El objetivo de la reforma es que el futuro procedimiento administrativo y el proceso para la elaboración de normas sean íntegramente electrónicos. Las Administraciones estarán obligadas a relacionarse electrónicamente con las empresas y los ciudadanos.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público: son dos las normas sobre las que se centra la reforma, siendo la segunda, la referida a la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones.

Se habilita la presentación de escritos en cualquier registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan, con el objetivo de facilitar las relaciones electrónicas de la Administración con los ciudadanos.

Como regla general, establece la no solicitud de documentos originales, como por ejemplo de la declaración de la renta o de certificados de empadronamiento. Rige el principio del "cero papel" por lo que no será necesario que los administrados presenten fotocopias de documentos, sino que, registrados éstos electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite.

Se reducirán las sanciones por el pronto pago o por el reconocimiento de la responsabilidad.

Se prevé un único procedimiento común, aunque para supuestos de menor complejidad, existirá un procedimiento administrativo "exprés", más ágil en los plazos.

Las comunicaciones entre Administraciones serán electrónicas en todos sus procedimientos, reduciendo tiempos de tramitación en la gestión de procedimientos y en los procesos de elaboración de normas.

Además, las principales reformas que se vayan a aprobar, podrán ser consultadas por los ciudadanos a través del Plan anual normativo.