EN LA MATERIA, DESDE LA LEY DE 20 DE JUNIO DE 1849 HASTA EL REAL DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1977, ASI COMO LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ESTA EVOLUCION MUESTRA LA TENDENCIA A UNIFICAR EL TRATAMIENTO DE TODAS LAS CAJAS DE AHORRO, SEA CUAL FUERE SU ORIGEN, CAJAS QUE SE HAN CONVERTIDO EN ENTIDADES CON SUSTANTIVIDAD PROPIA, DE NATURALEZA SOCIAL, LO QUE EVIDENCIA UN FENOMENO TIPICO DE INTERACCION ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD QUE SE RESISTE A UNA PRECISA UBICACION ENTRE LO PUBLICO Y LO PRIVADO.

44. ESTUDIA A CONTINUACION EL LETRADO DEL ESTADO EL MOTIVO CUARTO DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL COMISIONADO SEÑOR RUIZ GALLARDON, QUE SE REFIERE A UNA SUPUESTA VIOLACION DE LA LIBERTAD DE EMPRESA (ART. 38 DE LA CONSTITUCION) POR LA LEY IMPUGNADA, DADO EL CARACTER DE ENTIDAD PRIVADA Y DE SUJETO DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE TIENEN LAS CAJAS.

ADVIERTE QUE ESTE MOTIVO DE IMPUGNACION PARECE INCOMPATIBLE CON EL ANTERIOR, NO PORQUE SEA INCONCEBIBLE TEORICAMENTE LA FIGURA PROPUESTA DE LA FUNDACION-EMPRESA, SINO PORQUE NO HAY DATOS QUE PERMITAN SUPONER QUE LOS ACTOS FUNDACIONALES DE ALGUNAS CAJAS RESPONDIERAN A ESA FIGURA. AL CONTRARIO, LAS INVESTIGACIONES HECHAS SOBRE EL PARTICULAR Y LA LEGISLACION MAS ANTIGUA Y CONSTANTE REVELAN EL CARACTER DE QUE TENIAN LAS CAJAS BASADOS GENERALMENTE EN LA CONCESION DE PRESTAMOS PIGNORATICIOS. EL CARACTER EMPRESARIAL DE LAS CAJAS Y SU PROGRESIVA ASIMILACION A LOS BANCOS ES PRODUCTO DE UNA EVOLUCION RECIENTE. PODRIA DECIRSE QUE UNAS FUNDACIONES SE HAN CONVERTIDO EN EMPRESA, SIN QUE QUEPA REUNIR ESTOS DOS EXTREMOS DE LA EVOLUCION HISTORICA EN UN SOLO CONCEPTO. LAS CAJAS DE AHORRO SON EMPRESAS CON UN RESIDUO HISTORICO FUNDACIONAL QUE SE RESPETA. PERO AUN ASI, SON EMPRESAS SUI GENERIS, EN CUANTO CARECEN DE UNA FINALIDAD LUCRATIVA Y EL DESTINO FINAL DE SUS RENDIMIENTOS SE VE AFECTADO POR UNAS DEDICACIONES GENERALMENTE PREDETERMINADAS.

PODRIA DECIRSE QUE SON EMPRESAS EN SUS MODOS DE ACCION, PERO NO EN LA FINALIDAD, LO QUE LAS SEPARA DE LOS BANCOS Y, EN GENERAL, DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS. POR ULTIMO, SOBRE ESTA CUESTION, EL LETRADO DEL ESTADO SEÑALA QUE NO VE, EN CUALQUIER CASO, COMO PUEDE INCIDIR AQUI LA LIBERTAD DE EMPRESA. LA DEMANDA DICE QUE LAS CAJAS . PERO LOS GRUPOS QUE SEGUN LA LEY INTERVIENEN EN LA GESTION O NO SON INSTITUCIONES (LOS IMPOSITORES) O SE TRATA DE INSTITUCIONES LEGITIMADAS POR LOS INTERESES QUE REPRESENTAN (ENTIDADES MUNICIPALES). EN ULTIMO TERMINO, ES ESTA UNA IMPUGNACION DE SOSPECHA, BASADA NO EN LO QUE LA LEY DICE Y PRETENDE, SINO EN UNA HIPOTESIS DE RIESGO CONSISTENTE EN QUE SE DESVIRTUE EL SENTIDO DE LA INTERVENCION ORGANICA PREVISTA.

45. EL LETRADO DEL ESTADO EXAMINA SEGUIDAMENTE EL MOTIVO QUINTO DE LA DEMANDA PRESENTADA POR EL COMISIONADO SR. RUIZ GALLARDON, EN EL QUE SE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE EL ART.

2.3, APARTADO A), DE LA LEY 31/1985 POR SUPUESTA VULNERACION DEL ART.

129.2 DE LA CONSTITUCION. EL PRECEPTO IMPUGNADO SE REFIERE A LA PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES. ENTIENDE LA DEMANDA QUE ESE PRECEPTO NO PUEDE FUNDARSE EN EL ART. 149.1.11, Y SOLO EN EL CITADO 129.2, QUE ES EL QUE ESTIMA VIOLADO. EL LETRADO DEL ESTADO, TRAS ADVERTIR QUE NO ES NECESARIO QUE CADA NORMA DEL ORDENAMIENTO ENCUENTRE UNA FUNDAMENTACION TIPICA SUBSTANTIVA EN EL TEXTO DE LA CONSTITUCION (STC 83/1984), INDICA QUE EL ART. 129.2 SE REFIERE A LA PROMOCION DE LAS DIVERSAS FORMAS DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA Y NO ESTA PENSADO PARA LAS CAJAS DE AHORRO NI PARA UNA COMPLEJA REPRESENTACION DE INTERESES DIVERSOS SINO PARA LA DE LOS TRABAJADORES. EN TODO CASO, NO CABE EXCLUIR OTRAS FORMAS DE PARTICIPACION APLICABLES SOLO A CIERTAS EMPRESAS. ASI, POR EJEMPLO, LA DEMANDA NO DISCUTE LA PARTICIPACION EN LAS CAJAS DE AHORRO DE LOS IMPOSITORES, Y SIN EMBARGO NO CABE ENTENDER, APLICANDO EL ART. 129.2, QUE EN TODAS LAS OTRAS EMPRESAS DEBERIA EXISTIR UNA REPRESENTACION ESPECIFICA DE LA CLIENTELA. ES EL LEGISLADOR EL QUE ESTA LLAMADO A FACILITAR LA PARTICIPACION DE TODOS LOS CIUDADANOS EN LA VIDA POLITICA, ECONOMICA, CULTURAL Y SOCIAL (ART. 9.2 DE LA CONSTITUCION), SIN QUE PUEDA INFERIRSE NINGUNA RESTRICCION DE LA CONSTITUCION PARA GRUPOS CONCRETOS DE CIUDADANOS O PREFERENCIAS POR RAZON DE UN INTERES PERSONAL O DIRECTO QUE HAYA QUE DEDUCIRSE EN CADA CASO DE LA NATURALEZA DE LAS COSAS. POR ELLO, NO ES ADMISBLE, SEGUN EL LETRADO DEL ESTADO, LA TESIS DE LA DEMANDA QUE CONSIDERA NO LEGITIMADOS A LOS VECINOS. DE NINGUNA NORMA CONSTITUCIONAL RESULTA ESA NO LEGITIMACION. MAS BIEN LO CONTRARIO. COMO CIUDADANOS PUEDEN PARTICIPAR, PUES LA DE LAS CAJAS PRESUPONE PRECISAMENTE QUE SE ABRAN A LA PARTICPACION DE LOS CIUDADANOS. DE OTRA PARTE TAMBIEN ES INEXACTO PARA EL LETRADO DEL ESTADO QUE FALTE RESPECTO A LOS VECINOS UN ELEMENTO DE CONEXION CON LA ACTIVIDAD DE LAS CAJAS, NO SOLO PORQUE EN GRAN PARTE DE PAISES EUROPEOS LAS CAJAS DE AHORROS SON MUNICIPALES, SINO PORQUE, DADO QUE LOS FINES ULTIMOS DE LAS CAJAS SON BENEFICOS O ASISTENCIALES, NO HAY RAZON PARA EXCLUIR DE ELLAS LA INTERVENCION DE LOS AYUNTAMIENTOS, TRADICIONALMENTE ADMITIDA EN OBRAS DE ESE CARACTER. RECHAZA TAMBIEN EL LETRADO DEL ESTADO LA ALEGACION DE LA DEMANDA DE QUE LA PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL CASO DE COINCIDIR CON UNA CAJA DE FUNDACION MUNICIPAL COLOCA AL AYUNTAMIENTO FUNDADOR EN UNA POSICION DE PREDOMINIO, CON DAÑO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD, RESPECTO A OTROS ENTES LOCALES COMO LAS COMUNIDADES AUTONOMAS O LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES. ADUCE EN ESTE PUNTO EL LETRADO DEL ESTADO QUE LA ALEGACION DE LA DEMANDA CONTRADICE LA TESIS EN ELLA SUSTENTADA DEL PREDOMINIO DE LA VOLUNTAD FUNDACIONAL

; QUE EN EL CASO AHORA EXAMINADO LA REPRESENTACION PUBLICA DE INTERESES ESTA ASEGURADA; Y QUE TODA ARGUMENTACION DE DISCRIMINACION ENTRE ENTES TERRITORIALES QUEDA FUERA DE LUGAR.

46. EL MOTIVO SEXTO DE LA DEMANDA DEL COMISIONADO SR. RUIZ GALLARDON, QUE SE REFIERE A LA SUPUESTA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 31/1985 POR SUPUESTA VULNERACION DEL ART. 96.1 DE LA CONSTITUCION, ES TAMBIEN RECHAZADO POR EL LETRADO DEL ESTADO. PUESTO QUE LA IMPUGNACION ATAÑE A DIFERENCIAS DEL TEXTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO ENTRE SU REDACCION ACTUAL Y PROYECTOS ANTERIORES, CONVIENE ANALIZAR LOS TRES PUNTOS QUE FUERON OBJETO DE DIFERENTE REDACCION EN AMBOS TEXTOS. EL PRIMER PUNTO ES LA SUSTITUCION EN EL TEXTO DEFINITIVO DE LA EXPRESION POR LA DE IGLESIA CATOLICA. LA DEMADA SOSTIENE QUE AMBAS EXPRESIONES SON EQUIVALENTES PUES EN LA ULTIMA ESTAN INCLUIDOS LOS PRIMEROS. NINGUNA CAUSA DE INCONSTITUCIONALIDAD SE ALEGA, Y, OBVIAMENTE, NO CORRESPONDE A ESTE TRIBUNAL RESOLVER PROBLEMAS DE INTERPRETACION IRRELEVANTES PARA UN ENJUICIAMIENTO CONSTITUCIONAL. EL SEGUNDO PUNTO AFECTA A LA SITUACION DE LOS ESTATUTOS EL 17 DE ENERO DE 1985 Y SE CONECTA EN LA DEMANDA CON EL ART.

5.1 DEL ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS JURIDICOS, FIRMADO EL 3 DE ENERO DE 1979 Y RATIFICADO EL 4 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

SEGUN LA DEMANDA, PARA LAS CAJAS FUNDADAS POR LA IGLESIA CATOLICA SERIA DE APLICACION EL CITADO EXTREMO DEL ACUERDO CON LA SANTA SEDE, SEGUN EL CUAL, EN LO QUE AQUI INTERESA, . DADO QUE LAS CAJAS TIENEN CARACTER BENEFICO LAS FUNDADAS POR LA IGLESIA HAN DE REGIRSE POR SUS ESTATUTOS, SIN QUE PUEDA MODIFICARSE LO PREVISTO EN ESTOS POR LEYES DEL ESTADO. A LA MISMA CONCLUSION SE LLEGA, SEGUN LA DEMANDA, SI SE TIENE EN CUENTA EL DERECHO INTERNO ESPAÑOL, ESPECIALMENTE LA LEY ORGANICA DE LIBERTAD RELIGIOSA DE 5 DE JULIO DE 1980, ART. 6.2. PARA EL LETRADO DEL ESTADO CONVIENE RECORDAR LO YA DICHO RESPECTO A LA EVOLUCION DE LAS CAJAS, QUE PREVISIBLEMENTE TAMBIEN HABRA AFECTADO A LAS DE FUNDACION ECLESIAL. ESTA REALIDAD ES LA QUE TRATA DE RECOGER LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA, QUE REMITE A LOS ESTATUTOS DE TALES FUNDACIONES QUE ESTEN EN VIGOR Y NO PUEDEN ENTENDERSE REFERIDA A LAS CAJAS DE FUNDACION ECLESIAL CUYOS ESTATUTOS NO ESTEN YA EN VIGOR, A LO QUE NADA OBJETAN LOS DEMANDANTES. A ESTO SE REFIERE LA FECHA DE 17 DE ENERO DE 1985. LOS NOMBRAMIENTOS Y DURACION DEL MANDATO DE LA ENTIDAD FUNDADORA SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS VIGENTES Y NO SEGUN ESTATUTOS PRETERITOS SIN VIGENCIA ACTUAL, DE ACUERDO, POR LO DEMAS, CON LO PREVISTO EN EL ART. 1.4 DEL ACUERDO CON LA SANTA SEDE SOBRE REGISTRO DE FUNDACIONES ECLESIASTICAS. NO CABE, PUES, NINGUNA OBJECION POR EL HECHO DE QUE LA LEGISLACION ESTATAL SE ATENGA A LOS ESTATUTOS ACTUALMENTE VIGENTES. EL TERCER PUNTO A QUE SE REFIERE LA DEMANDA ES A LA PRESENCIA EN LAS CAJAS DE FUNDACION ECLESIAL DE AL MENOS UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS GRUPOS PARA COMPONER LOS ORGANOS RECTORES. ESTA MINIMA REPRESENTACION ESTA JUSTIFICADA POR LAS REGLAS DE PARTICIPACION QUE IMPONE EL ART. 1.1 DE LA CONSTITUCION Y EL PRINCIPIO DE RESPETO A LOS ESTATUTOS DE LAS ENTIDADES ECLESIASTICAS HA DE ENTENDERSE SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO DEL ESTADO, COMO ESTABLECE EL ART. 1 DEL ACUERDO REFERIDO A LAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y FUNDACIONES RELIGIOSAS. POR OTRA PARTE, LAS CAJAS, COMO SE HA DICHO REITERADAMENTE, SON ALGO MAS QUE ENTIDADES ASISTENCIALES O BENEFICAS, LO QUE EXPLICA UNA MAYOR INTERVENCION ESTATAL.

47. ANALIZA A CONTINUACION EL LETRADO DEL ESTADO LOS PRECEPTOS CONCRETAMENTE IMPUGNADOS POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y POR LA XUNTA DE GALICIA. EN CUANTO AL ART. 1, LA GENERALIDAD IMPUGNA EL CARACTER CERRADO DE LA ENUMERACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, QUE EXCLUYE, POR EJEMPLO, LA POSIBILIDAD DE QUE LA LEGISLACION AUTONOMICA CONSIDERE COMO TAL ORGANO AL DIRECTOR GENERAL. A JUICIO DEL LETRADO DEL ESTADO, EL CARACTER BASICO DE LA NORMA IMPUGNADA TAMBIEN EN CUANTO AL DIRECTOR GENEAL VIENE JUSTIFICADO POR LA NECESIDAD DE MARCAR CLARAMENTE SU DEPENDENCIA DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS CAJAS, SONRE TODO SI SE TIENE EN CUENTA LAS FACULTADES QUE ANTES TENIA, COMO EL DERECHO DE VETO O IMPUGNACION SUCESIVA, Y QUE AHORA SE SUPRIMEN. LA IMPUGNACION DEL ART. 2.3 RELATIVA A LA COMPOSICION DE LA ASAMBLEA GENERAL ES LLEVADA A CABO CON ESPECIAL VIGOR TANTO POR LA GENERALIDAD COMO POR LA XUNTA. DESDE EL PUNTO DE VISTA COMPETENCIAL, EL ESTADO PUEDE IMPONER COMO LEGISLACION BASICA EN ALGUNOS CASOS COMO EN ESTE REGLAS UNIFORMES Y NO SOLO PRINCIPIOS O DETERMINACION DE MAXIMOS Y MINIMOS A DESARROLAR POR CADA COMUNIDAD AUTONOMA. EN LO RELATIVO AL PARRAFO SEGUNDO DEL PRECEPTO, QUE SE REFIERE A LAS CAJAS FUNDADAS POR CORPORACIONES LOCALES, SE REMITE EL LETRADO DEL ESTADO A SUS ALEGACIONES SOBRE EL MISMO EXTREMO EN EL RECURSO INTERPUESTO POR EL SR. RUIZ GALLARDON. TAMBIEN RESPECTO A LA IMPUGNACION DE LOS ARTS. 3, 4, 5, 6 Y 9, LLEVADA A CABO POR LA XUNTA, SE REMITE A LAS CONSIDERACIONES GENERALES ANTES EXPUESTAS SOBRE LA DISTINCION ENTRE ASPECTO ORGANIZATIVO Y ACTIVIDAD CREDITICIA, SUPUESTO CARACTER EXHAUSTIVO DE LAS BASES Y REMISIONES A UN DESARROLLO REGLAMENTARIO. SOBRE ESTE ULTIMO PUNTO, ADVIERTE EL LETRADO DEL ESTADO QUE LA SIMPLE LECTURA DE LA DISPOSICION FINAL CUARTA, UNO, DEMUESTRA QUE LA REMISION A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL ART.

3.1 IN FINE NO COMPORTA RESERVA POR EL ESTADO DE LA COMPETENCIA CONSISTENTE EN DETERMINAR REGLAMENTARIAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES PARA ELEGIR SUS REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL. EN CUANTO AL ART. 3.2, SOSTIENE EL LETRADO QUE TIENE COMO FINALIDAD PROTEGER LA LIBRE COMPETENCIA CUYA DEFENSA CORRESPONDE AL ESTADO (ART. 12.1.5 E.A.C). LOS ARTS. 4, 5 Y 6 REPRESENTAN OPCIONES POLITICAS DEL LEGISLADOR, QUE NO AGOTAN LA REGULACION DEL SISTEMA DE ELECCION DE REPRESENTANTES, COMO LO DEMUESTRA LA DISPOSICION FINAL CUARTA, UNO, Y QUE NO DESBORDAN LA SIGNIFICACION PROPIA DE LAS BASES. EN PARTICULAR, LA POSIBILIDAD DE QUE EMPLEADOS DE LAS CAJAS ACCEDAN A LA REPRESENTACION POR EL GRUPO DE LAS CORPORACIONES LOCALES SALVA LA IGUALDAD DE DERECHOS QUE SE LES DEBE RECONOCER COMO VECINOS.

48. SIGUE DICIENDO EL LETRADO DEL ESTADO QUE LOS ARTS 7 Y 8, NO IMPUGNADOS POR LA XUNTA, PERO SI POR LA GENERALIDAD, TIENEN TAMBIEN CARACTER BASICO. EL ART. 7 NO IMPIDE EL DESARROLLO POR LA COMUNIDAD, COMO RESULTA DE QUE EL ESTADO NO HA IMPUGNADO, SALVO EN UN EXTREMO, LOS ARTS. 19 Y 20 DE LA LEY CATALANA 15/1985, QUE CONTIENEN DESARROLLOS NO COINCIDENTES EXACTAMENTE CON LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ESTATAL. LA REMISION A LOS ESTATUTOS DE LAS CAJAS SOLO APARECE EN EL ART. 7.2 Y PARA UN PUNTO MUY CONCRETO. QUEDA, PUES, A SALVO LA EXISTENCIA DE UNA COMPETENCIA AUTONOMICA DE DESARROLLO. NO EXISTE TAMPOCO LA PRETENDIDA CONTRADICCION ENTRE EL ART. 7.1 C) Y EL 7.2 RESPECTO AL MOMENTO RELEVANTE DE LA CONDICION DE IMPOSITOR, YA QUE LA ANTIGUEDAD DE DOS AÑOS COMO IMPOSITOR SE EXIGE SOLO PARA LOS COMPROMISARIOS O REPRESENTANTES DE LOS IMPOSITORES MIENTRAS QUE PARA LOS DEMAS BASTA SER DEPOSITANTE EN EL MOMENTO DE LA ACEPTACION DEL CARGO. EL ART. 9, RELATIVO A LA RENOVACION DE LOS CONSEJEROS

GENERALES, CONTIENE REGLAS DE GRAN IMPORTANCIA EN LA ESTRUCTURA DE LAS CAJAS, POR LO QUE HA DE SER CONSIDERADO COMO BASICO Y DEBE RESPETARSE EN LAS NORMAS DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMICAS A QUE SE REFIERE EL ART.

9.3 Y LA DISPOSICION FINAL CUARTA, UNO. EL ART. 10.1 (CAUSAS DE CESE DE LOS CONSEJEROS GENERALES) ES IMPUGNADO SOLO POR LA GENERALIDAD, PERO, CONTRA LO QUE ESTA SOSTIENE, ES PRECISAMENTE SU INCONTROVERTIBILIDAD LOGICA LO QUE DEBE CORROBORAR SU NATURALEZA BASICA QUE, DE OTRO LADO, DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE CAUSAS DE CESE SUSTANCIALMENTE DIVERGENTES COMO LA CONTENIDA EN EL ART. 22.1.F) DE LA LEY CATALANA 15/1985. EL ART.

12 ES IMPUGNADO SOLO POR LA XUNTA. LA DISPOSICION FINAL CUARTA, TRES, LIMITA EL CARACTER BASICO A LOS PARRAFOS 1 Y 4 DEL NUM 1 Y A LOS NUMS. 2 Y 3, SI BIEN ESTE ULTIMO REMITE A NORMAS DE DESARROLLO DE COMPETENCIA AUTONOMICA (DISPOSICION FINAL CUARTA, UNO, C)). LOS OTROS EXTREMOS DEL ARTICULO FORMAN PARTE DEL MARCO NORMATIVO HOMOGENEO A QUE PARA ESTAS CANTIDADES DA COBERTURA EL ART. 149.1.11 DE LA CONSTITUCION. EN CUANTO AL ULTIMO PARRAFO DEL ART. 12.2, RELATIVO A LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL A LA ASAMBLEA, IMPUGNADO POR LA GENERALIDAD, EL LETRADO DEL ESTADO SE REMITE A LO YA DICHO RESPECTO A LOS ARTS. 26 Y 27, Y DEL 1 DE LA LEY IMPUGNADA. LOS ARTS. 13, 14, 16, 17 Y 20 SON IMPUGNADOS POR LA REPRESENTACION GALLEGA. EN CUANTO AL 13 HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LO REFERENTE AL NUMERO DE VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION NO TIENE CARACTER BASICO (DISPOSICION FINAL CUARTA, TRES). SUS RESTANTES CONTENIDOS SON REGLAS ESENCIALES PARA LA ESTRUCTURA HOMOGENEA DE LAS CAJAS, LO QUE EXPLICA SU CARACTER BASICO. LO MISMO OCURRE CON EL ART. 14. EL ART. 16 NO AGOTA LAS POSIBILIDADES DE REGULACION DE LA MATERIA (CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION), COMO LO PRUEBA QUE LA LEY CATALANA 15/1985 NO COINCIDE EXACTAMENTE CON LO PRECEPTUADO EN LA LEY DEL ESTADO Y NO HA SIDO EN ESTE PUNTO IMPUGNADA POR EL GOBIERNO. EL ART. 17.1.3 SE IMPUGNA POR LA XUNTA CON BASE A LOS MISMOS MOTIVOS QUE EL 9, POR LO QUE EL LETRADO DEL ESTADO DA POR REPRODUCIDO LO ALEGADO CON RELACION A ESTE ULTIMO. EL ART. 20.2 NO AGOTA, CONTRA LO QUE DICE LA REPRESENTACION GALLEGA, LA MATERIA, PUES LA TANTAS VECES CITADA DISPOSICION FINAL CUARTA EN SU APARTADO D) PERMITE DESARROLLAR COMPETENCIAS AUTONOMICAS EN ESA MATERIA. LA XUNTA IMPUGNA EL ART.

