Las actas de inspección dejan de ser consideradas como notificación al obligado de la reanudación del procedimiento

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A colación de la sentencia del Tribunal Supremo 1242/2017, de 12 de julio, el Tribunal Económico-Administrativo Central ha modificado su criterio sobre la consideración de las actas de inspección como un mecanismo de notificación al obligado tributario de la reanudación del procedimiento inspector.

  • Materias: Fiscal
  • Fecha: 19/04/2021

hombre rompe carta

 

Los procedimientos administrativos en el ámbito tributario, siguiendo los principios de legalidad y reserva de ley, deben especificar en los preceptos que lo regulen su duración y causas de extensión de los mismos. El procedimiento inspector no es ajena a estos principios generales y se determina una duración máxima para él, conforme a lo establecido por el legislador en el artículo 150 de la LGT, de:

  • 18 meses, con carácter general.
  • 27 meses en el caso de contribuyentes cuya Cifra Anual de Negocios sea superior a 5.700.000 euros o conformen un grupo sometido a consolidación fiscal o régimen especial de grupo de entidades.

Por su parte, el artículo 150.6 de la LGT determina que el incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectores no producirá la caducidad del procedimiento pero tampoco se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectores desarrolladas, tal y como recoge el artículo 68 de la LGT:

"1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario".

De igual modo, establece el artículo 104.2 de la LGT que existen una serie de circunstancias que determinan la dilación del procedimiento durante un período determinado de tiempo cuando estas circunstancias operen respecto del procedimiento que se está desarrollando, las llamadas causas de interrupción justificada, pudiendo destacar, entre otras:

  • Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos a otros órganos o unidades administrativas de la misma o de otras Administraciones.
  • Cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda Pública y se remita el expediente al Ministerio Fiscal.

Es aquí donde la sentencia del Tribunal Supremo 1242/2017, de 12 de julio, ECLI: ES:TS:2017:2977, determina un cambio en el paradigma en el cómputo del plazo fin de resolución con el que cuentan los órganos de inspección de la Administración tributaria al establecer lo siguiente:

"Por lo que respecta a la interpretación del artículo 150.2 de la LGT que parece pretender el recurrente, en el presente caso, en la medida que la Inspección en ningún momento consideró haber incumplido el plazo de duración de las actuaciones inspectoras, no practicó la comunicación a que hace referencia el citado artículo.

La Sala se ha pronunciado reiteradamente de manera contraria a la tesis defendida por el recurrente en su recurso de casación (...) existiendo una evidente identidad sustancial entre los supuestos analizados en las sentencias (...) y el que es objeto del presente recurso.

La Sala, en su Sentencia de 23 de mayo de 2016, ha interpretado el citado artículo como sigue:

El precepto invocado no consagra, como parece entender el Abogado del Estado, que cualquier continuación del procedimiento inicial reanuda la prescripción interrumpida. Para que ello tenga lugar es preciso que el obligado tributario sea informado acerca de los periodos y conceptos que van a ser objeto del nuevo procedimiento.

Es decir, la ley parte del hecho de que el procedimiento inicial ha dejado de producir efectos interruptivos. Por eso, la reanudación de la prescripción exigía que se comunique al destinatario «los conceptos y periodos a que alcanzan las actuaciones que vayan a practicarse». Sin esa comunicación no se reinicia la prescripción.

Con posterioridad, en la Sentencia de 23 de junio de 2016, la Sala concluyó como sigue:

De la referida sentencia se deduce que era necesario en este caso un acuerdo formal de reanudación de actuaciones para poder interrumpir la prescripción relativa al concepto impositivo examinado, acuerdo formal que no tuvo lugar...

Por último, mención especial merece la Sentencia de 17 de mayo de 2016, en la que la Sala resolvió que:

En cualquier caso, el motivo no puede prosperar, ante el criterio de la Sala de que sólo una actuación formal de la Inspección informando al obligado tributario de la reanudación del procedimiento, tras el transcurso del plazo máximo de duración, tiene entidad suficiente para entender interrumpida la prescripción.

Es decir, para que una actuación realizada tras el incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras tenga efectos interruptivos deben cumplirse una serie de requisitos: 1) dictar un acuerdo formal de reanudación 2) poner de manifiesto que el procedimiento inicial ha dejado de producir efectos interruptivos y 3) indicar los objetos y periodos a los que irá referido el nuevo procedimiento.

Es evidente que, a pesar de que en el Acta se pone de manifiesto el concepto y periodos comprobados, la misma no constituye un acuerdo formal de reanudación y en ella no se indicaba ni que se hubieran extinguido los efectos interruptivos de las actuaciones realizadas con anterioridad, ni que hubiera prescrito el derecho de la Administración a comprobar el Impuesto (...).

Es decir, el Acta no cumplía ninguno de los requisitos exigidos por la Sala para desplegar los efectos interruptivos previstos en el artículo 150.2 de la LGT".

Es por ello que la Resolución del TEAC 3098/2020, de 23 de marzo de 2021, recoge un cambio de criterio respecto a las resoluciones dictadas con anterioridad. Así, establece en su fundamento de derecho cuarto que:

"Aplicada esta doctrina a nuestro caso significa que el acta A02 (...) tras el incumplimiento del plazo de duración (...), no reúne los requisitos que el Tribunal Supremo deslinda para que la misma pueda considerarse como un acto de reanudación formal interruptivo de la prescripción. En consecuencia no cabe sino atender a la notificación del acuerdo de liquidación para verificar si concurre o no la prescripción".

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