Ello supone que las entidades opten por la búsqueda de pactos y acuerdos con los clientes para eludir los procesos judiciales y evitar mermas en su imagen, según los datos manejados por El Confidencial Digital.

En 2013, el Tribunal Supremo anulaba las cláusulas suelo relativas a las hipotecas de BBVA, Novagalicia o Cajamar, al entender que se trataba de textos cuya transparencia estaba en duda, lo que generó la retirada de las mismas, así como la proliferación de reclamaciones por parte de los clientes que, en la mayoría de casos, alegaban falta de información precontractual.

Las cláusulas suponían perjuicios para los deudores, puesto que impedían que éstos se viesen beneficiados por la bajada del Euríbor que, actualmente, se encuentra en mínimos históricos, con cifras en septiembre del 0,362%. Por otro lado, los analistas e inversores avalan las mismas alegando que permiten que los bancos aseguren un cierto nivel de ingresos, independientemente del citado índice.

Así, las entidades financieras han iniciado movimientos de negociación individual y pactos con los clientes, para evitar perjuicios que se sumen a los ya ocasionados por los desahucios o preferentes, y marcados por tres objetivos fundamentales: no perder tiempo y dinero, puesto que en la mayoría de casos son condenados al pago de costas, eludir los daños en su reputación y esquivar los efectos llamada de los clientes que no han reclamado todavía.