24.1, 4. , 5. Y 6. PARA EL LETRADO DEL ESTADO LA INFORMACION DIRECTA ENTRE LAS CAJAS Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SE JUSTIFICA POR LA EXISTENCIA DE FUNCIONES RESERVADAS A DICHO MINISTERIO Y AL BANCO DE ESPAÑA POR INCIDENCIA DE AMBITOS COMPETENCIALES ESTATALES (DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, UNO), SIN QUE PUEDA OPONERSE A ESA COMUNICACION EL ART.

2 DE LA LEY DE PROCESO AUTONOMICO, QUE SOLO OPERA EN CUANTO A LA ACTIVIDAD QUE LOS ORGANOS AUTONOMICOS DESARROLLAN EN EL EJERCICIO DE SUS PROPIAS COMPETENCIAS. LA XUNTA IMPUGNA TAMBIEN EL ART. 26 Y LA GENERALIDAD IMPUGNA CONJUNTAMENTE CON EL LOS ARTS. 20.2, PARRAFOS 3. Y 5. , Y EL ART. 27. PARA EL LETRADO DEL ESTADO TODOS ESTOS PRECEPTOS TIENEN NATURALEZA BASICA. RECHAZA EN PARTICULAR EL LETRADO DEL ESTADO EL REPROCHE FORMULADO POR LA REPRESENTACION CATALANA DE QUE EL CONTENIDO DEL ART. 26 ES INCOHERENTE EN CUANTO ESTABLEE QUE EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, HECHO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, HABRA DE SER RATIFICADO POR LA ASAMBLEA GENERAL, MIENTRAS QUE SU RENOVACION PODRA LLEVARSE A CABO SOLO POR EL CONSEJO SIN QUE SEA NECESARIA SU RATIFICACION POR LA ASAMBLEA. SEGUN EL LETRADO DEL ESTADO NO HAY EN ESTE SISTEMA NINGUNA INCOHERENCIA SINO ADOPCION DE UN CRITERIO OPINABLE, PERO LEGITIMO. EL ART. 30 ES IMPUGNADO POR LA XUNTA SIN TENER EN CUENTA QUE LA COMISION DE CONTROL EN ELLA PREVISTA ES UN ORGANO DE LA CONFEDERACION GENERAL DE LAS CAJAS DE AHORRO, ENTIDAD EVIDENTEMENTE SUPRACOMUNITARIA Y SITUADA POR ELLO EN EL AMBITO DE COMPETENCIA ESTATAL. LA GENERALIDAD IMPUGNA EL ART. 31 POR ESTIMAR QUE INVADE SUS COMPETENCIAS POR SU NATURALEZA BASICA Y NO SUPLETORIA. PARA EL LETRADO DEL ESTADO ESE PRECEPTO NO PUEDE CALIFICARSE COMO EXCESIVO EN DETALLE, NI, AL LIMITARSE A PRINCIPIOS QUE DETERMINEN UNA HOMOGENEIDAD MINIMA ENTRE LAS FEDERACIONES TERRITORIALES, SE EXTRALIMITA DE LA TITULARIDAD ESTATAL BASICA.

49. LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, APARTADOS UNO Y DOS, ES IMPUGNADA POR LA GENERALIDAD Y LA JUNTA EN CUANTO RESERVA AL ESTADO FUNCIONES EJECUTIVAS Y ACOTA TERRITORIALMENTE EL ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. RESPECTO AL PRIMER EXTREMO, OBSERVA EL LETRADO DEL ESTADO QUE LA COMPETENCIA ESTATAL SE LIMITA A DOS SUPUESTOS EN QUE LA COMPETENCIA DEL ESTADO O TIENE UN CARACTER EXCLUSIVO (POLITICA MONETARIA, ART. 149.1.13 DE LA CONSTITUCION), O ALCANZA A LA CONCRECION E INCLUSO A LA CUANTIFICACION DE MEDIOS CONTENIDOS EN LA REGULACION BASICA DEL CREDITO (STC 1/1982). EN CUANTO AL ALCANCE TERRITORIAL DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, SE REMITE EL LETRADO DEL ESTADO A LAS ALEGACIONES POR EL FORMULADAS EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMS. 873 Y 913/85. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA SE IMPUGNAN POR LA REPRESENTACION CATALANA, Y LA PRIMERA TAMBIEN POR LA GALLEGA, POR SU EXCESIVO DETALLISMO. PARA EL LETRADO DEL ESTADO ESTA IMPUGNACION SE BASA EN LA A SU ENTENDER ERRONEA CONCEPCION DE QUE LAS BASES SON SOLO PRINCIPIOS QUE CARECEN DE APLICABILIDAD DIRECTA SIN LA INTERPOSICION DEL DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

FRENTE A ESTA CONCEPCION, EL LETRADO DEL ESTADO, APOYANDOSE EN LA STC 1/1982, ENTIENDE QUE LA LEY ESTATAL BASICA PUEDE IMPONER DIRECTAMENTE OBLIGACIONES A LOS ADMINISTRADOS.

POR ELLO PUEDEN INTEGRARSE EN AQUELLA LEY REGLAS DE DERECHO TRANSITORIO, INCLUYENDO EL ESTABLECIMIENTO DE TERMINOS O PLAZOS PARA SU DESARROLLO LEGISLATIVO POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN LO QUE ATAÑE A LA DISPOSICION FINAL PRIMERA, LOS ARGUMENTOS DE LA REPRESENTACION CATALANA REPRODUCEN EN BUENA MEDIDA LOS DEL RECURSO PRESENTADO POR EL SEÑOR RUIZ GALLARDON, POR LO QUE EL LETRADO DEL ESTADO REMITE SUSTANCIALMENTE A LO DICHO RESPECTO A ESTE MOTIVO. TAMBIEN LA IMPUGNACION DE LA DISPOSICION FINAL CUARTA REITERA ARGUMENTOS YA EXPUESTOS Y A LOS QUE EL LETRADO DEL ESTADO CONSIDERA QUE CONTESTO EN SU MOMENTO ASI COMO EN SUS ALEGACIONES EN LOS RECURSOS NUMS. 873 Y 913/85. LO MISMO CABE DECIR DE LA IMPUGNACION DE LA DISPOSICION FINAL QUINTA.

50. CONCLUYE EL LETRADO DEL ESTADO SUS ALEGACIONES SOLICITANDO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE DICTE SENTENCIA DESESTIMANDO LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS CONTRA LA LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE REGULACION DE NORMAS BASICAS SOBRE ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS DE AHORRO.

51. POR PROVIDENCIA DE 3 DE MARZO ACTUAL SE SEÑALO PARA DELIBERACION Y FALLO EL DIA 10 DEL MISMO MES, FECHA EN QUE TUVO LUGAR.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. LA PRESENTE SENTENCIA TIENE POR OBJETO RESOLVER TRES RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS Y DIRIGIDOS CONTRA LA LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE REGULACION DE LAS NORMAS BASICAS DE LAS CAJAS DE AHORRO (LORCA). DE ESTOS TRES RECURSOS, UNO (EL 991/85) HA SIDO INTERPUESTO POR DON JOSE MARIA RUIZ GALLARDON EN CALIDAD DE COMISIONADO DE 54 DIPUTADOS, Y LOS OTROS DOS (EL 990/85 Y EL 1.007/85) POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y POR LA JUNTA DE GALICIA, RESPECTIVAMENTE. EN EL RECURSO DE LOS DIPUTADOS SE IMPUGNA EN PRIMER TERMINO LA TOTALIDAD DE LA LEY Y, EN SEGUNDO LUGAR, DOS DE SUS PRECEPTOS; EN LOS RECURSOS DE LOS ORGANOS EJECUTIVOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CATALANA Y GALLEGA SE ATACAN SOLO DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY CITADA. PARECE, PUES, ACONSEJABLE COMENZAR EL EXAMEN DE LOS TRES RECURSOS POR EL PLANTEADO POR EL COMISIONADO SEÑOR RUIZ GALLARDON.

2. ESTE RECURSO SE ARTICULA EN SEIS MOTIVOS. EL PRIMERO, QUE COMO LOS TRES SIGUIENTES SE REFIEREN A LA LORCA EN SU TOTALIDAD, SE BASA EN LA SUPUESTA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY POR LA VIOLACION DEL ART. 149.1.11 DE LA CONSTITUCION Y DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL CONCEPTO Y ALCANCE DE LA NOCION DE BASES. LOS RECURRENTES NO PONEN EN DUDA LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO PARA DICTAR LAS BASES DE LA ORDENACION DEL CREDITO Y BANCA (ART. 149.1.11 CITADO), PERO SEÑALAN QUE, EN MATERIA DE CAJAS DE AHORRO, LA MAYOR PARTE DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAN ASUMIDO COMPETENCIAS TAMBIEN EXCLUSIVAS, AUNQUE CON LA MODULACION DE QUE ESAS COMPETENCIAS SE HAN DE EJERCER SIN PERJUICIO DE LAS BASES QUE SOBRE ORDENACION DEL CREDITO Y BANCA DICTE EL ESTADO. SE DIBUJARIA ASI UN SISTEMA DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS EN EL CUAL, SIEMPRE SEGUN LOS RECURRENTES, SE ATRIBUYE AL ESTADO COMPETENCIA PARA ESTABLECER LAS BASES RELATIVAS A LA ACTIVIDAD EXTERNA DE LAS CAJAS, ES DECIR, A SU ACTIVIDAD COMO ENTIDADES DE CREDITO, Y A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE LAS HAYAN ASUMIDO EN SUS ESTATUTOS COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE SU ORGANIZACION Y REGIMEN INTERIOR. Y EN CUANTO ESTA ES UNA AFIRMACION QUE, EN FORMA MAS O MENOS MATIZADA, SE REITERA A LO LARGO DE LOS TRES RECURSOS OBJETO DE LA PRESENTE SENTENCIA CONVIENE HACER DE ENTRADA ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL TEMA. EL LETRADO DEL ESTADO, EN SUS ALEGACIONES, OPONE A TAL ARGUMENTACION EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL 1/1982, DE 28 DE ENERO, EN CUYO FUNDAMENTO JURIDICO 3. SE LEE TEXTUALMENTE QUE LAS BASES DE LA ORDENACION DEL CREDITO:

LOS RECURRENTES, A QUIENES NO SE ESCAPA LA IMPORTANCIA DE ESTA AFIRMACION, TIENDEN A DEVALUARLA CONSIDERANDOLA COMO UN SIMPLE OBITER DICTUM QUE NO PUEDE ESTIMARSE PROPIAMENTE COMO DOCTRINA CONSTITUCIONAL. PERO ESTA ULTIMA OPINION NO PUEDE SER ACEPTADA, YA QUE NO PUEDE ESTABLECERSE UNA SEPARACION RADICAL ENTRE LA COMPETENCIA PARA DICTAR NORMAS BASICAS RELATIVAS A LA ORGANIZACION Y LA COMPETENCIA PARA DICTAR ESE MISMO TIPO DE NORMAS RESPECTO A LA ACTIVIDAD EXTERNA DE LAS CAJAS. UNA ORGANIZACION EXISTE PARA REALIZAR UNA DETERMINADA ACTIVIDAD. SU FINALIDAD PRINCIPAL ES DETERMINAR, CONFIGURAR Y COORDINAR LOS CENTROS DE DECISION QUE PERMITEN ESA ACTIVIDAD. NO ES, PUES, INDIFERENTE A LA REALIZACION DE ESTA LA FORMA EN QUE AQUELLOS SE REGULAN. POR OTRA PARTE, ES NECESARIO IDENTIFICAR LA PECULIAR ENTIDAD DE CREDITO QUE SON LAS CAJAS Y DISTINGUIRLAS DE LOS DEMAS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, Y PARA LOGRARLO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL LAS CARACTERISTICAS CORRESPONDIENTES HAN DE SER FIJADAS CON CARACTER GENERAL POR EL ESTADO. TAMBIEN ES DE COMPETENCIA DEL ESTADO VELAR PORQUE EN LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS ESTE PRESENTE LA PLURALIDAD DE INTERESES PUBLICOS A LAS QUE ATIENDEN. DE TODO ELLO RESULTA QUE LAS BASES DE LA ORDENACION DEL CREDITO DEBEN COMPRENDER NORMAS ORGANIZATIVAS DE LAS ENTIDADES CUYO OBJETO PRINCIPAL SON LAS OPERACIONES DE CREDITO, Y ES EVIDENTE QUE, EN LA ACTUALIDAD, LAS CAJAS SON FUNDAMENTALMENTE ENTIDADES DE CREDITO COMO MAS ADELANTE HABRA OCASION DE RECORDAR. LA DOCTRINA SENTADA EN LA CITADA STC 1/1982 DEBE SER MANTENIDA EN EL SENTIDO DE QUE EL ESTADO PUEDE FIJAR BASES RELATIVAS A LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS DE AHORRO EN VIRTUD DE SU COMPETENCIA PARA ESTABLECERLAS SOBRE LA ORDENACION DEL CREDITO, QUE LE ATRIBUYE EXPRESAMENTE EL ART. 149.1.11 DE LA CONSTITUCION. CUESTION DISTINTA, QUE SE EXAMINARA EN SU MOMENTO, ES LA DEL ALCANCE Y CONTENIDO DE ESAS BASES, PERO AQUI BASTA CON HACER LA ANTERIOR AFIRMACION DE PRINCIPIO.

3. DE MANERA MAS CONCRETA, LOS DIPUTADOS RECURRENTES, SIGUIENDO CON EL DESARROLLO DEL PRIMER MOTIVO DE SU IMPUGNACION, AFIRMAN QUE LA LORCA RESPONDE A UN CONCEPTO FORMAL DE BASES Y NO A UN CONCEPTO MATERIAL. ESTE ULTIMO CONCEPTO SUPONE QUE NO BASTA QUE EL LEGISLADOR CALIFIQUE DE BASICA UNA ORDENACION DE UNA MATERIA SI EN LA REALIDAD LAS NORMAS ORDENADORAS NO TIENEN ESE CARACTER. EN EL CASO DE LA LORCA NO PODRIA CONSIDERARSE ESTA LEY COMO UNA REGULACION DE NORMAS BASICAS SOBRE ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS PORQUE TAL REGULACION ESTA HECHA CON TAN EXTREMADA MINUCIOSIDAD QUE NO IMPLICA EL ESTABLECIMIENTO DE UN COMUN DENOMINADOR NORMATIVO, A PARTIR DEL CUAL CADA COMUNIDAD PUEDA REGULAR LA MATERIA CON ARREGLO A SUS PECULIARIDADES E INTERESES, NI RESPETA LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL AL CONTENIDO DE LA LEGISLACION BASICA, VACIANDO ASI EL CONTENIDO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. PARA ENJUICIAR ESTAS ALEGACIONES CONVIENE TENER EN CUENTA QUE SE DIRIGEN A FUNDAMENTAR UNA IMPUGNACION DE TODA LA LEY.

AHORA BIEN, A UNA CONSECUENCIA TAN RADICAL COMO SERIA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LORCA EN SU TOTALIDAD POR ESTE MOTIVO NO ES POSIBLE LLEGAR SIN UN DETALLADO EXAMEN DE TODOS Y CADA UNO DE SUS PRECEPTOS. DE FORMA QUE AUNQUE LA PREMISA DE QUE PARTEN LOS RECURRENTES, Y QUE CONSISTE EN AFIRMAR QUE ESTE TRIBUNAL HA SEÑALADO Y CONFIRMADO REPETIDAS VECES EL CONCEPTO MATERIAL Y NO FORMAL DE LAS BASES, ES PLENAMENTE CORRECTA EN EL SENTIDO QUE AQUI INTERESA, LA UNICA CONSECUENCIA QUE AHORA SE DEDUCE DE ESA AFIRMACION ES QUE LA CALIFICACION COMO BASICA DE UNA NORMA POR EL LEGISLADOR NO SUPONE POR SI MISMA QUE ESA NORMA TENGA TAL CARACTER. CASO DE SER IMPUGNADA, CORRESPONDE A ESTE TRIBUNAL, COMO INTERPRETE SUPREMO DE LA CONSTITUCION, REVISAR LA CALIFICACION HECHA POR EL LEGISLADOR Y DECIDIR, EN ULTIMA INSTANCIA, SI UNA NORMA ES O NO BASICA. ESTE ES, PRECISAMENTE EL PRINCIPAL OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD Y POR LA JUNTA DE GALICIA. PERO LA DECISION CORRESPONDIENTE SOLO PUEDE HACERSE EXAMINANDO UNA POR UNA LAS NORMAS CUYO CARACTER BASICO SE DISCUTE Y NO FORMULANDO UN JUICIO GLOBAL SOBRE LA LEY, CUANDO EN ELLA NO SOLO PUEDE HABER NORMAS MATERIALMENTE BASICAS SINO QUE RESPECTO A ALGUNAS EL MISMO LEGISLADOR LES NIEGA TAL CARACTER, COMO RESULTA DE LA DISPOSICION FINAL CUARTA, APARTADO TRES. LAS MISMAS CONSIDERACIONES DISPENSAN DE ENTRAR EN EL EXAMEN DE LAS ALEGACIONES QUE EL LETRADO DEL ESTADO FORMULA, TAMBIEN CON CARACTER GENERAL, SOBRE ESTA MATERIA.

4. EL SEGUNDO MOTIVO DE IMPUGNACION DE LA TOTALIDAD DE LA LORCA SE BASA EN LA SUPUESTA VULNERACION DEL ART. 34 EN RELACION CON EL 53.1, AMBOS DE LA CONSTITUCION, AL NO RESPETAR EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE FUNDACION. PARTEN LOS RECURRENTES DE LA PREMISA DE QUE LAS CAJAS, SEA CUAL SEA SU ORIGEN, SON PERSONAS JURIDICAS DE CARACTER PRIVADO Y NATURALEZA FUNDACIONAL. DE ESA PREMISA RESULTA QUE LA LEY QUE LAS REGULA DEBE RESPETAR EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE FUNDACION RECONOCIDO EN EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART. 53.1 DE LA MISMA, Y ENTRE LOS ELEMENTOS DE ESE CONTENIDO ESENCIAL SE CUENTA, SIGUIENDO LA ARGUMENTACION DE LOS RECURRENTES, EL DERECHO NO SOLO A CREAR FUNDACIONES SINO EL DEL FUNDADOR O FUNDADORES A ESTABLECER SU ORGANIZACION DENTRO DEL MARCO QUE FIJEN LAS LEYES (CON ARREGLO A LA LEY, DICE EL CITADO ART. 34.1). NO NIEGAN LOS RECURRENTES QUE LA LEY PUEDA PREVER DETERMINADAS MEDIDAS SOBRE ORGANIZACION DE LAS CAJAS EN GARANTIA DEL TRAFICO, DE LOS DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS Y DEL INTERES GENERAL, PERO LA INTERVENCION DEL LEGISLADOR DEBE DEJAR UN MARGEN SIGNIFICATIVO A LO QUE DENOMINAN LA AUTONOMIA ORGANICA DE LA INSTITUCION QUE, SEGUN LOS RECURRENTES, SE EJERCE Y SE EXPRESA PRINCIPALMENTE POR MEDIO DE LA AUTONOMIA ESTATUTARIA, ES DECIR, DEL PODER DE AUTODETERMINACION DE LA ENTIDAD PARA DARSE SUS PROPIAS NORMAS. ENTIENDEN LOS RECURRENTES QUE LA LEY IMPUGNADA NO RESPETA ESA AUTONOMIA ESTATUTARIA, PUES AUNQUE CONTIENE ALGUNAS REMISIONES A LOS ESTATUTOS DE LAS CAJAS, TALES REMISIONES SON ESCASAS EN NUMERO E IMPORTANCIA. PARTICULARMENTE LESIVO DE LA AUTONOMIA ESTATUTARIA PARECE A LOS RECURRENTES LA ASIGNACION RIGIDA DE LOS PUESTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A CADA GRUPO DE INTERESES, PUES AUNQUE NO NIEGAN QUE EL LEGISLADOR PUEDA IMPONER LA PRESENCIA EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE CIERTOS SECTORES DE INTERESES NO PUEDE DETERMINAR RIGIDAMENTE LA CIFRA EXACTA QUE CUANTIFIQUE TAL PRESENCIA. ESA CIFRA DEBEN DETERMINARLA LOS PROPIOS ORGANOS DE LA CAJA, ATENDIDAS LAS CIRCUNSTANCIAS PECULIARES DE CADA UNA. ATACAN POR ELLO, EN PARTICULAR, LOS ARTS. 2 Y 14 DE LA LORCA, PORQUE FIJA ESOS PORCENTAJES, SI BIEN ADMITEN LA POSIBILIDAD DE QUE LA LEY HUBIESE FIJADO UNOS MINIMOS COMO HIZO EL REAL DECRETO 2290/1977, E INCLUSO UNOS MINIMOS Y UNOS MAXIMOS.

PARA ANALIZAR LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES EN ESTE PUNTO CONVIENE EXAMINAR, EN PRIMER TERMINO, LAS PREMISAS DE QUE PARTEN, QUE SON, COMO SE HA DICHO, LA NATURALEZA PRIVADA Y FUNDACIONAL DE LAS CAJAS. EN CUANTO A LA NATURALEZA PUBLICA O PRIVADA DE LAS CAJAS ES SABIDO QUE LA CUESTION NO ES PACIFICA EN LA DOCTRINA, EN LA QUE EXISTEN OPINIONES DISTINTAS, DESDE LA QUE CONSIDERA QUE TODAS LAS CAJAS SON ENTIDADES PRIVADAS HASTA LA QUE ENTIENDE QUE TODAS SON ENTIDADES PUBLICAS, PASANDO POR LA QUE SOSTIENE QUE SU CARACTER PUBLICO O PRIVADO DEPENDE DE QUE HAYAN SIDO CREADAS POR CORPORACIONES PUBLICAS O POR PARTICULARES. ESTE TRIBUNAL SE HA OCUPADO DEL PROBLEMA EN SU STC 18/1984, DE 7 DE FEBRERO. SE SEÑALA EN ELLA QUE LA CONFIGURACION DEL ESTADO COMO ESTADO SOCIAL DE DERECHO:

ESTAS CONSIDERACIONES SE REFERIAN A LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS ESTABLECIDA POR EL ANTES CITADO REAL DECRETO 2290/1977, PERO SON TAMBIEN APLICABLES A LO ESTABLECIDO POR LA LORCA, QUE TAMPOCO CONTIENE UNA CALIFICACION LEGAL DE LA NATURALEZA JURIDICA PUBLICA O PRIVADA DE LAS CAJAS. CABE POR ELLO REITERAR LA DOCTRINA ALLI SENTADA EN EL SENTIDO DE QUE LAS CAJAS, SEA CUAL SEA SU ORIGEN, SON ENTES DE CARACTER SOCIAL, SIN QUE SEA NECESARIO A LOS EFECTOS DEL PRESENTE RECURSO UNA DEFINICION MAS PRECISA SOBRE ESTA CUESTION.

5. RESPECTO AL CARACTER FUNDACIONAL DE LAS CAJAS, LOS RECURRENTES, TRAS AFIRMAR ROTUNDAMENTE ESE CARACTER, SOSTIENEN QUE LA LORCA NO RESPETA EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE FUNDACION RECONOCIDO EN EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION, Y ES, POR TANTO, INCONSTITUCIONAL POR INFRACCION DEL ART. 53.1 DE LA NORMA SUPREMA. LA ARGUMENTACION DE LOS RECURRENTES SE BASA, EN CONSECUENCIA, EN LA TESIS DE QUE LAS CAJAS SON FUNDACIONES EN EL SENTIDO QUE ESTE CONCEPTO TIENE EN EL CITADO ART. 34 DE LA CONSTITUCION. ESTE ULTIMO PRECEPTO SE REFIERE SIN DUDA AL CONCEPTO DE FUNDACION ADMITIDO DE FORMA GENERALIZADA ENTRE LOS JURISTAS Y QUE CONSIDERA LA FUNDACION COMO LA PERSONA JURIDICA CONSTITUIDA POR UNA MASA DE BIENES VINCULADOS POR EL FUNDADOR O FUNDADORES A UN FIN DE INTERES GENERAL. LA FUNDACION NACE, POR TANTO, DE UN ACTO DE DISPOSICION DE BIENES QUE REALIZA EL FUNDADOR, QUIEN LOS VINCULA A UN FIN POR EL DETERMINADO Y ESTABLECE LAS REGLAS POR LAS QUE HAN DE ADMINISTRARSE AL OBJETO DE QUE SIRVAN PARA CUMPLIR LOS FINES DESEADOS DE MANERA PERMANENTE O, AL MENOS, DURADERA. TANTO LA MANIFESTACION DE VOLUNTAD COMO LA ORGNIZACION HAN DE CUMPLIR LOS REQUISITOS QUE MARQUEN LAS LEYES, LAS CUALES PREVEN, ADEMAS, UN TIPO DE ACCION ADMINISTRATIVA (EL PROTECTORADO) PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA FUNDACION Y LA RECTA ADMINISTRACION DE LOS BIENES QUE LA FORMAN. NO ES NECESARIO ENTRAR, PARA LO QUE AQUI INTERESA, EN MAS DETALLES NI EN LAS POLEMICAS SUSCITADAS EN LA DOCTRINA SOBRE LA MATERIA, SALVO EN ALGUN PUNTO DEL QUE SE TRATARA MAS ADELANTE. PERO COMO AFIRMACION GENERAL POCAS DUDAS PUEDE HABER DE QUE ESE ES EL CONCEPTO DE FUNDACION A QUE SE REFIERE EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION.

OBSERVESE TAMBIEN QUE EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE FUNDACION FIGURA EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ARTICULO QUE RECOGE EL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A LA HERENCIA (ART. 33). ELLO PERMITE ENTENDER QUE AQUEL DERECHO ES UNA MANIFESTACION MAS DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD RESPECTO A LOS BIENES, POR CUYA VIRTUD UNA PERSONA PUEDE DISPONER DE SU PATRIMONIO LIBREMENTE, DENTRO DE LOS LIMITES Y CON LAS CONDICIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS, INCLUSO CREANDO UNA PERSONA JURIDICA PARA ASEGURAR LOS FINES DESEADOS. SENTADO ESTO, PROCEDE VERIFICAR LA ANTES SEÑALADA TESIS CENTRAL DE LOS RECURRENTES DE QUE LAS CAJAS SON FUNDACIONES EN EL SENTIDO DEL ART. 34 DE LA CONSTITUCION. CONVIENE EN EL EXAMEN DE ESTA CUESTION DISTINGUIR ENTRE LAS CAJAS YA EXISTENTES Y LAS QUE PUEDAN CREARSE EN EL FUTURO AL AMPARO DE LA LEGISLACION VIGENTE.

6. RESPECTO A LAS CAJAS YA EXISTENTES POCA LUZ ARROJAN SOBRE EL PROBLEMA LOS TEXTOS LEGALES QUE HASTA LAS ULTIMAS LEYES AUTONOMICAS (LEY CATALANA 11/1985, DE 1 DE JULIO, Y LEY GALLEGA 7/1985, DE 17 DE JULIO), NO SE REFIEREN DE FORMA EXPRESA A UNA POSIBLE NATURALEZA FUNDACIONAL DE LAS CAJAS, PUES O BIEN OMITEN TODA CALIFICACION JURIDICA DE ESTAS INSTITUCIONES, COMO OCURRE EN EL REAL DECRETO 2290/1977, DE 27 DE AGOSTO, O EN LA MISMA LORCA, O, PARA NO REMONTARSE A LAS DISPOSICIONES MAS ANTIGUAS, LAS CONSIDERAN (ART.

1 DEL ESTATUTO DE LAS CAJAS GENERALES DE AHORRO POPULAR, APROBADO POR DECRETO DE 14 DE MARZO DE 1933), LO QUE DISTA MUCHO DE SER UNA DEFINICION JURIDICA DE SU NATURALEZA. Y TAMPOCO ES DE ESPECIAL UTILIDAD REMONTARSE AL ORIGEN HISTORICO DE CADA UNA DE LAS CAJAS, PUES APARTE DE QUE UNA INDAGACION DE ESTE TIPO EXCEDE CON TODA EVIDENCIA DE LAS POSIBILIDADES Y DEL OBJETO DE ESTA SENTENCIA, LO CIERTO ES QUE NI ESE ORIGEN ES SIEMPRE DEL MISMO CARACTER, PUES AUNQUE LAS HAY DE ORIGEN FUNDACIONAL, NO LO SON TODAS, NI DADA LA EVOLUCION DE LAS CAJAS NOS SIRVE PARA DETERMINAR SU NATURALEZA ACTUAL, QUE ES LO AQUI INTERESA.

EN REALIDAD, ES ESA EVOLUCION EL DATO DECISIVO PARA RESOLVER LA CUESTION PLANTEADA. EN SU ORIGEN, LAS CAJAS, APARECEN UNIDAS O ESTRECHAMENTE VINCULADAS A LA INSTITUCION PURAMENTE BENEFICA DE LOS MONTES DE PIEDAD Y ELLAS MISMAS SE CONFIGURAN COMO ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA, PERO JUNTO A ESA FINALIDAD BENEFICA APARECEN PRONTO CARACTERES QUE LE DAN UNA FISONOMIA PROPIA, AL SER AL MISMO TIEMPO ENTIDADES DE CREDITO. CLARAMENTE LO SEÑALA YA LA EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CITADO DECRETO DE 14 DE MARZO DE 1933, EN QUE SE DICE: . LA EVOLUCION, COMO ES NOTORIO, SE HA ACELERADO EN LOS ULTIMOS AÑOS, EN QUE EL ASPECTO BENEFICO-SOCIAL DE LAS CAJAS HA QUEDADO OBSCURECIDO, AUNQUE SIN DESAPARECER, POR SU RELEVATE FUNCION COMO ENTIDADES DE CREDITO. ESTA EVOLUCION SE HA REFLEJADO TAMBIEN EN LA LEGISLACION QUE LE ES APLICABLE. EL DECRETO DE 26 DE JULIO DE 1959 ATRIBUYE EL PROTECTORADO SOBRE LAS CAJAS AL MINISTERIO DE HACIENDA, EN LUGAR DE ASUMIRLO EL MINISTERIO DE TRABAJO, AL QUE ANTES CORRESPONDIA. LA LEY DE BASES DE ORDENACION DEL CREDITO Y LA BANCA DE 14 DE ABRIL DE 1962 INCLUYE LAS CAJAS EN EL SISTEMA CREDITICIO ESPAÑOL. LAS CAJAS DE AHORRO SON TRATADAS POR EL LEGISLADOR Y POR LA ADMINISTRACION COMO INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, ENTRE LOS CUALES LA INCLUYEN EN FORMA EXPRESA LA LEY 13/1985, DE 25 DE MAYO.

NO ES NECESARIO INSISTIR MAS EN ESTA EVOLUCION CUYO RESULTADO ACTUAL ES NOTORIO. PERO SI CONVIENE SEÑALAR QUE LA TRANSFORMACION SUFRIDA POR LAS CAJAS NO PERMITE CONSIDERARLAS HOY COMO FUNDACIONES EN EL SENTIDO QUE LA DOCTRINA GENERALMENTE ADMITIDA, Y CON ELLA EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION, DA A ESTE CONCEPTO. SI ES PROPIO DE LA FUNDACION, COMO SE HA DICHO, LA VINCULACION DE UNA MASA DE BIENES A UNOS FINES ESTABLECIDOS POR EL FUNDADOR O FUNDADORES RESULTA QUE, EN LA ACTUALIDAD, EN LAS CAJAS, SEA CUAL SEA SU ORIGEN, NI LA MAYOR PARTE DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONEN PROCEDEN DEL FUNDADOR, SINO QUE SON RECURSOS AJENOS, NI LOS FINES QUE HOY PERSIGUEN SON PRINCIPALMENTE BENEFICOS O BENEFICO-SOCIALES SINO LOS PROPIOS DE UNA ENTIDAD DE CREDITO. NO CABE, POR TANTO, ACEPTAR LA TESIS DE LOS RECURRENTES QUE IDENTIFIQUEN LAS CAJAS CON FUNDACIONES EN EL SENTIDO DEL ART. 34 DE LA CONSTITUCION.

7. LOS RECURRENTES, QUIZA PARA SALVAR ESAS DIFICULTADES, ACUDEN A DOS IDEAS QUE CONVIENE EXAMINAR. UNA ES LA DE FUNDACION-EMPRESA, Y OTRA LA DE LA AUTONOMIA ESTATUTARIA DE LAS FUNCIONES. RESPECTO A LA PRIMERA DEBE SEÑALARSE QUE EL CONCEPTO DE FUNDACION-EMPRESA EN SUS DIVERSAS MODALIDADES CONSTITUYE UNA DE TANTAS IMPORTACIONES DE LA DOCTRINA ALEMANA QUE SE HAN REALIZADO O SE INTENTAN REALIZAR EN NUESTRO DERECHO. NO ES, POR SUPUESTO, TAREA DE ESTE TRIBUNAL DETERMINAR SI ES POSIBLE Y, EN CASO AFIRMATIVO, EN QUE CONDICIONES, ESA IMPORTACION.

BASTA CON SEÑALAR, A LOS EFECTOS QUE AQUI INTERESAN, NO SOLO QUE LA DOCTRINA NO ES UNANIME SOBRE CUALES SERIAN LAS CONDICIONES Y LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA LLEVARLA A CABO, ESPECIALMENTE CUANDO SE TRATA DE LA LLAMADA FUNDACION-EMPRESA APLICADA A UN TIPO DE EMPRESAS TAN PECULIAR COMO SON LAS ENTIDADES DE CREDITO, SINO QUE EN TODO CASO RESULTARIA DISCUTIBLE EN QUE MEDIDA TAL CONCEPTO ENCAJARIA EN EL DE FUNDACION PROTEGIDA POR EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION. EN CUANTO A LA DENOMINADA AUTONOMIA ESTATUTARIA DE LAS FUNDACIONES PARECE QUE CON ESTE TERMINO SE DESIGNA LA POTESTAD QUE DEBERIAN TENER LAS CAJAS, COMO ENTIDADES DE CARACTER FUNDACIONAL, PARA DARSE SUS PROPIAS REGLAS DE ORGANIZACION. PERO TAMBIEN HAY QUE SEÑALAR QUE ESA POTESTAD NO DERIVA NECESARIAMENTE DEL CARACTER FUNDACIONAL DE UNA ENTIDAD. COMO SE HA DICHO, LA FUNDACION IMPLICA QUE EL FUNDADOR PUEDE IMPONER LAS NORMAS POR LAS QUE HA DE REGIRSE LA PERSONA JURIDICA QUE EL CREA. A LO LARGO DEL TIEMPO CABE QUE LOS ORGANOS DE LA FUNDACION PUEDAN, CON LA INTERVENCION DEL PROTECTORADO EN LO QUE SEA NECESARIO, ADAPTAR SU ORGANIZACION Y LOS FINES SEÑALADOS ORIGINARIAMENTE A LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS LEGALES O SOCIALES. EN LAS CAJAS, SIN EMBARGO NO SE TRATA, DE UNA ADAPTACION, POR FLEXIBLE QUE ESTA SE CONCIBA, SINO, COMO SE HA DICHO, DE UN CAMBIO CUALITATIVO AL HABERSE TRANSFORMADO SU INICIAL ACTIVIDAD CREDITICIA DE CARACTER BENEFICO (CREDITO BARATO A LAS CLASES MENESTEROSAS) EN ACTIVIDAD CREDITICIA SOMETIDA A LAS LEYES DEL MERCADO COMUNES A ELLAS Y A LOS DEMAS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. LA VOLUNTAD FUNDACIONAL, CUYA PROTECCION ES LA FINALIDAD DEL ART. 34 DE LA CONSTITUCION, HA QUEDADO ASI DILUIDA CON EL PASO DEL TIEMPO Y NO PUEDE SER SUSTITUIDA, AL AMPARO DE ESE MISMO ARTICULO, POR UNA SUPUESTA VOLUNTAD DE LA INSTITUCION. 8. EN REALIDAD, EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA FUNDACIONAL DE LAS CAJAS ACTUALMENTE EXISTENTES PUEDE ENFOCARSE DESDE UN PUNTO DE VISTA DISTINTO AL QUE SUPONDRIA SU ENCAJE EN EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION, CON INDEPENDENCIA DEL ORIGEN DE CADA CAJA, Y QUE SURGE DE LA CONVENIENCIA DE ENCUADRAR LAS CAJAS EN EL SISTEMA DE PERSONAS JURIDICAS QUE ESTABLECE NUESTRO DERECHO. EL RAZONAMIENTO SERIA EL SIGUIENTE: PUESTO QUE EL ART. 35 DEL CODIGO CIVIL CLASIFICA LAS PERSONAS JURIDICAS EN CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES, Y DADO QUE LAS CAJAS NO SON NI CORPORACIONES NI ASOCIACIONES, SOLO ES POSIBLE ENCUADRARLO EN LA CATEGORIA DE LAS FUNDACIONES, A LAS QUE SE ASEMEJARIAN POR EL HECHO DE QUE NO CONSISTE EN UNA UNION DE PERSONAS, QUE EN CIERTO MODO APARECEN COMO LOS PROPIETARIOS DE SUS BIENES, SINO DE UNA ORGANIZACION DE LOS BIENES MISMOS COMO OCURRE EN LAS FUNDACIONES DE TIPO TRADICIONAL. ESTA APLICACION DE UNA CATEGORIA JURIDICA A UN SUPUESTO DISTINTO PARA EL QUE FUE PENSADA ES POSIBLE, SIEMPRE QUE NO SE EXTRAIGAN DE ELLA CONSECUENCIAS ABUSIVAS Y SE LA CONSIDERE SOLO COMO UN MEDIO DE RESOLVER UN PROBLEMA DOGMATICO, CUAL SERIA EN ESTE CASO LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS CAJAS.

9. HASTA AHORA SE HA TRATADO DE LAS CAJAS YA EXISTENTES. PUEDE PLANTEARSE EL PROBLEMA DE SI LAS MISMAS CONSIDERACIONES SERIAN APLICABLES A LAS CAJAS QUE SE FUNDEN AL AMPARO DE LA NUEVA LEGISLACION. EN ESTE CASO, EN EFECTO, EL FUNDADOR O FUNDADORES DE UNA CAJA CREAN UNA PERSONA JURIDICA CUYOS FINES SON YA LOS ACTUALMENTE ASIGNADOS A ESAS INSTITUCIONES COMO ENTIDADES DE CREDITO. NO CABE, POR TANTO, HABLAR DE UN CAMBIO SUSTANCIAL EN LOS FINES QUERIDOS POR EL FUNDADOR. POR OTRA PARTE, ES CIERTO QUE UNA CAJA PUEDE CREARSE EN LA ACTUALIDAD POR NEGOCIO JURIDICO FUNDACIONAL. ASI SE DESPRENDE DE LA LEY CATALANA Y DE LA LEY GALLEGA QUE, EN PRECEPTOS NO IMPUGNADOS EN LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA ELLOS POR EL GOBIERNO (RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMS. 873/85 Y 913/85) NO SOLO AFIRMAN DE MANERA EXPRESA SU NATURALEZA FUNDACIONAL (ARTS. 1.2 DE LA LEY CATALANA Y 2 DE LA LEY GALLEGA), SINO QUE PREVEN, POR EJEMPLO, LA POSIBILIDAD DE QUE LA VOLUNTAD FUNDACIONAL SE MANIFIESTE EN TESTAMENTO (ARTS. 5.3 DE LA LEY CATALANA Y 6.2 DE LA LEY GALLEGA). LA MISMA LORCA ASIGNA UN PORCENTAJE DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LAS PERSONAS O ENTIDADES FUNDADORAS (ART. 2.3 C)). EL FUNDADOR DEBE, ADEMAS, CONSTITUIR UN FONDO FUNDACIONAL DE APRECIABLE CUANTIA (DECRETO 1838/1975, DE 3 DE JULIO, ART. 4), LO QUE SUPONE UNA DOTACION INICIAL EFECTIVA DE LA FUNDACION. SIN EMBARGO, Y AUN RECONOCIENDO ESOS HECHOS, TAMPOCO CABE AFIRMAR QUE LA CREACION ACTUAL DE CAJAS CONSTITUYA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE FUNDACION RECONOCIDO EN EL ART. 34 DE LA NORMA SUPREMA. LO QUE SE CREE SERA UNA ENTIDAD DE CREDITO SOMETIDA A UNA SEVERA REGLAMENTACION NO SOLO PARA SU AUTORIZACION (DECRETO 1838/1975 CITADO), SINO PARA SUS FINES Y ACTUACION, Y EN QUE EL FONDO DOTACIONAL, AUN SIENDO COMO SE HA DICHO, CONSIDERABLE, FORMARA SOLO UNA PARTE DE SUS RECURSOS, QUE HABRAN DE NUTRIRSE EN EL FUTURO DE DEPOSITOS DE TERCEROS. EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, CREAR UNA CAJA DE AHORROS NO SUPONE LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA DOTADA FUNDAMENTALMENTE DE BIENES DEL FUNDADOR PARA LOS FINES DE INTERES GENERAL QUE EL MISMO FUNDADOR DETERMINE, SINO LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA QUE SE NUTRIRA EN GRAN PARTE DE RECURSOS AJENOS Y QUE SERVIRA A FINES ESTRICTAMENTE ESTABLECIDOS LEGALMENTE. TAMPOCO, EN CONSECUENCIA, NOS ENCONTRAMOS EN ESTA HIPOTESIS CON EL MODELO DE FUNDACION TRADICIONAL, SINO, DE MANERA ANALOGA A LO QUE OCURRE CON LAS FUNDACIONES YA EXISTENTES, CON LA APLICACION DE LA FIGURA JURIDICA DE LA FUNDACION A UNAS INSTITUCIONES DE CARACTERISTICAS PECULIARES.

10. DE TODO LO EXPUESTO SE DEDUCE QUE NO CABE ACEPTAR LA TESIS DE LOS RECURRENTES, SEGUN LA CUAL DEL DERECHO DE FUNDACION RECONOCIDO EN EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION RESULTARIA EL DERECHO DE LAS CAJAS PARA DOTARSE DE SU PROPIA ORGANIZACION O INCLUSO DEL FUNDADOR O FUNDADORES PARA IMPONERLES LA QUE ESTIMEN CONVENIENTE. SIN NEGAR QUE LAS CAJAS TENGAN UN CIERTO CARACTER FUNDACIONAL O PUEDAN CALIFICARSE DOGMATICAMENTE DE FUNDACIONES A LOS EFECTOS DE ENCAJARLAS EN UNA DE LAS FIGURAS JURIDICAS RECONOCIDAS POR NUESTRO DERECHO, LO CIERTO ES QUE SON, EN TODO CASO, FUNDACIONES DE CARACTER MUY PECULIAR EN QUE DOMINA SU CONDICION DE ENTIDADES DE CREDITO, QUE ES LO QUE LES DA SU FISONOMIA ACTUAL. NO ES SUPERFLUO PARA CONCLUIR ESTE PUNTO RECORDAR QUE, EN LA MISMA LINEA, LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA QUE HAN ASUMIDO COMPETENCIAS SOBRE FUNDACIONES LO HAN HECHO EN PRECEPTOS DISTINTOS SOBRE LAS CAJAS DE AHORRO. AUNQUE SOBRE ESTE PUNTO HABRA OCASION DE VOLVER MAS ADELANTE, DEBE SEÑALARSE AQUI LA DISTINCION, PORQUE PARECE QUE A TITULOS COMPETENCIALES DIFERENTES CORRESPONDEN OBJETOS TAMBIEN DIFERENTES, SIN QUE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE REFIEREN A UNOS PUEDAN APLICARSE SIN MAS A LOS OTROS.

11. EL TERCER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADO POR LOS RECURRENTE SE BASA EN LA SUPUESTA VULNERACION POR LA LEY IMPUGNADA DEL ART. 149.3 DE LA NORMA SUPREMA, CON ARREGLO AL CUAL Y NO HABIENDO SIDO ATRIBUIDAS AL ESTADO POR LA CONSTITUCION COMPETENCIAS EN MATERIA DE FUNDACIONES, LA MAYORIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN ASUMIDO COMPETENCIA EXCLUSIVA EN LA MATERIA. LA CLAVE DE ESTA ARGUMENTACION ES LA PRETENDIDA APLICACION DE CONCEPTO DE FUNDACION, CON TODAS SUS CONSECUENCIAS, A LAS CAJAS, POR LO QUE LAS CONCLUSIONES A LAS QUE SE HA LLEGADO AL EXAMINAR EL MOTIVO ANTERIOR DE IMPUGNACION BASTA PARA DESVIRTUAR LAS ALEGACIONES QUE LOS RECURRENTES FORMULAN SOBRE ESTE PUNTO. PERO PUEDE AÑADIRSE QUE, COMO SE HA DICHO POCO ANTES, LOS MISMOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA QUE HAN ASUMIDO LA COMPETENCIA TANTO SOBRE FUNDACIONES COMO SOBRE CAJAS DE AHORRO LO HACEN EN VIRTUD DE DISTINTOS TITULOS COMPETENCIALES, Y ELLO NO SOLO CUANDO LA COMPETENCIA SOBRE FUNDACIONES SE REFIERE A LAS DE CARACTER DOCENTE, CULTURAL, ARTISTICO, BENEFICO, ASISTENCIAL Y SIMILARES, QUE ES EL CASO DEL PAIS VASCO, CATALUÑA, ANDALUCIA, COMUNIDAD VALENCIANA, CASTILLA-LA MANCHA, CANARIAS Y EXTREMADURA, SINO TAMBIEN CUANDO NO SE

ESPECIFICA EL TIPO DE FUNDACIONES SOBRE LA QUE RECAE, COMO OCURRE EN GALICIA, LA RIOJA, NAVARRA, ISLAS BALEARES Y CASTILLA-LEON. TENGASE TAMBIEN EN CUENTA QUE EL RESTO DE LAS COMUNIDADES (ASTURIAS, CANTABRIA, ARAGON Y MADRID) HAN ASUMIDO COMPETENCIA SOBRE LAS CAJAS, PERO NO SOBRE FUNDACIONES. INCLUSO PUEDE SEÑALARSE, EN EL MISMO SENTIDO, QUE LAS COMUNIDADES QUE HA LEGISLADO SOBRE AMBAS MATERIAS LO HA HECHO EN LEYES DISTINTAS Y ADUCIENDO EXPRESAMENTE LOS DISTINTOS TITULOS. ASI CATALUÑA, EN LAS LEYES 1/1982, DE 3 DE MARZO, SOBRE FUNDACIONES Y 15/1986, DE JULIO, SOBRE CAJAS, Y GALICIA, EN LAS LEYES 7/1983, DE 22 DE JUNIO, Y 7/1985, DE 17 DE JUNIO, SOBRE FUNDACIONES Y CAJAS, RESPECTIVAMENTE. TODO ELLO CONFIRMA QUE SE TRATA DE DISTINTOS TITULOS COMPETENCIALES Y QUE NO SE PUEDE ALEGAR VULNERACION DE LA COMPETENCIA RELATIVA A LAS FUNDACIONES RESPECTO DE UNA LEY QUE REGULA LAS CAJAS. E INCLUSO EN LA HIPOTESIS DE QUE SE ADMITIERA LA INCLUSION DE LAS CAJAS DE AHORRO EN EL CONCEPTO DE FUNDACION, PREVALECERIA EL TITULO COMPETENCIAL MAS ESPECIFICO, CUAL ES EL REFERIDO EXPRESAMENTE A LAS CAJAS, SOBRE EL MAS GENERICO, QUE SERIA EL RELATIVO A LAS FUNDACIONES, SOBRE TODO SI SE TIENE EN CUENTA QUE SU EXTENSION NO ES LA MISMA Y NO ES POR TANTO INDIFERENTE QUE TITULO SE INVOCA. EN EFECTO, LA COMPETENCIA SOBRE FUNDACIONES ES CALIFICADA DE EXCLUSIVA, LA QUE SE ASUME SOBRE CAJAS SE HACE GENERALMENTE CON LA LIMITACION DE QUE SU EJERCICIO DEBE RESPETAR LAS BASES DE COORDINACION DEL CREDITO Y BASES Y COORDINACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, DE ACUERDO CON EL ART. 149.1.11 Y 13 DE LA CONSTITUCION. POR TODO ELLO DEBE RECHAZARSE TAMBIEN EL TERCER MOTIVO DE IMPUGNACION ALEGADO POR LOS RECURRENTES.

12. COMO CUARTO MOTIVO DE IMPUGNACION ADUCEN LOS RECURRENTES LA SUPUESTA VIOLACION POR LA LEY IMPUGNADA DE LA LIBERTAD DE EMPRESA RECONOCIDA EN EL ART. 38 DE LA CONSTITUCION. PARTEN PARA ELLO DE LA CONSIDERACION DE LAS CAJAS COMO ENTIDADES PRIVADAS QUE ACTUAN EN EL AMBITO FINANCIERO, PARTICIPANDO DE LOS CARACTERES DE LA EMPRESA, E INVOCAN LA PRETENDIDA NATURALEZA DE FUNDACION-EMPRESA QUE, A SU ENTENDER, TIENEN LAS CAJAS. Y PARA LO QUE AQUI IMPORTA, SOSTIENEN QUE EL CONTENIDO ESENCIAL DE LA LIBERTAD DE EMPRESA COMPRENDE LA AUTONOMIA ORGANIZATIVA. NO ES NECESARIO RECORDAR LO QUE YA SE DIJO SOBRE LA FIGURA DE LA FUNDACION-EMPRESA APLICADA A LAS CAJAS, PERO SI CONVIENE ADVERTIR DE NUEVO QUE LAS CAJAS SON EN LA ACTUALIDAD ENTIDADES DE CREDITO Y SE DEDICAN A UNA ACTIVIDAD DE ESPECIAL DELICADEZA Y RIESGO NO SOLO PARA QUIENES LA REALIZAN SINO TAMBIEN PARA QUIENES OPERAN CON ELLAS Y PARA LA ESTABILIDAD ECONOMICA EN GENERAL. QUIENES TOMAN LAS DECISIONES RELATIVAS A ESA ACTIVIDAD Y COMO SE TOMAN, ES DECIR, LA ORGANIZACION DE LA ENTIDAD, NO ES CUESTION QUE QUEPA AISLAR DE LA ACTIVIDAD MISMA.

AHORA BIEN, EN LA ATIPICA INSTITUCION QUE ES LA CAJA DE AHORROS NO ES POSIBLE QUE LAS TOMEN LO QUE ASUMEN EL RIESGO DE LA GESTION DE LA EMPRESA, O SEA SUS PROPIETARIOS, PUESTO QUE POR SU NATURALEZA CARECE DE PROPIETARIOS. TAMPOCO PARECE COHERENTE QUE LA ADOPTEN QUIENES NO ASUMEN ESE RIESGO. NO RESULTA POR ELLO CONTRARIO AL PRECEPTO CONSTITUCIONAL INVOCADO QUE LOS PODERES PUBLICOS, A QUIENES CORRESPONDE VELAR POR EL INTERES GENERAL, ESTABLEZCAN CON MAYOR O MENOR PRECISION LA COMPOSICION DE LOS ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS. CONVIENE TAMBIEN RECORDAR QUE DICHO PRECEPTO SE REFIERE A EMPRESAS PRIVADAS, ES DECIR, A ORGANIZACIONES QUE TIENEN UNA FINALIDAD DE LUCRO, Y GARANTIZA EN ULTIMO TERMINO LA EXISTENCIA DE UNA ECONOMIA DE MERCADO. PERO LAS CAJAS NO PUEDEN TENER AQUELLA FINALIDAD NI PERSIGUEN DISTRIBUIR BENEFICIOS, SINO QUE EL EXCEDENTE DE SUS RENDIMIENTOS LO HAN DE DEDICAR A OBRA SOCIAL, CON LO QUE DE NUEVO VUELVE A APARECER EL INTERES PUBLICO EN SU GESTION Y SU CARACTER ATIPICO, PUES SE TRATARIA, EN TODO CASO, DE ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO, LO QUE CIERTAMENTE NO RESPONDE AL CONCEPTO TRADICIONAL DE EMPRESA. AUN PODRIA AÑADIRSE QUE EN LA MISMA BANCA PRIVADA LA LEY RESTRINGE LA LIBERTAD DE ORGANIZACION QUE TIENEN LAS OTRAS EMPRESAS AL IMPONERLES LA FORMA DE SOCIEDAD ANONIMA Y ESTABLECER OTROS REQUISITOS, SIN DUDA ATENDIENDO A LA YA SEÑALADA TRASCENDENCIA ECONOMICA Y ESPECIALES RIESGOS DE SU GESTION.

13. LOS OTROS DOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ADUCEN LOS RECURRENTES SE REFIEREN A PRECEPTOS CONCRETOS DE LA LEY IMPUGNADA Y NO A SU TOTALIDAD. EL QUINTO MOTIVO ACUSA DE INCONSTITUCIONAL EL ART. 2.3 DE LA CITADA LEY PORQUE, AL REGULAR LA REPRESENTACION DE LOS INTERESES COLECTIVOS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS CAJAS, INFRINGE, SEGUN LOS RECURRENTES, EL ART. 129 EN RELACION CON EL 9.3 DE LA CONSTITUCION. EL REPROCHE SE BASA EN QUE SI BIEN LA CONSTITUCION RECONOCE CON AMPLITUD EL PRINCIPIO PARTICIPATIVO (ASI EN LOS ARTS. 27.5, 27.7, 105 A), 129.2) Y NADA HAY QUE OPONER A QUE SE EXTIENDA A LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS, LOS SECTORES SOCIALES REPRESENTADOS EN ELLA DEBEN TENER UNA CONEXION DE INTERES CON LA ACTIVIDAD DE LAS MISMAS COMO DE CUALQUIER OTRA INSTITUCION, Y NO DEBEN SER AJENAS A SU . EN CAMBIO, LA LEY IMPUGNADA RECONOCE UNA PARTICIPACION, Y EN CIFRA ELEVADA (EL 40 POR 100) A LAS CORPORACIONES MUNICIPALES EN CUYO TERMINO TENGA ABIERTA OFICINA LA ENTIDAD (ART. 2.3 A)). EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS SE PRECISA QUE ESA REPRESENTACION LA OSTENTAN . AFIRMAN LOS RECURRENTE QUE ESE GRUPO DE INTERSES ES AJENO AL SUBSTRATO DE LAS CAJAS Y NO GUARDA CON SU ACTIVIDAD UNA CONEXION OBJETIVA COMO LA TIENEN LOS OTROS GRUPOS DE INTERES CUYA REPRESENTACION PREVE LA MISMA LEY (IMPOSITORES, FUNDADORES Y EMPLEADOS). VULNERA ASI EL PRECEPTO IMPUGNADO LOS CRITERIOS GENERALES DE PARTICIPACION QUE SE DEDUCEN DE LA CONSTITUCION Y, EN PARTICULAR, EL ART.

129.2 RELATIVO A LAS FORMAS DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA Y EL 9.3 EN CUANTO SUPONE UNA MEDIDA ARBITRARIA E IRRAZONABLE. PARA EXAMINAR ESTOS ARGUMENTOS ES INEVITABLE RECORDAR ALGUNAS DE LAS IDEAS YA EXPUESTAS REITERADAMENTE.

LAS CAJAS SON ENTIDADES DE CARACTER SOCIAL Y SU CALIFICACION COMO EMPRESAS (Y A ESTAS SE REFIERE EL ART. 129.2) SOLO PUEDE HACERSE CON IMPORTANTES MATIZACIONES. LOS INTERESES SOCIALES IMPLICADOS NO SON EXCLUSIVAMENTE LOS QUE EN ELLOS INTERVIENEN EN FORMA DIRECTA. CON REFERENCIA CONCRETA A LOS AYUNTAMIENTOS, DEBE TENERSE EN CUENTA LA VIEJA RELACION QUE TIENEN CON LAS CAJAS. YA EN EL DECRETO DE 29 DE JUNIO DE 1853, QUE, POR CIERTO, LAS CALIFICABA DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE BENEFICENCIA, DISPONIA QUE SE ESTABLECIERAN CAJAS EN TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA EN QUE NO LAS HUBIERA CON SUCURSALES EN LOS PUEBLOS DE LAS MISMAS DONDE A JUICIO DE LOS GOBERNADORES Y DE LOS AYUNTAMIENTOS PUDIERAN SER CONVENIENTES. EL MISMO DEBER DE PROMOCION EN LAS CAPITALES Y POBLACIONES MAS IMPORTANTES IMPONIA AL GOBIERNO LA LEY DE 29 DE JUNIO DE 1880. EL REAL DECRETO-LEY DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1929 SE REFIERE A LA COLABORACION EN LA OBRA SOCIAL DEL ESTADO, PROVINCIA Y MUNICIPIO. ESTA CONEXION ENTRE MUNICIPIOS COMO REPRESENTANTES DE LOS INTERESES LOCALES Y EL GOBIERNO DE LAS CAJAS NO RESULTA, CONTRA LO QUE PRETENDEN LOS RECURRENTES, ARBITRARIA O ABSURDA. SE REFIERE A LOS MUNICIPIOS EN QUE ACTUAN, Y EN LOS QUE PRESUMIBLEMENTE LLEVARAN A CABO SU OBRA SOCIAL. NO SOLO, PUES, COMO IMPOSITORES, SINO TAMBIEN COMO VECINOS, TIENEN UN INTERES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS LOS QUE LO SEAN DE ESOS MUNICIPIOS. EN ULTIMO TERMINO, LOS MISMOS RECURRENTES ADMITEN QUE NO SERIA CONTRARIO A LA CONSTITUCION UNA PARTICIPACION DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS CAJAS; PERO CONSIDERAN ARBITRARIO EL A SU ENTENDER EXCESIVO PESO QUE SE DA A ESA REPRESENTACION. SIN EMBARGO, ENTRAR EN UN ENJUCIAMIENTO DE CUAL SERIA SU MEDIDA JUSTA SUPONE DISCUTIR UNA OPCION TOMADA POR EL LEGISLADOR QUE, AUNQUE PUEDA SER DISCUTIBLE, NO RESULTA ARBITRARIA NI IRRACIONAL. PARTICULAR HINCAPIE HACEN LOS RECURRENTES EN LA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 2.3, PARRAFO SEGUIDO, DE LA LEY IMPUGNADA. DICE ESE PRECEPTO QUE EN EL CASO DE LAS CAJAS DE AHORRO FUNDADAS POR CORPORACIONES LOCALES, LAS ENTIDADES FUNDADORAS ACUMULARAN A SU PARTICIPACION LA ATRIBUIDA A LAS CORPORACIONES MUNICIPALES EN CUYO TERMINO TENGA ABIERTA OFICINA LA CAJA DE AHORROS. ELLO SUPONE QUE CUANDO LA ENTIDAD FUNDADORA SEA UNA DIPUTACION, UN AYUNTAMIENTO U OTRA ENTIDAD LOCAL, TENDRA NO SOLO LA REPRESENTACION QUE LE CORRESPONDE COMO FUNDADORA (UN 11 POR 100), SINO TAMBIEN TODA LA CORRESPONDIENTE A TODAS LAS DEMAS CORPORACIONES MUNICIPALES CON DERECHO A ELLA, ES DECIR, EL 40 POR 100, DESAPARECIENDO LAS OTRAS REPRESENTACIONES LOCALES. AHORA BIEN, NINGUNA JUSTIFICACION TIENE QUE TODOS LOS AYUNTAMIENTOS EN QUE ACTUE UNA CAJA PIERDAN SU REPRESENTACION PORQUE LA ENTIDAD FUNDADORA SEA OTRO AYUNTAMIENTO O UNA DIPUTACION O UN CABILDO INSULAR. ESTA FALTA DE JUSTIFICACION SUPONE, EN ESTE CASO, UN ACTO ARBITRARIO POR PARTE DEL LEGISLADOR, QUE VULNERA LA INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PUBLICOS QUE ESTABLECE EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION. Y ELLO POR DOS RAZONES. UNA, PORQUE SUPONE UNA FLAGRANTE CONTRADICCION EN EL MISMO SISTEMA CONFIGURADO POR EL LEGISLADOR, QUE OBLIGA A UNA PARTICIPACION CONSIDERABLE DE LOS AYUNTAMIENTOS CUANDO EL FUNDADOR DE LA CAJA NO ES UNA CORPORACION LOCAL Y LA SUPRIME CUANDO LO ES. Y LA SEGUNDA RAZON CONSISTE EN QUE, AUN PRESCINDIENDO DE SI EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION ES APLICABLE A LOS ENTES PUBLICOS, LO CIERTO ES QUE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES SON TRATADAS EN FORMA RADICALMENTE DISTINTA SIN MOTIVO QUE LO JUSTIFIQUE, Y EL TRATO DESIGUAL MANIFIESTAMENTE INJUSTIFICADO ENTRAÑA UNA ARBITRARIEDAD AUNQUE NO ENCAJE EXACTAMENTE EN LA PREVISION DEL ART. 14 DE LA NORMA SUPREMA. A ELLO HAY QUE AÑADIR QUE, CUANTO LOS AYUNTAMIENTOS ESTAN PRESENTES EN LOS ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS EN REPRESENTACION DE LOS INTERESES COLECTIVOS DE LOS VECINOS, LA NORMA AQUI EXAMINADA ACARREA TAMBIEN UNA VULNERACION DEL DEBER DE LOS PODERES PUBLICOS DE FACILITAR LA PARTICIPACION DE TODOS LOS CIUDADANOS EN LA VIDA POLITICA, ECONOMICA, CULTURAL Y SOCIAL QUE RECOGE EL ART. 9.2 DE LA CONSTITUCION, PARTICIPACION INTIMAMENTE LIGADA AL PLURALISMO POLITICO CONSAGRADO COMO UNO DE LOS VALORES SUPREMOS DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO EN EL ART. 1 DE LA NORMA SUPREMA. LA CONCLUSION QUE SE DEDUCE DE TODO LO EXPUESTO ES QUE NO PUEDE PROSPERAR LA IMPUGNACION DE LOS RECURRENTES DEL ART. 2.3 DE LA LORCA, SALVO EN LO QUE SE REFIERE A SU PARRAFO SEGUNDO RELATIVO A LAS CAJAS FUNDADAS POR CORPORACIONES LOCALES, QUE DEBE SER DECLARADO INCONSTITUCIONAL, DEJANDO DE LADO, POR AHORA, EL JUICIO QUE DESDE OTRAS PERSPECTIVAS Y, CONCRETAMENTE LA DEL ORDEN COMPETENCIAL FIJADO POR LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS, PUEDA MERECER EL CONJUNTO DE ESTE ARTICULO Y QUE SE CONSIDERARA MAS ADELANTE.

14. EL SEXTO Y ULTIMO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADO POR LOS DIPUTADOS SE REFIERE A LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA LORCA QUE A SU ENTENDER VULNERA EL ART. 96.1 DE LA CONSTITUCION. LA DISPOSICION IMPUGNADA ESTABLECE QUE EN EL CASO DE LAS CAJAS DE AHORRO CUYOS ESTATUTOS A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY RECOJAN COMO ENTIDAD FUNDADORA A LA IGLESIA CATOLICA, EL NOMBRAMIENTO Y DURACION DEL MANDATO DE LOS REPRESENTANTES DE ESTA ENTIDAD EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO SE REGIRA POR LO QUE ESTUVIESE ESTABLECIDO EN DICHOS ESTATUTOS EN FECHA 17 DE ENERO DE 1985 (FECHA EN QUE SE APROBO EL PROYECTO DE LEY), DEBIENDO EXISTIR, EN TODO CASO, AL MENOS, UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS OTROS GRUPOS QUE COMPONEN DICHOS ORGANOS. LOS RECURRENTES IMPUGNAN ESTE PRECEPTO EN CUANTO SERIA CONTRARIO AL ACUERDO DE 3 DE ENERO DE 1979 ENTRE ESPAÑA Y LA SANTA SEDE, SOBRE ASUNTOS JURIDICOS, PUBLICADOS EN EL DE 15 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO. EN SU OPINION, AL SUPONER TAL PRECEPTO UNA INFRACCION DE UN CONVENIO INTERNACIONAL, VULNERA EL ART. 96.1 DE LA CONSTITUCION, YA QUE ESTE ESTABLECE QUE LOS TRATADOS INTERNACIONALES VALIDAMENTE CELEBRADOS, UNA VEZ PUBLICADOS EN ESPAÑA, FORMARAN PARTE DEL DERECHO INTERNO, Y SUS DISPOSICIONES SOLO PODRAN SER DEROGADAS, MODIFICADAS O SUSPENDIDAS EN LA FORMA PREVISTA EN LOS PROPIOS TRATADOS O DE ACUERDO CON LAS NORMAS GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL. PERO LA LEY IMPUGNADA NO DEROGA, MODIFICA O SUSPENDE CLAUSULA ALGUNA DEL CONVENIO CON LA SANTA SEDE CITADO. LO QUE SE DISCUTE POR LOS RECURRENTES ES SI EL CONTENIDO DE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA ES O NO CONTRARIO A LO PREVISTO EN EL CONVENIO, ES DECIR LA ADECUACION DE UNA NORMA LEGAL A LO PRECEPTUADO POR EL TRATADO, QUE TIENE TAMBIEN FUERZA DE LEY EN EL ORDENAMIENTO INTERIOR.

AHORA BIEN, EL EXAMEN DE ESA SUPUESTA CONTRADICCION NO CORRESPONDE A ESTE TRIBUNAL Y NO PROCEDE, POR TANTO, ENTRAR EN EL FONDO DE ESTE MOTIVO ALEGADO POR LOS RECURRENTES, YA QUE NO PUEDE CONSIDERARSE VULNERADO EL ART. 96.1 DE LA CONSTITUCION.

15. A DIFERENCIA DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL COMISIONADO SEÑOR RUIZ GALLARDON, QUE SE ACABA DE EXAMINAR, LOS PRESENTADOS POR LA JUNTA DE GALICIA Y EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA NO IMPUGNAN LA TOTALIDAD DE LA LORCA, SINO UN CONJUNTO BASTANTE NUMEROSO DE SUS PRECEPTOS. DADO QUE EN MUCHOS CASOS LAS IMPUGNACIONES DE AMBOS RECURRENTES COINDICEN EN SUBSTANCIA, PARECE MAS CONVENIENTE TRATARLAS SIGUIENDO EL ORDEN DE LAS DISPOSICIONES RECURRIDAS Y ANALIZAR EN CADA UNA DE ELLAS LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADOS TANTO POR LA JUNTA COMO POR LA GENERALIDAD. PERO ANTES DE ENTRAR EN ESE ESTUDIO ES NECESARIO HACER ALGUNAS OBSERVACIONES GENERALES Y TRAZAR CRITERIOS QUE PUEDAN SERVIR DE GUIA EN EL EXAMEN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS. SALVO ALGUNAS EXCEPCIONES, QUE SE VERAN EN SU MOMENTO, EL DEBATE ENTRE LOS RECURRENTES Y EL LETRADO DEL ESTADO Y LA CUESTION A DECIDIR POR ESTE TRIBUNAL SE CENTRA EN DETERMINAR SI UNA SERIE DE NORMAS DE LA LORCA TIENEN O NO CARACTER BASICO. LA DISCUSION NO RECAE, POR TANTO, SOBRE LA VALIDEZ DE ESAS NORMAS, PUES AUN LAS NO DECLARADAS BASICAS EN ESTA SENTENCIA SEGUIRAN SIENDO APLICABLES EN LAS COMUNIDADES QUE NO HAYAN ASUMIDO LAS CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS O, EN TODO CASO, COMO DERECHO SUPLETORIO DE LAS COMUNIDADES (ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION), SINO SOBRE SU VIGENCIA COMO LIMITE A LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES.

ESTE TRIBUNAL, UNA VEZ QUE HA SIDO REQUERIDO PARA ELLO, PUEDE Y DEBE PROCEDER A LA CALIFICACION DEL CARACTER BASICO O NO DE LAS NORMAS, PUES COMO SE HA DICHO ANTERIORMENTE Y HA REITERADO VARIAS VECES ESTE TRIBUNAL, LA NOCION DE BASE HA DE ENTENDERDE EN SENTIDO MATERIAL Y NO FORMAL, DE MANERA QUE AUNQUE EL LEGISLADOR PUEDE Y DEBE, Y ASI LO HA HECHO EN LA LORCA, CALIFICAR DETERMINADAS NORMAS DE BASICAS, CORRESPONDE A ESTE TRIBUNAL REVISAR ESA CALIFICACION Y DECIDIR EN ULTIMO TERMINO SOBRE LA CUESTION.

16. EL TITULO COMPETENCIAL DEL ESTADO, PARA ESTABLECER LAS BASES QUE CONTIENE LA LORCA, ES, SEGUN SE DICE EN LA PROPIA EXPOSICION DE MOTIVOS DE ESTA LEY Y ESTAN DE ACUERDO TODOS LOS COMPARECIDOS, LOS QUE RECOGEN EL ART.

149.1.11 DE LA CONSTITUCION COMO BASES DE LA ORDENACION DEL CREDITO, Y EL 149.1.13, BASES Y COORDINACION DE LA PLANIFICACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA. COMO TAMBIEN SE HA DICHO, NO ES ACEPTABLE LA POSTURA DE LOS RECURRENTES, ESPECIALMENTE LA DE LA JUNTA DE GALICIA, QUE DISTINGUE EN LA REGULACION DE LAS CAJAS DOS AMBITOS NETAMENTE SEPARADOS: EL ORGANIZATIVO Y EL CREDITICIO. LA COMPETENCIA ESTATAL SE LIMITARIA A ESTE ULTIMO Y, POR TANTO, EL ESTADO NO PODRIA DICTAR BASES SOBRE ORGANIZACION. YA SE HA CITADO A ESTE PROPOSITO LA STC 1/1982, DE 28 DE ENERO, Y BASTA CON LO DICHO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 2. DE LA PRESENTE SENTENCIA SOBRE EL TEMA. PERO TAMPOCO PUEDE COMPARTIRSE LA OPINION DEL LETRADO DEL ESTADO PARA QUIEN LAS BASES TIENEN EN MATERIA ORGANIZATIVA UNA AMPLITUD QUE PERMITE UNA REGULACION DETALLADA DE ESA ORGANIZACION PARA ASEGURAR SU HOMOGENEIDAD EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. COMO REGLA GENERAL, Y DE ACUERDO CON LA DOCTRINA REITERADA DE ESTE TRIBUNAL, LAS BASES DEBEN GARANTIZAR LA EXISTENCIA EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO DE UN MINIMO COMUN DENOMINADOR NORMATIVO DIRIGIDO A ASEGURAR LOS INTERESES GENERALES, A PARTIR DEL CUAL PUEDA CADA COMUNIDAD, EN DEFENSA DE SU PROPIO INTERES, INTRODUCIR LAS PECULIARIDADES QUE ESTIME CONVENIENTES DENTRO DEL MARCO COMPETENCIAL QUE EN LA MATERIA CORRESPONDIENTE LE ASIGNE SU ESTATUTO. ESTE TRIBUNAL HA TENIDO OCASION DE APLICAR ESTA DOCTRINA EN MATERIA ORGANIZATIVA Y, POR TANTO, PROXIMA A LA QUE AQUI SE DISCUTE, EN SU STC 137/1986, RELATIVA A LAS IKASTOLAS. EN ELLA SE DIJO QUE EN LA CONFIGURACION DE LOS ORGANOS DE PARTICIPACION DEBEN CONSIDERARSE BASICAS LAS NORMAS QUE PREVEN, EN SUS LINEAS FUNDAMENTALES, LA CREACION DE ORGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS, ASI COMO EL MODO DE INTEGRACION DE ESTOS ULTIMOS (SU COMPOSICION Y LOS MINIMOS DE PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA COMUNIDAD) Y SUS ATRIBUCIONES ESENCIALES. EN ESE MARCO, LA COMPOSICION CONCRETA DE UN ORGANO DETERMINADO O EL SISTEMA DE DESIGNACION DE SUS COMPONENTES, INCLUSO LA PREVISION DE PARTICIPACIONES ADICIONALES, PUEDEN CONSIDERARSE OPCIONES CONSTITUCIONALES CONCRETAS SIEMPRE QUE NO DEN LUGAR A UNA CONFORMACION RADICALMENTE DISTINTA DEL MODELO PARTICIPATIVO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACION ESTATAL. UNA NORMATIVA BASICA DE LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS TAN DETALLADA QUE VACIASE PRACTICAMENTE DE CONTENIDO LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SUPONDRIA UNA VULNERACION DE LOS ESTATUTOS DE ESTAS COMUNIDADES, ESPECIALMENTE DE AQUELLOS QUE, COMO EL CATALAN O EL GALLEGO, CONFIEREN A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES COMPETENCIALES EXCLUSIVAS EN LA MATERIA, AUNQUE SEA CON EL LIMITE DEL RESPETO A LAS BASES ESTATALES (ARTS. 12.1.6 E.A.C Y ART.

30.5 E.A.G.). CIERTAMENTE, ESTE TRIBUNAL HA ADVERTIDO QUE, EN ALGUNOS CASOS, LAS BASES PUEDEN COMPRENDER REGULACIONES DETALLADAS DE ASPECTOS CONCRETOS DE UNA MATERIA E INCLUSO PUEDEN INCLUIR LA POTESTAD DE REALIZAR ACTOS DE EJECUCION. PERO CONVIENE INSISTIR EN QUE ESOS CASOS SON EXCEPCIONALES Y SOLO PUEDEN ADMITIRSE CUANDO SEAN REALMENTE IMPRESCINDIBLES PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES. LA INCLUSION EN LEYES CUYO OBJETO ES ESTABLECER NORMAS BASICAS DE OTRAS QUE POR SU DETALLE O POR REFERIRSE A ACTOS DE EJECUCION NO TIENEN ESE CARACTER, AUNQUE EL LEGISLADOR LAS CALIFIQUE DE TALES, NO ES SOLO UNA DEFICIENCIA DE TECNICA LEGISLATIVA, EN LA QUE EN PRINCIPIO ESTE TRIBUNAL NO DEBE ENTRAR, SINO QUE PERTURBA GRAVEMENTE LA CLARIDAD DEL ORDENAMIENTO JURIDICO EN MATERIA TAN IMPORTANTE CUAL ES LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN EL CASO CONCRETO AQUI EXAMINADO, LOS INTERESES GENERALES QUE PERSIGUE LA ORDENACION ESTATAL VIENEN SEÑALADOS EN FORMA EXPRESA EN EL PREAMBULO DE LA LEY: DEMOCRATIZAR LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS CAJAS, CONCILIAR ESA DEMOCRATIZACION CON LAS EXIGENCIAS DE UNA GESTION EFICAZ QUE DEBERA CUMPLIRSE CON CRITERIOS ESTRICTAMENTE PROFESIONALES, Y ESTABLECER UNA NORMATIVA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRA LA NUEVA ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO. LAS NORMAS DE LA LORCA DEBERAN SER CALIFICADAS DE BASICAS SI SE JUSTIFICAN POR LA NECESIDAD DE CONSEGUIR ALGUNO DE LOS OBJETIVOS QUE LA MISMA LORCA LES ASIGNA. CIERTAMENTE, PODRA HABER, EN OCASIONES, OTROS CRITERIOS PARA ENJUICIAR EL CARACTER BASICO DE UNA NORMA COMO, POR EJEMPLO, EL QUE SU CONTENIDO SEA TALMENTE OBVIO QUE HAYA DE APLICARSE EN TODAS LAS COMUNIDADES. PERO LOS ANTES INDICADOS SON LOS QUE CONSTITUYEN LA GUIA PRINCIPAL EN LA TAREA QUE AHORA DEBE LLEVARSE A CABO EXAMINANDO UNA A UNA LAS NORMAS CUESTIONADAS.

17. LA GENERALIDAD IMPUGNA EL ART. 1 DE LA LEY, QUE DETERMINA LOS ORGANOS DE GESTION DE LAS CAJAS, NO POR SU CONTENIDO LITERAL, PUES ESTA DE ACUERDO EN LA ENUMERACION QUE DE DICHOS ORGANOS HACE EL PRECEPTO (ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMISION DE CONTROL), SINO POR SU INTERPRETACION COMO CERRADA Y EXCLUYENTE, DE FORMA QUE LA LEGISLACION DE LA COMUNIDAD NO PUEDA ADMITIR OTROS ORGANOS RECTORES, ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN LA LORCA, Y, CONCRETAMENTE, EL DIRECTOR GENERAL. EL LETRADO DEL ESTADO HACE SUYA ESA INTERPRETACION Y SOSTIENE QUE LA EXCLUSION DEL DIRECTOR GENERAL OBEDECE A LA POSICION SUBORDINADA EN QUE LO COLOCA LA LORCA, RESPECTO A LO QUE EL LLAMA Y QUE SON LOS TRES RECOGIDOS EN EL PRECEPTO CUESTIONADO. ESTA POSICION SUBORDINADA FORMA PARTE, SEGUN EL LETRADO DEL ESTADO, DE LOS EXTREMOS QUE SON NECESARIOS PARA ASEGURAR LA HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA DE LAS CAJAS, POR LO QUE EL CARACTER EXHAUSTIVO DE LA ENUMERACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO QUE HACE LA LORCA TIENE CARACTER BASICO. COMO PUEDE VERSE, LA CUESTION PLANTEADA CONSISTE EN DETERMINAR SI DENTRO DEL ESQUEMA ORGANIZATIVO QUE CON CARACTER BASICO PUEDE ESTABLECER LA LEY ESTATAL ENTRA LA DETERMINACION DE LOS ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS.

PARA RESOLVERLA HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LOS ORGANOS RECTORES SON LOS QUE LLEVAN LA ADMINISTRACION, GESTION Y REPRESENTACION DE LAS CAJAS Y CONSTITUYEN LOS CENTROS DE DECISION DE SU POLITICA. EL OBJETIVO DE DEMOCRATIZAR LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS CAJAS, QUE PERSIGUE LA LORCA, JUSTIFICA QUE ESOS CENTROS DE DECISION ESTEN FORMADOS POR REPRESENTANTES DE LOS INTERESES SOCIALES QUE EL LEGISLADOR ESTATAL HA CONSIDERADO QUE DEBEN ESTAR PRESENTES EN ELLAS. ES EVIDENTE QUE LOS ORGANOS ENUMERADOS EN EL ART. 1 DE LA LORCA CUMPLEN CON ESA FINALIDAD, AUNQUE NO PUEDE EXCLUIRSE LA POSIBILIDAD DE QUE SE CONFIGUREN OTROS QUE TAMBIEN LA SATISFAGAN. PERO, EN CAMBIO, RESULTA JUSTIFICADO QUE DE TALES ORGANOS RECTORES RESULTEN EXCLUIDAS PERSONAS CON FUNCIONES EXCLUSIVAMENTE TECNICAS, CUYA IMPORTANCIA NO SE IGNORA, PUES TAMBIEN ATIENDEN A LA CONSECUCION DE OTRA DE LAS FINALIDADES DE LA LEY CUAL ES LOGRAR UNA GESTION EFICAZ, PERO QUE NO REUNEN LAS CONDICIONES DE REPRESENTATIVIDAD QUE REQUIERE PARA LOS ORGANOS RECTORES EL ESQUEMA ORGANIZATIVO DE LAS CAJAS. HECHAS LAS ANTERIORES PRECISIONES, PUEDE AFIRMARSE QUE EL ART. 1 DE LA LORCA ES UNA NORMA BASICA.

18. EL ART.

2.3 DE LA LORCA ES IMPUGNADO TANTO POR LA JUNTA DE GALICIA COMO POR LA GENERALIDAD POR MOTIVOS, EN SUBSTANCIA, COINCIDENTES Y QUE PUEDEN SINTETIZARSE DICIENDO QUE, A JUICIO DE LOS RECURRENTES, EL CITADO PRECEPTO, AL DETERMINAR CUALES SON LOS INTERESES COLECTIVOS REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL E INCLUSO LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE ELLOS, ESTABLECE UNA REGULACION EXHAUSTIVA DE LA MATERIA Y VACIA DE CONTENIDO LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. LOS RECURRENTES SOSTIENEN NO SOLO QUE EL ESTABLECIMIENTO RIGIDO DE PORCENTAJES NO ES COHERENTE CON EL CONCEPTO DE BASE, SINO QUE TAMPOCO LO ES LA FIJACION CERRADA DE LOS INTERESES SOCIALES SUSCEPTIBLES DE REPRESENTACION EN LA ASAMBLEA. PARA EXAMINAR ESTA CUESTION DESDE LA PERSPECTIVA COMPETENCIAL, QUE ES LA QUE AQUI INTERESA, PUES DESDE OTRO PUNTO DE VISTA SE HA ANALIZADO ANTES (FUNDAMENTO JURIDICO 13), CONVIENE DISTINGUIR ENTRE LOS DOS ASPECTOS QUE SE ACABAN DE INDICAR. EMPEZANDO POR EL ULTIMO, ES DECIR POR LA DETERMINACION DE LOS INTERESES SOCIALES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ASAMBLEA CON INDEPENDENCIA DE LOS PORCENTAJES QUE A CADA UNO SE ASIGNEN, RESULTA QUE ESA DETERMINACION DEBE OBEDECER A LA FINALIDAD DEMOCRATIZADORA QUE PERSIGUE LA LEY. ESTA POR ELLO JUSTIFICADO QUE EL LEGISLADOR CONSIDERE BASICO QUE DETERMINADOS INTERESES COLECTIVOS ESTEN REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA, Y EN ESTE SENTIDO LA ENUMERACION QUE CONTIENE EL ART. 2.3 DEBE SER RESPETADA POR LAS COMUNIDADES. PERO NO RESULTA CONTRARIO A AQUELLA FINALIDAD QUE, ADEMAS, UNA COMUNIDAD AUTONOMA, ATENDIENDO A SUS PECULIARIDADES, INTEGRE EN LA ASAMBLEA A REPRESENTANTES DE OTROS INTERESES SOCIALES. LO QUE NO RESULTARIA JUSTIFICADO ES LA INCORPORACION DE PERSONAS FISICAS A TITULO INDIVIDUAL, PUES SU EXCLUSION PARECE CONGRUENTE CON EL CITADO OBJETIVO DE DEMOCRATIZACION DE LAS CAJAS. EN CUANTO A LA FIJACION DE PORCENTAJES RIGIDOS PARA CADA GRUPO DE INTERESES, DEBE SEÑALARSE DE ENTRADA QUE UNA FIJACION DE ESE TIPO NO PUEDE CONSTITUIR NORMA BASICA PARA LAS COMUNIDADES, ESPECIALMENTE PARA AQUELLAS QUE, COMO LA CATALANA Y LA GALLEGA, TIENEN COMPETENCIA EXCLUSIVA EN LA MATERIA, AUNQUE CON EL LIMITE DEL OBLIGADO RESPETO A LAS BASES DE LA ORDENACION DEL CREDITO Y A LAS BASES Y COORDINACION DE LA PLANIFICACION GENERAL DE LA POLITICA ECONOMICA. ES CIERTO QUE LA FINALIDAD DEMOCRATIZADORA, TANTAS VECES CITADA, PERMITE AL LEGISLADOR ESTATAL ESTABLECER COMO BASICAS CIERTAS NORMAS QUE ASEGUREN SU CONSECUCION. ASI PUEDE PREVENIR POR MEDIO DE ESAS NORMAS QUE UN GRUPO ALCANCE UN DOMINIO DECISIVO EN LA ASAMBLEA EN PERJUICIO DE LOS OTROS, O LE

CABE EXIGIR QUE LAS REPRESENTACIONES CORRESPONDIENTES SEAN SIGNIFICATIVAS, SIEMPRE QUE DEJE UN MARGEN TAMBIEN SIGNIFICATIVO PARA LAS DIVERSAS OPCIONES AUTONOMAS. EL LEGISLADOR PODRIA, PARA ALCANZAR ESOS OBJETIVOS, FIJAR MINIMOS O MINIMOS Y MAXIMOS O ACUDIR A OTRAS MEDIDAS QUE ESTIME APROPIADAS. DE ESTA FORMA SE GARANTIZARIA LA FINALIDAD DEMOCRATIZADORA DE LA LEY, SIN ACUDIR A UNA REGULACION TAN RIGIDA COMO LA PREVISTA EN EL ART. 2.3 AQUI EXAMINADO, QUE VACIA DE CONTENIDO LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES Y QUE ES INNECESARIA PARA ALCANZAR AQUELLA FINALIDAD. PROCEDE, EN CONSECUENCIA, DECLARAR QUE EL ART. 2.3 DE LA LORCA ES BASICO EN CUANTO ESTABLECE LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES QUE DEBEN ESTAR REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL, SIEMPRE QUE SU ENUMERACION NO SE CONSIDERE EXHAUSTIVA, Y NO ES BASICO EN CUANTO FIJA PORCENTAJES RIGIDOS DE REPRESENTACION PARA CADA UNO DE ESOS GRUPOS. LOS RECURRENTES IMPUGNAN TAMBIEN CON ESPECIAL VIGOR EL PARRAFO DEL ART. 2.3 DE LA LORCA RELATIVO A LA ACUMULACION POR LAS CORPORACIONES LOCALES FUNDADORAS DE LA REPRESENTACION DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES EN QUE LA CAJA TENGA ABIERTAS OFICINAS; PERO ESTE PARRAFO YA HA SIDO EXAMINADO Y CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 13, POR LO QUE NO ES NECESARIO INSISTIR AQUI EN EL TEMA.

19. LA JUNTA IMPUGNA EL ART. 3 DE LA LORCA (CONJUNTAMENTE CON EL 4, 5, 6 Y 9) POR SU CARACTER DETALLISTA Y REGLAMENTARIO, HASTA EL PUNTO DE QUE EL INCISO FINAL DEL APARTADO PRIMERO DE DICHO ART. 3 REMITE EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES , REMISION QUE LA JUNTA ENTIENDE REFERIDA A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO. PERO EL PRECEPTO SE LIMITA A DECIR QUE LOS REPRESENTANTES EN CUESTION SERAN DESIGNADOS DIRECTAMENTE POR LAS PROPIAS CORPORACIONES, LO QUE PARECE OBLIGADO, Y EN CUANTO A LA REMISION QUE CONTIENE EL INCISO FINAL, ES DE ADVERTIR, COMO SEÑALA EL LETRADO DEL ESTADO, QUE LA DISPOSICION FINAL CUARTA, 1, MUESTRA QUE LA REMISION NO DEBE ENTENDERSE HECHA A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO Y PUEDE CONSIDERARSE REFERIDA A LA POTESTAD DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES. CON ESTA INTERPRETACION NO RESULTA FUNDADA LA IMPUGNACION DEL PRECEPTO POR LA JUNTA. LA GENERALIDAD IMPUGNA SOLO EL APARTADO DOS DE ESTE ART. 3 DE LA LORCA, QUE PROHIBE A LAS CORPORACIONES LOCALES FUNDADORAS DE LAS CAJAS NOMBRAR REPRESENTATES EN OTRAS CAJAS QUE ACTUEN TOTAL O PARCIALMENTE EN SU MISMO AMBITO. LA GENERALIDAD LO TACHA DE INCONSTITUCIONAL EN CUANTO SE LE ATRIBUYE CARACTER BASICO SIENDO UNA REGLA DE DETALLE PROPIA DE UN REGLAMENTO QUE NO SE CORRESPONDE CON EL CONCEPTO MATERIAL DE BASE, NI SE RELACIONA CON LA SOLVENCIA DE LAS CAJAS NI CON LA CONSECUCION DE UN ORDEN ECONOMICO UNITARIO. PERO EL PRECEPTO TIENE COMO FINALIDAD GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE LAS CAJAS, EVITANDO POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES Y EVENTUALES CONCENTRACIONES EXCESIVAS DE PODER EN DETERMINADAS CORPORACIONES LOCALES, Y, EN ESTE SENTIDO, PARECE JUSTIFICADO CONSIDERARLO COMO BASICO.

20. LA JUNTA, COMO SE HA DICHO, IMPUGNA CON EL MISMO ARGUMENTO GLOBAL DEL EXCESO DE DETALLISMO LOS ARTS. 4, 5 Y 6 DE

LA LORCA. EN CUANTO AL ART. 4, QUE TAMBIEN IMPUGNA LA GENERALIDAD, Y QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE ELECCION DE LOS CONSEJEROS GENERALES REPRESENTANTES DE LOS IMPOSITORES, SU LECTURA MUESTRA QUE SE ELEVA EN EL AL RANGO DE NORMA BASICA UN SISTEMA POSIBLE DE ELECCION, PERO QUE NO ES EL UNICO RAZONABLE QUE PUEDE ESTABLECERSE. AHORA BIEN, UN SISTEMA DE ELECCION HA DE REUNIR UNAS CONDICIONES GENERALES QUE GARANTICE UNA VERDADERA REPRESENTATIVIDAD Y LIBERTAD DEL MECANISMO DE SELECCION. ASEGURADAS ESAS CONDICIONES, NO SE VE JUSTIFICACION SUFICIENTE PARA QUE LAS COMUNIDADES NO PUEDAN ESCOGER EL SISTEMA QUE ESTIMEN MAS CONVENIENTE. EL PRECEPTO NO ES, PUES, BASICO.

EL ART. 5 ESTABLECE EL NOMBRAMIENTO DIRECTO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS O ENTIDADES FUNDADORAS. LA NORMA PUEDE CONSIDERARSE BASICA ENTENDIENDO POR NOMBRAMIENTO DIRECTO EL QUE SE LLEVA A CABO POR LOS FUNDADORES SIN QUE PUEDA MEDIAR UNA NORMATIVA ESTATAL O COMUNITARIA QUE IMPONGA O CONDICIONE LA FORMA DE PROCEDER A ESE NOMBRAMIENTO, ELLO CON INDEPENDENCIA, CLARO ESTA, DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE DICHOS FUNDADORES A QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ART. 2.3 DE LA LEY. EL ART. 6 ES TAMBIEN IMPUGNADO POR LA GENERALIDAD EN SUS APARTADOS 1. Y 2. , RELATIVOS AL MECANISMO DE ELECCION DE LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL. RESPECTO AL APARTADO PRIMERO, CABE DECIR LO MISMO QUE LO ANTES DICHO SOBRE EL ART. 4: PUEDE HABER OTROS SISTEMAS QUE NO SEAN LA ELECCION POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS EMPLEADOS Y SIEMPRE QUE GARANTICEN LA REPRESENTATIVIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA ELECCION SERAN IGUALMENTE VALIDOS, CON LO QUE A ESTA NORMA NO SE LE PUEDE ATRIBUIR EL CARACTER DE BASICA. EN CUANTO AL APARTADO SEGUNDO, LA PROHIBICION DE QUE LOS EMPLEADOS DE LAS CAJAS PUEDAN FIGURAR COMO REPRESENTANTES DE OTROS GRUPOS SIRVE PARA GARANTIZAR LA AUTONOMIA DE CADA UNO DE ESOS GRUPOS Y, EN ULTIMO TERMINO, LA AUTENTICIDAD DE SU REPRESENTACION, POR LO QUE DEBE CALIFICARSE DE BASICA. MAS DIFICULTADES PRESENTA EL INCISO FINAL DEL PARRAFO SEGUN EL CUAL PODRIAN ACCEDER A LA ASAMBLEA GENERAL POR EL GRUPO DE REPRESENTANTES DE LAS CORPORACIONES LOCALES. NO PUEDE COMPARTIRSE EN ESTE PUNTO LA OPINION DEL LETRADO DEL ESTADO, PARA QUIEN LA EXCEPCION SE EXPLICA POR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD APLICABLE A TODOS LOS VECINOS, PUES EL MISMO RAZONAMIENTO PODRIA APLICARSE A LA IGUALDAD DE TODOS LOS IMPOSITORES, SEAN O NO EMPLEADOS. LA EXPLICACION DE ESTE INCISO SOLO PUEDE BUSCARSE, ENTENDIENDO QUE SIGNIFICA Y NO SUPONE, POR TANTO, UNA SALVEDAD QUE PERMITA SIN MAS A LOS EMPLEADOS SER DESIGNADOS CONSEJEROS POR LOS AYUNTAMIENTOS. ASI INTERPRETADO Y TENIENDO EN CUENTA QUE LA FIJACION DE ESOS CASOS EXCEPCIONALES CORRESPONDE A LA LEGISLACION AUTONOMICA, PUEDE CONSIDERARSE COMO BASICA Y NO RECORTA INDEBIDAMENTE LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES, PUES SE LIMITA A PERMITIR QUE ESTAS, EN CIERTOS CASOS CONCRETOS, PUEDAN AUTORIZAR ESA REPRESENTACION, AUNQUE, COMO SE HA DICHO, TAL POSIBILIDAD DEBE CONSIDERARSE EXCEPCIONAL, APLICABLE SOLO CUANDO ESTE JUSTIFICADA Y SIN QUE PUEDA AFECTAR AL PRINCIPIO ANTES INDICADO DE LA AUTONOMIA DE CADA GRUPO.

21. EL ART. 7, LO IMPUGNA LA GENERALIDAD EN CUANTO FIJA LOS REQUISITOS PARA SER CONSEJEROS Y COMPROMISARIOS, PORQUE, A SU ENTENDER Y LEIDO EN CONEXION DON LA DISPOSICION FINAL CUARTA, NO PERMITE A LA LEGISLACION DE LA COMUNIDAD IMPONER REQUISITOS ADICIONALES QUE ASEGUREN UNA MAYOR VINCULACION DE LOS CONSEJEROS Y DE LOS COMPROMISARIOS QUE LOS ELIJAN EN LAS CAJAS. PERO, COMO OBSERVA EL LETRADO DEL ESTADO, NO ES EXACTO QUE ESTE ARTICULO IMPIDA A LAS COMUNIDADES EXIGIR REQUISITOS ADICIONALES, SIEMPRE QUE SE RESPETEN LOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DEL ESTADO. ESTA INTERPRETACION ES LA CORRECTA. LA LEY ESTATAL PUEDE PREVER UNOS REQUISITOS GENERALES PARA TODO EL ESTADO, DE FORMA NO EXHAUSTIVA, PUES SE TRATA DE CONDICIONES QUE HAN DE ASEGURAR LA VINCULACION A LAS CAJAS DE LOS CONSEJEROS GENERALES Y LA EFICACIA DE SU LABOR. TAMPOCO AFECTA AL CARACTER BASICO DEL PRECEPTO LA ALEGADA CONTRADICCION ENTRE

EL ART. 7.1 C) Y EL 7.2 RESPECTO A LA ANTIGUEDAD QUE COMO IMPOSITORES HAN DE TENER LOS REPRESENTANTES DE ESE GRUPO NI LA REMISION QUE HACE EL ULTIMO DE LOS PRECEPTOS CITADOS A LOS ESTATUTOS DE LAS CAJAS. LO PRIMERO, PORQUE PLANTEA UN PROBLEMA DE INTERPRETACION DE LAS NORMAS SIN RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, Y LO SEGUNDO, PORQUE SE REFIERE A UNA CUESTION LIGADA A LA FIJACION DEL MOVIMIENTO O SALDO EN CUENTA QUE HA DE SER DETERMINADO POR LAS NORMAS QUE DESARROLLEN LA LEY, QUE PUEDEN SER NORMAS AUTONOMICAS. EN CONSECUENCIA, EL ART. 7.2 SOLO ES BASICO, CON ARREGLO A UNA INTERPRETACION RAZONABLE DEL MISMO, EN EXIGIR QUE ESE MOVIMIENTO O SALDO EN CUENTAS EN EL SEMESTRE ANTERIOR AL SORTEO SEA DE UNA CUANTIA DETERMINADA, PERO NO RESPECTO A LA CIFRA CONCRETA DE ESA CUANTIA NI A SU EVENTUAL REVISION PERIODICA. CON LAS PRECISIONES INDICADAS, ESTE ART. 7 PUEDE CALIFICARSE DE BASICO. Y LO MISMO CABE DECIR DEL ART. 8, RELATIVO A MOTIVOS DE INCAPACIDAD O INCOMPATIBILIDAD DE LOS CONSEJEROS GENERALES, Y QUE TAMBIEN IMPUGNA LA GENERALIDAD SUBSTANCIALMENTE POR LOS MISMOS MOTIVOS. EL ARTICULO ES BASICO EN CUANTO LAS CAUSAS DE INCAPACIDAD O INCOMPATIBILIDAD QUE CONTIENE HAN DE SER RESPETADAS POR LAS LEGISLACIONES AUTONOMICAS, SI BIEN ESTAS PUEDEN AÑADIR OTROS MOTIVOS O PRECISIONES RAZONABLES O DESARROLLAR CON MAS DETALLES LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

22. EL ART. 9 ES IMPUGNADO TANTO POR LA JUNTA COMO POR LA GENERALIDAD, ESPECIALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA RENOVACION DE LOS CONSEJEROS. HAY QUE DISTINGUIR EN ESTE ARTICULO LA NORMA QUE FIJA EN CUATRO AÑOS LA DURACION DEL CARGO, LAS POSIBILIDADES DE REELECCION Y LA REGULACION DE LA RENOVACION DE LA ASAMBLEA. RESPECTO AL PRIMER PUNTO, ES PLENAMENTE CONGRUENTE CON EL PROPOSITO DEMOCRATIZADOR DE LA LEY QUE SE FIJE UN PLAZO PRUDENCIAL DE DURACION EN EL CARGO, Y SU FIJACION EN CUATRO AÑOS DEBE CONSIDERARSE BASICO. EN CUANTO A LA SEGUNDA CUESTION, EL CITADO PROPOSITO DEMOCRATIZADOR EXIGE, SIN DUDA, QUE QUIEN OSTENTA EL CARGO DE CONSEJERO SE SOMETA PERIODICAMENTE, EN ESTE CASO CADA CUATRO AÑOS, A LA ELECCION CORRESPONDIENTE, PERO NO REQUIERE

NECESARIAMENTE QUE SE LIMITE A UNA SUS POSIBILIDADES DE REELECCION, POR LO QUE LA LIMITACION CONTENIDA EN EL NUM. 1 DEL ART. 9 DEBE SER CONSIDERADA NO BASICA.

RESPECTO A LA NORMA QUE IMPONE LA RENOVACION DE LOS CONSEJEROS POR MITAD, RESPETANDO LA PROPORCIONALIDAD DE LAS REPRESENTACIONES QUE COMPONEN LA ASAMBLEA, DEBE AFIRMARSE QUE ES BASICA EN CUANTO EXIGE LA RENOVACION PARCIAL, YA QUE TIENDE A GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL ORGANO, EVITANDO CAMBIOS RADICALES EN SU COMPOSICION EN ARAS DE LA EFICACIA, PERO NO LO ES EN QUE LA RENOVACION SE HAGA POR MITAD, PUES OTRAS ALTERNATIVAS GARANTIZARIAN TAMBIEN EL FIN QUE PERSIGUE LA NORMA.

23. EL ART. 10, QUE SE REFIERE A LOS SUPUESTOS DE CESE DE LOS CONSEJEROS GENERALES EN SUS CARGOS, ES IMPUGNADO POR LA GENERALIDAD NO PORQUE ESTE CONFORME CON SU CONTENIDO, SINO PORQUE, A SU JUICIO, LAS CAUSAS DE CESE EN EL SEÑALADAS SON TAN EVIDENTES QUE CALIFICARLAS DE NORMAS BASICAS ES VEJATORIO PARA LAS COMUNIDADES, PUES PARECE FUNDARSE EN QUE ESTAS ACTUARAN IRRACIONALMENTE AL REGULAR LA MATERIA. SEGUN LA GENERALIDAD, EL PRECEPTO IMPUGNADO VULNERA, POR ELLO, LOS ARTS. 2, 137 Y CONCORDANTES DE LA CONSTITUCION. NO SE VE, SIN EMBARGO, NI LA REPRESENTACION DE LA GENERALIDAD ACLARA, EN QUE CONSISTE TAL VULNERACION.

EN CUANTO AL CARACTER BASICO DE ESTE ARTICULO DE LA LORCA, QUE ES LO QUE REALMENTE ESTA EN CUESTION, ES CIERTO QUE LAS CAUSAS DE CESE DE LOS CONSEJEROS GENERALES QUE ENUMERA SON INDISCUTIBLES (EL FALLECIMIENTO, POR EJEMPLO), PERO EN CUANTO POR ESO MISMO SON DE GENERAL APLICACION NO PARECE QUE EL LEGISLADOR ESTATAL SE HAYA EXCEDIDO EN SUS COMPETENCIAS AL CALIFICARLAS DE BASICAS. EL LETRADO DEL ESTADO, POR OTRA PARTE, SEÑALA QUE TAMBIEN EL ART. 10 DE LA LORCA DETERMINA COMO LA QUE CONTIENE EL 22.1 F) DE LA LEY CATALANA 15/1985. PERO, NATURALMENTE, ESTA ES UNA CUESTION AJENA AL PRESENTE RECURSO. BASTA CON SEÑALAR A ESTE RESPECTO QUE EL TANTAS VECES CITADO PRECEPTO DE LA LORCA NO SUPONE QUE LAS CAUSAS DE CESE QUE SEÑALA SEAN EXHAUSTIVAS, COMO IMPLICITAMENTE RECONOCE EL MISMO LETRADO DEL ESTADO, Y QUE EL ENJUICIAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CAUSAS QUE PUEDEN AÑADIR LAS LEGISLACIONES AUTONOMICAS HABRA DE HACERSE CASO POR CASO, EN EL SUPUESTO DE QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS.

24. LA JUNTA IMPUGNA EL ART. 12 EN SU TOTALIDAD, POR ENTENDER QUE SU CONTENIDO (CLASES, NUMERO, CONVOCATORIAS Y OTROS EXTREMOS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES) CONSTITUYEN VERDADERAS NORMAR REGLAMENTARIAS Y, AUN A VECES, NORMAS PROPIAS DEL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS DE LAS CAJAS. LA GENERALIDAD IMPUGNA SOLO EL PARRAFO TERCERO DEL APARTADO SEGUNDO, QUE PREVE LA ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS DEL DIRECTOR GENERAL CON VOZ, PERO SIN VOTO. RESPECTO A LA IMPUGNACION GLOBAL DEL ARTICULO, ES DE SEÑALAR, COMO HACE EL LETRADO DEL ESTADO, QUE, DE ACUERDO CON LA DISPOSICION FINAL CUARTA, 3, NO TIENE CARACTER BASICO EL APARTADO PRIMERO, SALVO LOS PARRAFOS 1. Y 4. , Y AUN ESTE ULTIMO SE LIMITA A REMITIRSE A LAS NORMAS DE DESARROLLO DE LA LEY, QUE, DE MANERA EXPRESA, LA MISMA LEY (DISPOSICION FINAL CUARTA, 1 C)) RECONOCE QUE SON DE COMPETENCIA AUTONOMICA.

ASI, LA IMPUGNACION HA DE ENTENDERSE LIMITADA A LOS PARRAFOS PRIMERO Y CUARTO DEL APARTADO 1. Y AL APARTADO 2. EL PARRAFO PRIMERO DEL APARTADO PRIMERO, SEGUN EL CUAL LAS ASAMBLEAS GENERALES PODRAN SER ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, RECOGE UNA DISTINCION GENERALMENTE ADMITIDA PARA LAS REUNIONES DE ESTA CLASE DE ORGANOS Y QUE PUEDE CONSIDERARSE COMO UNA REGLA NECESARIA Y, POR ELLO BASICA, DE ORGANIZACION. EL PARRAFO CUARTO, QUE CONTIENE NORMAS DE PUBLICIDAD DE LAS CONVOCATORIAS, DEBE CONSIDERARSE TAMBIEN BASICO, PORQUE TIENDE A GARANTIZAR QUE DICHA CONVOCATORIA SEA CONOCIDA NO SOLO DENTRO, SINO TAMBIEN FUERA DE LA COMUNIDAD, YA QUE NO TODOS LOS CONSEJEROS GENERALES TIENEN QUE RESIDIR EN SU TERRITORIO, Y EL REQUISITO DE LA RESIDENCIA HABITUAL EN LA REGION O ZONA DE ACTIVIDAD DE LA CAJA, QUE IMPONE EL ART. 7.1 A) PARA SER NOMBRADO CONSEJERO HA DE ENTENDERSE REFERIDO A CUALQUIER LUGAR DONDE ACTUE, AUNQUE SEA FUERA DE LA COMUNIDAD EN QUE TIENE SU SEDE SOCIAL. EL PARRAFO PRIMERO DEL APARTADO 2. , RELATIVO A LOS QUORUM DE ASISTENCIA Y DE VOTO, ES TAMBIEN BASICO, YA QUE GARANTIZA LA EFICACIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA, AL EXIGIR UN QUORUM REFORZADO PARA LA ADOPCION DE CIERTOS ACUERDOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA. NO HA DE ENTENDERSE, SIN EMBARGO, QUE ESTE CARACTER BASICO SUPONGA QUE LA LEGISLACION COMUNITARIA NO PUEDE REFORZAR ESOS QUORUM, SIEMPRE QUE RESPETE LOS FIJADOS EN ESTE PRECEPTO DE LA LORCA, QUE HAN DE CONSIDERARSE COMO MINIMOS Y NO COMO RIGIDAMENTE OBLIGATORIOS. LA PREVISION DEL PARRAFO SEGUNDO DEL MISMO APARTADO, QUE CONFIERE A CADA CONSEJERO UN VOTO Y ATRIBUYE AL PRESIDENTE VOTO DE CALIDAD, PARECE TAMBIEN UNA REGLA HABITUAL EN ESTE TIPO DE REUNION E INCLUSO LA FIJACION DE UN VOTO POR CONSEJERO, QUE IMPIDE LA ATRIBUCION DE VOTOS PLURALES, PUEDE SER CONSIDERADA COMO GARANTIA DE REPRESENTATIVIDAD. EN CUANTO AL NO RECONOCIMIENTO DE VOTO AL DIRECTOR GENERAL, SE JUSTIFICA COMO NORMA BASICA DE ORGANIZACION QUE TIENDE A GARANTIZAR LA REPRESENTATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEMOCRATICO DE LA ASAMBLEA AL NO RECONOCER EL DERECHO DE VOTO MAS QUE A LOS REPRESENTANTES DE LOS INTERESES SOCIALES QUE LA COMPONEN. EN SUMA, ESTE ARTICULO, CON LAS MATIZACIONES EXPUESTAS, DE CALIFICARSE DE BASICO.

25. LOS ARTS. 13, 14, 17 Y 20, REFERENTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SON IMPUGNADOS GLOBALMENTE POR LA JUNTA, POR CONSIDERARLOS EXCESIVAMENTE DETALLISTAS E IMPROPIOS, POR ELLO, DE SER CALIFICADOS COMO BASICOS. DEL 13 SE IMPUGNA EN PARTICULAR EL APARTADO SEGUNDO, POR FIJAR RIGIDAMENTE EL NUMERO MAXIMO Y MINIMO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION; PERO, COMO ADVIERTE EL LETRADO DEL ESTADO, ESA NORMA NO TIENE CARACTER BASICO, SEGUN LA DISPOSICION FINAL CUARTA, TRES, DE LA MISMA LEY. SI LO TIENE EL INCISO DEL MISMO APARTADO EN QUE SE ESTABLECE QUE EN EL CONSEJO DEBERAN EXISTIR REPRESENTANTES DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES PRESENTES EN LA ASAMBLEA, PUES SE TRATA DE UNA NORMA DESTINADA A GARANTIZAR LA REPRESENTATIVIDAD DEL CONSEJO. LA GENERALIDAD ATACA SOLO EL APARTADO TERCERO DE ESTE ARTICULO, RELATIVO A LA SUSTITUCION DE LOS VOCALES QUE CESEN DURANTE SU MANDATO Y AL NOMBRAMIENTO DE VOCALES SUPLENTES. NO RESULTA QUE ESTE MECANISMO DE SUSTITUCION SEA EL UNICO POSIBLE NI QUE LA NORMA ESTE JUSTIFICADA POR RAZONES DE EFICACIA EN LA GESTION NI EN REPRESENTATIVIDAD DE LOS ORGANOS RECTORES, POR LO QUE NO PUEDE CALIFICARSE BASICA. EL ART. 14, QUE ESTABLECE LA FORMA DE LLEVAR A CABO LA REPRESENTACION DE LOS INTERESES COLECTIVOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ES DIRECTA CONSECUENCIA DEL ART. 2.3, RELATIVO A LA REPRESENTACION DE LOS INTERESES COLECTIVOS EN LA ASAMBLEA, Y QUE YA FUE EXAMINADO EN SU MOMENTO. DEBE ENTENDERSE, POR TANTO, REFERIDO A LOS GRUPOS Y PROPORCIONES QUE SE FIJEN EN CADA CASO PARA LA REPRESENTACION DE DICHOS INTERESES, Y EN ESTE SENTIDO DEBE CALIFICARSE DE BASICO. NO LO ES, EN CAMBIO, EL MECANISMO EXCESIVAMENTE DETALLADO RELATIVO A LA FORMA Y REQUISITOS DE PROPOSICION DE CANDIDATOS Y DE ELECCION. POR EL CONTRARIO, ES BASICA LA NORMA QUE PERMITE A LOS CONSEJEROS GENERALES REPRESENTAR A LAS CORPORACIONES MUNICIPALES O A LOS IMPOSITORES DESIGNAR COMO VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A TERCERAS PERSONAS QUE REUNAN LOS ADECUADOS REQUISITOS DE PROFESIONALIDAD HASTA UN NUMERO DE DOS, PUES TIENDE A REFORZAR LA EFICACIA Y PROFESIONALIDAD EN LA GESTION DE LAS CAJAS Y A CUMPLIR, EN CONSECUENCIA, UNO DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR LA LORCA. EL ART. 16, QUE ESTABLECE LAS CAUSAS DE INELEGIBILIDAD DE LOS VOCALES, ES IMPUGNADO TANTO POR LA JUNTA, COMO SE HA DICHO (ESPECIALMENTE EN SU APARTADO SEGUNDO), COMO POR LA GENERALIDAD, PORQUE CIERRA, A SU ENTENDER, TODA POSIBILIDAD DE MODULAR EL REGIMEN DE LAS CAUSAS DE INELEGIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LOS VOCALES DEL CONSEJO QUE ESTABLECE DICHO PRECEPTO. SIN EMBARGO, Y COMO OBSERVA EL LETRADO DEL ESTADO, NO ES OBLIGADO EL ENTENDER EL PRECEPTO COMO EXCLUYENTE, DE FORMA QUE LA LEGISLACION AUTONOMICA NO PUEDA AÑADIR OTROS REQUISITOS O PUNTUALIZAR LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ESTATAL. SI SE CONSIDERAN ASI LAS NORMAS DE ESTE ARTICULO COMO DETERMINANTES DE REQUISITOS MINIMOS, PUEDEN SER CALIFICADAS DE BASICAS, PUES VAN DIRIGIDAS A ASEGURAR LA EFICACIA DE LA GESTION DE LAS CAJAS. LA JUNTA IMPUGNA TAMBIEN LOS NUMS. 1 Y 3 DEL ART. 17 DE LA LORCA.

RESPECTO

AL NUM. 1, RELATIVO A LA DURACION DEL MANDATO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y A SU REELECCION, ES DE APLICAR AQUI LO DICHO AL TRATAR DE LA REGULACION ANALOGA QUE AFECTA A LOS CONSEJEROS GENERALES: ES BASICA LA LIMITACION A CUATRO AÑOS DEL MANDATO, PERO NO SON BASICAS LAS NORMAS QUE SE REFIEREN A LA REELECCION DE DICHOS VOCALES. EL ART.

17.3 ESTABLECE QUE EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES PARA LA REVOCACION, REELECCION Y PREVISION DE VACANTES DE CONSEJEROS DE ADMINISTRACION SE DETERMINARA EN LAS NORMAS QUE DESARROLLEN LA LEY, SIN QUE PUEDAN EFECTUARSE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. DADO QUE DE LA REDACCION DEL PRECEPTO NO SE DEDUCE QUE LAS NORMAS DE DESARROLLO DEBA DICTARLAS EL ESTADO Y PUEDEN SER, POR TANTO, ATRIBUIDAS A LAS COMUNIDADES EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, PUEDE SER CONSIDERADO BASICO, INCLUSO LA PROHIBICION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, QUE ESTA JUSTIFICADA PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD EN EL CARGO Y, POR TANTO, SU EFICACIA. EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTE ARTICULO, QUE PREVE LA COMUNICACION DE LOS NOMBRAMIENTOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, A TRAVES DEL BANCO DE ESPAÑA, O A LA COMUNIDAD AUTONOMA, SEGUN PROCEDA, CONTIENE UNA NORMA CUYO CARACTER BASICO ESTA JUSTIFICADO, PORQUE LA ORDENACION DEL CREDITO REQUIERE, SIN DUDA, QUE EL MINISTERIO QUE TIENE A SU CARGO LA DIRECCION DE LA ECONOMIA NACIONAL CONOZCA EL NOMBRE DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS ENTIDADES DE CREDITO. EL ART. 20.2 ES IMPUGNADO POR LA JUNTA EN SU TOTALIDAD, MIENTRAS QUE LA GENERALIDAD ATACA SOLO SU PARRAFO TERCERO. LA JUNTA ENTIENDE QUE EL PRECEPTO IMPUGNADO ES EXCESIVAMENTE DETALLADO Y REGLAMENTISTA, PERO, PRESCINDIENDO DE MOMENTO DEL PARRAFO TERCERO, LO CIERTO ES QUE CONTIENE O REGLAS OBVIAS (EL CONSEJO SE REUNIRA CUANTAS VECES SEA NECESARIO PARA LA BUENA MARCHA DE LA ENTIDAD) O NORMAS PERMISIVAS DE LAS QUE NO PUEDE DECIRSE QUE CONCULQUEN LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN CUANTO AL PARRAFO TERCERO, SEGUN EL CUAL EL DIRECTOR GENERAL ASISTIRA A LAS REUNIONES DEL CONSEJO CON VOZ Y SIN VOTO, AUNQUE, COMO SE HA DICHO, EL DIRECTOR GENERAL NO TENGA LA CONSIDERACION DE ORGANO RECTOR, DE ELLO NO PUEDE DEDUCIRSE QUE SEA NORMA BASICA LA PROHIBICION DE QUE TENGA VOTO EN EL CONSEJO. LAS RAZONES QUE JUSTIFICABAN ESA PROHIBICION RESPECTO A LA ASAMBLEA GENERAL NO SON AQUI INVOCABLES, PUES EL CONSEJO ES UN ORGANO QUE TIENE IMPORTANTES FUNCIONES TECNICAS. EN CONSECUENCIA, LA NORMA QUE PROHIBE EN TERMINOS ABSOLUTOS EL DERECHO DE VOTO DEL DIRECTOR GENERAL EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEBE SER CONSIDERADA NO BASICA. EL ART. 22.5, SEGUN EL CUAL EL DIRECTOR GENERAL ASISTIRA A LAS REUNIONES DE LA COMISION DE CONTROL CUANDO ESTA LO REQUIERA, CON VOZ PERO SIN VOTO, ES IMPUGNADO POR LA GENERALIDAD POR SU SUPUESTA CONEXION NECESARIA CON LOS ARTS. 26 Y 27. PERO, EN REALIDAD, LA CONEXION HA DE ESTABLECERSE CON LO DISPUESTO EN EL ART. 12.2, PARRAFO TERCERO, SOBRE LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR GENERAL A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA. LAS MISMAS RAZONES QUE JUSTIFICABAN EN ESE CASO LA PRIVACION DE VOTO AL DIRECTOR GENERAL Y QUE NO SON APLICABLES, COMO SE ACABA DE VER, A LAS REUNIONES DEL CONSEJO, LO SON, EN CAMBIO, A LAS REUNIONES DE LA COMISION DE CONTROL: ES ESTA TAMBIEN UN ORGANO REPRESENTATIVO Y NO PREFERENTEMENTE TECNICO, Y EL DIRECTOR GENERAL TIENE ESTE ULTIMO CARACTER. ADEMAS, LA COMISION DE CONTROL TIENE POR MISION VIGILAR LA ACTUACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DEL QUE FORMA PARTE, COMO SE ACABA DE DECIR, EL DIRECTOR GENERAL, POR LO QUE SE JUSTIFICA SU CARENCIA DE VOTO, YA QUE A EL LE AFECTA, SIN DUDA, EL CONTROL QUE HA DE EJERCER ESTA COMISION.

26. LA JUNTA IMPUGNA EL ART. 24, APARTADO 1. , NUMS. 4, 5 Y 6, EN CUANTO INCLUYEN ENTRE LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE CONTROL DIVERSOS INFORMES Y PROPUESTAS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Y A LA COMUNIDAD AUTONOMA, PORQUE TALES COMUNICACIONES DIRECTAS ENTRE EL MINISTERIO Y LA COMISION VULNERAN, A SU PARECER, LA COMPETENCIA REGLAMENTARIA Y EJECUTIVA DE LA COMUNIDAD, Y NO SE SUJETAN, ADEMAS, A LO PREVISTO EN LA LEY DE PROCESO AUTONOMICO, CUYO ART. 2 PREVE QUE LA INFORMACION QUE NECESITEN EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES DEBE RECABARSE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. LA IMPUGNACION NO PUEDE SER ADMITIDA. COMO OBSERVA CON RAZON EL LETRADO DEL ESTADO LA EXISTENCIA DE FUNCIONES RESERVADAS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Y AL BANCO DE ESPAÑA JUSTIFICAN ESTA COMUNICACION DIRECTA, SIN QUE PUEDA ALEGARSE EN CONTRA EL ART. 2 DE LA LEY DEL PROCESO AUTONOMICO QUE, APARTE DE QUE SE REFIERE A LA ACTIVIDAD QUE LOS ORGANOS COMUNITARIOS DESARROLLAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, NO PUEDE CONSIDERARSE ATRIBUTIVA DE LAS MISMAS.

27. EL ART. 26, QUE REGULA LA DESIGNACION Y CESE DEL DIRECTOR GENERAL, ES IMPUGNADO TANTO POR LA JUNTA COMO POR LA GENERALIDAD. ESTA ULTIMA, AUNQUE NO ATACA LO QUE SE INDICA EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO SOBRE LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD, PREPARACION TECNICA Y EXPERIENCIA QUE HA DE REUNIR EL DIRECTOR GENERAL, DEFIENDE QUE EL RESTO DE LA REGULACION DE SU SITUACION Y FUNCIONES CORRESPONDE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PORQUE NO GUARDA RELACION CON LAS BASES DE LA ECONOMIA, LA ORDENACION DEL CREDITO O LA SOLVENCIA DE LAS CAJAS. LA PECULIAR SITUACION DEL DIRECTOR, QUE ES UN ORGANO TECNICO EN LA GESTION DE LAS CAJAS, PERO DE IMPORTANCIA TAL QUE EXIGE QUE GOCE DE LA CONFIANZA DE LOS ORGANOS REPRESENTATIVOS COMO SON EL CONSEJO Y LA ASAMBLEA GENERAL, JUSTIFICAN LAS NORMAS QUE RESPECTO A SU NOMBRAMIENTO Y CESE PREVE ESTE ARTICULO, SI BIEN ES DE ADVERTIR QUE ESAS NORMAS ESTABLECEN UN MINIMO DE REQUISITOS PARA DICHO NOMBRAMIENTO Y CESE, Y QUE NADA IMPIDE QUE LAS LEYES AUTONOMICAS FIJEN OTRAS ADICIONALES. POR ESTA RAZON, NO PUEDE ACOGERSE EL REPROCHE QUE FORMULA LA GENERALIDAD AL HECHO DE QUE SEA NECESARIO, SEGUN ESTAS NORMAS ESTATALES, LA RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR POR LA ASAMBLEA Y NO LO SEA PARA SU CESE CUANDO LO DECRETA EL MISMO CONSEJO, PUES EL ART.

26 NO PROHIBE A LAS COMUNIDADES IMPONER ESA RATIFICACION COMO REQUISITO ADICIONAL. NO PUEDE CONSIDERARSE, EN CAMBIO, COMO BASICA, LA DETERMINACION DE LA EDAD DE JUBILACION A LOS SESENTA Y CINCO AÑOS, PUES ESTE LIMITE NO ESTA JUSTIFICADO POR RAZONES DE EFICACIA EN LA GESTION, UNICAS EN QUE PODRIA PENSARSE, NI HAY MOTIVO ALGUNO PARA QUE LA LEGISLACION AUTONOMICA NO PUEDA FIJAR LA EDAD QUE ESTIME ADECUADA PARA TAL FIN. EL ART. 27, IMPUGNADO TAMBIEN POR LA GENERALIDAD, CONTIENE NORMAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES DEL DIRECTOR GENERAL Y DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SI A ESTE SE LE HUBIESE ASIGNADO SUELDO. EL CARACTER BASICO DE ESTAS NORMAS SE EXPLICA POR SER MEDIDAS ENCAMINADAS A GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y PLENA DEDICACION Y, POR TANTO, LA EFICACIA DE SU GESTION, SI BIEN HAN DE SER CONSIDERADAS COMO NO EXCLUYENTES DE OTRAS QUE PUDIERAN FIJAR CON LA MISMA FINALIDAD LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

28. EL ART. 30 ES IMPUGNADO POR LA JUNTA POR CONEXION DIRECTA CON EL 24, ESPECIALMENTE RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE CONTROL SEÑALADAS EN LOS APARTADOS 4. , 5. Y 6. DEL ULTIMO DE LOS ARTICULOS CITADOS. PERO, COMO SEÑALA EL LETRADO DEL ESTADO, LA COMISION DE CONTROL A QUE SE REFIERE EL ART. 30 ES UN ORGANO DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, QUE CONSTITUYE UNA ORGANIZACION SUPRACOMUNITARIA NO SUJETA A COMPETENCIAS AUTONOMICAS. LA GENERALIDAD IMPUGNA EL ART. 31, QUE SE REFIERE A LA POSIBLE AGRUPACION DE CAJAS POR FEDERACIONES TERRITORIALES, EN LA MEDIDA EN QUE ESAS FEDERACIONES TENGAN UN AMBITO EXCLUSIVAMENTE AUTONOMICO, NO EN CUANTO PUEDAN ABARCAR CAJAS DE DISTINTAS COMUNIDADES O PUEDAN TENER CARACTER SUPLETORIO RESPECTO A AQUELLAS COMUNIDADES QUE NO HAGAN USO DE LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS EN LA MATERIA. CON REFERENCIA SOLO AL SUPUESTO QUE PLANTEA LA GENERALIDAD, LA NORMA CUESTIONADA DEBE CONSIDERARSE BASICA EN LO PREVISTO NO SOLO EN EL NUM. 1, QUE SE LIMITA A RECONOCER LA POSIBILIDAD DE QUE SE FORMEN FEDERACIONES DE AMBITO TERRITORIAL, SINO TAMBIEN EN EL NUM. 2, QUE TRAZA EL ESQUEMA BASICO DE TALES FEDERACIONES DECLARANDO QUE ESTARAN CONSTITUIDAS POR EL CONSEJO GENERAL Y LA SECRETARIA GENERAL, ES DECIR, POR UN ORGANO REPRESENTATIVO Y OTRO EJECUTIVO, CON INDEPENDENCIA POR SUPUESTO DE LA DENOMINACION QUE SE LES DE. LAS NORMAS DE LOS NUMS. 2 Y 3 NO SON, POR EL CONTRARIO, BASICAS, YA QUE CONTIENEN REGULACIONES DETALLADAS DE ESOS ORGANOS QUE NO PUEDEN IMPONERSE CON CARACTER OBLIGATORIO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

29. LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA ES IMPUGNADA TANTO POR LA JUNTA COMO POR LA GENERALIDAD. PERO ANTES DE ENTRAR EN EL FONDO DE ESA IMPUGNACION CONVIENE ANALIZAR, AUNQUE SEA BREVEMENTE, CUAL ES EL VERDADERO OBJETO DE LAS NORMAS CUESTIONADAS. A DIFERENCIA DE LAS NORMAS EXAMINADAS HASTA AHORA, LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA NO SE REFIERE A LA ORGANIZACION DE LAS CAJAS, SINO QUE EN ELLA SE ENCUENTRAN NORMAS DELIMITADORAS DE COMPETENCIAS RELATIVAS A SU ACTIVIDAD. CONCRETAMENTE SE ESTABLECE EN LA DISPOSICION IMPUGNADA QUE LAS FUNCIONES DE DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION DE LAS CAJAS SERAN EJERCIDAS POR EL ESTADO Y POR LAS COMUNIDADES CON ARREGLO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION COMPETENCIAL: POR EL ESTADO, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA , Y SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS CAJAS REALIZADAS FUERA DEL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DONDE TENGAN SU DOMICILIO SOCIAL; POR LAS COMUNIDADES, EN LAS MATERIAS QUE SEAN DE SU COMPETENCIA CUANDO LAS CAJAS TENGAN SU DOMICILIO SOCIAL EN SU TERRITORIO Y PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN EL MISMO. AHORA BIEN, PARTIENDO DE LA DOCTRINA REITERADAMENTE SENTADA POR ESTE TRIBUNAL DE QUE LA ATRIBUCION DE COMPETENCIAS SOLO PUEDE LLEVARSE A CABO POR LA CONSTITUCION Y POR LOS ESTATUTOS Y NO POR OTRAS LEYES (SALVO CUANDO LA CONSTITUCION O LOS MISMOS ESTATUTOS REMITAN A ESTAS), LA VERDADERA CUESTION QUE PLANTEA ESTA DISPOSICION ES SI LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS QUE PREVE ES LA QUE EN MATERIA DE DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION SOBRE CAJAS DE AHORROS RESULTA DE LA CONSTITUCION Y DE LOS ESTATUTOS Y, EN PARTICULAR, DEL ESTATUTO CATALAN Y DEL GALLEGO, PUES CATALUÑA Y GALICIA SON LAS COMUNIDADES QUE HAN IMPUGNADO LA LEY. EN ESTE ASPECTO HAY QUE RECORDAR QUE LA CONSTITUCION NO ESTABLECE EN FORMA EXPRESA NADA SOBRE LA COMPETENCIA EN LA MATERIA Y QUE TODAS LAS COMUNIDADES LA HAN ASUMIDO, CON DIVERSAS MODALIDADES, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 149.3 DE LA NORMA SUPREMA, CUYO PRIMER INCISO ESTABLECE QUE . EL ESTATUTO DE CAT

ALUÑA CONFIERE A LA GENERALIDAD COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE CAJAS DE AHORRO . EL ESTATUTO GALLEGO, EN SU ART. 30.1.5, SE EXPRESA EN IGUALES TERMINOS. DE ESTOS PRECEPTOS RESULTA QUE, RESPECTO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CATALANA Y GALLEGA, LA COMPETENCIA DEL ESTADO, POR RAZON DE LA MATERIA, SE CIRCUNSCRIBE A LA FIJACION DE LAS BASES DE LA ORDENACION DEL CREDITO Y BASES Y COORDINACION DE LA PLANIFICACION ECONOMICA (ART. 149.11 Y 13 DE LA CONSTITUCION). Y LAS BASES, COMO YA SE HA DICHO, SON, EN PRINCIPIO, LAS NORMAS CUYA APLICACION ES NECESARIA PARA ASEGURAR LA VIGENCIA DE UN MINIMO DENOMINADOR COMUN NORMATIVO, AUNQUE EXCEPCIONALMENTE TAMBIEN PUEDEN COMPRENDER UNA REGULACION MAS DETALLADA DE ASPECTOS CONCRETOS E INCLUSO ACTOS DE EJECUCION. SI CONFRONTAMOS ESTOS PRINCIPIOS CON LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, EN SU NUM. 1, APARTADO 1. , RESULTA QUE NO ES POSIBLE ENTENDER QUE LA ATRIBUCION DE COMPETENCIA AL ESTADO POR RAZON DE LA MATERIA ABARQUE TODO LO RELATIVO A LAS FUNCIONES DE DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION, NI SIQUIERA RESPECTO A LA POLITICA MONETARIA, FINANCIERA Y DE SOLVENCIA Y SEGURIDAD. DEJANDO APARTE LOS CASOS EN QUE EL ESTADO TENGA UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA TOTAL (EL SISTEMA MONETARIO, DIVISAS, CAMBIO Y CONVERTIBILIDAD SEGUN EL ART. 149.1.11, POR EJEMPLO), QUE NO OFRECE PROBLEMA, Y CON REFERENCIA SOLO A LOS SUPUESTOS EN QUE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA SE LIMITA A LA FIJACION DE LAS BASES, HABRA QUE INTERPRETAR QUE LAS FUNCIONES DE DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION LAS PODRA EJERCER CUANDO EN CADA CASO LE CORRESPONDAN PORQUE DEBAN SER CONSIDERADOS COMO BASE DE LA ORDENACION DEL CREDITO O COMO BASES DE LA PLANIFICACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA O ELEMENTOS DE LA COORDINACION DE ESA PLANIFICACION GENERAL. CONVIENE, POR ULTIMO, ADVERTIR QUE LAS TRES FUNCIONES ALUDIDAS NO TIENEN LA MISMA NATURALEZA. LAS DE INSPECCION Y SANCION COMPRENDEN TIPICOS ACTOS DE EJECUCION, MIENTRAS QUE LA DE DISCIPLINA, CONTRA LO QUE OPINAN LOS RECURRENTES Y ADMITE EL LETRADO DEL ESTADO, ES UNA POTESTAD NORMATIVA. EN EFECTO, POR DISCIPLINA HAY QUE ENTENDER, CONFORME A LA LEGISLACION MONETARIA Y CREDITICIA GENERAL, LA REGULACION DE LOS DEBERES DE LAS ENTIDADES DE CREDITO IMPUESTAS POR NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. EL PROBLEMA QUE CON ELLAS SE PLANTEA, EN RELACION CON EL CONCEPTO DE BASES, NO ES EL QUE SUSCITAN LOS ACTOS DE EJECUCION, SINO EL DE PRECISAR EL GRADO DE DETALLE A QUE PUEDEN DESCENDER, PERO TAMPOCO ESTE ES UN PROBLEMA QUE PUEDA RESOLVERSE AQUI CON CARACTER GENERAL. CON ESTAS SALVEDADES, EL APARTADO 1. DEL NUM. 1 DE LA DISPOSICION EXAMINADA DEBE CONSIDERARSE CONSTITUCIONAL.

30. LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA ESTABLECE TAMBIEN, SEGUN SE HA DICHO, COMO CRITERIOS PARA LA DELIMITACION DE COMPETENCIAS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS CAJAS, EL DOBLE PUNTO DE CONEXION DEL TERRITORIO Y DEL DOMICILIO SOCIAL. LAS COMUNIDADES SOLO TENDRAN LA COMPETENCIA SOBRE DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION RESPECTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN SU TERRITORIO Y SEAN REALIZADAS POR CAJAS QUE EN EL TENGAN SU DOMICILIO SOCIAL. RESPECTO AL CRITERIO TERRITORIAL NADA HAY QUE OBJETAR.

QUE LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES SE CIRCUNSCRIBEN A SU AMBITO TERRITORIAL HA SIDO AFIRMADO POR ESTE TRIBUNAL REPETIDAS VECES, Y TAMBIEN EN LA STC 37/1981, DE 16 DE NOVIEMBRE, QUE EL REPRESENTANTE DE GALICIA CITA EN APOYO DE LA TESIS CONTRARIA, AUNQUE CON LA SALVEDAD DE QUE ELLO NO IMPIDE QUE EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE UNA COMUNIDAD PUEDA TENER REPERCUSIONES DE HECHO FUERA DE LA MISMA; LO QUE NO ES AQUI EL CASO, PUES NO SE TRATA DE REPERCUSIONES INDIRECTAS, SINO DEL EJERCICIO DIRECTO DE COMPETENCIAS. NO ES ACEPTABLE, EN CAMBIO, LA DETERMINACION DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA CAJA ACUMULADAMENTE AL TERRITORIO COMO PUNTO DE CONEXION PARA LA ATRIBUCION DE DICHAS COMPETENCIAS DE DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION. LOS ESTATUTOS DE CATALUÑA Y GALICIA NO LAS LIMITAN A LAS CAJAS DOMICILIADAS EN SU TERRITORIO. CIERTAMENTE, LAS LEYES CATALANA Y GALLEGA SOBRE CAJAS DE AHORRO SE REFIEREN A LAS QUE TENGAN EN SU TERRITORIO EL DOMICILIO SOCIAL (ART. 1 DE LA LEY CATALANA 15/1985, DE 1 DE JULIO, Y DE LA LEY GALLEGA 7/1985, DE 17 DE JULIO), PERO NO CABE OLVIDAR QUE EL CONTENIDO DE ESTAS LEYES SE REFIERE CASI EXCLUSIVAMENTE A MATERIAS PROPIAS DEL ESTATUTO PERSONAL Y QUE, POR OTRA PARTE, TAMPOCO PUEDEN SER ATRIBUTIVAS DE COMPETENCIAS NI SUPONE LA RENUNCIA DE LAS QUE CORRESPONDAN A LA COMUNIDAD POR LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS, PUES LAS COMPETENCIAS SON IRRENUNCIABLES. SENTADO ESTO, DEBE CONSIDERARSE INCONSTITUCIONAL EL APARTADO SEGUNDO DEL NUMERO UNO DE ESTA DISPOSICION ADICIONAL, POR CUANTO CONFIERE AL ESTADO COMPETENCIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS CAJAS REALIZADAS FUERA DEL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DONDE AQUELLAS TENGAN SU DOMICILIO SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES ESTARAN SOMETIDAS A LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD EN QUE SE REALICEN, CONFORME A LAS NORMAS QUE EN CADA CASO CONFIGUREN ESA COMPETENCIA. POR LAS MISMAS RAZONES DEBE CONSIDERARSE INCONSTITUCIONAL EL INCISO EN EL NUM. DOS DE LA DISPOSICION ADICIONAL AQUI EXAMINADA. PODRIA PENSARSE QUE ESTE SISTEMA PUEDE CONDUCIR A RESULTADOS PERTURBADORES EN LA PRACTICA. ES DE ADVERTIR, SIN EMBARGO, QUE EL ESTADO PUEDE DICTAR NORMAS BASICAS QUE EN ESOS CASOS, COMO EN OTROS, ASEGUREN LA BUENA ORDENACION DEL CREDITO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

31. LAS CINCO DISPOSICIONES TRANSITORIAS SON IMPUGNADAS POR LA GENERALIDAD Y LA PRIMERA DE ELLAS TAMBIEN POR LA JUNTA. LOS MOTIVOS DE IMPUGNACION PUEDEN RESUMIRSE, DE UN LADO, EN EL EXCESIVO DETALLE DE LA REGULACION QUE PREVE LA ADAPTACION DE LOS ESTATUTOS DE LAS CAJAS A LA NUEVA LEY, Y, POR OTRO, EN LA IMPOSICION DE PLAZOS PARA LA ADAPTACION Y, EN CIERTO MODO, TAMBIEN A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA PUBLICAR EL DESARROLLO DE LA MISMA (DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA); TODO LO CUAL HARIA QUE ESTAS NORMAS NO PUDIERAN TENER CARACTER BASICO. PARA RESOLVER LAS CUESTIONES PLANTEADAS CONVIENE DISTINGUIR EN ESTAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DOS GRUPOS DE NORMAS. UNAS TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS PLAZOS, QUE HAN DE ENTENDERSE NATURALMENTE COMO MAXIMOS, DENTRO DE LOS CUALES LAS CAJAS DEBEN AJUSTAR SUS ESTATUTOS A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTATALES RESPECTO A SU ORGANIZACION. ESTAS PRECISIONES PUEDEN CALIFICARSE DE BASICAS, YA QUE SE DIRIGEN A QUE EN UN PLAZO PRUDENCIAL LAS CAJAS TENGAN UN ESQUEMA COMUN ORGANIZATIVO, TENIENDO EN CUENTA, ADEMAS, COMO OBSERVA EL LETRADO DEL ESTADO, LA INTERRELACION ENTRE LAS DIFERENTES CAJAS, A EFECTOS, POR EJEMPLO, DE LA NUEVA CONSTITUCION DE LOS ORGANOS CONFEDERADOS. NO PUEDE INVOCARSE COMO SUSTITUTIVO DE ESAS PREVISIONES DE ADAPTACION TEMPORAL EL POSIBLE USO DEL ESTADO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES O EN EL DE ACTUACION DE ESTAS EN FORMA QUE ATENTEN GRAVEMENTE AL INTERES GENERAL DE ESPAÑA, DEL ART. 155 DE LA CONSTITUCION, PUES SE TRATA DE UN MEDIO EXTRAORDINARIO DE COERCION NO APROPIADO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS NORMALES QUE PLANTEA LA APLICACION DE NUEVAS NORMAS EN SUSTITUCION DE OTRAS ANTIGUAS. OTRO GRUPO DE NORMAS TIENEN POR OBJETO REGULAR LA ORGANIZACION DE LOS ORGANOS EN LA FASE TRANSITORIA DE ADAPTACION A LA NUEVA LEY. ESTAS NORMAS SOLO PODRAN SER CONSIDERADAS BASICAS CUANDO REALMENTE SE REFIEREN A NORMAS DE ORGANIZACION QUE SU VEZ LO SEAN. POR ESTA RAZON NO PUEDEN CONSIDERARSE BASICAS LAS PREVISIONES DEL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA, PORQUE CONTIENE UNA REGULACION EXCESIVAMENTE DETALLADA RESPECTO A LA CONSTITUCION DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DURANTE EL PRIMER AÑO DE APLICACION DE LA LEY, NI LA DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA, QUE RECOGE UNA LIMITACION EN LA DURACION DE LOS CARGOS DE LA CAJA QUE HA SIDO CALIFICADA DE NO BASICA EN ESTA MISMA SENTENCIA.

32. LA DISPOSICION FINAL PRIMERA ES IMPUGNADA POR LA GENERALIDAD PORQUE CONFIERE AL GOBIERNO UNA COMPETENCIA DE DESARROLLO DE LA QUE, A SU ENTENDER, CARECE, AL MENOS RESPECTO DE LAS COMUNIDADES QUE HAN ASUMIDO COMPETENCIAS EN LA MATERIA. LA OBJECION, NATURALMENTE, SE DIRIGE CONTRA EL CARACTER BASICO QUE TENDRIAN LOS DESARROLLOS REGLAMENTARIOS EN LA MATERIA. PERO COMO ESTE TRIBUNAL YA HA DECLARADO, SI BIEN LA FIJACION DE NORMAS BASICAS DESPUES DE LA CONSTITUCION HA DE HACERSE PREFERENTEMENTE POR LEY, CABE COMPLEMENTAR LAS NORMAS LEGALES CON OTRAS REGLAMENTARIAS, CUANDO SEA NECESARIO PARA LOGRAR LA PLENA EFICACIA DE LAS PRIMERAS. ESTA DISPOSICION NO HA DE SER ENTENDIDA, POR TANTO, COMO UNA LIBRE AUTORIZACION AL GOBIERNO PARA QUE IMPONGA POR REGLAMENTO LAS NORMAS BASICAS QUE ESTIME OPORTUNAS EN EJECUCION DE LA LEY. LAS NORMAS REGLAMENTARIAS SERAN O NO BASICAS SEGUN SU CONTENIDO Y LA VALORACION CORRESPONDIENTE HABRA DE HACERSE CASO POR CASO.

33. LA DISPOSICION FINAL CUARTA ES IMPUGNADA EN SUS APARTADOS UNO Y DOS POR LA GENERALIDAD. LA JUNTA DE GALICIA, AUNQUE EN ALGUN MOMENTO PARECE REFERIRSE A TODA LA DISPOSICION, CONCRETA SU IMPUGNACION A SU APARTADO DOS. EL APARTADO UNO ES ATACADO POR LA GENERALIDAD EN EL SENTIDO DE QUE, A SU JUICIO, SOLO OTORGA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS FACULTADES DE DESARROLLO DE TIPO REGLAMENTARIO, SIENDO ASI QUE LAS QUE TIENEN COMPETENCIA EXCLUSIVA EN LA MATERIA GOZAN DE COMPETENCIA DE DESARROLLO LEGISLATIVO CON POSIBILIDAD, POR TANTO, DE PLASMAR A TRAVES DE LEYES DIVERSAS OPCIONES POLITICAS DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACION BASICA DEL ESTADO.

PERO EL NUMERO UNO DE LA DISPOSICION FINAL CUARTA PUEDE SER INTERPRETADO EN FORMA DISTINTA. EN EL SE DICE QUE EN LAS MATERIAS QUE ALLI SE CITAN. DE LA LECTURA DEL TEXTO SE DESPRENDE LA FACULTAD DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA DICTAR NORMAS QUE DEBERAN RESPETAR LAS BASES, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN, NATURALMENTE, LAS CONTENIDAS EN LA LEY IMPUGNADA EN CUANTO SEAN RECONOCIDAS COMO TALES EN LA PRESENTE SENTENCIA, PUES NO HACE FALTA INSISTIR UNA VEZ MAS EN EL CONCEPTO MATERIAL DE BASES ACEPTADO POR ESTE TRIBUNAL. POR OTRA PARTE, LA ENUMERACION DE LOS ASPECTOS DE LA LEY EN QUE CABE EL DESARROLLO AUTONOMICO NO ES EN ABSOLUTO EXHAUSTIVO, COMO LO REVELA LA EXPRESION CON QUE SE REFIERE A ELLOS. PUEDE CONCLUIRSE, POR TANTO, QUE ESTE PRECEPTO NO AÑADE NI QUITA NADA A LAS FACULTADES DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, Y QUE LA UNICA CENSURA QUE CABE HACERLE ES QUE ES SUPERFLUO. MAS PROBLEMAS SUSCITA EL NUMNERO DOS DE ESTA DISPOSICION FINAL CUARTA, EN EL QUE SE DICE QUE LAS NORMAS A QUE SE REFIERE EL NUMERO ANTERIOR (ES DECIR, LAS DICTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS) SE EXTENDERAN O ADAPTARAN POR EL CONSEJO DE MINISTROS CUANDO FUERE NECESARIO PARA REGULAR LAS DISTINTAS MATERIAS RELACIONADAS CON LAS CAJAS DE AHORRO ESTABLECIDAS FUERA DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. DE NUEVO APARECE NO UNA NORMA BASICA, PUES SU FINALIDAD NO ES ESTABLECER UN COMUN DENOMINADOR NORMATIVO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL QUE SIRVA DE LIMITE A LA POTESTAD NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES, SINO UNA NORMA QUE ATRIBUYE AL ESTADO UNA COMPETENCIA: LA DE EXTENDER O ADAPTAR, EN CIERTOS CASOS, NORMAS DICTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. PERO TAN PECULIAR COMPETENCIA NO VIENE ATRIBUIDA AL ESTADO NI POR LA CONSTITUCION NI POR LOS ESTATUTOS. LA FACULTAD DE ADAPTACION O EXTENSION POR VIA REGLAMENTARIA ES UNA COMPETENCIA QUE LA LORCA NO PUEDE ATRIBUIR. EN CONSECUENCIA, ESTE PRECEPTO ES INCONSTITUCIONAL, SIN PERJUICIO DE QUE EL ESTADO, DENTRO DE SUS COMPETENCIAS, PUEDA DICTAR NORMAS BASICAS A QUE DEBAN AJUSTARSE LAS COMUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LAS SUYAS. 34. LA DISPOSICION FINAL QUINTA ES IMPUGNADA POR LA JUNTA POR CONEXION CON LA CUARTA, SIN MAS ARGUMENTACION, Y POR LA GENERALIDAD, QUE EXAMINA POR SEPARADO LOS DOS PARRAFOS DE QUE CONSTA. EN EL PARRAFO PRIMERO SE DICE QUE

IO SOCIAL EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD Y PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MISMO>. EL TEXTO, A PESAR DE SU APARENTE SIMPLICIDAD, PRESENTA DIFICULTADES DE INTERPRETACION. EL PRIMER PROBLEMA QUE PLANTEA ES DETERMINAR A QUE CUESTIONES DE LAS RELATIVAS A LAS CAJAS SE REFIERE. POR UNA PARTE, LA EXPRESION PARECE LIMITAR SU ALCANCE A LO QUE ES EL OBJETO CONFESADO DE LA LORCA, ES DECIR, A LA REGULACION DE LOS ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS Y, POR TANTO, A SU ORGANIZACION. PERO LA MENCION DE LAS QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DEL PARRAFO PARECE CONFERIRLE UN ALCANCE MAS AMPLIO, YA QUE LA ACTIVIDAD NO SE ENCUADRA EN EL CONCEPTO DE ORGANIZACION. DADO QUE, COMO SE HA VISTO, ALGUNAS NORMAS DE ESTA LEY Y, EN ESPECIAL, LAS CONTENIDAS EN LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, SE REFIEREN A LAS ACTIVIDADES DE LAS CAJAS Y NO A SU ORGANIZACION, ESTA ULTIMA INTERPRETACION NO PUEDE DESCARTARSE, POR LO QUE CONVIENE SEPARAR LOS DOS SUPUESTOS AL EXAMINAR LA NORMA IMPUGNADA. EN LO QUE SE REFIERE A LA ORGANIZACION DEBE ADVERTIRSE QUE LA DISPOSICION FINAL QUINTA NO CONTIENE UNA NORMA BASICA, SINO UNA NORMA DE CONFLICTO, QUE EL LEGISLADOR ESTATAL PUEDE ESTABLECER POR ESTAR FACULTADO EXPRESAMENTE PARA ELLO POR EL ART. 149.1.8 DE LA CONSTITUCION. EN EFECTO, LO QUE SE DESPRENDE DEL PRECEPTO, PRESCINDIENDO DE MOMENTO DE SU INCISO FINAL, ES QUE LAS CAJAS EN SU ORGANIZACION SE REGIRAN POR SU ESTATUTO PERSONAL DETERMINADO POR SU DOMICILIO SOCIAL. SE SIGUE ASI UN CRITERIO TRADICIONAL EN NUESTRO DERECHO, QUE RECOGE EL ART. 9.1 EN CONEXION CON EL 16.1 DEL CODIGO CIVIL, DE LOS QUE RESULTA QUE LA LEY PERSONAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS RIGE PARA TODO LO RELATIVO A LA CAPACIDAD, CONSTITUCION, REPRESENTACION, FUNCIONAMIENTO, TRANSFORMACION, DISOLUCION Y EXTINCION. NO ESTA DE MAS RECORDAR QUE EL ESTATUTO DE CATALUÑA, TRAS ESTABLECER EL PRINCIPIO GENERAL DE LA EFICACIA TERRITORIAL DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES DE LA GENERALIDAD Y DEL DERECHO CIVIL CATALAN, INDICA QUE ELLO ES ASI SIN PERJUICIO DE LAS SITUACIONES QUE HAYAN DE REGIRSE POR EL ESTATUTO PERSONAL A OTRAS NORMAS DE EXTRATERRITORIALIDAD; Y ENTRE ESAS SITUACIONES HAY QUE INCLUIR LA ORGANIZACION DE LAS PERSONAS JURIDICAS CON ARREGLO A LAS NORMAS DE CONFLICTO APLICABLES EN TODO EL ESTADO. RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS CAJAS A QUE SE REFIERE EL INCISO FINAL DEL PARRAFO PRIMERO DE ESTA

DISPOSICION ADICIONAL, Y PUESTO QUE LAS COMPETENCIAS QUE RESPECTO A ELLAS CITA LA LORCA SON LAS DE DISCIPLINA, INSPECCION Y SANCION, HAY QUE REMITIRSE A LO QUE SE DIJO AL EXAMINAR LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. LA NORMA ES CONSTITUCIONAL SI SE ENTIENDE EN EL SENTIDO DE QUE EN ELLA SE APLICA EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD, USUAL PARA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. POR EL CONTRARIO, SI PARA ESE EJERCICIO SE PRETENDIESE ACUMULAR COMO PUNTOS DE CONEXION EL TERRITORIO Y EL DOMICILIO, LA NORMA OPERARIA, EN ULTIMO TERMINO, COMO ATRIBUTIVA DE COMPETENCIAS AL ESTADO, POR LO QUE SERIA INCONSTITUCIONAL. EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE LA INTERPRETACION DE LAS LEYES CONFORME A LA CONSTITUCION, DEBE ENTENDERSE, POR TANTO, ESTE INCISO EN EL SENTIDO PRIMERAMENTE INDICADO Y CONSIDERAR TODO ESTE PRIMER PARRAFO CONSTITUCIONAL. EN CUANTO AL PARRAFO SEGUNDO DE ESTA DISPOSICION FINAL QUINTA, EN EL SE DICE, QUE , LO QUE SUPONE UNA NORMA ATRIBUTIVA DE COMPETENCIA QUE NO RESULTA NI DE LA CONSTITUCION NI DE LOS ESTATUTOS. PODRIA ALEGARSE, Y ASI LO HACE EL LETRADO DEL ESTADO, QUE UNA CAJA QUE CAPTA FUERA DE SU COMUNIDAD MAS DE LA MITAD DE SU PASIVO DESBORDA EL AMBITO DE INTERES QUE JUSTIFICA LA ASUNCION DE COMPETENCIAS POR SU PARTE. PERO EL INTERES EN SI, COMO SE HA DICHO, NO ES UN TITULO PARA ADJUDICAR COMPETENCIAS NI PARA LIMITARLAS, SALVO EN LOS CASOS QUE LA CONSTITUCION O LOS MISMOS ESTATUTOS LO SEÑALEN. ASI, POR EJEMPLO, RESPECTO A LA

COMPETENCIA SOBRE FUNDACIONES QUE APARECE LIMITADA EN EL ESTATUTO CATALAN (ART. 9.24) A LAS QUE DESARROLLEN PRINCIPALMENTE SUS FUNCIONES EN CATALUÑA, O EN EL GALLEGO (ART. 27.26), A LAS DE INTERES GALLEGO. UNA LIMITACION ANALOGA NO APARECE EN LOS ESTATUTOS RESPECTO A LAS CAJAS DE AHORRO Y NO PUEDE CONSIDERARSE SIN MAS COMO IMPLICITA. OTRA COSA ES QUE EL ESTADO PUEDA DICTAR NORMAS BASICAS RESPECTO A LAS CAJAS QUE SE ENCUENTREN EN LA SITUACION PREVISTA EN EL PRECEPTO IMPUGNADO, NORMAS EN LAS QUE PODRA TENERSE EN CUENTA EL INTERES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES EN QUE LA CAJA CAPTE SU PASIVO O CUALESQUIERA OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SALVAGUARDE EL INTERES GENERAL Y LA SOLIDARIDAD DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES AFECTADAS. PERO EL ORDEN COMPETENCIAL RESPECTO A LA ORGANIZACION Y A LA ACTIVIDAD RIGEN TAMBIEN AQUI CON CARACTER GENERAL SIN QUE RESULTE NECESARIO RECORDAR UNA VEZ MAS ESE ORDEN COMPETENCIAL. POR ELLO ESTE PARRAFO DEBE CALIFICARSE DE INCONSTITUCIONAL.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO:

1. ESTIMAR PARCIALMENTE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS POR EL COMISIONADO DON JOSE MARIA RUIZ GALLARDON EN NOMBRE DE 54 DIPUTADOS, POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y POR LA JUNTA DE GALICIA CONTRA LA LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE REGULACION DE LAS NORMAS BASICAS SOBRE ORGANOS RECTORES DE LAS CAJAS DE AHORRO, Y EN CONSECUENCIA:

A) DECLARAR INCONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NULO EL PENULTIMO PARRAFO DEL NUM. TRES DEL ART. 2; EL APARTADO SEGUNDO DEL NUM. UNO DE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA; EL INCISO DEL NUM. DOS DE LA MISMA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA; EL NUM. DOS DE LA DISPOSICION FINAL CUARTA, Y EL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION FINAL QUINTA.

B) DECLARAR QUE NO ES INCONSTITUCIONAL EL PARRAFO PRIMERO DE LA DISPOSICION FINAL QUINTA SIEMPRE QUE SE INTERPRETE EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 34 DE ESTA SENTENCIA.

C) DECLARAR QUE NO ES BASICO EL NUM. TRES DEL ART. 2 EN LOS TERMINOS QUE SE INDICA EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 18 DE LA PRESENTE SENTENCIA; EL ART. 4; EL NUM. UNO DEL ART. 6; EL NUM. UNO DEL ART. 9 EN CUANTO LIMITA LA REELECCION DE LOS CONSEJEROS GENERALES; EL NUM. DOS DEL MISMO ART. 9 EN CUANTO IMPONE LA RENOVACION POR MITADES DE LA ASAMBLEA GENERAL; EL NUM. TRES DEL ART. 13; EL ART.

14 EN CUANTO ESTABLECE EL MECANISMO RELATIVO A LA FORMA Y REQUISITOS DE PROVISION DE CONSEJEROS GENERALES; EL NUM. UNO DEL ART. 17 EN CUANTO LIMITA LA REELECCION DE LOS CONSEJEROS DE LA ADMINISTRACION; EL ULTIMO PARRAFO DEL NUM. DOS DEL ART. 20; EL PARRAFO SEGUNDO DEL ART. 26 EN LO QUE SE REFIERE A LA EDAD DE JUBILACION DEL DIRECTOR GENERAL; LOS NUMS. TRES Y CUATRO DEL ART. 31, Y LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS CUARTA Y QUINTA.

2. DESESTIMAR LOS RECURSOS EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL .

DADA EN MADRID, A VEINTIDOS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. GLORIA BEGUE CANTON.

ANGEL LATORRE SEGURA. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. LUIS LOPEZ GUERRA.

RUBRICADO. EL MAGISTRADO DON JESUS LEGUINA VOTO Y NO PUDO FIRMAR. FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE.

RUBRICADO.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON EN LOS RECURSOS NUMS. 990, 991 Y 1.007/87

HE DISENTIDO DE LA MAYORIA, EN LA DECISION DE ESTE ASUNTO, EN EL PUNTO EN EL QUE SE DESESTIMA EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR DON JOSE RUIZ GALLARDON EN CALIDAD DE COMISIONADO DE CINCUENTA DIPUTADOS Y, EN CONCRETO, EN LA DESESTIMACION DE LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD AMPARADOS EN LOS ARTS. 34 Y 38 DE LA CONSTITUCION, PUES CREO QUE LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA SENTENCIA DE LA QUE DISIENTO NO PROFUNDIZAN EN LOS PROBLEMAS QUE LOS MOTIVOS PLANTEABAN Y NO RESUELVEN CORRECTAMENTE LA CUESTION. MI DISENTIMIENTO SE REFIERE A AQUELLAS CAJAS DE AHORRO QUE, POR SU ORIGEN, FUERON DE NATURALEZA JURIDICO-PRIVADA Y NO A AQUELLAS OTRAS QUE, POR HABER SIDO FUNDADAS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS, MERECIEREN LA CONSIDERACION DE EMPRESAS PUBLICAS, PUES RESPECTO DE ESTAS ULTIMAS NO HAY NADA ESPECIAL QUE DECIR.

EN MI OPINION, LA LEY ENJUICIADA ACOMETE UNA VASTA OPERACION DE TRASLACION DE LOS PODERES DE GESTION DE ESTAS ENTIDADES A MANOS PUBLICAS, DEJANDO INTACTO EL REGIMEN JURIDICO DE SU PROPIEDAD. NO SE ESTABLECEN EN ABSTRACTO LOS ORGANOS QUE DEBEN REGIRLAS, SINO QUE SE ESTABLECE, PORMENORIZADAMENTE, LA FORMA DE RECLUTAMIENTO, Y DE LA INTERPRETACION GLOBAL DE LA LEY SE DESPRENDE QUE LA POSICION DOMINANTE DENTRO DE LOS ORGANOS DE GESTION SE ENTREGA A LAS CORPORACIONES MUNICIPALES, POR DONDE RESULTA, EN RIGOR UNA MUNICIPALIZACION DE CAJAS DE AHORRO QUE ANTES ERAN DE CARACTER PRIVADO, POR LA VIA DEL SEÑALAMIENTO DE LA FORMACION DE SUS ORGANOS DE GESTION.

ES VERDAD QUE ESTE PROCESO SE ENCONTRABA YA INICIADO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA CONSTITUCION Y QUE HABIA SIDO DESARROLLADO POR EL REAL DECRETO 2.290 DE 1977, PERO ES VERDAD TAMBIEN QUE EN NINGUN MOMENTO EL CITADO REAL DECRETO HABIA SIDO SOMETIDO A UN JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y, SOBRE TODO, QUE EXISTE UNA DIFERENCIA MUY NOTABLE ENTRE EL CITADO REAL DECRETO Y LA LEY AQUI ENJUICIADA, PUESTO QUE ESTA LLEVA LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS INTERESES PUBLICOS HASTA TERMINOS QUE LES GARANTIZAN, POR LAS CUOTAS QUE SE LES OTORGAN, LO QUE ANTES HE LLAMADO UNA POSICION DOMINANTE.

ASI PLANTEADAS LAS COSAS, LA RELACION DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA ESTA LEY CON EL ART. 38 DE LA CONSTITUCION, EN LA MEDIDA EN QUE ESTABLECE LA LIBERTAD DE EMPRESA, RESULTAN PARA MI EVIDENTES, PUES LA LIBERTAD DE EMPRESA NO ES SOLO LA LIBERTAD DE FUNDACION DE LAS EMPRESAS, SINO TAMBIEN LA TITULARIDAD DEL PODER DE AUTOORGANIZACION Y DE DECISION.

LA SENTENCIA DE LA QUE DISIENTO, EN SU FUNDAMENTO JURIDICO 12 RECONOCE, AFORTUNADAMENTE, QUE UNA OPERACION COMO LA DESCRITA NO PODRIA SER LLEVADA A CABO EN ENTIDADES DE OTRO TIPO, PUES ADMITE QUE POR REGLA GENERAL LOS PODERES DE DECISION CORRESPONDEN A LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA, AUNQUE LIGA INNECESARIAMENTE ESTA CLARA IDEA CON LA DEL .

]POR QUE, ENTONCES, EN EL CASO DE LAS CAJAS DE AHORRO DE FUNDACION PRIVADA SE LLEGA A UNA CONCLUSION DISTINTA? LAS ARGUMENTACIONES QUE SE DAN PARA ENTENDERLO ASI, ME PARECEN INSUFICIENTES. SE ENCUENTRA, ANTE TODO, LA IDEA DE QUE NO ES POSIBLE QUE LAS DECISIONES LAS TOMEN LOS PROPIETARIOS . LO QUE SIGNIFICA UNA CONSIDERACION DE LAS CAJAS DE AHORRO COMO UNA ESPECIE DE RES NULIUS O BIENES MOSTRENCOS, CONCLUSION A LA QUE POR MUCHA ATIPICIDAD QUE SE QUIERA ENCONTRAR, NO ES POSIBLE LLEGAR.

EL SEGUNDO ARGUMENTO, QUE TAMPOCO ES CONVINCENTE, PROCEDE A UNA INTERPRETACION REDUCTORA DEL ART. 38 DE LA CONSTITUCION, ENTENDIENDO QUE TAL PRECEPTO SE REFIERE , ES DECIR, . EN MI OPINION, EL ART. 38 DE LA CONSTITUCION GARANTIZA LA LIBERTAD DE EMPRESA, CUALQUIERA QUE SEAN LAS CARACTERISTICAS DE ESTA Y LO MISMO SI TIENE O NO FINALIDAD DE LUCRO. EN DEFINITIVA SE TRATA DE QUE EXISTAN AGENTES ECONOMICOS DE CARACTER PRIVADO. POR EMPRESA, EN EL SENTIDO DEL ART. 38 DE LA CONSTITUCION, HAY QUE ENTENDER TODA ORGANIZACION ESTABLE DE CAPITAL Y TRABAJO, QUE EJERCITA HABITUAL Y PROFESIONALMENTE ACTIVIDADES DE CARACTER ECONOMICO, EN UNA ECONOMIA DE MERCADO. POR ESO, NO PARTICIPO DE LA OPINION DE QUE A LAS CAJAS DE AHORRO DE ORIGEN PRIVADO NO SE LES PUEDA RECONOCER EL CARACTER DE EMPRESA PRIVADA.

ME PARECE ADEMAS QUE UNA COSA SON LAS RESTRICCIONES LEGALES DE LA LIBERTAD DE ORGANIZACION, REALIZADAS EN ATENCION A LOS INTERESES PUBLICOS (P. EJ., LA IMPOSICION DE FORMAS SOCIALES A QUE LA SENTENCIA SE REFIERE) Y OTRA COSA DISTINTA, COMO SEÑALE AL PRINCIPIO, ES LA TRASLACION A MANOS PUBLICAS DE LOS PODERES DE GESTION.

TAMPOCO ME PARECEN BIEN RESUELTOS LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION, REFERIDOS, ESTA VEZ, A LAS CAJAS DE AHORRO QUE FUERAN DE ORIGEN FUNDACIONAL. LA TESIS DE LA SENTENCIA (FUNDAMENTO JURIDICO 6. ) ES QUE LA TRANSFORMACION SUFRIDA POR LAS CAJAS NO PERMITE CONSIDERARLAS HOY COMO FUNDACIONES EN EL SENTIDO QUE LA DOCTRINA GENERALMENTE ADMITIDA, Y CON ELLA EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION, DA A ESTE CONCEPTO. ESTA TESIS ES DIFICIL DE COMPARTIR, PUESTO QUE LAS CAJAS DE AHORRO QUE HUBIERAN SIDO INICIALMENTE FUNDACIONES NO HAN DEJADO DE SERLO POR MUCHAS QUE HAYAN SIDO LAS TRANSFORMACIONES SUFRIDAS EN SU ACTIVIDAD. LA SENTENCIA DICE QUE EL ASPECTO BENEFICO-SOCIAL DE LAS CAJAS HA QUEDADO OSCURECIDO POR LA RELEVANTE FUNCION QUE TIENEN COMO ENTIDADES DE CREDITO. ESTA AFIRMACION EN LA QUE EXISTE ALGUNA DOSIS DE CONTRADICCION CON LA QUE DESPUES SE HACE PARA NEGARLES LA CONSIDERACION DE EMPRESA, CONFUNDE LA NATURALEZA Y LA ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD COMO PERSONA JURIDICA Y LA ACTIVIDAD A QUE ESTA SE DEDICA. YO NO CREO QUE LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES A QUE LA EMPRESA SE DEDIQUE MODIFIQUEN SU ESTRUCTURA COMO PERSONAS JURIDICAS.

TAMPOCO ME PARECE DECISIVA LA IDEA QUE SE EXPONE AL FINAL DEL FUNDAMENTO JURIDICO 6. , DONDE SE DICE QUE LA MAYOR PARTE DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONEN, NO PROCEDEN DEL FUNDADOR, SINO QUE SON RECURSOS AJENOS. NADA IMPIDE QUE UNA FUNDACION SE NUTRA CON FONDOS DISTINTOS DE LOS INICIALMENTE APORTADOS POR EL FUNDADOR NI QUE UNOS SEAN CUANTITATIVAMENTE MAYORES QUE LOS OTROS (P. EJ. DONATIVOS, SUBVENCIONES, ETC.). LA AFIRMACION OLVIDA ADEMAS QUE LO QUE EN LA SENTENCIA SE LLAMAN NO FORMAN PARTE, EN NINGUN CASO, DEL CAPITAL DE LA FUNDACION, SINO QUE SON RIGUROSAMENTE PASIVO DE LA MISMA.

TAMPOCO SE PUEDE COMPARTIR LA IDEA DE QUE LAS CAJAS QUE SE CREEN EN EL FUTURO, POR LA VIA FUNDACIONAL, NO CONSTITUYEN EJERCICIO DEL DERECHO DE FUNDACION RECONOCIDO EN EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION. PARA ELLO SE VUELVE A ACUDIR (FUNDAMENTO JURIDICO 9. ) A LA IDEA DE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS AJENOS QUE POR LO YA DICHO ANTES NO ME PARECE DECISIVA.

LA RELACION DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS EN ESTE ASUNTO, EN RELACION CON EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION, RESPECTO DE AQUELLAS CAJAS DE AHORRO QUE TENGAN UN ORIGEN FUNDACIONAL, SE VE CON MAS CLARIDAD, SI UNO SE PREGUNTA SI LA MISMA TECNICA DE ESTABLECIMIENTO Y RECLUTACION DE LOS ORGANOS DE GESTION SE PODRIA APLICAR A TODAS LAS FUNDACIONES EN UNA LEY GENERAL DE FUNDACIONES, QUE OBVIAMENTE HA DE SER CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO. ES CIERTO QUE EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION NO IMPIDE LA INTERVENCION PUBLICA EN LAS FUNDACIONES, NI LA CLASICA FIGURA DEL , PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES. MAS UNA COSA ES EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROTECTORADO Y OTRA DISTINTA ES LO QUE AL PRINCIPIO LLAMABA LA TRASLACION DE LOS PODERES DE GESTION A MANOS PUBLICAS.

FINALMENTE, HAY QUE SEÑALAR TAMBIEN QUE EN RELACION CON EL ART. 34 DE LA CONSTITUCION EXISTE ALGUN PROBLEMA CUANDO, EN LA LEY QUE NOS OCUPA, TRAS RECONOCERSE LA RELEVANCIA DE LOS INTERESES QUE REPRESENTAN LA VOLUNTAD FUNDACIONAL, SE ADMITE LA EFECTIVIDAD DE ESTOS SOLO EN VIDA DEL FUNDADOR Y CONCEDIENDOLES ADEMAS UNA CUOTA INSIGNIFICANTE EN RELACION CON LA ABRUMADORA PRESENCIA MUNICIPAL.

MADRID, A VEINTITRES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. FIRMADO: LUIS DIEZ-PICAZO. RUBRICADO.